La Procuraduría General de la República (PGR) busca detener de nueva cuenta a un comandante de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), por un secuestro en el que se pidieron 3 millones de pesos a cambio de liberar a una víctima y no imputarle delitos de narcotráfico.
El ex comandante Eleazar Rubén Muñoz Valdez tiene el antecedente de haber sido prófugo por el delito de extorsión en agravio de Enrique Salinas de Gortari, muerto en 2005, una acusación que libraría más tarde.
El Magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, fue quien le revocó la libertad que consiguió en julio de 2017, en un caso donde es acusado de secuestrar y torturar a un vendedor de carros dentro de la subsede de la PGR, en la Ciudad de México, el 11 de diciembre de 2010.
El Juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales fue quien, en su momento, le había dado la libertad al valorar el dicho de cinco testigos que dijeron no conocerlo al tenerlo a la vista.
También tomó en cuenta un escrito de la víctima, el cual interpretó incorrectamente, según el reciente fallo del tribunal federal.
Incluso el juez llamó a la víctima a ratificar el escrito sin la presencia de las demás partes ni de su asesor jurídico, lo que constituye una falta al debido proceso.
"La existencia de datos -al parecer benéficos para el procesado- no pueden llegar al punto de que no se observen los requisitos de ley ni mermar derechos humanos de las partes", justificó el tribunal en el nuevo fallo.
El Magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, fue quien le revocó la libertad que consiguió en julio de 2017, en un caso donde es acusado de secuestrar y torturar a un vendedor de carros dentro de la subsede de la PGR, en la Ciudad de México, el 11 de diciembre de 2010.
El Juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales fue quien, en su momento, le había dado la libertad al valorar el dicho de cinco testigos que dijeron no conocerlo al tenerlo a la vista.
También tomó en cuenta un escrito de la víctima, el cual interpretó incorrectamente, según el reciente fallo del tribunal federal.
Incluso el juez llamó a la víctima a ratificar el escrito sin la presencia de las demás partes ni de su asesor jurídico, lo que constituye una falta al debido proceso.
"La existencia de datos -al parecer benéficos para el procesado- no pueden llegar al punto de que no se observen los requisitos de ley ni mermar derechos humanos de las partes", justificó el tribunal en el nuevo fallo.
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