“Andaba jugando con mi
balón cuando de repente se me atravesó una camioneta de la que se bajaron
policías que me persiguieron hasta la casa de mi abuelita. Me llevaron al
parque, donde hay lagartos, y ahí me preguntaban a gritos que dónde estaba mi
papá, me siguieron golpeando y después me soltaron toques eléctricos, me
dijeron que si no declaraba que mi papá había asaltado un supermercado,
aunque no era cierto, me aventarían con los lagartos. Eran 5 hombres de la
Policía Federal”. Ignacio de 13
años.
“Llegaron a mi casa unos
militares y me dijeron que mi hijo había querido asesinarlos y en que
intentando defenderse, él se había salido de control, porque era drogadicto y
delincuente y fue así por lo que lo lastimaron, murió desangrado y dijeron que
era un presunto homicida, solamente tenía 17 años y era estudiante”. Rosalía de 55 años.
“Vimos a la policía
atacar a un vagabundo, pretendían asfixiarlo y gritaban que si no se declaraba
culpable lo matarían. El hombre no podía hablar”. testigo.
José Gerardo Ortega Maya
fue secuestrado de su domicilio por elementos del Ejército Mexicano y de
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) y torturado brutalmente por elementos del ejército. Fue
enviado a una Cárcel de Máxima Seguridad en Matamoros, Tamaulipas, el 28 de
Junio de 2012, por no haber aceptado incriminar al General de División Tomás
Ángeles Dauahare de tener nexos con el narcotráfico, quien fuera amigo suyo
desde hacía varios años y saberlo inocente.
***
Según
un informe de Amnistía Internacional (AI), la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes desempeñan un papel central en las
actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas
militares y policiales en México. Estas prácticas son generalizadas y es
habitual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores,
miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos
humanos las justifiquen, las toleren o hagan caso omiso de ellas.
Al
mismo tiempo se explica que el resultado es una impunidad casi total para los
autores de los abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier
detención pueda desembocar en torturas. En una encuesta encargada recientemente
por Amnistía Internacional sobre actitudes hacia la tortura, el 64% de
mexicanos declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo
custodia.
Para
la antropóloga social, Angélica Duarte, “la ausencia de un liderazgo político
claro y de una auténtica voluntad política del panista Calderón y sucediéndole
la incompetencia y falta de compromiso de Peña Nieto, construyeron la
irresponsabilidad de funcionarios e instituciones, dejándoles abierta la
posibilidad de que la tortura y otros malos tratos fueran quienes emitieran
condenas”.
Duarte
explica que, el despliegue en gran escala del Ejército y de miembros de la
Marina en los últimos años para combatir la delincuencia organizada, es un
factor clave en el aumento del uso de la tortura. A partir de 2006, ésta y los
malos tratos aumentaron vertiginosamente, y para 2014 hubo un 600% más de
denuncias respecto de 2003. “La gravedad alcanza niveles inimaginables, pues
este tipo de actos inhumanos, en los dos últimos sexenios, han llegado al grado
de asemejar a las torturas de Guantánamo, no con la necesidad de saber
verdades, sino de imponer falsos positivos (inocentes culpables), que puedan
presentar a la sociedad, haciéndoles creer que el gobierno combate la
inseguridad, cuando lo que hace es violar los derechos humanos, como estrategia
de publicidad, en una búsqueda desesperada de aceptación”.
Jesús
Robles Maloof, defensor de derechos humanos, afirma “estamos imputando el
modelo de los ‘falsos positivos’ de Colombia. Los métodos para torturar en
México se han ido sofisticando de manera salvaje con casos de simulación de
ejecución, picana -que consiste en sumergir la cara de una persona en un
excusado-, privación de la sombra, manos y bocas amarradas, permanecer hincado
durante días enteros, técnicas de tortura utilizadas en lugares como Guantánamo
que dejan huellas físicas y psicológicas imborrables”.
