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lunes, 11 de mayo de 2026

"SOY CHIVO EXPIATORIO ?: MAGENTA se FUE a ARGENTINA y CONTRAMIRANTE le CONTÓ que TRAFICO de HUACHICOL FUE OPERACIÓN del GOBIERNO"... extraditarlo a Mexico pone en peligro su vida,no asi a EE.UU

Desde Buenos Aires, Argentina.- Desde que en diciembre de 2025 huyó de México porque temía por su vida, el Contralmirante Fernando Farías Laguna -acusado con su hermano Manuel de operar desde la Secretaría de Marina una vasta red de huachicol- venía guardando prudente silencio, esperando que la conclusión de las investigaciones le dieran la razón.

“Somos chivos expiatorios”, confiesa tajantemente desde el interior de un centro de detención en Buenos Aires, hasta donde acudió Código Magenta para conocer de viva voz su historia, el otro lado de la moneda. Fernando Farías Laguna está confinado en ese centro desde que fue detenido al intentar ingresar a Argentina con un pasaporte falso, bajo el alias de “Luis Lemus”. No se permite la entrada de cámaras ni de teléfonos celulares. Pero accedemos al lugar para sostener una amplia conversación.

El Contralmirante rompe el silencio con esta entrevista y advierte que dos marinos -como él y su hermano, detenido en México y recluido hoy en el penal del Altiplano- no tienen relación alguna con el huachicol, y menos la capacidad de crear las redes criminales que lo operan desde el sexenio pasado. Y, advierte, que el tráfico ilegal de combustibles es una operación de Estado en la que estarían involucradas distintas secretarías y dependencias gubernamentales.

Desde junio de 2024, los apellidos Farías Laguna inundan los espacios mediáticos bajo la acusación de que los dos marinos de alto rango facilitaban -a cambio de sobornos millonarios- una de las redes más complejas que permitían la entrada a México de buques con millones de litros de combustible de contrabando, para ser descargados en puertos como Ensenada y Tampico.

El caso estalló todavía más, porque el Contralmirante Fernando y el Vicealmirante Manuel Farías Laguna son sobrinos del Almirante Rafael Ojeda Durán, quien fuera Secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Fernando Farías Laguna rechaza cualquier acusación de nepotismo. Dice que él y su hermano Manuel son -desde su abuelo- tercera generación de marinos militares, que el mar lo navegan en su ADN. Precisa que, en vida, su papá -el Almirante Manuel Roberto Farías Gutiérrez- invitó de jóvenes a comer a su casa a su entonces amigo y colega marino Rafael Ojeda. Ahí conoció a Sandra Laguna, la hermana de su mamá, con quien contrajo matrimonio. De ahí, el parentesco. La madre de Fernando Farías Laguna y la esposa del Almirante Rafael Ojeda son hermanas.

Y para deslindarse del posible favoritismo, demanda que se revisen sus expedientes de sus estudios en la escuela de Marina, en la que ambos hermanos acabaron con las mejores calificaciones de su generación, lo que les abrió las puertas al ascenso en esa Secretaría.

Fernando Farías Laguna descarta estar enterado -más allá de los comentarios que circulaban entre pasillos- de la presunta protección que la Marina daba a las redes de huachicoleros. Dice que él se enteró de esos ilícitos por el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien lo buscó para informarle que existía una red de marinos que protegían el contrabando de combustibles y que estaban utilizando los nombres de ellos -como sobrinos del Secretario de Marina- para que se facilitara el tráfico de permisos. De las carpetas de investigación en curso, lo único que conoce es que en ellas se involucra, en el epicentro de esa red, al Capitán de Corbeta, Miguel Ángel Solano. A ese personaje -mejor conocido como “Rey Sol” o “Capitán Sol”- se le acusa también en esos expedientes, sujetos a investigación, de traficar incluso con fentanilo y de lavar millones de pesos de sobornos a través de casinos.

El escándalo de los Farías Laguna se amplificó todavía más, frente a la aparición de audios difundidos por Aristegui Noticias, en los que se revelan conversaciones entre el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 hablaba del tema con el Almirante Secretario Rafael Ojeda Durán.

