De los 130 procesados por el caso Iguala, 46 fueron detenidos en forma arbitraria, retenidos por un plazo que excede al permitido y probablemente torturados para rendir su testimonio, según el juez responsable del juicio.
En su sentencia, el juez federal David Calderón Blanc establece que la Policía de Guerrero, la PGR y la Marina incurrieron en abusos e irregularidades al detener a la tercera parte de los implicados en la desaparición de 43 normalistas.
Es por ello que el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas decidió excluir como prueba todos los testimonios que rindieron estos acusados.
El fallo fue emitido junto con la orden de libertad a cuatro implicados en el caso: Marco Antonio Ríos Berber "El Cuasi", Luis Alberto José Gaspar "El Tongo", Martín Alejandro Macedo Barrera "El Becerro" y Honorio Antúnez Osorio "El Patachín".
Entre las declaraciones que consideró que no deben ser tomadas en cuenta están las de 24 agentes de la Policía de Cocula y 10 de la de Iguala, porque en su opinión fueron detenidos ilegalmente.
También excluyó los dichos de 7 presuntos integrantes de la organización criminal de Guerreros Unidos, porque estimó que los detuvieron sin ser puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público.
Entre los testimonios sin considerar está el de David Cruz Hernández, "El Chino", agente de Protección Civil de Iguala que señala a José Luis Abarca de haber dado la orden para detener a los 43 normalistas la noche el 26 de septiembre de 2014.
Otra de las declaraciones invalidadas es la de Raúl Núñez Salgado "El Canperra", presunto operador financiero de Guerreros Unidos que confesó los sobornos a Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Iguala, para proteger a su organización.
El juez estima que las detenciones de 34 acusados fueron ilegales; que otros cinco presentan indicios -que no la certeza- de torturas y dos fueron llevados por las autoridades a otros lugares para celebrar actos de investigación, en lugar de ser puestos a disposición del Ministerio Público.
Adicionalmente, también excluyó por torturas el testimonio de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, y las confesiones de los cuatro imputados a quienes les decretó la libertad, al no haber certeza de que declararon sin malos tratos.
Detención ilegal
Para Calderón Blanc, la orden para captura de los 24 agentes, así como la propia detención, son ilegales.
En ese grupo están el ex director Salvador Bravo Bárcenas; el comandante Antonio Morales González; y los subcomandantes Roberto Pedrote Nava y Ignacio Aceves Rosales.
Según la sentencia, en el derecho penal sólo se autoriza la detención de las personas en tres supuestos: la orden de aprehensión de un juez; la flagrancia delictiva; y la orden del Ministerio Público por caso de urgencia en un delito grave y riesgo fundado de sustracción de la justicia.
Para el juez, la captura no se ajusta a ninguno de los tres casos anteriores, ya que los detuvieron -según los documentos- con una orden de 'detención por flagrancia' y lo cierto es que no estaban cometiendo un delito cuando los capturaron.
El mismo razonamiento empleó con respecto a 10 policías de Iguala, entre los que se encuentran Édgar Vieyra Pereyda "El Taxco" y Alejandro Mota Román "El Mota".
En este caso, el juzgador dice que existen indicios de que la presentación ante el fiscal materialmente constituyó una "detención arbitraria" porque no les informaron a los agentes que podían no acompañarlos ante el Ministerio Público.
Acción ¿expedita?
El 9 de octubre de 2014, la Secretaría de Marina detuvo a Ramiro Ocampo Pineda "El Chango" y Rosario Manuel Borja supuestamente con dos envoltorios de mariguana y una granada.
Según el reporte de los infantes de la Armada, el primero de ellos dijo ser uno de los jefes de sicarios de Guerreros Unidos, confesó ser responsable de muchos homicidios y, de hecho, prometió llevarles al lugar donde estaban sus restos.
De las anotaciones en la agenda de Ocampo también se desprende que un sujeto apodado "El Caminante" coordinó la desaparición de los normalistas.
Aquí el juez cuestiona la sospechosa velocidad de la actuación de los marinos, pues la detención ocurrió a las 16:30 horas y la puesta a disposición a las 18:00 horas; sin embargo, en ese lapso trasladaron a los acusados a un paraje para localizar una fosa común que estaba a una distancia de por lo menos una hora de ida y otra de vuelta. Además, esa diligencia la hicieron sin Ministerio Público.
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