La actriz, presentadora y columnista, Laisha Wilkins, informó en sus redes sociales ser víctima de censura por parte del Estado tras se notificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una denuncia en su contra debido a un tuit.
lEste caso se suma a la preocupación por la libertad de expresión en el país y ha llevado a Wilkins a declarar que está “totalmente lista para dar batalla” contra lo que considera un acto de censura.
La denuncia contra Laisha Wilkins deriva de un comentario que hizo en la plataforma X. En su publicación, Wilkins respondió a una nota de Aristegui Noticias titulada “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. Su tuit, específicamente, decía: “Jaja Dora la censuradora jaaja”.
Wilkins explicó a EL UNIVERSAL que su comentario “no es agresivo, simplemente estoy comentando una nota en donde dicen que se trató de censurar y me burló de esta posibilidad”. A pesar de esto, el TEPJF le envió una notificación formal sobre la denuncia.
Reacciones y acusaciones de censura
Laisha Wilkins ha calificado esta denuncia como un “mecanismo de censura y de inhibición sumamente grave que vulnera los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos”.
Ha enfatizado que no se trata de un caso aislado de censura, ocurriendo en un contexto donde el gobierno, según ella, está intentando “tomar los medios y las plataformas y callarnos como ciudadanos”. Incluso ha señalado la preocupación por el futuro del periodismo de investigación si no se alza la voz.
La actriz ha manifestado su firme postura de no ceder ante la presión. Ha declarado que, aunque sería fácil “borrar el tweet o pagar la multa”, ese no es el punto, ya que como ciudadana, no puede permitir que “vulneren mis derechos y libertades”. Ha asegurado que está preparada para enfrentar la situación y no permitir la censura en México.
Este caso se da en medio del debate nacional sobre la llamada “Ley Censura”, que busca penalizar el acoso reiterado en redes o medios digitales. Wilkins ha expresado su preocupación por los efectos de esta ley en la libertad de expresión.
Detalles de la notificación del TEPJF
La notificación del TEPJF exige a Wilkins que precise el objetivo de su publicación, proporcione un domicilio para recibir notificaciones, aclare si su comentario fue solicitado por alguna persona, e informe si tiene o tuvo algún vínculo con algún partido político, candidata o candidato en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
Wilkins también ha expresado su inquietud sobre cómo la denuncia fue entregada en su domicilio mientras ella no estaba, y ha cuestionado cómo el Tribunal obtuvo su dirección o si esto es una práctica común. Cabe destacar que el TEPJF se reservó los datos de la parte denunciante, no informando a Wilkins quién interpuso la querella.
A pesar de que las “medidas cautelares” que le impone la denuncia aún no están claras, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico ya está atendiendo su caso. La actriz se mantendrá informada y pendiente del procedimiento legal, ya que “todavía no hay una resolución, no sé si hay una pena. Tendremos que esperar el procedimiento”.
¿Quién es Dora Alicia Martínez Valero?
La persona a la que se refiere el tuit de Laisha Wilkins es Dora Alicia Martínez Valero, una abogada originaria de Saltillo, Coahuila, que fue excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones judiciales de 2025.
Martínez Valero se autodenominó durante su campaña política como “Dora la Transformadora”. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) desechó su petición de señalar como “violencia política de género” los reportajes de la investigación Televisa Leaks, que ella pretendía censurar.
La denuncia de la actriz Laisha Wilkins sobre la censura en redes sociales, y la figura de “Dora la censuradora” como símbolo de esta represión, pone sobre la mesa un debate urgente: la conducta intolerante que busca limitar la libre expresión bajo pretextos ambiguos, mientras que, en paralelo, se observa un historial de impunidad frente a conductas mucho más graves cometidas por el partido oficialista.
La libertad de expresión es un derecho constitucional fundamental que permite la crítica, el debate público y la pluralidad de ideas, esenciales para una democracia saludable. La censura, incluso si se presenta bajo un tono jocoso o aparentemente menor, erosiona estos valores y genera un ambiente de autocensura y temor, restringiendo el acceso a la información y la diversidad de opiniones.
El caso de Laisha Wilkins no es aislado; refleja una tendencia preocupante en la que la censura se expande “como infección”, muchas veces bajo cobijo oficialista. Se trata de una práctica que, aunque pueda justificarse bajo el argumento de proteger a la sociedad de discursos de odio o desinformación, en la realidad se utiliza para silenciar críticas y controlar el espacio público.
Por otro lado, el partido Morena ha sido señalado reiteradamente por conductas polémicas y abusos de poder, desde corrupción hasta represión de protestas sociales, sin que se observen castigos proporcionales o investigaciones exhaustivas. Esta impunidad contrasta con la rapidez con la que actúan mecanismos de censura contra críticas públicas, lo que evidencia una desproporción en la aplicación de la justicia y un uso selectivo del poder.
Defender la libertad de expresión implica combatir cualquier intento de censura, por mínimo que parezca, y recriminar con severidad su expansión. La denuncia debe sostenerse en el valor democrático que representa la libre manifestación de ideas, y en la necesidad de no normalizar la intolerancia ni la represión, especialmente cuando proviene de quienes ejercen el poder.
En resumen, la lucha contra la censura y la defensa de la libertad de expresión son indispensables para preservar la democracia y evitar que la impunidad y la intolerancia se conviertan en la norma.
Con informacion: LA SILLA ROTA/