Cinco meses después de esas denuncias -el 8 de noviembre de 2024- quien más conocía del tráfico de combustibles dentro de la Marina y quien originalmente fue quien lo denunció -el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar- fue asesinado en el puerto de Manzanillo. El crimen fue cometido apenas 17 días después de que el 21 de octubre fuera asesinada, también en Manzanillo, la funcionaria de la Fiscalía General de la República, Magaly Janet Nava Ramos. A partir de conocer ambos crímenes,  Fernando Farías Laguna sabía que su vida peligraba, porque fue él quien llevó al Contralmirante asesinado a sentarse con su tío -el Secretario de Marina- para exponer los ilícitos. A partir de ese suceso, la vida de Fernando Farías Laguna cambió.

Las amenazas de muerte se hicieron presentes, en al menos, dos ocasiones y las exigencias de esconder la información sobre los encuentros entre el denunciante -Guerrero Alcántar- y el Secretario de Marina -Ojeda Durán- en la residencia oficial -el 29 de mayo de 2024- culminaron con un acuerdo. El Almirante Rafael Ojeda Durán se daba por enterado y les pedía que ya no tocaran públicamente el tema. Que él como titular de la Secretaría de Marina se haría cargo de presentar la denuncia ante el entonces Fiscal, Alejandro Gertz Manero. Y así lo hizo.

De hecho, en los audios divulgados por la periodista Carmen Arisregui, se escucha la voz del titular de la Marina diciéndole al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esa bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. Y así fue. Algunos mandos de la Marina fueron removidos, pero inexplicablemente, algunas semanas más tarde, regresaron a sus puestos.

Hoy, curiosamente, los marinos, políticos, gasolineros, contratistas, transportistas, concesionarios de muelles que sí se enriquecieron con el tráfico de huachicol fiscal, a ellos ni se les está intimidando, ni  se les está investigando y, mucho menos, tienen una orden de aprehensión en su contra, como ya lo hicieron contra los hermanos Farías Laguna. Desde los altos mandos de la Cuarta Transformación alguien ya eligió quiénes eran los culpables.

Del audio y el video que circulan sobre ese tema, Fernando Farías Laguna dice que él mismo lo promovió, basado en sus mensajes fechados de WhatsApp en los que se deja clara la evidencia que él fue quien denunció el tráfico de combustibles, no quien protegía a la red que lo operaba, utilizado en falso y como pantalla su nombre y el de su hermano Manuel, aprovechando su parentesco con el entonces Secretario de Marina.

El Contralmirante, recluido en una comisaría de Buenos Aires, dice a Código Magenta que huyó de México por temor a su vida y por amenazas directas hacia su familia. Fernando Farías Laguna dice que al momento que conoció del asesinato de su colega, el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, su vida se trastocó. Después de todo, fue el hoy occiso quien se había acercado a Fernando Farías Laguna para sentarse a la mesa con su tío, el Almirante Rafael  Ojeda Durán, para darle los pormenores de los protectores de los huachicoleros desde esa Secretaría. Hablamos de la dependencia que adquirió una enorme relevancia desde que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador les entregó el control de las aduanas en todo el país.

Fernando Farías Laguna revela que, en dos ocasiones, fue informado de que -al igual que al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar- lo querían matar. Que, de súbito, los amparos que habían conseguido tanto él como su hermano Manuel fueron revocados y no existía autoridad judicial que los escuchara. Las órdenes de aprehensión eran inminentes. El marino detenido en Buenos Aires no quiere volver a México. Acusa que el Poder Judicial ya está subordinado al poder presidencial.

Fernando Farías Laguna revela que hoy, su esposa y sus hijos, son perseguidos por personajes que no identifica si son delincuentes o personal de alguna de las dependencias ligadas al escandaloso y multimillonario tráfico de huachicol.

Por eso, decidió huir a Argentina. Porque cuando se enteró por un conocido cercano al poder que ya les estaban buscando celdas para él y para su hermano, en el penal de alta seguridad del Altiplano, entendió que sin pruebas suficientes irían por ellos y ya privados de la libertad, su defensa se complicaría. Sobre todo, porque nunca fueron citados a declarar y sin tener el derecho a la defensa se enteraron de la orden de captura, y de que se les aplicaría la prisión preventiva oficiosa. De hecho, su hermano no compartió la idea de salir de México porque decía que nada tenían que esconder. Por eso se presentó a declarar y en esa audiencia -la primera- fue detenido y recluido en el Altiplano. Era claro que frente a las denuncias y a su parentesco con el ex Secretario de Marina, fueron seleccionados como “chivos expiatorios”.

