En un sábado marcado por la violencia y la perpetua impunidad de su majestad el Cartel de Sinaloa, la ciudad de Culiacán que vive bajo sitio militar,aun asi fue escenario de una serie de ataques armados contra viviendas que dejaron al menos tres domicilios atacados sin que se reportaran detenidos.
La audacia y el nivel de atrevimiento de los grupos armados se hizo evidente al perpetrar estos hechos en horarios y colonias diferentes, sin que la respuesta de las autoridades lograra evitar los ataques ni capturar a los responsables con toda la inteligencia y la coordinacion que presumen y que deja ver la certeza de la frase; “dime de que presumes y te dice de que careces”.
El primer ataque ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos alrededor de las 11:00 horas, seguido de otro en la Antonio Toledo Corro a las 14:00 horas. El tercer incidente se registró en la colonia 5 de Mayo, a las 16:00 horas, donde un grupo armado disparó contra una vivienda de dos pisos en la calle Alianza, en el cruce con la calle 5 de Mayo. Aunque había personas dentro de la casa, nadie resultó lesionado. Los atacantes dispararon durante varios minutos antes de huir, y los ocupantes abandonaron el lugar con algunas pertenencias tras el tiroteo.
Las autoridades llegaron para inspeccionar los inmuebles y asegurar la zona, pero solo permanecieron brevemente antes de retirarse. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún implicado, lo que subraya la persistente dificultad para garantizar la seguridad en la ciudad, a pesar de la visible presencia de elementos de seguridad en las calles.
Esta sucesión de ataques evidencia a los que se suman muchimos mas durante la guerra interna entre “Chapitos y Mayos”, exhibe la vulnerabilidad de los habitantes de Culiacán y la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia, incluso en plena luz del día y con presencia militar. La impunidad y la sensación de inseguridad continúan dominando el panorama, mientras los ciudadanos siguen siendo víctimas de la violencia armada que mantiene en vilo a la sociedad culiacanense.
Habitantes de Huitzilac, en Morelos, acusaron que elementos de la Guardia Nacional dieron protección a un presunto delincuente, vinculado con el secuestro de una mujer el pasado viernes en esa zona turística, donde se encuentra el paraje de Tres Marías.
En redes sociales denunciaron que por la mañana, vecinos de la comunidad de Chamilpa alertaron de la privación ilegal de una mujer sobre la Autopista México-Cuernavaca, por parte de tres sujetos que se transportaban en un vehículo Sedán.
Los agentes federales atendieron el llamado y, tras un patrullaje en la zona, localizaron a los presuntos plagiarios y liberaron a la mujer.
Sin embargo, los habitantes de esa región, con altos índices delictivos, señalaron que aunque los efectivos federales tomaron fotografías de los tres detenidos, “oficialmente” sólo presentaron a dos de ellos.
Afirmaron que uno de los detenidos fue identificado como Raúl Vargas, presunto primo hermano del ex Edil de Huitzilac, Rafael Vargas, y sobrino del actual Alcalde, César Dávila.
La Protección de la Guardia Nacional a un presunto secuestrador
La conducta descrita —elementos de los militares en funciones de la Guardia Nacional que presuntamente protegieron y liberaron a un presunto delincuente vinculado a un secuestro, presentando solo a dos de tres detenidos ante la autoridad— constituye un hecho grave que puede ser sancionado penalmente bajo diversas figuras del Código Penal Federal si no fueran soldados y viviéramos bajo un auténtico estado de derecho.
Criminalización y Argumentación Jurídica
La conducta puede ser encuadrada en los siguientes delitos:
Abuso de autoridad (Artículo 215 CPF): Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, realicen actos contrarios a la ley o se abstengan de cumplirla, incurren en abuso de autoridad. En este caso, liberar a un presunto secuestrador y no presentarlo ante la autoridad constituye un claro abuso de las facultades conferidas a los agentes.
Encubrimiento (Artículo 222 CPF): Si los elementos de la Guardia Nacional ocultaron o ayudaron a evadir la acción de la justicia a un presunto delincuente, se configura el delito de encubrimiento. El artículo sanciona a quien, con conocimiento de la comisión de un delito, auxilie al delincuente para eludir investigaciones o la acción de la justicia.
