¿El problema es realmente, el marco legal? ¿O se trata de usos y costumbres que, cómodamente, hemos establecido? Es decir, de la omisión de las autoridades consentida por la sociedad.
Todos sabemos, hemos escuchado hasta el cansancio, de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, al crimen organizado. Y, también, sabemos de la necesidad gritada de que exista un “marco legal” para este desempeño.
Lo que no conocemos, tal vez ellos mismos no lo han definido, es qué hacen los militares en esta, negada, “guerra”.
Esto viene a colación por las declaraciones del comandante de la X Región Militar, con sede en Mérida, general de Brigada DEM, quien afirmó que existe un “tercer Cártel” de la droga en Quintana Roo, que INVESTIGAN quiénes lo integran.
O sea, yo no entiendo, qué investigan cuando esta función, hasta donde yo sabía, corresponde a la PGR, concretamente a la Subprocuraduría especializada en el tema.
Primer asunto: ¿Quiénes investigan?
Segundo asunto: ¿Qué se hace con el resultado de esa investigación?
Tercer asunto: ¿Quién ordena, y cuándo, combatir o neutralizar o cómo se diga, a los grupos criminales antes investigados?
Aquí es donde está el nudo de botella principal.
Tenemos un jefe militar, de la más alta jerarquía, con mando directo en tres Estados, sobre Zonas Militares y guarniciones, que SABE de la existencia de un grupo criminal… y luego, qué sigue, qué es lo que no se hace.
¿Nos vamos a conformar con “saber”? ¿Cuántos saben en Quintana Roo, en toda la República, qué criminales actúan? ¿Dónde queda el paso siguiente; detenerlos? Porque yo me quedé en la época en que se investigaba, precisamente, para detener.
Hablemos de “Inteligencia Militar”… o mejor dicho, preguntemos. O, mejor dicho, no preguntemos… qué hacemos una sociedad agraviada por estos grupos militares.
¿Queremos que los militares participen, encabecen el combate al crimen organizado? O el problema está en otra parte. En esta “distribución” paralegal de las funciones de investigación y operatividad.
Porque luego, hay que decirlo también, los militares ponen los muertos o llevan a su gente, al último escalón del mando, a la cárcel.
En las entidades federativas donde se ha comisionado a un jefe militar como “responsable mayor” del combate a la violencia, digamos Guerrero y Tamaulipas, tenemos muertos y muertos y muertos. Es decir, no hay resultados. ¿Por qué? ¿Por qué no les dejamos hacer su “trabajo”? ¿O porque, como dice el general comandante de la X Región Militar, ellos investigan, ellos saben… y punto final?
¿Desde cuándo sabían? ¿Pudieron prever el ataque al Blue Parrot en Playa del Carmen, a la Fiscalía en Cancún? ¿Pudieron evitar estos muertos? O, mejor, volvemos a hablar de la gallardía militar en los desfiles, de las manos alzadas para regresar a los cuarteles, de la discusión de las nuevas leyes en el Congreso.
El fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, ya estableció responsabilidad legal, en la investigación, de la PGR. Y hace bien, es crimen organizado. El general ya dijo que ellos saben. Los comerciantes de la Quinta Avenida en Playa del Carmen ya volvieron a declarar que tienen miedo, que están obligados a “pagar piso”, la alcaldesa Cristina Torres anunció que hará cambios entre sus colaboradores por “falta de compromiso”. Y, supongo, ya reclamaron los cadáveres de las víctimas.
Algo, ¡mucho!, no está funcionando bien.
No queremos autoridades que “sepan”. No queremos legislaciones que se dirijan a la omisión de autoridades federales y locales. No queremos más muertos. No queremos que la violencia gane todas las partidas.
Para eso, para regresar a la paz social, hay que darle cara, de frente, con toda la fuerza del Estado, con respeto a los derechos humanos, a los criminales. La pregunta es si eso es posible. Si será posible en la inercia de fracaso que tiene el Gobierno actual. Algo, ¡mucho!, hay que cambiar.
Fuente.-Isabel Arvide
@isabelarvide
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