La red de corrupción de César Duarte Jáquez no sólo alcanzó al PRI estatal y a destacados priístas.
En las listas de pagos mensuales y transferencias ilegales con recursos públicos del ex mandatario, hoy prófugo y sobre el que pesan órdenes de aprehensión y extradición, también hay encumbrados panistas, como la actual alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia, Campos y su secretario del Ayuntamiento, César Jauregui Moreno, quienes recibieron del gobierno de Duarte “apoyos mensuales” por más de 10 millones de pesos entre 2014 y 2015, cuando eran coordinador y vicecoordinadora del PAN en el Congreso local que le aprobó a Duarte sus cuentas públicas y hasta 25 mmdp de deuda al estado.
Extrañamente los pagos de Duarte a panistas —según una relación oficial de la administración del priísta que consta de recibos firmados por María Eugenia Campos, actual candidata a reelegirse como alcaldesa de la capital chihuahuense— no figuran en las investigaciones por corrupción del actual gobernador del PAN, Javier Corral, quien mantiene encarcelados y acusados a priístas como Alejandro Gutiérrez, Gerardo Villegas y Antonio Tarín, mientras en las indagatorias de la Fiscalía de Chihuahua nada se dice de los políticos de Acción Nacional que recibieron dinero ilegal del ex gobernador priísta hoy prófugo de la justicia.
En las listas en poder de esta columna se relacionan y documentan “Pagos secretos” que la administración de Duarte realizaba a políticos, operadores, obispos, directores de periódico, diputados federales y locales, asesores y hasta a “periodistas en la Ciudad de México”. En esos listados aparecen igual los pagos con recursos públicos al PRI estatal, de 3 millones de pesos mensuales entre 2014 y 2015 para un total de 78 millones de pesos, que “pagos a obispos”, a “diputados locales” o “diputados federales”, y en la misma relación se describen los pagos a la actual alcaldesa panista de Chihuahua y a su secretario técnico entonces en calidad de diputados del Congreso local para que apoyaran la aprobación de las iniciativas y endeudamientos del gobernador priísta.
Los recibos de Eugenia y la justicia selectiva de Corral. En el expediente que una fuente del gobierno panista de Chihuahua hizo llegar a esta columna, con la petición del anonimato, se detallan la mayoría de transferencias que hoy forman parte de la operación “Justicia para Chihuahua” ordenada por el gobernador Javier Corral a través de su fiscal estatal, César Augusto Peniche. Nombres de acusados por la administración de Corral figuran en las listas con montos, fechas y hasta referencias bancarias de pagos y depósitos a nombre del gobierno de Chihuahua. Ahí están los pagos hechos a Gerardo Villegas, ex coordinador administrativo, preso en el Cereso estatal, por 32 millones 605 mil pesos con recursos públicos utilizados para “bonos a diputados locales, federales y obispos”.
También está en ese expediente una relación detallada con fechas de pagos al PRI estatal, que aparecen como “Apoyo” de 3 millones de pesos cada mes desde enero de 2015 hasta diciembre de ese año, para un total de 78 millones de pesos. Son las transferencias en las que la Fiscalía Estatal involucra al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, también preso, de dinero de la Secretaría de Hacienda federal y que llegaba al gobierno estatal para ser transferido al Comité Estatal priísta.
Lo que nunca aparece en la operación “Justicia para Chihuahua” y menos en las investigaciones de la Fiscalía estatal, son los pagos igual de detallados con fechas, montos y en las mismas relaciones de los pagos hechos al PRI, que César Duarte hizo a los panistas María Eugenia Campos y César Jauregui Moreno. A la primera, hoy alcaldesa que busca la reelección, le pagaron, según esa relación 7 millones 100 mil pesos, con pagos mensuales de entre 200 y 400 mil pesos del 10 de febrero de 2014 al 21 de diciembre de 2015. En el caso de Jauregui, entonces coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, se enlistan cinco pagos mensuales de 250 mil pesos del 24 de febrero al 11 de junio de 2014, dos de ellos recibidos por Eugenia Campos, y dos pagos por 1 millón de pesos el 11 y el 23 de diciembre de 2015.
De todos los pagos a los dos panistas hay fotocopias de recibos firmados por la “Lic. María Eugenia Campos Galvan”, por los montos (200 mil, 250 mil y hasta 350 mil) y las fechas mencionadas en la relación. En 28 recibos , impresos en computadora, aparece la leyenda: “Recibí la cantidad de (cantidad con numero y letra) y abajo la firma autógrafa y el nombre de la actual alcaldesa de Chihuahua, pero de esos 17 que ella firma, aparecen en el concepto “correspondiente al pago del mes (se citan distintos meses) al señor César Jauregui Moreno, es decir que ella también acudía a cobrar los pagos al coordinador del PAN en el Congreso local. Solo en cuatro recibos por distintas cantidades aparece la firma autógrafa de César Jauregui Moreno.
Hay incluso entre los documentos que involucran a los panistas, una ficha de un pago a una tarjeta de crédito de BBVA Bancomer, la número 4772143939003014 a nombre de M. E. Campos Galván, hecha el 5 de junio de 2014 en la sucursal 0270 de la ciudad de Chihuahua, y en la fotocopia, se aclara escrito a mano que el pago fue hizo por el gobierno estatal a esa tarjeta y que será “descontado de la entrega próxima del 11 de junio” y se añade la leyenda “Descontado de los 200,000”.
Hoy Campos Galván busca reelegirse como alcaldesa de Chihuahua y con ella va también César Jauregui como su secretario del Ayuntamiento. Es la misma dupla que desde el Congreso estatal en la legislatura pasada, el como coordinador del PAN y ella vicecoordinadora, fueron piezas claves para aprobarle al gobierno de César Duarte desde sus cuentas públicas de los últimos tres años de su gobierno (2014 al 2016), hasta sus endeudamientos de 25 mil millones de pesos que fueron autorizados por el Congreso estatal. María Eugenia Campos ya había hecho relación con Duarte desde que fue diputada federal y en el Congreso local fue presidenta de la Comisión de Fiscalización.
La pregunta es si la justicia de Corral es más justa con unos (sus correligionarios panistas) que con otros (sus enemigos priístas). Si de verdad quiere combatir la corrupción en Chihuahua, con una cruzada que es su principal acción de gobierno y hasta con “marchas por la dignidad” y enfrentamientos con el presidente Peña Nieto y el Poder Judicial federal, el gobernador Javier Corral debería incluir en sus investigaciones también a los de casa.
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