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miércoles, 16 de abril de 2025

“Es MOMENTO de QUIEBRES ?”: “SI SHEINBAUM quiere SERVIR al PAIS TENDRA que ROMPER con TODO y TODOS los QUE por SERVIR al CRIMEN TERMINARON por NO SERVIR”…su narcoantecesor el #1,pero ella es beneficiaria.


Es momento de quiebres en el gobierno de la Cuarta Transformación: el quiebre con la política de abrazos, no balazos; el quiebre con los contratistas de medicinas cercanos a la familia López Beltrán; el quiebre con los consejeros de Pemex que fueron designados por la administración anterior; el quiebre que significa la nueva cooperación con Washington. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado señales contundentes de que ya rompió con el pasado. Es decir, con su antiguo jefe y mentor político, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mayor quiebre de todos es la cruzada contra el huachicol fiscal. Al amparo del gobierno de López Obrador y de sus jefes de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y Rafael Marín Mollinedo (entre otros), el contrabando de hidrocarburos se convirtió en el mayor desfalco al Estado mexicano en la época reciente.

No es una exageración, los números no mienten. De acuerdo a un reporte de inteligencia naval de la Secretaría de Marina citado por el periódico El Universal, el esquema de evasión de impuestos a las gasolinas representan una pérdida de 525 mil millones de pesos al año para el gobierno federal y para Pemex. 

Onexpo Nacional, una organización de representación empresarial del sector hidrocarburos, calcula que el huachicol fiscal significa un negocio de 300 mil barriles diarios. 

Considerando un precio promedio de 25 pesos por litro, esto implica que el contrabando de combustibles genera 430 mil millones de pesos al año. Los sobornos de Odebrecht, los desvíos de La Estafa Maestra e incluso el fraude de Segalmex están lejos de la magnitud del desfalco financiero del huachicol fiscal.

En el sexenio de López Obrador, el negocio multimillonario del contrabando de hidrocarburos alimentó una pléyade de transportistas, miembros del crimen organizado, funcionarios aduanales, directivos del SAT, abogados, factureros y operadores políticos. 

Se construyó una economía paralela sólo equiparable a la del narcotráfico. El caso más mediático de este esquema ha sido la estructura de huachicol fiscal de Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco cercano a Audomaro Martínez Zapata (ex titular del Centro Nacional de Inteligencia) que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021 y que financió campañas electorales de Morena por 500 millones de pesos.

Ahora, esta red de intereses que rodean al huachicol fiscal está en la mira del gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta declaró que es una prioridad de seguridad nacional. Muchos de los operadores de la industria son parte de la maquinaria política de quienes hoy son considerados los dos principales rivales internos de Palacio Nacional dentro de la 4T: Adán Augusto López, coordinador de mayoría en el Senado, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

El primer paso se dio hace semanas, cuando fuerzas federales decomisaron 8 millones de litros de combustible de contrabando en un predio de Ensenada, Baja California. El propietario del terreno es el ex senador de Morena, Gerardo Novelo.

El segundo paso ocurrió días después: el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Altamira, Tamaulipas y la detención del buque Challenge Procyon con bandera de Singapur. 

Semanas antes, Código Magenta había revelado que buques-tanque provenientes de Texas ingresan al puerto comercial de Tampico dos veces por semana para descargar combustible de manera clandestina.

Tanto en el caso de Ensenada como de Altamira, el operador logístico fue la empresa Mefra Fletes, una compañía que es parte de un entramado de 15 firmas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a reportes de inteligencia federal. Los decomisos fueron un golpe de 450 millones de pesos para una empresa ligada a una organización designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como grupo terrorista.

El tercer paso lo dio la Fiscalía General de la República. La oficina de Alejandro Gertz Manero filtró a la prensa que una de las principales compañías bajo investigación por huachicol fiscal es Marinsa, propiedad del empresario José Luis Zavala Solís. 

Se trata de uno de los principales contratistas petroleros del sexenio de López Obrador. En 2021, la compañía se asoció con una prima del ex presidente para ganar una licitación de Pemex. Hoy, la viabilidad de Marinsa está en riesgo. 

Un dictamen de la fiscalía determinó que la empresa ha recibido depósitos de origen ilícito por 22 mil millones de pesos. Las transferencias se realizaron en pesos y en dólares. La FGR considera que Marinsa fue parte fundamental de un esquema para triangular combustible en altamar que había sido robado a Pemex y que era reingresado a territorio con documentación falsa en las aduanas.

