El accidente en Chihuahua no solo dejó cuatro lamentables muertos; también dejó al descubierto ese viejo deporte diplomático de hablar de “coordinación” mientras cada quien niega lo que sí hace. En México, la narrativa oficial hipócrita insiste en que no hay operaciones conjuntas con personal estadounidense en territorio nacional, o al menos no de manera formal; en Washington, en cambio, se describe una red mucho más profunda de colaboración encubierta entre agencias de EE. UU. y unidades mexicanas seleccionadas a dedo.
Lo incómodo para el gobierno mexicano es que el caso no ocurrió en el vacío, sino sobre un terreno ya abonado por investigaciones previas: Reuters documentó que la CIA ha operado durante años con unidades mexicanas “vetted”, entrenadas y equipadas para capturas antinarco, siempre bajo el velo de la discreción y la negación plausible.
El Washington Post, por su parte, ha insistido en que la CIA ha tenido un papel histórico y sigiloso en la pelea contra los cárteles en México, incluso cuando públicamente se vende la idea de una cooperación limitada y ordenada por parte de Mexico que un agente del HSI nos clarifica sin tapujos.
La versión que incomoda
La parte explosiva no parece ser el choque metálico del vehículo en la sierra; es el choque narrativo entre lo que México dice que no existe y lo que varias notas estadounidenses describen como rutina operativa.
Sheinbaum afirmó que su gobierno no sabía de la participación de estadounidenses en la operación y que revisaría si hubo violaciones a la soberanía o a la ley de seguridad nacional y que aplicada a rajatabla deja en grave predicamento al estratega de seguridad, pues el articulado d ella ley diseñada por AMLO para cerrar la puerta a EE.UU es difícil de poder cumplir y en los hechos es un estorbo que perjudica a Mexico,mas que a EE.UU
Aquí está el truco viejo del expediente antinarco: cuando sale bien, se llama cooperación; cuando sale mal, se llama accidente;y cuando amenaza con convertirse en escándalo, se transforma en “malentendido”. Pero el problema no es el adjetivo, sino la arquitectura completa: Washington publica, México desmiente, y en medio quedan las unidades mixtas, los enlaces discretos y la frontera borrosa entre asistencia, inteligencia y operación que no debiera ser materia de escandalo sino de entendimiento mutuo.
Lo que revela el caso
Este episodio sugiere que la relación antinarco entre ambos países no funciona como la diplomacia la presenta, sino como una mezcla de dependencia, opacidad y cálculo político. El Washington Post ya había descrito que la CIA mantiene un rol histórico en la lucha contra narcóticos en México, mientras Reuters documentó que esa participación llega hasta la selección y capacitación de unidades mexicanas para capturas de alto valor.
Pero aqui la muerte les importó menos que el protocolo, y la soberanía les importó menos que la hipocresía: cuando el cadáver estorba, el nacionalismo hace ruido; cuando el extranjero asoma, se inflama el discurso.
No fue duelo: fue teatro de soberanía, porque aquí la muerte pesa menos que la presencia de Estados Unidos.
A 52 días de que México se vista de anfitrión mundialista, la postal que recorre el planeta no es un estadio lleno ni un gol imposible: es la Pirámide de la Luna convertida en zona de guerra. Un tirador, 27 balazos, 30 turistas tirados boca abajo y una Guardia Nacional que llegó cuando el espectáculo ya estaba en curso. Bienvenidos a la logística del “México seguro”.
El guion es tan absurdo que parece escrito con sarcasmo: un hombre entra armado a una de las zonas arqueológicas más visitadas del mundo con un revólver calibre .380, cuchillo y suficientes balas como para sostener una masacre prolongada. Nadie lo revisa. Nadie lo detecta. Nadie sospecha. Porque en Teotihuacán —a diferencia de un museo del Centro Histórico donde te decomisan hasta el agua— la seguridad es un concepto ornamental.
