LA «LEY GRITA PROCESENLO_S YA»: «INDICIOS son SUFICIENTES para ENCARPETAR a la CHISPA,AMERICO,J.R y el FISCAL GOVEA SI se RESISTE»…asi ocurriría en un gobierno medio decente,bajo un estado de derecho no tan chueco.

En Tamaulipas la justicia no es ciega: solo es tuerta y cobra nómina; ve perfecto cuando el inculpado se llama Juan Pueblo,es hijo de vecina o ciudadano de a pie, pero se tapa el ojo bueno cuando en la carpeta asoma el nombre del ex-militar y lugarteniente del Cartel del Golfo,Mario Guitian Rosas, siglas de partido MORENA, los fajas de billetes de los contratos con el gobierno, los abrazos y la cena con Americo Villarreal.

Pruebas que sobran… si eres del pueblo

Para sentenciar a un ciudadano que roba la comida del mercado y no logra escapar como el resto que levanta, mata y extorsiona, como La Chispa,basta el dicho del policía, la denuncia del comerciante y un MP con flojera.

Ah, pero si el personaje financia partidos, moviliza su estructura electoral ,traga con Don Americo y responde al alias de “La Chispa”, operador de Los Metros del Cártel del Golfo,apapachado por el gobernador y su Secretario y Sub-secretario de Gobierno,Hector Joel Villegas y Tomas Requena, cobijado por contratos públicos, de pronto el Ministerio Público o el Fiscal general (…no importa el nombre) se descubre la fina sutileza del estándar “más allá de toda duda razonable”.

El video de Azteca Noticias y los documentos exhibidos muestran a la familia de Mario Guitián Rosas facturando al gobierno estatal y a la propia FGR servicios de seguridad y otros contratos, justo mientras se le señala por huachicol, secuestros, extorsión y asesinatos.

Cualquier estudiante de primer semestre de derecho sabe que eso, jurídicamente, se llama un cúmulo de datos de prueba que ameritan abrir carpetas, pedir órdenes de aprehensión y cateos; en Tamaulipas se llama “regalo de inteligencia” que nadie quiere desempaquetar.

Artículos que gritan “procésalo ya”

1. Contra el gobernador Américo Villarreal y el senador José Ramón Gómez Leal

• El Código Penal Federal tipifica la delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos como narcotráfico, secuestro, trata o huachicol, con penas de 20 a 40 años. (arts. 2 y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aplicable supletoriamente al CPF).
• Hay indicios de que “La Chispa” es lugarteniente del CDG–Los Metros, operador regional en Reynosa, con funciones de brazo ejecutor, coordinador regional e intermediario logístico, según reportes de inteligencia de EE.UU que lo vinculan directamente a un senador en funciones.
• El encubrimiento por favorecimiento sanciona a quien auxilia al delincuente para eludir la acción de la justicia, o impide que se investigue o se persiga el delito (arts. 400 y 400 Bis CPF, correlativos en los códigos estatales).
• La trama descrita –contratos públicos, protección política, ausencia de investigación pese a denuncias y asesinatos vinculados– encaja en la figura de coautoría por omisión: los servidores obligados a perseguir el delito no es que “no supieran”; es que, sabiendo, decidieron no hacer nada.

En clave jurídica, el abrazo, la cena y los contratos con “La Chispa” son indicios vehementes que, concatenados, generan una presunción razonable de protección institucional a un grupo criminal, suficientes para solicitar imputación por delincuencia organizada, encubrimiento y uso ilícito de atribuciones y facultades.

1. Contra el fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco

• El fiscal tiene el deber jurídico expreso de perseguir los delitos de oficio (arts. 21 Constitucional, 131 y 132 CNPP).
• Cuando, existiendo datos de prueba notorios –informes de inteligencia, contratos públicos, señalamientos de víctimas y víctimas mortales– se niega a judicializar, incurre en ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad (arts. 214 a 217 CPF y correlativos en el Código Penal de Tamaulipas).
• Si esa omisión facilita que continúe la organización criminal, se convierte en partícipe por omisión impropia (art. 7 CPF), es decir, coautor: tenía el deber jurídico de evitar el resultado y no lo hizo.

