"Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-", develan.
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Un rotundo “no” a la militarización de México ha emergido desde un importante bloque de organizaciones de la sociedad civil.
“El saldo de la Guerra contra las drogas en México es grave.
En 10 años hemos acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares. Los datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Peña Nieto es equivocada”, sentencian en un comunicado.
“El endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente. El sistema adversarial que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura. Nuestras policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años. La dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor”, señalan.
Y develan: “Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-.
“Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional.
Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”, sostienen.
“Cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. Debe además ir acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla”, indican.
“Está por aprobarse en la cámara de Diputados, la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En situaciones de emergencia, el Estado debe poder actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios. Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir”, aseguran.
El senador del PRI, Emilio Gamboa, ha anunciado que convocará a un periodo extraordinario en el Congreso para “discutir” la ley de seguridad interior.
Comunicado íntegro:
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