La expedición de la ficha roja de la Interpol, solicitada por la nueva fiscalía de Ernestina Godoy, acabó por ser el banderazo para que Fernando Farías Laguna decidiera huir de México y buscara refugio en otro país, mientras se clarificaban las investigaciones.

Fue así como el Contralmirante se hizo de un pasaporte falso, bajo el alias de “Luis Lemus”. Con ese documento apócrifo logró pasar la estación migratoria en Colombia, en su vuelo con destino final en Argentina. Pero estima que algún reconocimiento facial en la ventanilla migratoria del aeropuerto de Bogotá acabó alertando a las autoridades migratorias argentinas. Y fue así, como el pasado 23 de abril, fue detenido al llegar al aeropuerto de Buenos Aires por autoridades federales y de la Interpol. Lo confinaron desde hace dos semanas a esa comisaría, en donde aguarda el inicio del proceso para deslindar su culpabilidad o inocencia. Ahí conversamos con él por espacio de una hora y media, durante el tiempo de visita que se le permite a algún familiar o allegado sólo una vez a la semana.

Al cuestionarlo sobre su patrimonio, que algunos califican como “inexplicable”,  Fernando Farías Laguna dice que son los ahorros de más de 30 años, que tanto él como Manuel, tienen de servicio en la Marina. Esos ahorros incluyen los que acumuló durante dos años como agregado naval en España, donde tenía un sueldo de 18 mil dólares mensuales. El presunto inculpado dice que los supuestos depósitos de 8 millones de pesos recurrentes no son acumulativos, sino es el mismo ahorro renovado cada mes, para buscar los mejores rendimientos. Por eso, para dejar en claro esas dudas, Fernando Farías Laguna solicitó ya un Pericial Financiero Forense, para que se aclare no sólo el monto, sino el origen de esos recursos.

Por ahora, Fernando Farías Laguna espera impaciente el veredicto de la justicia argentina, a la que le solicita asilo político o que, en el peor de los casos, se le extradite a los Estados Unidos para solicitar allá el asilo. Está convencido de que en México no le van a permitir defenderse. Lo saben él y sus abogados, porque la Secretaría de Marina se ha negado a proporcionar cualquier  información que han solicitado para su defensa los hermanos Farías Laguna. Para todo les contestan que se trata de información “de seguridad nacional”. Peor aún, esa información que daría con la verdad la han reservado por cinco años. Nadie puede tener acceso a ella. Y eso hace prácticamente imposible que se pueda defender por todo lo que resta del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por eso, el Contralmirante Fernando Farías Laguna busca el asilo en Argentina o en los Estados Unidos. Él sabe que si vuelve a México, sus días de vida podrían estar contados.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

EL «SAT DETECTA RED que LAVÓ 10 MIL MILLONES de PESOS en solo 3 AÑOS de EPN a AMLO»…el dinero sucio siempre encuentra caminos sorprendentemente limpios.


Mientras el discurso oficial presumia una cruzada histórica contra la corrupción, la realidad —esa necia que ya no cabia,ni cabe en las mañaneras— vuelve a meter ruido: casi 10 mil millones de pesos lavados en menos de tres años, detectados por la propia Secretaría de Hacienda y la FGR. Sí, leyó bien: un monto que compite tranquilamente con el presupuesto anual de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores o incluso con Gobernación. Pero aquí no pasó nada… o al menos no lo suficiente como para incomodar el relato.

El caso gira en torno a tres joyitas empresariales: Optimización Dalga, Lovies y OHAT, firmas que el SAT ya etiquetó sin rodeos como parte del club de las factureras —ese ecosistema donde se simulan operaciones con la misma naturalidad con la que se reparten contratos públicos. 

Entre 2016 y 2019, estas compañías movieron 9 mil 631.8 millones de pesos en más de 17 mil depósitos, y retiraron prácticamente lo mismo mediante más de 55 mil operaciones. Un carrusel financiero de precisión quirúrgica.

La FEMDO, que no suele exagerar cuando se trata de números de este calibre, intentó verificar si estas empresas tenían algún permiso para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. La respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue tan contundente como incómoda: no existían. Ni registro, ni autorización, ni rastro legal. Fantasmas con cuentas millonarias.

Las empresas fueron constituidas en 2015,duarnte el sexenio de Enrique Peña Nieto,mucho antes del arranque del sexenio obradorista, pero sus operaciones clave se extendieron hasta 2019, ya bajo el nuevo régimen que prometía barrer la corrupción de arriba hacia abajo. 

