El enriquecimiento ilícito es el delito
más grave que ha detectado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entre
jueces, magistrados y secretarios que han sido separados del cargo y
denunciados en la Procuraduría General de la República en los últimos cuatro
años.
Mexico,D.F 23/Mar/2015 En ese periodo, el órgano encargado de
la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados, solo interpuso una
denuncia por delincuencia organizada y fue contra el magistrado Jesús Guadalupe
Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario en materia penal en el
DF, quien atendió casos como el del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ante el Ministerio Público federal el
consejo llevó el caso de dos magistrados, cuatro jueces y cinco ex secretarios,
que presuntamente se enriquecieron a través del otorgamiento de medidas
cautelares que evitaron el cierre de casinos en el norte del país.
Otros permitieron la importación
indebida de autos chocolate y todavía se encuentran bajo
indagatoria administrativa.
Desde 2011, el CJF puso en marcha
medidas para vigilar la situación financiera de su personal e impedir este tipo
de delitos; incluso, en julio de ese año estableció un convenio con la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Actualmente hay investigaciones
administrativas que mantienen suspendidos a algunos servidores.
El órgano también se ha encontrado con
la falta de profesionalismo, dilación en el proceso y en la resolución, notoria
ineptitud, abandono de funciones, hostigamiento sexual y hostigamiento laboral,
problemas que no son exclusivos de los impartidores de justicia, sino de
personal que realiza otras funciones.
LOS CASOS
El mayor número de casos negativos se
documentó en mayo de 2014. Se denunció al juez Armando Jerezano y a su
secretario, Gerardo Tiscareño, ambos del juzgado primero del centro auxiliar de
la décima región, en Saltillo, Coahuila.
Fueron señalados probables responsables
de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
dinero que, se presume, tuvo su origen en los fallos que favorecieron a
empresas permisionarias de juegos y sorteos.
También se denunció al juez Ricardo
Hiram Barbosa y a sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio, Alejandro Tovar
y Eusebia González. Todos pertenecen al juzgado tercero de distrito en materia
administrativa de Nuevo León. Se les detectaron depósitos y movimientos
bancarios que no corresponden con lo que percibieron de sueldo.
Presuntamente favorecieron a las
empresas Entretenimiento de México SA de CV, Atracciones y Emociones Vallarta
SA de CV y las Cervezas Modelo de Nuevo León, SA de CV.
También en mayo, el órgano denunció en
PGR a los magistrados Eduardo Ochoa (del tercer tribunal colegiado en materia
civil, en Monterrey), José Manuel Rodríguez (del primer tribunal colegiado en
materias penal y del trabajo, en Tamaulipas) y el juez Javier Rubén Lozano (del
juzgado segundo en materia administrativa, en Monterrey), así como a Mario
Alberto Prado, ex secretario técnico del consejero de la Judicatura, Daniel
Cabeza de Vaca.
Se cree que con sus sentencias ayudaron
a Juan José Rojas Cardona,El zar de los casinos.
En junio se ordenó suspender a Daniel
José González y a Ricardo Arreola, ex titular y secretario del juzgado segundo
de distrito en Baja California, respectivamente, quienes supuestamente
concedieron suspensiones que permitieron el ingreso a México de autos usados.
Contra ellos hay una investigación administrativa.
Ese mismo mes se denunció ante la PGR al
juez Álvaro Tovilla, quien en 2004 pidió el desafuero de Andrés Manuel López
Obrador.
Se concluyó que con la presunta
anuencia, tolerancia y colaboración de Tovilla se cometieron delitos que
derivaron en el juicio de su ex secretario Esiquio Martínez, a quien se le
detectaron cuentas bancarias por más de 432 millones de pesos en 2011.
En noviembre fueron suspendidos un juez,
un magistrado y cinco secretarios por irregularidades en su actuación, ya que
se presume otorgaron amparos que permitieron la importación de autos usados.
Los servidores públicos estaban adscritos a Guerrero y Baja California.
En diciembre se suspendió temporalmente
al juez de distrito Alfonso Javier Flores, quien entre otros casos amparó al ex
secretario de Finanzas de Tabasco José Manuel Saiz y resolvió asuntos de
extinción de dominio.
El CJF descubrió viajes al extranjero,
sin solicitar licencia, contraprestaciones distintas a sus ingresos, con lo que
adquirió bienes inmuebles, y faltó a la verdad en su declaración patrimonial.
Fuente.-Milenio
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