En noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer un
decálogo de acciones “prioritarias” en seguridad tras la crisis desatada por la
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; 120 días después, ocho de los
puntos anunciados no se han materializado, y los otros dos apenas se cumplieron
parcialmente.
Mexico,D.F 31/Mar/2015 Entre los pendientes hay
algunos atorados en el Senado o con los diputados, pero también están
iniciativas o programas que el mismo gobierno no ha presentado. Por ejemplo, la
línea de emergencia 911 causó gran impacto y polémica al principio pero meses
después es poco lo que se ha dicho.
De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan es vital para que México cambie,
pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta hace cuatro meses era
insuficiente para revertir las condiciones de violencia y deterioro en varios
sitios del país.
“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores
administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional
siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a
sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo el 27 de noviembre.
Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI calificaron
como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero hasta ahora, el
balance deja muchos más pendientes que objetivos consumados.
Primera acción: Ley contra la infiltración del crimen en municipios
Estatus: No concretada
El 1 de diciembre de 2014 la Presidencia envió al Senado una propuesta de
reformas a la Constitución, que entre otras cosas, darían facultades a la
federación para intervenir en los municipios donde se tuvieran “indicios” de
una infiltración del crimen organizado. Incluso podría pedirse la destitución
misma del alcalde.
La iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi inmediatos,
sobretodo en vel sentido de que se rompía con el pacto federal y podría ser
objeto de abusos.
La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de justicia,
puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta, aunque se dijo que en
abril será revisada y modificada.
Segunda acción: Redefinir sistemas de competencia
Estatus: No concretada
El presidente planteó establecer nuevas “Leyes de Concurrencia y
Competencia” con el objetivo de agilizar la investigación de delitos con
independencia del fuero al que pertenecen. Por ejemplo, se propuso que
fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada.
La iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas de las
otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del paquete de
reformas que está parado en el Senado de la República y por ende, no se ha
concretado.
Tercera acción: Creación de Policías estatales únicas
Estatus: No concretada
Peña Nieto propuso eliminar definitivamente las más de mil 800 policías
municipales que existen en el país y que la operación y mando se traslade a 32
corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según se dijo, de dificultar
que permee la corrupción. A las fuerzas de los ayuntamientos se les dejará
únicamente labores de vialidad.
Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores sino
también la oposición de otros sectores. Por ejemplo, la Asociación Nacional de
Alcaldes sostuvo que era peligroso restarle fuerza a los municipios que son la
primera línea de contacto con los ciudadanos; investigadores como Javier Oliva
de la UNAM o María Eugenia Suárez de INSyDE señalaron que se va en contra de la
tendencia internacional a formar cuerpos policiales de proximidad.
La eliminación de las policías municipales forma parte del paquete de
reformas que está en el Senado sin avance hasta ahora.
Cuarta acción: Expedición del número único 911
Estatus: No concretada
El presidente argumentó que crear la línea 911 era necesario para
establecer un número homologado de emergencia en el país, que además agilice la
respuesta de las autoridades y permita recopilar datos. La selección de esa
marcación obedece a que es conocida por la mayoría debido a su uso en los
Estados Unidos.
La propuesta tuvo impacto casi de inmediato a nivel mediático y fue de lo
más comentado y también satirizado en redes sociales. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones fue designado para analizar la viabilidad del proyecto, pero
en lo que va de este año no se han dado a conocer avances.
Quinta acción: Clave Única de Identidad
Estatus: No concretada
Que en México exista un documento único que identifique a todos los
ciudadanos es una petición que viene desde sexenios pasados. En 2014 activistas
como María Elena Morera insistieron al presidente que este tema tenía que
sacarse adelante y Peña Nieto lo incluyó en el decálogo de acciones anunciadas.
El 5 de enero la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) firmó un
convenio junto con la administración federal para iniciar los trabajos que
requiere la adopción de esta clave. Desde ahí no se han conocido de nuevos
avances en el tema y no se ha confirmado una fecha específica para que esto se
materialice.
Sexta acción: Operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco
Estatus: Concretada parcialmente
El presidente anunció a finales de noviembre que el gabinete de seguridad
reforzaría los operativos especiales en la región de tierra caliente en
Michoacán y Guerrero así como en diversos municipios de Jalisco y Tamaulipas,
estados donde las condiciones de inseguridad y violencia se han profundizado.
En la primera semana de diciembre se informó de la nueva fase del
despliegue en tierra caliente, pero en lo que respecta a los otros estados no
hubo anuncios. La alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, señaló
en febrero pasado que les urgía un mayor apoyo federal debido a la violencia en
la zona fronteriza.
Estos cuatro estados fueron también elegidos como los primeros en donde se
eliminará de forma definitiva a las policías municipales, pero esto no ha
ocurrido.
Séptima acción: Agenda de reformas en justicia cotidiana
Estatus. No concretada
Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo que
denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los derechos de
los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no solo penal. Para ello
pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la elaboración de
recomendaciones en la materia en un plazo de 90 días.
En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos temas y
también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál es la propuesta
definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el gobierno tampoco ha
presentado las iniciativas de reformas que se requerirán al Congreso.
Octava acción: Leyes y reformas en derechos humanos
Estatus. Concretada parcialmente
El presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la protección de
los derechos humanos y en especial de las víctimas. La mayoría de ellas eran
pendientes que se venían acarreando desde meses atrás, y otras un reclamo de
organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General de
Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del daño, y la
integración de un consejo consultivo para reformas en derechos humanos.
Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en
desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no
aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de información
genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de que antes de que
concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen estos pendientes.
Novena acción: Puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción
Estatus: no concretada
Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del Sistema
Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye el
fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el nacimiento de un
tribunal imparcial para sanciones administrativas y de una fiscalía
especializada.
Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar
adelante esta iniciativa sin embargo, el tema se estancó en el Senado donde ya
adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha designado a un fiscal
en la materia, como se pretendía hacer desde diciembre pasado.
Décima acción. Nuevo portal de transparencia
Estatus: no concretada
El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP)
lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y contratistas de
toda la Administración Pública Federal. El objetivo es que los ciudadanos
pudieran conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada
dependencia o de cada empresa.
El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y
prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “Casa Blanca” del
presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron noticias.
Fuente.-AnimalPolitico
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