Dicho en cristiano: el fiscal que “se niega a encausarlo penalmente” no es solo negligente; es potencialmente socio jurídico del cartel, al menos a nivel penal, porque su inacción es la condición de posibilidad de que el multihomicida y extorsiónador del CDG siga cobrando rentas y contratos.

Los indicios que bastan… si el imputado no sale en la foto oficial

La propia documentación de inteligencia que circula –evaluación organizacional donde se lee que Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, funge como subordinado directo y teniente operativo de un senador, con roles de brazo de ejecución, ejecutor operativo y coordinador regional de actividades ilícitas– sería oro molido probatorio en cualquier carpeta contra un ciudadano de a pie.

Ahí mismo se consigna afiliación al Cártel del Golfo, facción Los Metros, área de operaciones Reynosa, y se deja claro que el senador José Ramón Gómez Leal está bajo investigación federal como “facilitador político y figura de alta autoridad”.

Eso, traducido al lenguaje del CNPP, son datos de prueba de origen oficial que justifican:

• apertura y acumulación de carpetas,
• solicitud de órdenes de aprehensión (art. 141 CNPP),
• medidas de aseguramiento de bienes, cuentas y empresas fachada (arts. 228 y 229 CNPP),
• y suspensión del cargo por vinculación a proceso.

Pero en la justicia a la tamaulipeca, esos mismos indicios que sirven para catear la casa de un mecánico por “sospecha” de robar fierros, no alcanzan –mágicamente– para molestar fieros del CDG ,ni al gobernador, al senador ni al fiscal que ya estuvo 7 meses preso en penal federal, de acuerdo con reportaje acucioso de TELEVISA.

El Estado como coacusado

Cuando el Estado y la federación contratan la familia de un lugarteniente del Cartel del Golfo para “servicios de seguridad privada”, le da contratos vía FGR, tolera que víctimas lo señalen por homicidios y aun así no actúa, deja de ser víctima de infiltración y se convierte en organismo parasitado que trabaja para su parásito.

Cada peso pagado a esas empresas fachada es un posible acto de operaciones con recursos de procedencia ilícita (art. 400 Bis CPF), porque se usa el aparato gubernamental para blanquear dinero del crimen organizado mediante contratos públicos.

Y cada día que Américo Villarreal, José Ramón Gómez Leal y Jesús Eduardo Govea Orozco se mantienen intocados pese a los informes, videos, contratos, muertos y extorsiones , el mensaje jurídico es brutalmente claro: en Tamaulipas el delito no es pactar con el cartel, el delito es atreverse a investigarlos.

Con informacion: REDES/MEDIOS/

«YA se DESINFLÓ ?»: «4 DETENIDOS en TODO MARZO es el PARTE de GUERRA del MAGO HARFUCH que CONVIERTE LOGROS AJENOS en MILES de MILES de CAPTURAS de ALTO IMPACTO»…que no impactan.

Tan solo basta un atisbo a sus redes sociales, donde manera periódica da a conocer los logros ajenos y que nunca han coincidido la con las «cifras de impacto» que no impactan, salvo el escenario mediático.

Y como sobrado botón de muestra esta Sinaloa,donde han administrado el discurso de victoria pero las cifras gritan fracaso en medio de un impresionante «muerterio, levanton y despojo».

Traducido: ha siso un brutal esfuerzo de gimnasia estadística que no aguanta un escrutinio serio.

Con informacion: MEDIOS/REDES/

«NADIE los HALLA o…NAIDEN los BUSCA ?»: «SILVANO IGUAL que CABEZA de VACA se BURLAN de HARFUCH,la JUSTICIA y las FICHAS COLORADAS de INTERPOL»…el sistema como telaraña, solo atrapa moscas.

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacan,ex-integrante de la Alianza Federalista de «Pancho» Garcia Cabeza de Vaca,otro fugitivo federal,ese mismo que decía barrer la corrupción “desde arriba”, ahora encabeza la carrera más peliculera del sexenio: la de un fugitivo con ficha roja de Interpol, correteado por la SSPC de Omar García Harfuch, la Fiscalía General de la República (FGR) pero con la misma puntería de quien dispara al aire.