En todas ellas aparece un nombre que se repite como firma al pie de página: Vicente Estrada Viveros, ya sea como accionista, apoderado o pieza clave en la estructura. Un viejo conocido en un esquema que, como suele ocurrir, no se sostiene solo.

La investigación establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. En las tres empresas aparece el nombre de Vicente Estrada Viveros.

En Optimización Dalga, en la que figuran como accionistas Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal, Estrada aparece como apoderado.

En Lovies es accionista, al igual que Rafael Solano López, aunque en esta empresa la administradora es Claudia Guzmán Salazar.

Y en OHAT, Estrada es también apoderado legal, mientras que Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas y este último además como administrador.

Las empresas registraron operaciones con personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.

Fuentes federales informaron que la FGR ya llevó este caso ante un juez y está a la espera de llevar a cabo una audiencia para imputar a las seis personas mencionadas por el delito de lavado de dinero.

El tercer expediente de alto perfil que fue judicializado es el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández «La Trilladora», presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, a quien le imputaron el blanqueo de 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.

Por el tamaño del golpe financiero, este caso se coloca entre los tres más grandes judicializados en México: sólo por debajo del escándalo de Black Wallstreet Capital (15 mil millones) y por encima de “La Trilladora”, operador financiero del Cártel de Sinaloa (más de 6 mil millones). Nada mal para un país donde, según el discurso oficial, la corrupción ya es cosa del pasado.

Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿cómo se mueve un volumen equivalente al presupuesto de una secretaría de Estado sin que nadie lo note… o sin que nadie quiera notarlo? Porque si algo queda claro es que, incluso bajo el gobierno de AMLO —ese que prometía no ser igual—, el dinero sucio seguia encontrando caminos sorprendentemente limpios.

Con informacion: ELNORTE/

«HALLAN MEDIA DOCENA de CUERPOS en VAGON del TREN de la UNION PACIFIC en LAREDO TEXAS»…sin identidad pública, sin narrativa oficial clara y, por ahora, sin responsables.


Seis cuerpos dentro de un vagón de carga en Laredo, Texas. Sin nombres, sin edades, sin país. Sin historia oficial. Solo seis muertos y una respuesta institucional que suena más a protocolo de silencio que a investigación: “es muy temprano”, dijo la policía en Texas. Traducido del lenguaje burocrático: todavía no sabemos cómo decir esto sin incomodar a nadie.

El hallazgo ocurrió el domingo por la tarde, cuando un empleado de Union Pacific —esa arteria ferroviaria que conecta el comercio binacional como si nada pasara— abrió un vagón y encontró lo que nadie quiere encontrar: cadáveres. A 32 grados centígrados, con un metal que funciona como horno industrial, el escenario no necesita mucha imaginación para reconstruirse. Pero la autoridad prefiere no confirmar ni siquiera lo básico: si eran migrantes.

Curioso. Porque en la última década, este tipo de escenas tiene un patrón demasiado claro como para fingir sorpresa. Vagones, tráileres, cajas selladas. Personas que no mueren “de repente”, sino lentamente, asfixiadas o deshidratadas en rutas que combinan desesperación con crimen organizado y omisiones oficiales. Pero otra vez: “no se puede confirmar”.

El portavoz policial Joe Baeza insiste en que la investigación apenas empieza y que habrá autopsias. Como si el problema fuera médico y no estructural. Como si el calor no fuera previsible. Como si las rutas de tráfico humano no estuvieran documentadas. Como si la frontera no fuera, desde hace años, un laboratorio de tragedias repetidas.

Mientras tanto, Union Pacific “lamenta profundamente” lo ocurrido. Una frase que sirve para todo: desde accidentes logísticos hasta la muerte de seis personas dentro de su sistema de transporte. La empresa colabora, dice. Siempre se colabora después.

El contexto tampoco ayuda a la narrativa oficial de “caso aislado”. Sí, las detenciones han bajado —42% menos en el sector Laredo este año fiscal—, pero eso no significa menos riesgo, sino rutas más invisibles y, muchas veces, más letales. Menos cifras, más clandestinidad.

Y si alguien necesita memoria, basta recordar 2022: 53 migrantes muertos en un camión en San Antonio, también en el mismo corredor. No fue excepción. Fue advertencia.