Enrique Rasool,
doctor en historia del combate y tortura, explica que el aislamiento (no
existe apoyo social para el acusado y está a merced de quien lo interroga); waterboarding (técnica
de ahogamiento. Inmovilización de la víctima y verter agua en su cara o en sus
vías respiratorias. La angustia obliga al detenido a confesar); agotamiento
físico (privación del sueño); humillación sexual; posiciones de estrés (fuerzan
al individuo a una postura en la que la mayoría de su peso recae sobre uno o
dos de sus músculos lo que le aumenta su dolor físico); submarino (al detenido
se le impide la respiración hasta la asfixia), son las torturas base en
Guantánamo, no las únicas, pero sí las adoptadas por México, “los testimonios
de las víctimas y los clínicos lo demuestran, los tiene AI, Human Right Watch
(HRW), la sociedad que pretenden acallar y las propias instituciones sordas y
ciegas ante la justicia”, afirma.
“Ejemplos abundan. 35
jóvenes aparecieron tirados cerca de los ‘voladores de Papantla’, en Veracruz,
victimados con material exclusivo de la Marina y el Ejército. Maniatados con
pulseras especiales, los narcotraficantes no usan esos accesorios, lo hace con
cinta canela. Cuando estas dos instituciones están dispuestas a la tortura, lo
hacen de la misma manera con un estudiante, un empresario, o un activista
social, al final su fin es convertirlos en delincuentes, que no denuncien o se
retracten, lo que ha transformado al mexicano en un ser desprotegido”, agrega
Rasool.
Miembros de la Marina
irrumpieron en casa de Claudia Medina Tamariz, le ataron las manos y le
vendaron los ojos antes de llevarla en una camioneta a la base naval local, en
Veracruz. Allí la torturaron mediante descargas eléctricas, la agredieron
sexualmente, le propinaron golpes y patadas y la dejaron atada a una silla bajo
el calor abrasador del mediodía. Al día siguiente, le volvieron a vendar los
ojos y la trasladaron a la PGR junto con otras personas detenidas. La
interrogaron, y un miembro de la marina la presionó para que firmara una
declaración sin permitirle leerla. Ese mismo día, las autoridades presentaron a
Claudia y a los demás detenidos ante los medios de comunicación, afirmando que
eran delincuentes peligrosos aprehendidos en un vehículo robado en posesión de
armas y de drogas. Pese a las pruebas que confirmaban que Claudia fue detenida
en su casa. Amnistía Internacional.
3 jóvenes entraron en
una farmacia, a la salida los detuvieron y los consignaron por delito
calificado. Los agravios fueron: nocturnidad, asociación delictuosa y robo.
Coincidió que era de noche, eran amigos y un supuesto robó de un desodorante.
Después de 6 meses un juez revisó el caso y lo calificó como “robo simple”, con
libertad bajo fianza. Sin embargo el reporte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco lo calificó como “una banda desmembrada”.
Rasool,
explica “Marina y el Ejército han adoptado fielmente métodos de tortura
provenientes de Guantánamo, en un primer momento para que un inocente se
inculpe de un crimen o delito no cometido o para ‘eliminarlo’, cuando están
necesitados de falsos positivos, lo que se ha podido ver con frecuencia en este
sexenio”.
Robles Maloof, sentencia
“otro de los problemas que fomentan la tortura, son los premios y estímulos a
los policías que detienen a un sospechoso donde al final, con tal de
recibirlos, los uniformados utilizan tácticas de interrogatorio frecuentes en
agencias de inteligencia, que no respetan los derechos humanos y dan por
sentado que un detenido es culpable, aunque no se haya demostrado lo
contrario”.
Aquel lunes, la
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), dio a conocer que “durante un
enfrentamiento en un pequeño municipio del Estado de México, nombrado Tlataya,
habían muerto 22 criminales”, sin embargo, la escena demostraba que los
supuestos criminales no tuvieron tiempo de defenderse de los uniformados, o que
las balas disparadas por éstos no tuvieron el mismo impacto en los soldados.
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