La llamada “búsqueda internacional” suena mas a thriller de Netflix producido por la Secretaría de Gobernación: conferencias espectaculares, comunicados solemnes y cero resultados. Entre tanto, Aureoles como Cabeza de Vaca,han de andar muy preocupados, uno que no se esconde en EE.UU y otro que podría estar tomando un flat white en Madrid o trotando por alguna playa del sur de Francia, mientras el Estado mexicano presume “coordinación+inteligencia” con el mismo entusiasmo con que presume detenciones exprés del «infeliciaje criminal» y alcaldes de cuarta.

Lo cierto es que el aparato judicial se mueve al ritmo habitual:primero el escándalo, luego el show, y después… el olvido. ¿De verdad alguien en Palacio Nacional quiere atraparlos ? Cuesta creerlo. Aureoles como CDV saben demasiado, convivierón con todos, y a más de uno podrían arrastrar en sus caídas. Por eso los buscan sin buscarlos.

La Interpol, entre tanto, hace su parte burocrática: redacta fichas rojas que terminan más archivadas que las carpetas de la Secretaría de la Función Pública. Y así, el Estado mexicano vuelve a demostrar su especialidad —esa mezcla infalible de simulación y autocomplacencia— para convertir la justicia en un episodio cómico de cifras maquilladas.

Si esto fuera una película, el título sería obvio: «Dos tipos de Cuidado»:los ex-gobernadores que burlan al sistema”. Y el final, ya lo conocemos: persecución frustrada, silencio institucional y una cátedra más sobre la impunidad marca México.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/

EL «ESTADO MANO LARGA»: «GOBIERNO y sus ALIADOS INTENTAN ENMASCARAR CAPTURA del AHORRO en INVERSION ESTRATEGICA con BIENESTAR AJENO»…te explicamos lo que realmente implica ese marco legal.

La semana pasada, mientras los voceros del “nuevo bienestar” repetían con tono solemne que nadie tocará el dinero de los trabajadores, se cocinaba —entre líneas legales y eufemismos financieros— la puerta de entrada para que el gobierno meta la cuchara en el fondo común que debería ser intocable: el ahorro previsional de millones de mexicanos.

Con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, se abrió el camino para que el dinero de las Afores pueda “participar” más activamente en proyectos públicos y privados. Traducción libre: los recursos del retiro podrán invertirse en obras que el gobierno declare como “prioritarias”. ¿Innovación financiera o rapiña justificada en lenguaje técnico? Que cada quien interprete.

Los defensores del régimen aseguran que “no hay expropiación”, que “no se tocará el dinero del pueblo”. Pero omitieron un pequeño detalle: sí se amplió el techo de inversión hasta el 30% en instrumentos estructurados, esos vehículos financieros que suelen terminar en megaproyectos con el aroma del presupuesto público. 

Nadie lo ordena por decreto, dicen, pero si el poder político controla el diseño de esos proyectos y define qué es “estratégico”, el incentivo para dirigir ese capital ya está sembrado. Nada como llamarle “inversión con bienestar” a lo que huele a captura institucional disfrazada de oportunidad de desarrollo.

Los números fríos lo confirman: hoy apenas el 8% de las Afores está en infraestructura. Pero la presión política y la narrativa del “Estado emprendedor” apuntan a que ese porcentaje crezca, no por rentabilidad, sino por conveniencia. 

La presidenta Sheinbaum y sus operadores financieros saben que inyectar dinero de trabajadores en obra pública sirve doble:como colchón de liquidez y como propaganda de progreso.

Claro, jurídicamente las Afores son empresas privadas. Pero la historia mexicana enseña que la ley es flexible cuando el poder aprieta. Ya ocurrió con los fideicomisos, con el Fondo de Desastres, con el ahorro energético y hasta con el sistema judicial. Hoy el discurso repite el mantra de la “tranquilidad de los ahorros”, mientras las reformas abren la senda para usarlos como palanca estatal.

La verdad incómoda es esta: no hay expropiación directa, pero sí un rediseño sutil del control financiero público. Un marco que permite al gobierno orientar, mediante ingeniería legal, lo que antes estaba bajo la exclusiva lógica del mercado. Es la apropiación sin orden judicial, el control sin declaratoria, la mano invisible del Estado vestida de “bienestar social”.

En resumen, más que una mentira, lo que se vende es una verdad mutilada: el dinero del pueblo no será “robado”, pero puede ser redireccionado con el beneplácito de las oficinas que redactan leyes a medida. Si eso no es apropiarse del futuro de los trabajadores, entonces habrá que inventar un nuevo verbo para nombrar lo que están haciendo: bienestear el ahorro ajeno.