Hoy, con políticas migratorias más restrictivas y el cierre efectivo del asilo en la frontera sur de Estados Unidos, miles de personas siguen atrapadas en una ecuación brutal: no pueden entrar legalmente, pero tampoco pueden dejar de intentarlo. El resultado se mide en cuerpos que aparecen donde “no debería haber nadie”.

Seis más, ahora en Laredo. Sin identidad pública, sin narrativa oficial clara y, por ahora, sin responsables.

Pero eso sí: con investigación “en fase temprana”.

Con informacion: ELNORTE/

"NOS estan BOMBARDEANDO ?": "COMUNIDAD de GUERRERO GRITA AUXILIO, ACUSA GOBERNADORA MORENA de PROTEGER NARCOS y la INACCION del EJERCITO y la GN"...tiene razon Trump,mas de la que acusa.


En Guerrero y con gritos de auxilio ,el Congreso Nacional Indígena denuncia que “cientos de familias están siendo bombardeadas y desplazadas” por el grupo criminal Los Ardillos en la Montaña Baja, bajo protección del gobierno de Morena de Evelyn Salgado y la inacción del ejercito y la Guardia Nacional. 

El CNI señala que desde el 6 de mayo se intensificaron los ataques armados —incluyendo drones— contra comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, con más de 800 familias desplazadas en unas horas de fuego sostenido.

Aqui claramente no hay “descontrol”, es una logística de guerra con geolocalización y tolerancia institucional: los agresores se mueven a escasa distancia de instalaciones militares, mientras la Guardia Nacional, la policía estatal y el Ejército se limitan a servir de escenografía para notas oficiales de “presencia” sin detener nada. 

El CNI habla de 76 integrantes asesinados del CIPOG-EZ y 25 desaparecidos, en un patrón de hostigamiento que huele más a contrainsurgencia tercerizada que a “violencia aislada”.

La gobernadora aparece en el guion como “primera mujer” y como rostro amable de la 4T, mientras por debajo se sostiene una estructura de terror territorial contra comunidades indígenas organizadas, precisamente las que estorban a la combinación de narco, caciques y megaproyectos. El mensaje es claro: el problema no es que maten o desplacen, el problema es que las víctimas se organicen y denuncien, como esta ocurriendo.

De la simulación al crimen de Estado

Cuando un grupo como Los Ardillos bombardea comunidades durante horas, desplaza a cientos de familias, lo hace cerca de instalaciones militares y bajo denuncia sistemática de organizaciones indígenas, ya no estamos hablando de “fallas de coordinación”. Eso se llama tolerancia estructural, complicidad institucional o, si afinamos la puntería, crimen de Estado por omisión deliberada.

En Tamaulipas y Guerrero la constante es la misma: el aparato punitivo del Estado sí funciona, pero solo hacia donde le ordenan desde arriba: opositores internos, alcaldes incómodos, comunidades que resisten, medios críticos. 

La diferencia es que en Guerrero la factura se paga en desplazamientos masivos, bombas desde el cielo y fosas futuras; un laboratorio perfecto para un régimen que aprendió que es más barato gobernar con narcos aliados que con instituciones fuertes.

Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/

«QUIENES SIGUEN ?…NO se NECESITA ser PITONISOS: MARINA,AMERICO y un ALCALDE de TAMAULIPAS PRESUME LORET»…nos vamos a quedar sin gobernadores porque ellos se quedaron sin verguenza.


La gobernadora de Baja California, y el gobernador y un alcalde de Tamaulipas parecen encabezar la lista de los políticos morenistas contra quienes el gobierno de Estados Unidos estaría iniciando procesos formales de demanda en sus tribunales, de acuerdo con la información que circula en distintas esferas de alto nivel del gobierno mexicano y estadounidense.

No son nombres que tomen por sorpresa a nadie.

Marina del Pilar Ávila, la gobernadora morenista de Baja California, no tiene visa desde hace un año: Estados Unidos se la quitó como parte de un proceso de acusación de lavado de dinero que implica al que en ese momento era su operador político/financiero (y esposo), Carlos Torres.

Américo Villarreal, gobernador morenista de Tamaulipas, ha sido mencionado hasta la saciedad como uno de los ejemplos más descarados de colusión entre políticos y organizaciones criminales. Cuando se habla del financiamiento que recibió Morena del Rey del Huachicol, Sergio Carmona, aparece el nombre de Américo. Cuando se habla del expediente del huachicol fiscal y los buques que llegaban a Tamaulipas, aparece el nombre de Américo. 

