Erik Seiersen maneja una nueva crisis todos los días. “He trabajado en México desde 1990 y nunca he visto este nivel de volatilidad e inseguridad”, dice el director británico de la empresa de bebidas alcohólicas, Diageo, quien además es el presidente de la comisión de vinos y licores del país.
En casi todos los frentes del crimen, 2017 ha sido un año catastrófico. El número de homicidios ha alcanzado niveles más altos que los que se vieron durante los peores años de la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Octubre fue el mes de más asesinatos en 20 años, con más de 2 mil 371 homicidios, según datos oficiales.
Algunos crímenes han sido especialmente espeluznantes: el doceavo periodista asesinado este año fue balaceado en la obra de Navidad de la escuela de su hijo; en noviembre, una hielera con dos cabezas decapitadas fue depositada en una estación de televisión; y recientemente descubrieron seis cuerpos colgados en puentes en el estado de Baja California Sur, generalmente considerado como un destino turístico.
Conforme se ha extendido la crisis de seguridad más allá de las regiones controladas por los narcotraficantes a casi todos los estados del país, los legisladores han autorizado la vieja práctica de la intervención de las fuerzas armadas para combatir el crimen en la controvertida Ley de Seguridad Interior. Algunos críticos, incluyendo a Zeid Ra’ad al Hussein, el director de derechos humanos de la ONU, han dicho que la ley es ambigua y que puede abrir las puertas al abuso.
Para Seiersen y otros líderes empresariales que utilizan las carreteras y las redes ferroviarias para transportar mercancías con valor de millones de dólares cada día, la crisis de seguridad es una pesadilla logística y un golpe inesperado y costoso de todas sus inversiones.
Se volvió demasiado arriesgado trasladar mercancías por ferrocarril cuando los ladrones detuvieron cargas de alcohol, televisores, iPhone y otros bienes de consumo de alto valor y levantaron barricadas para mantener a raya a la policía. Muchas empresas cambiaron a mitad de año al transporte en camiones para intentar trasladar sus productos al mercado de manera segura, pero a un mayor costo.
La Comisión de la Industria del Vino y el Licor, dirigida por Seiersen, reporta 151 robos en 2017, de más de 109 mil cajas de bebidas alcohólicas con valor de 352 millones de pesos. No tiene cifras comparativas para 2016, pero dice que los niveles fueron “mínimos”.
“No sólo se trata de robos”. Están vendiendo estos productos en mercados ilegales por debajo del precio de producción y compiten con nuestros productos”, asevera Leonardo Gómez, director de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que incluye los principales usuarios de transporte de mercancías por carretera. El gobierno también se está perdiendo de los ingresos provenientes de los impuestos de ventas y de otros gravámenes.
Las empresas intentaron enviar grandes convoyes de camiones como medida de seguridad. En una ruta clave, entre la ciudad de Puebla y el puerto oriental de Veracruz, las cosas se pusieron tan mal que “no era probable que te asaltaran, era una certeza”, dijo Seiersen.
En noviembre, a medida que las carreteras principales se volvieron intransitables, las empresas volvieron a transportar sus productos por ferrocarril. Pero los analistas no ven medidas significativas para combatir la crisis del crimen, ya que los políticos se están concentrando en las elecciones presidenciales de julio y en las duras negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Parte del problema es la policía; están mal pagados, lo que los vuelve vulnerables al soborno y están abrumados por la crisis de inseguridad.
Cuando se reveló el papel de la corrupta policía municipal en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto prometió reformar el sistema. Pero se ha hecho muy poco al respecto.
La Fuerza Civil, una rara historia de éxito policial en la región comercial de Nuevo León, recientemente “ha padecido de mucha deserción y un progresivo debilitamiento. Los niveles de violencia han comenzado a aumentar nuevamente”, dice Enrique Guerrero, un analista de seguridad. “Es trágico”.
La nueva Ley de Seguridad Interior se aprobó para proporcionar un marco para el papel del ejército en los deberes de la policía. Pero Eunice Rendón, una ex funcionaria del gobierno y coordinadora de Red Viral, una ONG, señala que “en 28 de los 32 estados, ya hay alguna forma de presencia militar. Esto es anormal en cualquier democracia”.
La ola de crímenes de México y los impresionantes niveles de impunidad son importantes temas electorales presidenciales conforme el ex ministro de Hacienda José Antonio Meade busca derrotar al izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
“Queremos invertir en México”, dijo Seiersen. “Pero este nivel de inseguridad es inaudito. La gente va a perder interés en invertir en México”.
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