La Policía Federal destinó 23 mil millones de pesos en 2017 a “operativos para la prevención y disuasión del delito”, y aunque cumplió con las metas previstas como la elaboración de fichas criminales o bases de datos biométricos, eso no se tradujo en disminuir la violencia o mejorar las condiciones de seguridad en el país, es decir, no tuvo un efecto social.
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Así lo concluye la auditoría de desempeño 22-GB a la Policía Federal, respecto al componente “Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito”, realizada como parte del segundo informe de Cuenta Pública de 2017.
El programa de la Policía Federal estableció metas que cumplió al 100%, como 481 operaciones institucionales basados en indagaciones científicas, 575 fichas criminales, 52 agendas de riesgo, e ingresó 10,520 datos biométricos y balísticos a las bases de datos, además de ejecutar 7,447 operativos en atención a las solicitudes presentadas por las autoridades locales.
Sin embargo, “no contó con un mecanismo que le permita medir su contribución relativa a mejorar las condiciones de seguridad en el país, expresado en términos del efecto social”. Por lo tanto, la Auditoría determinó que la Policía Federal “no contó con un mecanismo que le permita medir su contribución relativa a mejorar las condiciones de seguridad en el país”, señaló la ASF respecto al gasto en 2017.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman esto: en 2017 hubo un incremento en la comisión de delitos. Se registraron un millón 817 mil 61 delitos de todo tipo, lo que significa una tasa de mil 471 nuevos ilícitos por cada cien mil habitantes.
Esto representa un aumento de 10.26 % con respecto a 2016, cuando se registró un millón 628 mil 438 delitos, equivalentes a una tasa de mil 334 ilícitos.
La Policía Federal, a cargo del Comisionado General Manelich Castilla, tampoco determinó si sus acciones tuvieron algún impacto en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país, por medio de una mayor convergencia en su coordinación con otras autoridades de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con el análisis del presupuesto, el programa E903 “Operativos para la prevención y disuasión del delito”, tuvo una asignación de 23 mil 662 millones de pesos, lo que representó el 93.7% de lo asignado al rubro prevención del delito con perspectiva nacional.
Respecto a la medición de los objetivos, la Policía Federal no identificó ni clasificó cuántas y cuáles de sus actividades fueron para la prevención del delito, y cuáles son de reacción ante hechos delictivos o de alteración pública, tampoco estableció un indicador sobre los resultados y el efecto esperado mediante la operación del programa.
En el rubro de “inteligencia” previsto en el programa, la Auditoría comprobó que la Policía elaboró fichas criminales y agendas de riesgo, además se cumplió en 106.3% la meta del indicador de “Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos”, porque en 2017 realizó 113,707 servicios de los 107,000 programados, debido a que se presentó un mayor número de solicitudes por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, “no acreditó que el conjunto de actividades realizadas correspondieron a la prevención del delito, y la atención de las causas para abatir la delincuencia”.
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