Quien cometa el delito podrá pasar hasta 30 ó 40 años en prisión.
México D.F 06/Mar/2015 .- Se creó la figura de terrorismo para castigar el robo de hidrocarburos, por lo que quien cometa el delito pasará en prisión de 30 a 40 años.
Así lo aprobó el Senado sobre los actos de sabotaje en los equipos, instalaciones y bienes muebles e inmuebles de ese sector industrial que figuran en la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.
“En ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”, señala la propuesta que puso sobre la mesa el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual fue una de las condiciones de esa bancada para aprobar el dictamen.
En entrevista con La Jornada, la senadora Dolores Padierna, dijo que otro cambio planteado es para que se precise en qué consiste el término “terrorismo en materia de hidrocarburos”.
Y en la fracción 26 del artículo tercero se definió: “Realizar intencionalmente por cualquier medio violento, actos en contra de bienes, servicios, integridad física, emocional, seguridad o la vida del personal de asignatarios, contratistas o permisionarios; que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional o contra las actividades de carácter estratégico relacionado con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”.
La medida fue para detener el robo de combustible, pues tan solo en el 2000 se habían detectado 155 tomas clandestinas y para 2014 fueron mil 963.
De acuerdo con los datos, proporcionados por el senador Omar Fayad, las ganancias que obtuvo la delincuencia se estimó en 2011 representaron 23 mil 900 millones de pesos; en 2012, ascendió a 33 mil 200 millones y de septiembre de 2013 a agosto de 2014, la delincuencia obtuvo ingresos por la sustracción de combustible, de alrededor de 15 mil 300 millones de pesos.
En un apartado de sanciones para dicha ley se establecen sanciones penales que van desde los cuatro años como mínimo hasta un máximo de 60 años, multas económicas que van desde los 15 mil hasta los 75 mil días de salario mínimo vigente.
Pero la sanción más alta, según el artículo 18, es que se aplicarán de 40 a 60 años de prisión y multa de 65 mil a 75 mil días de salario mínimo vigente, a intencionalmente realice por cualquier medio actos de terrorismo en cualquier instalación de asignatarios, contratistas o permisionarios y otras pertenecientes al ramo de la industria de los hidrocarburos.
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