Con informacion: Ley para el Fomento a la Inversión en Infraestructura Estrategica/

«PREOCUPA a EE.UU la COLUSIÓN de SINDICATOS con el CRIMEN ORGANIZADO»…la abierta intromisión de narcos.

La nueva señal del colapso institucional ya no viene de México sino de Washington. Resulta que ahora hasta las autoridades de Estados Unidos —sí, las del T-MEC— tuvieron que reconocer lo que aquí todos fingen no ver: el narcotráfico se volvió sindicato, mediador laboral y brazo de recursos humanos.

El caso es de antología: la Minera Camino Rojo, propiedad de la canadiense Orla Mining, operando en Mazapil, Zacatecas, decidió resolver sus conflictos sindicales a la vieja usanza del norte del estado —a punta de fusil y con amenazas de muerte—. Según el panel binacional del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, la empresa contrató a un “conocido narcotraficante” (así, sin eufemismos) para “convencer” a los trabajadores de afiliarse al sindicato correcto, es decir, el de la casa.

El expediente —publicado el 26 de marzo por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR)— documenta lo que el gobierno mexicano ni siquiera quiere murmurar: el crimen organizado fue parte operativa del manejo laboralde una empresa extranjera, con el beneplácito de parte de sus empleados. La palabra clave aquí es anuencia, ese tecnicismo elegante que en lenguaje llano significa “sabían perfectamente y no hicieron nada”.

Mientras tanto, ni la Secretaría del Trabajo ni el gobierno de Zacatecas han dado una explicación creíble. A nadie parece sorprender que las minas del país —las mismas que extraen riqueza en silencio— estén bajo control de mineras canadienses y “gestores de personal” con antecedentes delictivos. Ya no se trata de la colusión entre empresas y sindicatos charros, sino de una alianza tripartita entre corporaciones, gobierno y cárteles, todo legitimado por el T-MEC.

Paradójico: Estados Unidos detecta el “narcofactor” en las relaciones laborales mexicanas antes que el propio Estado mexicano, que todavía jura que los criminales solo trafican drogas, no votos sindicales.

Con informacion: ELNORTE/

«TORPEZA de COMISIÓN NACIONAL de DERECHOS HUMANOS ARREMETE vs la ONU BUSCANDO PROTEGER HUMANOS NO TAN DERECHOS»…el fondo del problema sigue en el fondo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),buscando proteger a los humanos no tan derechos, exhibir a volvió a exhibirse como lo que muchos ya sospechaban: un organismo que presume autonomía, pero actúa como ventrílocuo del oficialismo cuando éste necesita blindarse. Su viraje frente a la ONU no solo es torpe; es políticamente revelador, porque donde debería haber defensa de víctimas y estándares internacionales, aparece un discurso de desprecio, descalificación y lealtad servil al poder.

La maniobra

La secuencia es clara: primero se reconocen, aunque sea de dientes para afuera, las alertas sobre desaparición forzada; luego, cuando la ONU pone el dedo en la llaga, la CNDH se repliega y acusa “sesgo” en organizaciones civiles para desacreditar el informe. Esa gimnasia argumentativa no es rigor institucional: es una cortina de humo para proteger al gobierno de un señalamiento gravísimo.

El fondo del problema

La postura de la CNDH no corrige el diagnóstico de crisis; lo empeora, porque traslada el foco desde las desapariciones hacia una pelea contra quienes documentan el desastre. Cuando un organismo de derechos humanos decide pelear contra el mensajero y no contra la tragedia, deja de cumplir su función y se convierte en parte del problema.

El oficialismo se refugia

El oficialismo encuentra en esta CNDH una coartada perfecta: una institución que en vez de incomodar al poder lo acompaña, lo justifica y le limpia la imagen cuando el escándalo internacional ya no se puede esconder. Eso habla de una captura política evidente, donde la defensa de derechos humanos queda subordinada a la necesidad de no exhibir el fracaso del Estado.

