El gobierno federal está jugando con fuego en Guerrero. Habrá
elecciones, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el
subsecretario Luis Miranda ratificó que los maestros sólo están haciendo
amagos. Los grupos antisistémicos que encuentran en la Coordinadora magisterial
su síntesis, blofean porque al final sí habrá elecciones el 7 de junio próximo,
es el mensaje oficial subyacente.
Mexico,D.F 26/Mar/2015 La descalificación, mediante la sugerencia de
que son mercenarios que se arreglarán con dinero con las autoridades y dejarán
el camino libre para quien quiera ir a las urnas, lo haga sin problema, es una
provocación que atiza el fuego en Guerrero.
Faltan tres meses para las elecciones para gobernador, los
congresos local y federal, y en los 81 municipios guerrerenses. En un estado
tan volátil, todo puede suceder mañana, la próxima semana o en junio. Lo que sí
se puede afirmar hoy, es que si las elecciones fueran este domingo, es
altamente probable que se anularan al no poderse instalar al menos el 20% de
las casillas electorales. La numeralia es alarmante. En una cuarta parte del
estado, el Instituto Nacional Electoral no pudo reclutar funcionarios de casilla
en diciembre, y hasta la fecha, sólo en la mitad de ellas tiene personal
completo para que las elecciones sean legales. Conflictos sociales, municipios
controlados por criminales y descrédito de las instituciones, suman energía a
quienes buscan descarrilar la elección.
Los números, por ahora, no favorecen a quienes con su discurso
alineado desde hace dos semanas, confían que sí habrá elecciones. De acuerdo
con Francisco Abundis, director asociado de Parametría, las casas encuestadoras
que buscan medir las tendencias electorales en Guerrero no pueden hacer su
trabajo en18 municipios, que representan el 17% del electorado, porque las
condiciones de seguridad son precarias, tanto por la oposición belicosa de los
grupos sociales que no les permiten entrar en los municipios, como por la
presencia criminal donde su vida corría peligro.
Esos 18 municipios de encuentran fundamentalmente en la zona de
Tierra Caliente: Ajuchitán del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Coahuayutla, Cocula,
Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, General Canuto
A. Neri, General Heliodoro Castillo, Iguala, Leonardo Bravo, Pungarabato, San
Miguel Fotolapan, Teloloapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. En estos
municipios hay todo tipo de actividad antisistémica e ilegal.
En Iguala, Arcelia y Cocula, de fama mundial en los últimos
meses, la actividad criminal no ha parado. En Cocula, donde la PGR sostiene
incineraron a 43 normalistas de Ayotzinapa, el crimen es rampante a todas horas
del día. Arcelia continúa siendo la cabecera criminal del secuestro en el sur
del país. En zonas como Coyuca de Catalán, la presencia guerrillera, cuyo
objetivo desde hace años es el aniquilamiento de todas las instituciones, se
mantiene muy fuerte.
En la información recopilada por Abundis, hay otros 15
municipios de “riesgo moderado”, que suman otro 6% del electorado: Acatepec,
Ahuacotzingo, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Cualác, Huamuxtitlàn,
Ixcateopan de Cuauhtémoc, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Pedro Ascencio
Alquisiras, Tepecoacuilco de Trujano, Xalapatkáhuac, Xochihuehuetlán y
Zapotitlán Tablas. Algunos de estos municipios, como Olinalá y Metlatónoc, se
encuentran en la Región de la Montaña, donde convergen las fuerzas sociales más
radicales y se mezclan los grupos sociales con la guerrilla, las policías
comunitarias y organizaciones criminales. No son uno solo, pero existen vasos
comunicantes donde confluyen en el objetivo táctico de tirar el proceso
electoral de verano. No incluyen estos municipios a Tixtla, considerado por Abundis
como de “bajo riesgo”, pero donde el INE no ha podido reclutar a nadie como
funcionarios electorales, o uno de los distritos de Chilpancingo, tomado por
los maestros disidentes. Entre estos dos añadiría 1.2% del electorado que no
pudo votar.
Si en el peor escenario, a partir de estos número, no se
pudieran instalar las casillas electorales el 7 de junio, impactaría el 25% de
Guerrero, lo que obligaría a la cancelación de toda la jornada electoral, y
metería no sólo al estado en una crisis política sino también al gobierno
federal por no haber podido proveer las garantías para que se celebraran la
elección. Este presupuesto tendría que ser analizado en el contexto de qué
instrucciones tendrá la Marina, como responsable federal de proveer la seguridad
en las elecciones, si tendrá órdenes de utilizar la fuerza en todos los
municipios conflictivos para permitir la instalación de las urnas o no, y si
dado el caso de acción militar, cuál sería la reacción de los grupos más
radicales.
Los escenarios, a partir de la información actual, son ominosos
en todos los sentidos. Esta semana los padres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa que desaparecieron de Iguala en septiembre pasado, hablarán con los
consejeros del INE para insistirles que se cancelen las elecciones porque no
hay garantías de seguridad para la jornada y, la parte central del argumento,
porque en las condiciones actuales, se estaría votando por candidatos
vinculados a criminales. No se sabe que los padres tengan más que evidencia
empírica de lo que acusan y temen, pero sus temores tienen sustento con
información que tiene el gobierno federal sobre cuántos municipios tiene bajo
su control la delincuencia organizada, lo que será motivo de otra columna.
Fuente.- rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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