La liberación de los precios de los combustibles y el incremento esperado en los costos detonará el mercado negro, en donde el crimen organizado vende cada litro de gasolina entre 10 y 11 pesos al público en general, y entre cuatro y cinco pesos a los expendedores.
De acuerdo con Rubén Salazar, director de Etellekt, consultoría en comunicación y riesgos, si para el año que entra el litro de combustible se aproxima a 16 pesos, y en el mercado negro se oferta a un menor precio, la demanda y robo de estos productos seguirá presentándose.
Este delito, que muestra un crecimiento exponencial en los últimos años, equivale a 27 mil barriles diarios, lo que anualmente arroja pérdidas por nueve millones 900 mil barriles de petróleo, con un valor aproximado de 17 mil millones de pesos.
En el marco de la liberación gradual del mercado, el especialista comentó que Pemex seguirá absorbiendo las pérdidas que se originan por las tomas clandestinas, tanto en barriles de petróleo como en recursos monetarios, toda vez que la infraestructura dañada corresponde a la empresa, aun cuando se renten los ductos a otras firmas para la transportación de los hidrocarburos.
En el proceso de la liberalización de los precios de las gasolinas, las empresas que entren al mercado no absorberán los costos generados por la delincuencia organizada, sino hasta que cuenten con infraestructura propia; no obstante, al entrar al mercado deberán contar con sus propios sistemas de monitoreo y equipos de seguridad, agregó.
Rubén Salazar recordó que en los últimos años se ha incrementado el robo de pipas cargadas de combustible, situación que sí podría afectar al mercado de algunas zonas en específico, y ante lo cual los nuevos competidores deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes.
Según el reporte 2016 de la firma Etellekt, los cárteles de la droga, principalmente Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, controlan 95% de la ordeña, con una mayor incidencia en entidades como Puebla y Guanajuato, en el centro y en Tamaulipas en el norte de la República.
El directivo advirtió que un aspecto fundamental que incentiva el crecimiento del robo de combustibles en la red de ductos de Pemex es la debilidad del marco legal para sancionar con mayor firmeza estas actividades ilegales, no obstante que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que endurece las penas por tomas clandestinas de hidrocarburos y reconfigura el tipo penal para castigar el robo de combustibles y su comercialización.
Además, de que se aprobó el dictamen de la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, que endureció las sanciones con hasta 60 años de prisión y un máximo de 75 mil días de salarios mínimos.
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