Julio César Jasso, 27 años, decidió convertir la historia milenaria en escenografía para su propia narrativa de violencia. Lo hizo con una estética macabra: una playera alusiva a Columbine, exactamente 27 años después. La fascinación con la masacre estadounidense no sólo cruzó fronteras, también encontró terreno fértil en la negligencia mexicana.
El saldo: una turista canadiense asesinada, siete heridos de bala —incluido un niño colombiano de seis años— y al menos otras siete personas lesionadas en la estampida por sobrevivir. Nacionalidades diversas, tragedia globalizada. Rusia, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Canadá. Todos presentes. Todos alcanzados. Todos preguntándose cómo demonios alguien armado pudo tomar rehenes durante 20 minutos en un sitio que debería ser de alta vigilancia internacional.
La escena es brutal: 30 turistas sometidos, tirados boca abajo sobre un basamento prehispánico, mientras el agresor dispara a discreción. Durante media hora. Media hora en la que la autoridad fue un concepto abstracto. La Guardia Nacional llegó —según testigos— más de 15 minutos después de iniciado el tiroteo. En términos de crisis, eso no es respuesta: es crónica tardía.
Y cuando finalmente apareció el Estado, lo hizo a balazos, generando otra capa de confusión: ¿lo abatieron o se suicidó? La versión oficial titubea, los videos contradicen y la narrativa se descompone. Nada nuevo bajo el sol.
Las cancillerías reaccionaron más rápido que las fuerzas de seguridad. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido emitieron alertas de viaje casi de inmediato. Otros países exigieron explicaciones. México, mientras tanto, intenta administrar el daño reputacional a semanas de recibir al mundo para un evento deportivo que exige exactamente lo que aquí faltó: control, previsión y seguridad básica.
El testimonio de Brenda Lee, turista canadiense, es demoledor no por dramático, sino por lógico: en museos te revisan hasta la botella de agua; en Teotihuacán, ni el arma. Esa comparación basta para entender el tamaño del fracaso institucional.
Porque esto no fue sólo un ataque aislado. Fue la exposición en tiempo real de un sistema que no previene, no reacciona a tiempo y luego no explica con claridad. Un sitio Patrimonio de la Humanidad convertido en rehén de la improvisación.
Y mientras el gobierno intenta encuadrar el episodio como un hecho “atípico”, el mundo ya tomó nota: en México, incluso la historia milenaria puede ser interrumpida por 27 disparos… y 15 minutos de ausencia.
En Tamaulipas, la justicia que procura el gobierno de Morena y Americo Villarreal,la misma que le entrega contratos al crimen organizado sancionado por EE.UU mientras intima con el gobernador,en su apartado de administración tiene al frente a la desmemoriada Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia a Tania Contreras, fichada por la plataforma de Narcopoliticos,pues sin tantito rubor ,acudió otra vez a la formula de los pretextos para justificar la dilación en la aplicación de la justicia contra Yahleel Abadala,una panista que formó parte de los «Vientos de Cambio» que encabezaba el ex-gobernador fugitivo «Pancho» García Cabeza de Vaca.
La Magistrada Presidenta Tania Contreras decidió emprender una cruzada discursiva contra el uso del amparo, calificándolo —según declaraciones retomadas por medios locales— como una “estrategia de cabecistas para evadir la justicia”. Hasta ahí, el libreto oficial: el amparo como refugio de los corruptos, una especie de paraguas legal para quienes le huyen al chaparrón judicial.
El problema es que el discurso se desmorona en cuanto abrimos todo el archivo.
Porque sí: la misma figura que hoy condena el amparo como herramienta de evasión ha sido señalada por haber recurrido a ese mismo mecanismo. El recurso que en tribuna se demoniza, en la práctica se utiliza. No como excepción jurídica, sino como seguro personal. En Tamaulipas, parece, el amparo no es pecado… salvo cuando lo usan los adversarios.