Apenas hace unos días, un exalcalde morenista que se pasó a su aliado, el Partido Verde, y se volvió diputado federal, declaró con todas sus letras que Américo estaba metido en el huachicol. Y encima, antes de ser gobernador de Tamaulipas, fue el delegado de Morena en Sinaloa para operar la elección de Rubén Rocha Moya

La colusión entre Los Chapitos y Morena justo en esa elección constituye la columna vertebral de la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia.

Que esta información sobre tres políticos del régimen -dos gobernadores y un alcalde- sea compartida por Estados Unidos y México es muy significativo: deja abierto el tablero para que suceda cualquier cosa con sus casos. Nada es un hecho cuando todo está sobre la mesa de negociaciones.

Paralelamente, se sabe que en la CIA hay muchísima indignación por el doble rasero que ha aplicado la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ven en la CIA?: les mandamos agentes para ayudarlos contra el narco, se mueren dos tras un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes que se hayan incautado en la historia, y el gobierno emprende una embestida mediática y judicial contra la CIA, sus elementos y el gobierno estatal (de oposición) con el que estaban cooperando. 

En cambio, un gobernador de Morena es acusado formalmente de asociarse con el cártel de Sinaloa, y se emprende una defensa que involucra a todo el Estado mexicano. En síntesis: si cooperas con Estados Unidos te cae todo el peso de la ley, pero si cooperas con los narcos te protege la presidenta personalmente.

Por eso, las mismas fuentes revelan que la CIA está tomando nota de quienes se están alineando en su contra y defendiendo a Rocha Moya, no sólo en la política sino también en los medios de comunicación. Preocupante por donde se le vea. Quizá por eso alguna parte del morenismo moderado -en la política y en los medios- ya está dando pasitos para atrás y empieza a plantear romper con Rocha. Se sabe: no hay nada que le duela más a un izquierdista que no poder ir de shopping a Estados Unidos.

Con informacion: CARLOS LORET/ELUNIVERSAL+/

«NO,NO IBAN Vs SEÑOR de los BUQUES: CATEOS de la MARINA en SAN PEDRO LIGADOS a FACTURERO NO CAPO que HACIA BISNE con la MARINA, MILITARES,NARCOS y el GOBIERNO»…ese no, impensable.


La élite de San Pedro Garza García,N.L, despertó con marinos en la puerta y no precisamente para cuidarles la vista panorámica. Ayer, una residencia en Chipinque —zona donde el lujo suele ser más discreto que las cuentas fiscales— fue cateada por la Marina y la FGR en un operativo que huele a lo de siempre: facturación fantasma con fachada de éxito empresarial y no a cateos contra Roberto Blanco,alias el «señor de los buques» como se presumió en redes y algunos medios de difusión.

El inmueble, ubicado en Valle de San Ángel, no era cualquier casa de catálogo inmobiliario aspiracional. Según fuentes federales, ahí vivía Jesse Uresti, personaje que ya traía historial de comportamiento “empresarial agresivo”: el año pasado fue detenido junto a seis escoltas tras golpear a un conductor. La justicia, como suele pasar en estos casos, lo soltó en cuestión de días. Porque en México, al parecer, la violencia privada también tiene fast track judicial.

Ayer el guion cambió de tono. Desde las 9 de la mañana, marinos armados cerraron la circulación en la zona mientras personal de la Fiscalía especializada en lavado de dinero —traído directamente desde la Ciudad de México, sin pedir permiso ni compañía local— revisaba la propiedad. Traducción: cuando la Federación no confía ni en las autoridades del estado, manda su propio equipo… y con armas largas.

El nombre de Uresti volvió a circular con versiones de una supuesta detención y traslado a la capital. Oficialmente, silencio. Extraoficialmente, el clásico limbo informativo donde todo “trasciende” pero nada se confirma. El deporte nacional de filtrar sin responsabilizarse.

Pero el cateo en Chipinque no fue un hecho aislado. Forma parte de una cadena de revisiones que incluye una bodega en San Jerónimo —también ligada a Uresti— y otra residencia en Portal del Huajuco, donde la FGR no solo encontró lujo, sino también fauna exótica: testigos reportaron maletas y jaulas, con animales que incluían leones. Sí, leones. Porque cuando el dinero no se puede explicar, se convierte en zoológico privado.

Esa propiedad estaría vinculada a José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” o “El Mamado”, en una muestra más de que en ciertos círculos el apodo sustituye al currículum… y a veces también al expediente judicial.