El cuarto paso de la cruzada contra el huachicol se hizo evidente ayer. Bloomberg reportó que los envíos de combustible de Texas a México se han paralizado debido a las medidas de escrutinio que ha tomado el gobierno mexicano en la frontera. 

El cruce terrestre para la carga de gasolina y diésel está prácticamente cerrado. Un informe de agencias de inteligencia estadounidenses en poder de Código Magenta encontró que la discrepancia entra las exportaciones de combustible reportadas por la autoridad fronteriza de Estados Unidos y por la Agencia Nacional de Aduanas de México fue de alrededor de 500 mil millones de pesos en el sexenio anterior.

El quinto paso del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum también tiene implicaciones internacionales: la autoridad fiscal suspendió temporalmente el permiso de Valero Energy Corp. en su registro de importadores de combustible debido a que terceros estaban utilizando documentación falsa de la compañía texana.

Dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum entienden que necesitan elementos para negociar la política de seguridad nacional con la administración de Donald Trump. La cruzada contra el huachicol fiscal fue la respuesta que ofreció la Secretaría de Marina, de acuerdo a personas con conocimiento de una reunión del gabinete de seguridad en la que la presidenta autorizó los decomisos en Ensenada y Altamira.

La presidenta y su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estaban preparándose para este momento. ¿De qué otra manera se entiende el nombramiento de Israel Benítez López, ex número dos de la policía de la Ciudad de México, como el titular de Pemex Logística?

Sheinbaum va en serio contra el huachicol fiscal. Faltan las detenciones.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

"ERA el MERO JEFE de POLICIA y YA lo EJECUTARON": "MANDO QUEDO en MEDIO de la PUGNA de JALISCOS con el CDS que esta ENLUTANDO TODA la POLICIA de TEOCALTICHE"...con el municipio lleno de soldados tras ejecucion de 8 mas.


Pese a que desde el 19 de febrero existe en Teocaltiche vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), así como de la Guardia Nacional (GN), ayer fue asesinado Ramón Grande Moncada, quien era Director de Seguridad Pública.

Ayer martes 15 de abril, Ramón Grande Moncada, director de Seguridad Pública de Teocaltiche, Jalisco, fue asesinado en un ataque directo mientras circulaba en su vehículo junto a su esposa, quien resultó herida. 

Este hecho ocurrió luego del reforzamiento de fuerzas estatales y federales en el municipio tras la desaparición de ocho policías municipales y un chofer, de los cuales se hallaron los restos de cuatro poco después.

El ataque se registró alrededor de las 19:30 horas en la colonia San Martín, en el cruce de las calles Niños Héroes y Del Panteón. 

Tras el asesinato, el gobierno municipal emitió un comunicado exigiendo protección real al Estado y la Federación, denunciando la indiferencia de las autoridades y clamando: “¡Basta ya de muertes! ¡Basta ya del sufrimiento de nuestras familias! ¡Basta de ser ignorados!”.

Escalada de violencia y contexto criminal

El asesinato de Grande Moncada es solo uno de los episodios recientes de una crisis de violencia que se ha recrudecido en Teocaltiche y la región Altos Norte de Jalisco. En las semanas previas:

  • El 9 de abril, fue asesinado otro policía municipal, Luis Ernesto Chávez Regino, en su domicilio.
  • El 30 de marzo, el activista Juan Pablo Alonzo Estrada, vocero de la asociación civil Frente Teocaltiche por Nuestra Gente, fue ejecutado en el patio de su casa tras haber exigido seguridad para el municipio.
  • El 18 de febrero, ocho policías municipales y un chofer fueron privados de la libertad; al día siguiente se hallaron los cuerpos desmembrados de cuatro de ellos, y los demás siguen desaparecidos.

Estos hechos han ocurrido pese al despliegue de 200 elementos estatales y federales en la zona, evidencia de la gravedad y persistencia de la crisis de seguridad.

Disputa criminal: CJNG vs. Cártel de Sinaloa

Teocaltiche es actualmente escenario de una violenta disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS). La región es estratégica para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, ya que conecta Jalisco con Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas, rutas clave para el tráfico hacia el norte del país.