Lo grave no es solo que la CNDH critique a la ONU; lo grave es que lo haga desde una lógica defensiva, como si su prioridad fuera salvar al gobierno de la vergüenza y no a las víctimas de la impunidad. En cualquier democracia mínimamente seria, una comisión de derechos humanos incomodaría al poder; en esta versión degradada, lo arropa, lo respalda y le sirve de escudo.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

EL «CHAPO y su FE PATRIOTICA»: «SUPREMA CORTE en MEXICO RECHAZÓ AMPARO del CHAPO DOLIENDOSE de ABUSOS a sus DERECHOS HUMANOS en USA»…ha de haber creido que sus cuates cuatreros lo iban ayudar.

Parece que Don Joaquín “El Chapo” Guzmán sigue creyendo en los Reyes Magos. Desde su celda de máxima seguridad en Colorado, el capo más famoso de Sinaloa se imaginó que sus “cuates” de la patria chica —sí, los mismos políticos y funcionarios que lo usaron, vendieron y luego olvidaron— saldrían en su defensa ante los tribunales. Pero no: la Suprema Corte de Justicia de México,la del acordeón ,simplemente le cerró la puerta en la cara ,al negarse siquiera a revisar su amparo por supuestas violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos,pues no procede.

El capo, acostumbrado a que las leyes se doblaran como varillas bajo sus órdenes en los tiempos de los «abrazos y no balazos en que predominaba el “favorcito” institucional, quedaron atrás: la Suprema Corte le dijo NO y enterró su último intento de regresar a casa sin túnel.

En resumen: el hombre que construyó su leyenda escapando de prisiones y fortaleciendo al Cartel,siempre con ayuda del gobierno y sus autoridades ,ahora no logra escaparse del silencio diplomático. Y mientras él invoca el discurso de “mi país me abandonó”, el país responde con un bostezo legal. Tal vez por fin entendió que en el tablero del poder, hasta los peones que un día fueron reyes terminan fuera del juego, aunque eso si, una vez que se acaba, todos vayan a dar a la misma caja.

Con informacion: LA OPINIÓN/

LA «SOBERBIA AUTORITARIA se CONVIERTE en BOICOT y AGRICULTORES AMAGAN MUNDIAL de FUTBOL»…les exigen arrodillarse para poder hablar.

El Gobierno federal volvió a demostrar que su sentido del diálogo pasa por el filtro del autoritarismo disfrazado de cortesía. Transportistas y campesinos —que llevan meses pidiendo auxilios tan elementales como seguridad en carreteras y apoyo al campo— fueron citados por la Secretaría de Gobernación con una condición digna de virreyes: “ni diálogo ni soluciones hasta que levanten los bloqueos”. Es decir, sin arrodillarse, ni siquiera pueden hablar.

Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional de Rescate al Campo, recibió la orden telefónica mientras daba una conferencia frente a Segob. Su respuesta resumió el hartazgo nacional: “si es condición esa, no hay trato”. Y tuvo razón. Porque negociar con quien primero pone la guillotina sobre la mesa no es diálogo, es sumisión administrativa con uniforme de “granadero”.

La dependencia, fiel a su estilo de vigilancia más que de gobierno, llenó sus instalaciones de policías como si los campesinos fueran una amenaza a la estabilidad nacional. En el fondo, lo que sí amenaza es la incomodidad política de que los inconformes planeen un boicot al Mundial 2026 —esa vitrina que consume millones mientras el campo mexicano agoniza. “Viene el Mundial —advirtieron—, y quizá haya bloqueos o algo más si este gobierno sigue hermoseando estadios, pero dejando morir cosechas”.

Cinco meses de diálogo y ni un punto resuelto, confesó David Estévez, presidente de la ANTAC. Ni desaparecidos en carretera, ni asesinatos, ni corrupción: todo sigue igual. El Gobierno, por su parte, pretende maquillar la podredumbre con boletines y fotografías —como si los campesinos quisieran el “cafecito oficial” y no respuestas.

La tragedia es ya ridícula por costumbre: las instituciones exigen disciplina, pero son incapaces de cumplir sus obligaciones. Los labriegos piden fertilizante y justicia; el Estado responde con condicionamientos y granaderos. Y así, mientras Segob juega a simulación política, el país entero espera que el próximo bloqueo no sea solo de carreteras, sino del discurso hueco de quienes gobiernan con ego y sin vergüenza.