Delitos cometidos por servidores públicos (Artículo 214 CPF): Cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, comete un delito, puede recibir una pena agravada conforme a este artículo. La conducta de liberar a un presunto secuestrador y omitir su presentación ante la autoridad, siendo parte de un cuerpo de seguridad, agrava la responsabilidad penal.
Sustento en el Articulado
Artículo
Delito
Pena aplicable
215
Abuso de autoridad
3 meses a 6 años de prisión
222
Encubrimiento
6 meses a 3 años de prisión
214
Delitos cometidos por servidores públicos
2 a 12 años de prisión
Artículo 215 (Abuso de autoridad): Sanciona a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, cometan actos arbitrarios o contrarios a la ley, con penas de 3 meses a 6 años de prisión.
Artículo 222 (Encubrimiento): Sanciona a quien oculte, ayude o auxilie a un delincuente a evadir la acción de la justicia, con penas de 6 meses a 3 años de prisión.
Artículo 214 (Delitos cometidos por servidores públicos): Prevé penas de 2 a 12 años de prisión para servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, cometan delitos.
¿Cuántos años de prisión podrían recibir si no fueran militares gozando de impunidad?
Si existiera un verdadero Estado de derecho como en EE.UU,Suiza o Dinamarca,pos citar solo ejemplos de civilidad y se acreditaran plenamente los hechos, los elementos de la Guardia Nacional militarizados involucrados podrían enfrentar:
De 2 a 12 años de prisión por delitos cometidos por servidores públicos (artículo 214), además de las penas por abuso de autoridad (3 meses a 6 años) y encubrimiento (6 meses a 3 años), dependiendo de la calificación y acumulación de delitos conforme a la ley y la interpretación judicial.
La sanción podría ser mayor si se acredita que la conducta facilitó la comisión o impunidad de un delito grave como el secuestro, considerado de alto impacto y con agravantes en la legislación mexicana.
Marco legal aplicable:
Ley General de la Guardia Nacional
Código Penal Federal (artículos 214, 215, 222)
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
La aplicación estricta de estos artículos y la debida integración de la carpeta de investigación serían indispensables para que los responsables reciban la sanción correspondiente.
Desde sus redes sociales en junio de 2024, el “Colectivo 10 de Marzo AC”, publicó una carta donde el empresario Gabriel Hernandez narra “historia de terror”, esto luego de que en mayo de 2021 fue secuestrado por miembros del Cartel del Golfo ,entonces comandados por Mario Guitian Rosas,alias “La Chispa”.
Guitian Rosas un peligroso lugarteniente del “Comandante Mono”, jefe de plaza en Reynosa,intima con el ejercito y el gobierno de Americo Villarreal, mismo que recientemente apoyo políticamente en la movilización a las urnas de la reciente elección judicial,apoyando a la Magistrada Tania Contreras.
El nombre del empresario cobra nuevamente vigencia ,pues en otro video en redes sociales fechado el pasado 18 de Junio y como continuación de sus desgracias, expone la misma realidad de impunidad.
Hernandez Tovar señala nuevamente a “La Chispa” ,cercano al exDirector Regional de SEBIEN del gobierno de Tamaulipas,Luis Miguel Iglesias ,quien guarda estrecha cercanía con el “hijo hampón de gobernador bandido”.
Iglesias ademas fue representante de la Campaña de Claudia Sheinbaum y acaba de renunciar a Morena como saldo de las traiciones.
Pero los señalamientos que ahora hace Gabriel Hernandez , son mas directos y son extensivos en acusaciones al Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica, donde no es “casualidad, sino causalidad” que no AVAncen las carpetas en contra del ex-militar tambien protegido por el ejercito y los acusa a ambos de lo que pueda pasarle.
¿Habrá quien pueda creer que los eligió el pueblo y no los acordeones?”
La frase ecargada de ironía y severidad, alude directamente a la percepción de ilegitimidad en la reciente elección judicial de Tamaulipas. El señalamiento no es gratuito: los hechos documentados muestran que el proceso estuvo marcado por una baja participación del pueblo, una altísima proporción de votos nulos y la influencia determinante de “acordeones” —guías impresas y digitales que indicaban por quién votar, distribuidas masivamente en favor de candidaturas afines a Morena y al gobernador Américo Villarreal,toda una farsa donde hasta narcos acarreaban en su favor.
Elementos clave del proceso electoral judicial en Tamaulipas
1. Baja participación y votos nulos
La elección judicial local tuvo una participación de apenas 13.9% de los posibles electores, y en la elección de magistraturas casi el 40% de los votos fueron nulos o en blanco.