Presencia y liderazgo criminal

  • Cártel de Sinaloa (CDS): Históricamente, la plaza ha estado bajo influencia de Mario González Gutiérrez, “Don Mario”, colaborador de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras su muerte, el control pasó a su hijo, Mario González Martínez, alias “La Flama” o “El MG”, quien mantiene nexos directos con “Los Chapitos” y se le atribuye el liderazgo de la célula “Los Herederos”, con influencia en varios estados vecinos.
  • CJNG: Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el CJNG ha intentado arrebatar la plaza al CDS, generando enfrentamientos, desapariciones, ejecuciones y amenazas públicas. El CJNG ha recurrido a métodos como el lanzamiento de volantes y mensajes intimidatorios desde aeronaves, así como el uso de violencia extrema para “calentar la plaza”.

La infiltración de las corporaciones de seguridad por parte de ambos cárteles ha sido señalada por autoridades y medios, lo que complica la restauración del orden y la confianza en las instituciones locales.

Reacciones y demandas de la comunidad

La población y autoridades municipales han denunciado reiteradamente la falta de resultados y la indiferencia de los gobiernos estatal y federal. El ayuntamiento, encabezado por la priísta Margarita Villalobos, exige respuestas claras y contundentes, así como protección real para la comunidad, que vive bajo un clima de miedo, violencia y dolor.

El Frente Teocaltiche por Nuestra Gente y otros colectivos han señalado que la violencia es una represalia por operativos oficiales y aseguramientos, así como por denuncias ciudadanas contra la presencia criminal. Además, acusan que la intervención de fuerzas federales y estatales no ha logrado contener la ola de asesinatos, desapariciones y amenazas.

Conclusión

El asesinato de Ramón Grande Moncada simboliza la profundización de la crisis de seguridad en Teocaltiche y el fracaso de la nueva estrategia federal en medio de la pugna entre el CJNG y el CDS que ha desbordado la capacidad de las autoridades para proteger a la población y garantizar el Estado de derecho, una copia al carbon del resto de pais.

La infiltración de las corporaciones de seguridad, la persistencia de ejecuciones y desapariciones, y la exigencia de la comunidad por una intervención efectiva, reflejan un escenario de violencia crónica y descomposición institucional que sigue sin respuesta efectiva por parte del Estado mexicano.

Con informacion: MURAL/ MEDIOS/ REDES

EN “TAMAULIPAS NARCOS YA DECIDIAN QUIEN GOBIERNA”: EL “CANDIDATO que YA se VEIA en la SILLA ASI TERMINÓ ACRIBILLADO AQUEL 28 de JUNIO de 2010″…en la casa del CDG y ZETAS le dieron caza.


A días de convertirse en gobernador, el candidato priista de Tamaulipas,Rodolfo Torre Cantu, fue emboscado y ejecutado en plena carretera por el crimen organizado que asi eliminó a quien ya se veía en el poder,un asesinato que sirvio para mandarle al resto un mensaje brutal, que elloZ decidian quien debía gobernar, tal y como ocurrió con Americo Villarreal Anaya (MORENA) ,que tambien gobiernan ellos.

En este episodio del podcast de “Territorio Rojo”, el periodista Óscar Balderas reconstruye este magnicidio que sacudió a todo un país.

Con informacion: OSCAR BALDERAS/YOUTUBE

“GOBERNADOR anda OCUPADO PROHIBIENDO NARCOCORRIDOS”: “MINA EXPLOSIVA DETONA a LABRIEGO que ANDABA ARANDO el CAMPO para DARNOS de TRAGAR y hasta el TRACTOR SALIO LASTIMADO”…asi de enorme el poder destructor, tanto como la incapacidad del gobierno.


Mientras el gobernador de Morena en Michoacan,Alfredo Bedolla,quien tiene parte de su parentela presa en EE.UU por narcotrafico,anda ocupado en “prohibir los narcocorridos”, un inocente labriego fue herido por otra mina explosiva sembrada en Apatzingan por criminales que en el pasado han sido aliados del gobierno que dice los combate.

La crisis de las narcominas en la región de Tierra Caliente, Michoacán, se ha convertido en una de las expresiones más letales y visibles de la violencia criminal, agravada por la ineficiencia y omisión de las autoridades federales y estatales.