Una magistrada que arrastra una curricula mas ligada a la comision del delito que el respeto de la leyes, ahora se desgañita desacreditando un recurso legal mientras forma parte no solo de la lista de beneficiarios, sino de la pudrición institucional de Tamaulipas que utiliza la justicia como discurso para otros, y como herramienta personal cuando conviene.
El caso se vuelve aún más simbólico cuando otros actores políticos, en este caso rivales panistas como Yahleel Abdala, recurren al mismo mecanismo contra decisiones del propio tribunal. De pronto, el amparo deja de ser “estrategia de evasión” y se convierte en lo que siempre ha sido: un instrumento constitucional de defensa frente al poder… incluso cuando ese poder se sienta en la presidencia del tribunal.
Así, Tamaulipas ofrece una postal conocida: instituciones que predican legalidad mientras operan bajo lógicas discrecionales. Donde el problema no es el uso del derecho, sino quién lo usa.
Y en medio de todo, la ciudadanía observa el espectáculo de la impunidad bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal ,notoriamente incapaces para articular acciones contundentes contra los «Vientos del cambio que actuaron con fuerza huracanada contra el erario publico» y que en vez de castigo han recibido una brutal andanada de pura saliva.
En los lamentables hechos, estamos ante una justicia que se acusa a sí misma, se autoincrimina sin desearlo se contradice en público al convertir el discurso anticorrupción en una pieza más del teatro político que exhibe dos entes en pugna criminal y politicamente organizados que han tenido a los ciudadanos de Tamaulipas atrapados en un pleito por el botin.
Porque en este estado en mal estado, la justicia no importa quiene este al frente, no solo se administra… también se actúa,es muy teatrera, igual que la justicia federal.
Amnistía Internacional en su Informe de abril de 2026 llegó a arruinar la narrativa oficial con un dato incómodo: en 2025, las desapariciones aumentaron 10.5%. Traducido al idioma de la realidad mexicana: más gente se esfuma en un país donde desaparecer suele ser solo una antesala estadística de la muerte.
Pero en Palacio todo va bien. O al menos eso dicen las gráficas.
Porque mientras el gabinete presume reducciones en homicidios, hay una pregunta que nadie en el poder parece dispuesto a responder: ¿cuántos de esos “homicidios evitados” simplemente cambiaron de categoría y hoy engrosan la lista de los 133 mil 500 desaparecidos?
La aritmética del horror en México tiene truco: si no hay cuerpo, no hay crimen… oficialmente y Tamaulipas es subcampeón nacional.
Desaparecer no cuenta (hasta que aparece)
El informe 2026 de Amnistía no solo señala el aumento de desapariciones; también describe el deterioro sistemático de los mecanismos de protección y derechos humanos. Es decir, no es solo que desaparezca más gente, sino que al Estado cada vez le importa menos —o puede menos— encontrarlos.
Y mientras organismos internacionales activan alarmas como el artículo 34 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU —una medida poco común—, la respuesta mexicana fue digna de manual negacionista:
La presidenta niega categóricamente las desapariciones forzadas.
El Senado pide sancionar al funcionario de la ONU por “especular”.
La CNDH asegura que no hay crisis.
Negar la realidad como política pública: si no existe, no incomoda.
Las buscadoras: el Estado ausente en versión femenina
En este vacío institucional, las que sí buscan —literalmente con las manos— son las familias, sobre todo mujeres organizadas en colectivos.
Ellas hacen el trabajo que el Estado evade:
Encuentran fosas clandestinas.
Recuperan restos humanos calcinados.
Enfrentan amenazas, extorsión y asesinatos.
Y aún así, según Amnistía, ni reconocimiento oficial reciben.
Mientras tanto, el país acumula otro dato brutal: al menos 72 mil 100 cuerpos sin identificar. Un cementerio burocrático que no estorba… porque no vota.