De una lista nominal de casi 2.9 millones de personas, solo 401 mil acudieron a votar; de los más de 4 millones de votos emitidos, solo 2.4 millones fueron considerados válidos.
2. Colocación de colaboradores cercanos
El gobernador acusado de traficar huachicol aliado del crimen organizado,Américo Villarreal, logró que los cargos clave del nuevo Poder Judicial local quedaran en manos de sus colaboradores más cercanos, como Tania Contreras López (nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia) y Ludivina Aldape Garfias (Tribunal de Disciplina Judicial).
Varias de estas figuras no tienen experiencia judicial relevante, pero todas provienen del círculo político del Gobernador, Tania Contreras o de cargos en el gobierno estatal.
3. Uso masivo de “acordeones”
En los días previos a la elección, se documentó el reparto masivo de “acordeones” físicos y digitales, especialmente para favorecer a Tania Contreras y candidaturas vinculadas a Morena y a la llamada 4T.
Estos materiales contenían instrucciones precisas sobre cómo votar,a favor de quién y fueron distribuidos en sectores sociales estratégicos, incluso con denuncias de presión en el magisterio, la UAT y otros grupos.
El INE abrió investigaciones por la posible comisión de delitos electorales debido a la intervención de partidos y servidores públicos en la promoción de estos acordeones, pero el órgano disfuncional esta entregado,casi de puerco completo al gobierno.
4. Polémica y cuestionamientos
El proceso fue duramente criticado por su opacidad, la complejidad de las boletas y la evidente operación política para asegurar el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo estatal que inyecto dinero sucio a la elección.
Especialistas y actores políticos advierten que la distribución de acordeones y la cooptación de cargos clave socavan la legitimidad democrática del proceso, pues la orientación ciudadana se transforma en manipulación política y coacción del voto.
Resumen
A a la luz de estos hechos: el proceso fue tan controlado y dirigido por intereses políticos y el gobierno, estatal y federal —y tan poco representativo de la voluntad popular— que resulta difícil sostener que los nuevos titulares del Poder Judicial fueron realmente “elegidos por el pueblo” y no por la operación política de los “acordeones”, la estructura gubernamental y el narco. La legitimidad democrática del resultado está, por tanto, profundamente cuestionada,sera mero reciclaje de vicios y en muchos de los casos, un enroque de hampones.
Un conductor de tráiler mexicano que pudo pasar por todos los inutiles y fastidiosos ademas de ilegales retenes militares, federales y estatales en Mexico,fue arrestado esta semana tras ser sorprendido intentando ingresar aproximadamente 300 libras (alrededor de 136 kilogramos) de metanfetamina a través del puerto de entrada de Pharr, Texas, procedente de Reynosa, Tamaulipas.
El cargamento, valuado en más de 2.4 millones de dólares, fue detectado durante una inspección de rutina realizada por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Detalles del operativo
Inspección y hallazgo: El incidente ocurrió cuando el conductor, a bordo de un tractocamión Freightliner modelo 2012, se presentó en el cruce fronterizo. Durante la revisión comercial, los oficiales de CBP localizaron casi 400 paquetes de la droga, altamente adictiva, ocultos en el vehículo[1].
Valor y destino: Las autoridades estimaron que el valor en las calles estadounidenses de la metanfetamina incautada supera los 2.4 millones de dólares[1].
Detención y cargos: El conductor fue arrestado por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y enfrenta cargos por posesión de una sustancia controlada, aunque se anticipa que podrían presentarse cargos adicionales o más graves conforme avance la investigación.
Reacciones y contexto
Divulgación oficial: El gobernador de Texas, Greg Abbott, difundió imágenes tanto del cargamento asegurado como del detenido, subrayando la magnitud del decomiso y la colaboración entre agencias estatales y federales.
Antecedentes recientes: No es la primera vez que ocurre un decomiso de esta magnitud en el puerto de Pharr. En marzo pasado, oficiales de CBP, apoyados por un canino detector, incautaron casi 300 libras de metanfetamina en un caso similar. En esa ocasión, el conductor y la droga fueron puestos a disposición de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE.
Implicaciones
Este tipo de aseguramientos evidencian la porosidad de la frontera de México en medio de operativos militares apantallantemente inutiles.
