La documentación entregada señala que la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las secretarías de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gobernación (Segob) y Defensa (Sedena), así como la Cámara de Diputados, son los organismos que más han gastado en esta prestación.
En su plan de austeridad de 50 puntos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propone en el apartado 42 ahorrar servicios telefónicos y de internet en las dependencias públicas.
La Policía Federal (PF) es la institución que más ha invertido, puesto que en el oficio PF/OCG/DGE/4489/2018 se detalló que en los últimos dos sexenios se ha erogado 176 millones 137 mil 923 pesos. Empero, al solicitar el nombre y cargo de las personas que tienen este apoyo, la PF respondió que la información se encuentra clasificada como reservada, debido a que se pondría en riesgo la vida y seguridad de estos servidores.
“El proporcionar el nombre de los integrantes o ex integrantes que reciben o recibieron la prestación de telefonía celular por la PF pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los mismos, siendo obligación de la institución protegerlos en todo momento para salvaguarda de los mismos (..) poner en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los integrantes ocasiona riesgos personales en su vida y seguridad, que pueden alcanzar hasta sus familias”.
La PGR es otra de las instituciones que más dinero ha destinado a telefonía celular, puesto que desde 2006 ha desembolsado casi 160 millones de pesos, y con base en la partida presupuestal 315-01, este año mil 173 funcionarios públicos tienen esta prestación.
El Consejo de la Judicatura Federal informa que en los últimos 12 años por el pago de telefonía celular, se ha destinado un total de 124 millones 440 mil 274 pesos de su presupuesto. El organismo judicial detalla que para este año se tienen contratadas mil 504 líneas, de las cuales 848 fueron asignadas a magistrados de Circuito, 565 a jueces de Distrito, y cinco para los consejeros de la Judicatura Federal.
Mientras que en la respuesta con folio 6440000124318, la UNAM informó que de 2006 a la fecha, ha destinado 97 millones 297 mil pesos en este rubro, y señaló que la telefonía celular no es una prestación, debido a que la institución no está obligada a proveerla, sino que es “una herramienta de apoyo a las actividades y responsabilidades de determinados usuarios y se otorga con base en lo que cada titular de entidad o dependencia considera procedente”.
La Universidad Nacional indicó que en los pagos de telefonía celular se incluyen los servicios de internet móvil y transmisión de datos que no operan directamente en un smartphone, sino en equipos especializados, módems, tablets y tarjetas BAM en USB.
En los últimos dos sexenios, la CFE informó que ha gastado 80 millones 928 mil 45 pesos en inversión de este servicio, puesto que argumentó que es “de vital importancia” que personal operativo “esté localizable las 24 horas del día y cuente con comunicación que le permita recibir mensajes y notificaciones de los sistemas de automatización del sistema eléctrico, para dar atención oportuna a la operación y eventos de la red nacional de transmisión con el fin de reducir el tiempo de afectación en caso de algún disturbio o contingencia”.
La Secretaría de Gobernación detalló que a Alfonso Navarrete Prida no se le paga el servicio de telefonía celular, pero sí se le pagó esta prestación a José Francisco Blake Mora , titular en 2011, así como a Alejandro Poiré Romero, quien fungió como secretario en 2012.
La solicitud de información 0000400149918 detalló que entre los 224 funcionarios que reciben la prestación está Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Patricia Bugarin Gutiérrez, coordinadora Nacional Antisecuestro, así como los subsecretarios Manuel Cadena Morales, Patricia Martínez Cranss, Andrés Chao Ebergenyi, Rafael Adrián Avante Juárez y José Luis Stein Velasco.
La Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, que ha gastado 27 millones 428 mil 246 pesos en telefonía celular, indicó que ningún legislador cuenta con este servicio, pero “hay personal que recibe esta prestación para atender tareas de resguardo, seguridad y operación”. En tanto que el Senado detalló que en este año se tienen asignadas 120 líneas, de las cuales 28 están asignadas a órganos de gobierno, y el resto, 92 líneas, para trabajadores de las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas.
Durante este 2018, según la solicitud 021000048518, la Oficina de Presidencia de la República paga 85 líneas telefónicas para igual número de funcionarios, entre ellos Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como secretarias particulares del presidente Enrique Peña Nieto y asesores del organismo.
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