Más vigilancia, menos verdad
Como respuesta a la crisis, el Congreso optó por lo predecible: más control, no más justicia.
Las nuevas reformas:
Amplían la vigilancia estatal.
Introducen plataformas de identidad con datos biométricos.
Facilitan acceso a información confidencial, incluso a fuerzas armadas.
Pero no fortalecen fiscalías. No reducen la impunidad. No aceleran la identificación de cuerpos.
Es decir, más ojos sobre los ciudadanos… y menos respuestas para las víctimas.
Ayotzinapa: el símbolo que el poder quiere enterrar
A más de una década, el caso de los 43 normalistas sigue encapsulando el problema: fuerzas armadas negando información clave a las familias.
Verdad retenida, justicia diferida. Un clásico mexicano.
Periodismo en riesgo, país en negación
Amnistía también recuerda lo evidente: México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Lo cual no sorprende. En un país donde desaparecer personas se normaliza, desaparecer periodistas incómodos es apenas una extensión lógica del sistema.
El contexto global… y la cómoda distracción
El informe coloca a México junto a Venezuela, Nicaragua y El Salvador como focos de preocupación en América. Pero también amplía la mirada: habla de un mundo dominado por líderes “depredadores” como Trump, Putin y Netanyahu.
Un diagnóstico útil… y también funcional.
Porque en medio del caos global, siempre es más fácil diluir responsabilidades internas.
La cifra que no cuadra
Al final, el dato clave no es el aumento de 10.5% en desapariciones.
Es la contradicción estructural:
Menos homicidios en el discurso.
Más desaparecidos en la realidad.
Y en México, desaparecer no es desaparecer: es morir sin estorbar en las estadísticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se rasga las vestiduras por un operativo panista con agentes de EE.UU. en Chihuahua, pero no por los cuatro cadáveres en la barranca: por la “violación” de una ley ,que si somos rigurosos, su propio gobierno pisa todos los días cuando el estratega federal Omar García Harfuch, desfila por Washington con la DEA, el FBI y la CIA,sin cumplir lo que mandata a la letra la Ley de Seguridad Nacional en Mexico,una ley retrogradapromulgada por Andres Manuel Lopez Obrador para enmascarar la descarada protección al crimen organizado que dejo 202 mil muertos, con soberanía.
En Chihuahua: luto selectivo, soberanía sobreactuada
Según el propio gobierno, el accidente en Chihuahua ocurrió cuando dos instructores de la embajada de Estados Unidos y dos agentes estatales regresaban de un operativo para destruir narcolaboratorios, y el vehículo se fue al barranco; no hubo enfrentamiento, no fue “Rápido y Furioso 2”, fue una tragedia de carretera en un contexto de cooperación antidrogas que lleva décadas y que se debe agradecer,no fustigar.
Pero la Presidenta no arrancó ayer preguntando qué carajos pasó con la planeación, seguridad del convoy, responsabilidad de mandos, protocolos de riesgo o apoyo a las familias; arrancó marcando distancia: “no estábamos enterados”, “no es nuestro gobierno, es un gobierno estatal” y deslizando la idea de que en realidad la bronca es que allá, en el feudo panista, se juntan con gringos sin permiso de Palacio.
Es la ecuación perfecta del cinismo: si los muertos caen bajo tu mando, son “daños colaterales de la transformación”; si caen en un estado opositor, son evidencia de “injerencia extranjera” y “operativos ilegales” que tú, pobrecita víctima de los gobernadores, “ni sabías” que existían.
La ley que Sheinbaum invoca… y que Harfuch ya cruzó varias veces
El Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, metido en 2020, no es poesía patriótica: es un manual de cómo se debe manejar la cooperación con agentes extranjeros, con reloj en la mano y testigo en la sala.
Punto por punto:
Artículo 69: los agentes extranjeros solo pueden entrar para intercambio de información, en el marco de convenios bilaterales, y su acreditación y circunscripción territorial la define la SRE, previa coordinación con Seguridad, Sedena y Marina.