Con informacion: ELNORTE/

“NI MODO,ASÍ ES ?»: «MINISTRA SIN_VERGUENZA CONFIESA en PLENA DISCUSIÓN del PLENO de SUPREMA CORTE que SI HAY PERSEGUIDOS POLITICOS»…y politico perseguido se dio por aludido.

La frase de la ministra Maria Estela Rios, proferida en plena discusión del pleno de la Suprema Corte no es certificado de inocencia para ningún “perseguido político” de ocasión; es la confesión incómoda de que el derecho penal mexicano se usa como garrote, pero también de que eso no legitima la impunidad de nadie.

Qué dijo realmente la ministra

En plena discusión sobre si el peculado debe prescribir, María Estela Ríos suelta la bomba: en México sí hay persecución política, “ni modo, así es”, al advertir que la imprescriptibilidad podría convertir al Ministerio Público en arma facciosa.

Traducido a jerga jurídica, está describiendo el riesgo de un «ius puniendi» convertido en instrumento de vendetta, donde la ausencia de plazos claros le abre la puerta al uso selectivo del proceso penal contra adversarios incómodos, muchos que ya lo hubieran resuelto si ya se hubieran entregado.

El problema es que lo dice como quien comenta el clima: reconoce un vicio estructural del sistema sin cuestionar al poder político que la impulsó a la Corte a la que ha servido como asesora jurídica de Andres Manuel Lopez «Hablador».

En un Estado que presume “no somos iguales”, admitir que la persecución política “se da en nuestro país” es casi una confesión de parte de un órgano que debería ser el dique frente a esos abusos, no su notario.

El contexto jurídico: peculado, prescripción y garrote penal

La discusión de fondo era si el peculado —desvío de recursos públicos— puede o no prescribir, es decir, si el Estado tiene un plazo máximo para perseguirlo.

La mayoría de la Corte decidió que sí prescriba, porque no lo equipara a delitos de lesa humanidad, y porque un delito imprescriptible puede ser usado como amenaza permanente contra cualquier servidor público, real o ex.

Ríos plantea justamente ese equilibrio: que la víctima no cargue con un proceso eterno, pero que el expediente no se quede guardado en un cajón para sacarlo solo cuando convenga políticamente.

Ahí su frase tiene un contenido técnico claro: está reconociendo que el diseño de los plazos de prescripción tiene una dimensión de garantías frente a la persecución política, no un cheque en blanco para rateros de cuello blanco.

Su proclama rápidamente fue retuiteada por un aludido en expedientes penales.

La admisión vergonzosa

Lo vergonzoso no es que diga que hay persecución política; lo vergonzoso es el “ni modo, así es”, como si fuera una fatalidad natural y no el resultado de decisiones concretas de fiscales, jueces y, sí, ministros alineados al gobierno en turno.

En boca de una ministra identificada con el obradorismo, suena más a descripción resignada del modus operandi del régimen que a denuncia institucional de una desviación del poder punitivo.

En derecho constitucional eso tiene nombre: reconocimiento de un uso desviado del «ius puniendi», incompatible con el principio de igualdad ante la ley y con el derecho a no ser sometido a procesos penales con fines espurios.

En lenguaje llano: la ministra está aceptando que el sistema de justicia se usa como filero político, pero en lugar de sonar escandalizada, parece estar justificando que, bueno, “así funcionan las cosas”, mientras se decide que el peculado sí tendrá fecha de caducidad.

Por qué no es “absolutoria” para Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca lleva años presentándose como “perseguido político” para barnizar de martirio opositor un expediente que incluye acusaciones de delincuencia organizada, lavado y huachicoleo fiscal, entre otras joyas.
Ha denunciado que Morena y sus operadores presionan a Fiscalía y Poder Judicial para cercarlo, y exhibe cada movimiento judicial como prueba de que el aparato penal se usa para descarrilarlo políticamente.

Que una ministra admita que en México existe persecución política no convierte automáticamente en inocente a todo político perseguido imputado que se autoproclama víctima del régimen.

En lenguaje procesal: la declaración de Ríos no es prueba exculpatoria, no es cosa juzgada, no es precedente que acredite ausencia de delito; a lo sumo, confirma el contexto estructural de selectividad penal en el que se litigan causas como la suya.