Cifras y Letalidad

  • Víctimas mortales: En los últimos cuatro años, al menos 14 personas han muerto por explosiones de minas terrestres colocadas por el crimen organizado en Michoacán. Entre las víctimas se cuentan cuatro militares, un civil presuntamente vinculado a actividades ilícitas y ocho civiles, incluyendo campesinos, jornaleros y un profesor.
  • Heridos y desplazados: Además de los fallecidos, decenas han resultado heridos, como el caso reciente de Josué, un campesino de 29 años que sobrevivió gracias a estar a bordo de su tractor. El uso de minas ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 500 familias solo en Apatzingán en lo que va de 2025; unas 150 familias siguen fuera de sus comunidades por temor a los explosivos y la violencia armada.
  • Impacto en comunidades: Localidades rurales como Las Huertas, El Alcalde, El Guayabo, Holanda, El Morado, Bateas, Loma de Los Hoyos y Presa del Rosario han quedado prácticamente vacías. El miedo a las narcominas ha desintegrado comunidades, afectado la educación (escuelas sin maestros por temor a las minas) y generado una crisis humanitaria con cientos de familias vulnerables y sin recursos.

Ningun caso aislado

Casos recientes: El 8 de febrero de 2025, dos jornaleros (uno de 43 años y un adolescente de 15) murieron en Santa Ana Amatlán por la explosión de una mina. El 2 de abril, un adulto mayor perdió la vida en circunstancias similares en Puerta de Alambre, Apatzingán. El 5 de febrero, tres jornaleros más murieron en Tumbiscatío tras detonar una mina terrestre.

Ineficiencia y Omisión Gubernamental

Falta de acción: Un juez federal ha señalado de manera explícita la omisión de las autoridades para identificar y desactivar las narcominas, lo que constituye una violación a los derechos constitucionales de la población, incluyendo el derecho a la vida y a trabajar en condiciones de seguridad.

Mandatos judiciales incumplidos: En marzo de 2025, el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, junto con dependencias federales y estatales, la elaboración e implementación de un programa nacional de desminado. Hasta ahora, no hay evidencia de acciones coordinadas y efectivas, ni de resultados tangibles en la remoción de explosivos.

Recomendaciones internacionales: El juez incluso recomendó solicitar asistencia internacional, incluida la de Naciones Unidas, dada la incapacidad demostrada de las autoridades locales y federales para enfrentar el problema.

Consecuencias Humanitarias

  • Desplazamiento forzado: El uso de narcominas ha generado desplazamientos masivos, con comunidades enteras abandonadas y familias viviendo en la incertidumbre y el temor.
  • Desprotección y terror: La falta de respuesta efectiva ha sumido a la región en un clima de terror, donde la población civil, incluidos niños y adolescentes, queda expuesta a la muerte o lesiones graves por artefactos explosivos improvisados.
  • Impacto social: Además de las pérdidas humanas, la crisis ha destruido el tejido social, afectando la producción agrícola, la educación y la vida cotidiana de miles de personas.

Las minas antipersona y antivehículo utilizadas en Michoacán han demostrado un poder destructivo significativo, como evidencian múltiples imágenes que circulan en medios y redes sociales. Estos artefactos explosivos improvisados, conocidos como minas terrestres o explosivos de fabricación casera, han sido capaces de infligir daños severos tanto a personas como a maquinaria pesada, incluyendo automóviles y tractores.

¿Por qué las minas son tan destructivas?

Composición y mecanismo:

  • Las minas suelen estar compuestas de explosivos potentes como TNT, ANFO (nitrato de amonio con combustible) o C-4, materiales que liberan una enorme cantidad de energía en milisegundos al detonar.
  • Se activan por presión, tracción o control remoto, liberando toda la energía acumulada en una fracción de segundo.

Efectos físicos:

  • Onda expansiva: La detonación genera una onda de choque que viaja a gran velocidad, capaz de destrozar tejidos humanos y fragmentar metales.
  • Fragmentación: Muchas minas están diseñadas para dispersar metralla (fragmentos de metal o acero) a alta velocidad, multiplicando el daño en un radio considerable.
  • Penetración de acero: La energía liberada puede perforar carrocerías de automóviles, tractores y maquinaria agrícola, arrancando puertas, destrozando motores y provocando incendios secundarios.

Impacto en cuerpos humanos y vehículos:

  • En personas, la explosión puede causar amputaciones inmediatas, heridas letales y mutilaciones graves.
  • En vehículos, la explosión puede volcar, desintegrar o incendiar autos y tractores, dejando restos retorcidos de acero y aluminio, como muestran las imágenes de los ataques recientes en Michoacán.

Las minas empleadas en Michoacán concentran una gran cantidad de energía en un espacio reducido, lo que explica su capacidad para destruir tanto cuerpos humanos como estructuras metálicas robustas. Su uso representa una amenaza severa para la población civil, fuerzas de seguridad y trabajadores agrícolas, y su impacto visual y material es evidencia del nivel de violencia y sofisticación técnica que han alcanzado algunos grupos criminales en la región.