Artículo 70: cualquier servidor público, federal o local, que trate con agentes extranjeros debe apegarse a la ley y a los lineamientos; si no lo hace, incurre en responsabilidad administrativa o penal. Debe entregar, en máximo tres días, informe por escrito de reuniones, llamadas o intercambio de información con agentes extranjeros a SRE y Seguridad, y las reuniones deben ser autorizadas previamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, con un representante de SRE presente.
Artículos 71 a 73: los agentes extranjeros no pueden ejercer funciones reservadas a autoridades mexicanas, no tienen inmunidad si cometen delitos y México debe supervisar permanentemente que cumplan; si violan la norma, se pide su retiro y se les aplican las sanciones correspondientes.
Ahora saltemos a la realidad presidencial: Sheinbaum presume, sin rubor, que su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anda “en representación del Gabinete de Seguridad” reuniéndose en Washington con el director de la DEA y otras agencias estadounidenses, en una serie de encuentros sobre cooperación, intercambio de inteligencia, lucha contra el narcotráfico y tráfico de armas.
Y no es la primera vez que el personaje se sienta con la élite de la inteligencia gringa: se han revelado reuniones con la CIA, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y otros organismos para “profundizar la colaboración contra los cárteles mexicanos”.
Algo que nos parece excelente, pues si Mexico se decide a quitarse las lagañas y voluntad con la fuerza se le suma la inteligencia del otro lado del río o la valla,criminales estaran en graves aprietos como ya se ha advertido, pues la mayoría de los logros de «Batman» han sido made in USA y que el Idolo de barro ha aprovechado mediaticamente para ensalzar.
Preguntas incómodas que la narrativa oficial jamás contesta:
¿Esas reuniones de Harfuch estaban autorizadas caso por caso por el famoso Grupo de Alto Nivel de Seguridad que la misma ley exige?
¿Hubo representante de la SRE presente en cada encuentro, como ordena el artículo 70, o Harfuch se paseó solo por los pasillos de Langley y la DEA, a base de foto y comunicado?
¿Se entregaron, dentro de los tres días posteriores, informes por escrito a SRE y Seguridad de cada reunión, llamada o intercambio de información con esas agencias, como manda la ley, o todo se resolvió con un hilo en X y una mañanera?
Si la Presidenta quisiera aplicar a rajatabla la Ley de Seguridad Nacional como ahora finge en Chihuahua, tendría que empezar por revisar el expediente de su propio secretario estrella y sus vínculos con las agencias estadounidenses; si esos informes no existen, si esas autorizaciones no están documentadas, el primer violador de la ley que presume estaría en su gabinete, no en el gobierno panista que hoy le sirve de piñata.
Doble rasero con bandera: cooperación cuando yo la manejo, “injerencia” si me conviene
La postura pública queda así:
Situación
Narrativa presidencial
Marco legal que dicen defender
Cómo se ve en los hechos
Operativo con agentes de EE.UU. en Chihuahua, bajo un gobierno panista
“No sabíamos”, “no es nuestro gobierno”, se sugiere que hay violación de reglas y se cuestiona la presencia de estadounidenses, se va directo al tema de soberanía más que al luto.
Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, cooperación regulada, autorizaciones, informes, supervisión de agentes extranjeros.
Se usa la norma como garrote político contra un estado opositor, sin presentar una sola evidencia concreta de que se haya violado un artículo específico, más allá del escándalo.
Gira de Harfuch por Washington con DEA, CIA, etc., bajo gobierno de Sheinbaum
“Es parte de la colaboración, siempre con respeto a nuestra soberanía”, se presume la cooperación y se vende como logro de seguridad y firmeza frente a EE.UU.
Misma ley, mismos artículos 69 y 70: autorizaciones previas, informes escritos, supervisión, presencia de SRE.