Para la madrugada, el operativo se había evaporado. Sin autoridades, sin declaraciones, sin conclusiones públicas. Solo quedan las casas, las dudas y la sospecha habitual: que detrás del concreto, los autos de lujo y las escoltas, no hay empresarios exitosos, sino arquitectos de la evasión fiscal.

Y como siempre, la pregunta incómoda: ¿esto es el inicio de una investigación seria… o solo otro cateo espectacular que terminará archivado entre facturas fantasma y expedientes igual de inexistentes cuando se trata de indagar negocios de militares ?

Con informacion: ELNORTE/

«APUNTAN a HIJOS de CAPO MORENO-ESCORPION: NO PAGAR EXTORSION COSTÓ la VIDA a FAMILIA COMPLETA en MATAMOROS en MANOS de CHAPITOS REGION IV»…la ecuación es sencilla, pagas o te mueres,chivateas y te matan.


Matamoros ,cuna del Cartel del Golfo que ayudo a ungir como gobernador de Morena a Americo Villarreal, al estilo de Ruben Rocha Moya en Sinaloa,acaba de recibir otro “mensaje” de la faccion de «Escorpiones» del Cártel del Golfo que seguramente, como las victimas,van a ir al archivo muerto,ese apartado donde la Fiscalia de Justicia de Tamaulipas envía las investigaciones inconclusas que en esta entidad han sido cifras de impunidad terrorífica,casi total.

Los “príncipes” del Contador

De un lado esta ecuación violenta están los hijos de José Alfredo Cárdenas, alias “El Contador”, lider máximo de la faccion de «Escorpiones» cuyos hijos luego de ser detenidos y enclaustrados en un penal federal,conocieron la libertad casi inmedita, igual que su padre,gracias a jueces federales muy sensibles al sonido del fajo de billetes.

Tanto como el alcalde de Morena en Matamoros,Alberto «Beto» Granados,que se presto para fingir y fungir como supervisor de la medida cautelar de libertad del capo,cuyos hijos heredaron el ADN CRIMINAL.

Alan Alexis y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez fueron vinculados a proceso en 2023 por secuestro de cuatro estadounidenses (dos asesinados), delitos contra la salud, armas de uso exclusivo, fentanilo y hasta tentativa de homicidio contra la Guardia Nacional.

Alan Alexis: Guardia Nacional reporta que el 7 de mayo de 2023 un tal Aldo Antonio,escolta del hijo del Contador les dispara desde un inmueble en el fraccionamiento Victoria de Matamoros, mientras el resto del combo es detenido con armas, pastillas M30 de fentanilo, precursores y dólares contantes y sonantes,publicó MILENIO.

Todos acabaron en el Altiplano, penal “de máxima seguridad”, para luego salir por la puerta grande: hoy Axel y Alexis Alfredo ya se mueven como jefes de la organización, en sintonía con Balkis Garcia, la pareja sentimental del Contador, señalada como operadora financiera y enlace directo con el capo.

En resumen: los “mocosos que jugaban a ser capos” ya no juegan, mandan. Y Matamoros lo está sintiendo a fuego literal.

La casa incendiada y la cuota

Las imágenes del incendio en Matamoros no son un accidente doméstico ni una tragedia fortuita: son la versión 2026 del clásico “no pagaste, te borro del mapa”.

El reporte que circula: familia dedicada a eventos especiales, abordada para pagar “cuota”, se niega… y horas después, a las 5 de la mañana, la planta baja de la casa comienza a arder, el fuego sube, envuelve la vivienda y la familia muere intoxicada por humo mientras duerme arriba.

La lista de víctimas –abuelos, jóvenes, una niña de apenas cuatro años– pinta la masacre que el discurso oficial intenta reducir a “siniestro”.

Los bomberos llegan sin agua ni equipo, pidiendo herramientas a los vecinos, mientras el gobierno de Tamaulipas corre a buscar el ángulo menos incómodo para no rozar la palabra incómoda: terrorismo.

En cualquier país serio, incendiar una casa familiar por negarse a pagar extorsión sería tratado como crimen de alto impacto con coordinación federal, presión política y persecución real contra los autores materiales y los jefes que dieron la orden.

En Tamaulipas, en tiempos de Morena, es “un carpetazo más”, como remata el mismo reporte local que narra el horror y el abandono institucional de Matamoros.