Cuando Cabeza de Vaca retuitea el video, busca convertir una advertencia sobre los riesgos del diseño de la prescripción en constancia notarial de que él pertenece al club de los perseguidos, no de los imputados con buenos abogados.

Es una jugada política: reencuadra una discusión técnico-penal sobre peculado como si la ministra hubiera dictado sentencia absolutoria moral para todos los acusados que gritan “persecución” más fuerte que “corrupción”.

Persecución política vs. persecución de políticos

Una cosa es persecución política (uso del sistema penal como arma selectiva contra adversarios, sin respeto a garantías), y otra muy distinta es persecución de políticos que sí tienen carpetas sólidas en su contra, aunque se envuelvan en la bandera de la oposición.

El uso faccioso de la justicia es un vicio del sistema; la responsabilidad penal de un exgobernador se decide en pruebas, peritajes, auditorías y sentencias, no en hilos de X ni en frases sueltas de una ministra.

Desde la dogmática penal, la persecución política implica desviación del fin legítimo del proceso penal, violación al principio de legalidad, selección discriminatoria de a quién sí se le aplica la ley y a quién no.

La persecución de políticos es simplemente la aplicación del ius puniendi a sujetos que, casualmente, son parte de la clase política, lo cual es no solo válido sino necesario en un Estado que dice combatir la corrupción.

Así que no: Ríos no le firma carta de buena conducta a Cabeza de Vaca ni a ningún otro imputado VIP; lo que firma, sin darse cuenta, es el acta circunstanciada de un sistema judicial que admite ser usado como arma, mientras resuelve si los saqueadores del erario podrán dormir tranquilos contando los años para que prescriba su expediente.

Con informacion: REDES/

EL «HOMO OPORTUNISTUS REYNOSENSUS»: «ANIMAL POLITICO en CELO ELECTORAL se APARECE en REYNOSA porque POLITICA YA NO es de ESCRITORIO»…con esa empatía aguda que desaparece el dia que cierran las casillas.

Dicen que en los meses previos a las elecciones, la fauna política y no solo de Reynosa, sufre una metamorfosis digna de documental de National Geographic. Tal es el caso del espécimen Humbertus prietensis morenatus, un ejemplar que, tras pasar largas temporadas en hibernación burocrática, emerge súbitamente de su madriguera con el instinto ancestral de “servir al pueblo”… justo cuando hay urnas a la vista.

Como todo buen miembro del zoológico guinda, antes del panismo del que fue su flamante diputado de 2012 a 2015, su comportamiento es fácilmente reconocible: camina entre los mortales con sonrisa perenne, entrega abrazos como si fueran becas del bienestar y promete soluciones a problemas que, curiosamente, lleva años sin notar. De hecho, según etólogos políticos, este despertar solidario responde a un fenómeno hormonal conocido como empatía electoral aguda, que suele desaparecer el mismo día en que se cierran las casillas.

En su hábitat natural —las colonias populares de Reynosa, improvisadamente convertidas en safaris de promesas—, el Humbertus se alimenta del aplauso fácil, del selfie con filtro populista y de los eternos “sí, joven, ya hacía falta alguien como usted”. Su desplazamiento es calculado: nunca da brinco sin huarache, pues el instinto territorial de la especie le impide perder un milímetro de ventaja política,donde ya esta muy aventajado por otros apetitos que lo rebasan.

Sociológicamente, el fenómeno responde al patrón clásico del “salvador de temporada”: un individuo que se camufla en el discurso de la gente común mientras planea, con precisión quirúrgica, su ascenso al trono municipal. Patológicamente, los expertos le atribuyen síntomas de protagonismo compulsivo y amnesia selectiva crónica, sobre todo cuando se le recuerda su paso por otros partidos o cargos que ya ni se acuerda por sus encargos.

Al final, el Humbertus prietensis que vive en residencial donde vivía capo del Cartel del Golfo, representa bien a su ecosistema: un entorno donde la supuesta vocación de servicio solo florece en primavera… y se marchita con el conteo de votos.

El legislador ahora arrendado a los intereses de Americo Villarreal que ya le dijo,»Echale ganas Beto y ya anda desatado»,consiguió en 12 horas, la hazaña de que su tuit en «X» haya sido visto 21 veces.

Con informacion: HoyTamaulipas/