No se transparenta ni una sola acta del Grupo de Alto Nivel, ni informes entregados en tres días, ni se explica cómo se asegura que los agentes extranjeros se ajustan a las limitaciones de la ley. Todo queda en fotos y declaraciones triunfalistas.
La hipocresía es quirúrgica:
Cuando el operativo se hace bajo tu paraguas, la cooperación es “estrategia bilateral responsable” y símbolo de soberanía bien entendida.
Cuando ocurre bajo un gobernador panista y termina en muerte de estadounidenses, la cooperación súbitamente se vuelve sospechosa, “no autorizada” y casi una traición a la patria, aunque se haya hecho en esquemas muy similares a los que tú misma impulsas.
El mensaje al público es claro: la ley no sirve para establecer límites objetivos a la injerencia extranjera, sino como herramienta de propaganda; el pecado no es cooperar con Estados Unidos, sino hacerlo sin pedirle permiso político a la Presidencia en turno.
La omisión más obscena: los muertos como pretexto, no como centro
En toda la construcción del discurso presidencial, el luto es accesorio: las víctimas se mencionan apenas para enmarcar el pleito burocrático y el regaño público al gobierno estatal.
No vemos a la Presidenta exigir una investigación integral sobre:
La cadena de mando que autorizó el operativo.
La evaluación de riesgos en una zona conocida por presencia criminal.
Los protocolos de movilidad nocturna y el uso de rutas de alto peligro.
La responsabilidad de los mandos federales que, se supone, supervisan a los agentes extranjeros en cada operación, según el articulado de la ley.
Lo que sí vemos es a Sheinbaum convertir los cuerpos en argumento para exigir explicaciones políticas, no técnicas; para marcar territorio frente a estados gobernados por la oposición; y para sostener su discurso de “no subordinación” frente a Estados Unidos mientras su secretario viaja a arreglar la “cooperación” en Washington y un reconocido agente de EE.UU con experiencia en Mexico, la exhibe como mentirosa.
Si de verdad le preocupara la soberanía, aplicaría el artículo 74: cuando un gobierno extranjero incita o promueve ilícitos como privaciones ilegales de la libertad o sustracción de personas para llevarlas a juicio en otro Estado, México debe suspender los convenios de cooperación y prohibir actividades de agentes extranjeros en territorio nacional.
¿Ha amenazado jamás con suspender la cooperación cuando la DEA, el FBI o ICE cruzan la línea, o solo cuando le conviene pegarle a un gobernador incómodo?.
Si vamos a citar la ley, empieza por limpiarla en casa
El reproche no es menor: una Presidenta que convierte una tragedia en Chihuahua en monólogo sobre violaciones legales ajenas, mientras mantiene a Harfuch como rostro de la “colaboración bilateral”, no está defendiendo la ley, la está usando como escenografía.
Si la Ley de Seguridad Nacional se tomara en serio, habría:
Auditoría pública de todas las reuniones del gabinete de seguridad con agentes extranjeros desde 2020, con fechas, participantes, autorizaciones del Grupo de Alto Nivel y los informes entregados a SRE y SSPC en los tres días siguientes.
Revisión de responsabilidad administrativa o penal de cualquier funcionario, federal o local, que no haya cumplido esos requisitos, empezando por el círculo cercano de la propia Presidenta.
Una política de duelo y reparación para las familias de los agentes muertos (mexicanos y estadounidenses) que no dependa de si el gobernador es de Morena o del PAN.
Mientras nada de eso ocurra, cada vez que Sheinbaum invoque la “soberanía” y la “legalidad” para reclamarle a un gobierno panista por cooperar con Estados Unidos, el eco que se escucha es el del viejo nacionalismo de utilería: gritar contra la injerencia mientras se negocia en lo oscurito, llorar por la ley ajena mientras se le pasa por encima en casa, y usar a los muertos como telón de fondo para seguir administrando la misma colaboración que, en público, se finge cuestionar.