Los Cárdenas y el Estado: sociedad anónima

Mientras la familia es calcinada, los vástagos del Contador han pasado de internos en el Altiplano a operadores visibles del CDG, asumiendo “de facto su rol como jefes del Cártel del Golfo”.

La narrativa clara: los jueces “recapacitan”, modifican términos de prisión y entregan boleta de libertad como si fueran recibos de estacionamiento, no resoluciones judiciales frente a delincuentes de alto perfil.

El mensaje que baja a nivel calle es brutal:

  • El que extorsiona manda.
  • El que se niega, arde.
  • El que firma las órdenes de aprehensión, negocia.
  • Y el que debe investigar, tiene pasado al servicio del narco.

La multiejecución disfrazada de incendio no ocurre en el vacío:ocurre en el territorio donde los hijos del Contador fueron ya detenidos con armas largas, fentanilo, dólares y acusaciones de tentativa de homicidio, y aun así hoy se les menciona como jefes actuales de la organización.

Es la graduación práctica de los “Chapitos Región IV”: al surco lo riega sangre, no papel membretado.

El fiscal Govea: juez y parte… del narco

Para rematar el cuadro, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas está encabezada por Jesús Eduardo Govea Orozco, un funcionario que no fue inventado por “la oposición fifí”, sino documentado en un reportaje de Televisa/NMAS+ como exreo de Almoloya.

Govea de acuerdo con Televisa,fue detenido por vínculos con el Cártel del Golfo en 2002 y permaneció 7 meses recluido en la misma carcel donde hoy Osiel Cardenas pernocta otra vez y por igual otra vez manda.

Muy y gracias al dinero de la misma extorsion que se cobra en Matamoros.

El reportaje de Fátima Monterrosa recuerda que Govea fue acusado de participar en la liberación de un operador del CDG, Rogelio González Pizaña, “El Kelin”, mediante suplantación: entregaron a un detenido distinto, con la cara cubierta, a la Unidad Especializada contra Delincuencia Organizada.

Por ese episodio, un juez federal le dictó formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud; pasó siete meses en el penal de máxima seguridad de Almoloya y salió bajo “reserva de ley”, es decir, libre pero nunca absuelto.

Ese es el hombre que hoy, a propuesta del gobernador de Morena, Américo Villarreal, fue votado por el Congreso local con 27 votos a favor para encabezar la Fiscalía de Tamaulipas durante siete años, después de haber pasado por la Fiscalía Anticorrupción.

Cuando se le cuestiona por su pasado, Govea lo despacha con una frase para la antología del cinismo: “informaciones sesgadas… no me amerita ningún comentario”.

Lo que no “ameritó comentario” en 2002 hoy sí amerita fuero, salario y poder para decidir qué se investiga y qué se entierra en la estadística.

Américo Villarreal: la moral en outsourcing

Américo Villarreal, gobernador de Morena, no puede alegar ignorancia: fue su propuesta la que llevó a Govea al cargo, con un historial documentado de colaboración con el CDG y prisión federal.

Si el fiscal fue exhibido por Televisa y por analistas como De Mauleón como un operador del Cártel del Golfo, aun así obtuvo el respaldo casi unánime del Congreso, lo que pinta de cuerpo entero a tono con la “moral pública huachicolera” del ameriquismo.

Decir que la ética de este gobierno está “a tono” con la de su fiscal no es una metáfora, es un organigrama: el narco como antecedente, la Fiscalía como rehabilitación y la impunidad como programa de gobierno.

No es casualidad que, justo en este contexto, una familia entera pueda ser quemada por no pagar cuota sin que el sistema político se altere lo más mínimo.

La frase que circula entre analistas de Tamaulipas y a nivel nacional es que -Américo podría ser el “próximo Rocha Moya”– no es un elogio: es advertencia ganada a pulso.

Si este es el modelo, la ecuación es sencilla: fiscal con pasado de narco + hijos de capo reempoderados + extorsiones incendiarias = Estado al servicio del terror, no de las víctimas.

La casa con el número 60 calcinado y la cinta amarilla colgando no es “un caso más”: es el monumento a la asociación de hecho entre el Cártel del Golfo y un aparato de justicia que hace como que no ve lo que ayudó a construir al estilo Sinaloa,donde quedaron a deberle un pedazo y EE.UU se lo va dar, porque quien mas lo haría.

Con informacion: MEDIOS/REDES/