Resumen

La letalidad de las narcominas en Michoacán es resultado directo de la estrategia criminal de los cárteles y de la inacción gubernamental. Las cifras oficiales y judiciales muestran una escalada de víctimas, desplazados y comunidades devastadas, mientras las autoridades no han implementado medidas efectivas de desminado ni garantizado la seguridad de la población. El fenómeno, lejos de disminuir, se ha agravado bajo la sombra de la impunidad y la omisión estatal, lo mismo en Michoacan,que en Tamaulipas.

Con informacion: ELNORTE/

“VAN 30 POLIS MASACRADOS”: “CARTEL de SINALOA decide QUIEN VIVE,QUIEN MUERE y QUIEN DESAPARECE y NO DISTINGUE CIVILES,POLICIAS o SOLDADOS”…controla la vida y la muerte; las autoridades solo cuentan bajas, son “cuentamuertos”.

Desde el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la crisis de inseguridad en Sinaloa, por una nueva guerra interna del Cártel de Sinaloa, la cifra de agentes de diferentes corporaciones asesinados ya llegó a 30.

Pero estos hechos que no son aislados, se tornan aun mas graves si los traducimos a la infausta realidad de Sinaloa, donde un cártel todopoderoso decide quién vive, quién muere o quién queda privado de la libertad cuando así lo determina su capricho, el panorama es el siguiente:

Desde el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la nueva guerra interna en el Cártel de Sinaloa —una fractura entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”—, la violencia se disparó a niveles inéditos. No solo se trata de enfrentamientos entre criminales: los agentes de las distintas corporaciones de seguridad se han convertido en blancos sistemáticos, ejecutados con una impunidad que evidencia el control absoluto que ejerce el crimen organizado sobre la vida pública y la seguridad en la entidad.

En poco más de siete meses, el número de policías asesinados en Sinaloa ya supera los 30, con cifras oficiales que oscilan entre 22 y 33 agentes caídos dependiendo de la fuente y el corte de información]. 

Los ataques, como el ocurrido ayer en la caseta de vigilancia de la colonia Los Huizaches en Culiacán —donde José Adolfo “N” fue acribillado al salir de su turno y otro agente quedó gravemente herido—, son cada vez más brutales y frecuentes. En ese atentado, los sicarios dispararon más de 200 balas, dejando claro el mensaje de poder y terror.

La guerra interna del cártel ha convertido a Sinaloa en el segundo estado más letal para policías en lo que va de 2025, aun superado por Guanajuato,pero todo presume que pronto lo rebasará. 

El incremento sostenido de asesinatos de agentes es dramático: en 2023 hubo cinco casos, en 2022 fueron cuatro, pero tras el estallido de la crisis, los números se dispararon a 16 en 2024 y ya suman 17 en los primeros meses de 2025, lo que perfila este año como el más sangriento para las fuerzas de seguridad estatales y municipales.

Esta violencia no se limita a los policías. Desde el inicio de la guerra interna, Sinaloa ha registrado más de 1,121 homicidios y cerca de 1,300 personas desaparecidas, además de un promedio de más de cinco asesinatos y casi seis desapariciones diarias. 

La población civil vive bajo la sombra del miedo, atrapada entre balaceras, desapariciones, extorsiones y la amenaza constante de ser víctima colateral de la disputa criminal.

Las autoridades, aunque reportan detenciones y operativos, no logran frenar la ola de asesinatos ni esclarecer la mayoría de los crímenes, cuyo nivel de eficiencia es inferior al 1%. La impunidad es la norma: los responsables rara vez son identificados o capturados, y la sociedad percibe que el verdadero poder de decisión sobre la vida, la muerte o la libertad está en manos del cártel, no del Estado que deberia ser garante de todos ellos.

En palabras de los habitantes de Culiacán, la vida cotidiana se ha paralizado por el miedo y la incertidumbre, mientras el cártel —dividido pero omnipresente— impone su ley sobre el territorio, decidiendo arbitrariamente quién puede vivir, quién debe morir y quién será privado de su libertad, sin que nadie pueda oponerse, porque sus autoridades, civiles y militares que deberian ser parte de la solución, resulta que son parte del problema, como en los últimos 18 años.

Con informacion: NOROESTE