La influencer y creadora de contenido Sol León expresó su opinión sobre la reciente polémica en torno a volantes que circularon en su ciudad natal, Culiacán, Sinaloa, en los que la faccion del Cartel de Sinaloa de “La Mayiza” ,acusan varias figuras públicas, entre ellas a Ana Gastélum, de presuntos vínculos con sus rivales del grupo criminal “Los Chapitos”,ligados al gobernador de Morena Rubén Rocha Moya.
En una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram, la también empresaria abordó el tema tras ser cuestionada por sus seguidores, quienes le compartieron información sobre la inclusión de Gastélum en dichos panfletos, mismos que fueron lanzados desde avionetas el pasado 9 de enero y donde se mencionaron a 25 personas entre influencers, artistas y músicos.
¿Qué dijo Sol León?
Sol León, quien tiene más de 6.4 millones de seguidores en Instagram y goza de gran popularidad como modelo y empresaria, se mostró sorprendida al enterarse de que Ana Gastélum, una creadora de contenido que ella seguía, aparecía en los volantes.
Sol León habla sobre supuestos nexos de Ana Gastélum y “Los Chapitos”.
Durante el live, comentó: “Que Dios la bendiga. O sea, sí miré esas cosas, pero digo, yo no sé qué tan ciertas sean, qué tan falsas. Nos cae muy bien ella, ¿verdad? Y que Dios la bendiga”.
León, quien afirmó haber quedado sorprendida al enterarse de la noticia, mencionó: “Que Dios la bendiga, chicas. O sea, sí mire esas cosas, pero digo yo, no sé qué tan ciertas sean, qué tan falsas. Nos cae muy bien ella”.
A pesar de manifestar dudas sobre la autenticidad de los rumores, León señaló que solía disfrutar del contenido que Gastélum compartía en redes sociales. “Me gustaba mucho ver su contenido.
Incrédula, la influencer preguntó a sus seguidores si lo de los volantes sí era un hecho real o “chismes de redes”; algunos espectadores aseguraron haber visto los volantes tirados en las calles, mientras otros consideraron que podrían ser noticias falsas.
Una persona comentó en el live que había presenciado los volantes desde una avioneta, lo que llevó a León a decir: “¡Qué mala onda! Ojalá que se termine eso pronto porque nomás joden la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, güey”.
Ana Gastélum, en el centro de la polémica
En los volantes arrojados en la capital sinaloense además de Ana Gastélum se menciona a Mayve Castro y el cantante Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, de colaborar con “Los Chapitos”. Los documentos, impresos en blanco y negro, incluían nombres, fotografías y descripciones, calificando a los señalados como “lavadores de dinero”, “prestanombres” y “colaboradores cercanos”. Además, se instó a la población a dejar de consumir el contenido de estas personas, argumentando que, al hacerlo, se financian las actividades del grupo criminal.
Entre los nombres mencionados, destacan miembros de la familia Castro Cárdenas, conocidos en redes sociales como Los Toys, grupo al que pertenece Kevin Castro, pareja de Ana Gastélum. La familia ha estado en el centro de la polémica tras recientes ataques violentos, como la quema de dos sucursales del restaurante Ranch Roll y un atentado armado contra la casa de los padres de Markitos Toys, KC, Gail y Mayve Castro, ocurrido el 8 de enero.
Ana Cristina Gastélum, conocida como Ana Gastélum en redes sociales, es una influencer de 27 años originaria de Culiacán, Sinaloa. Con más de 3.8 millones de seguidores en Instagram y 1.26 millones de suscriptores en YouTube, Gastélum ha ganado popularidad compartiendo contenido relacionado con su vida personal, viajes y experiencias familiares.
Según sus últimas publicaciones, Ana Gastélum se encuentra en Europa, según sus publicaciones recientesAna Gastélum recientemente se encuentra en Europa. (Instagram: @anagastelumc)
El lanzamiento de los panfletos ocurre en un contexto de creciente violencia en Sinaloa, derivado de disputas internas entre las facciones lideradas por Los Chapitos e los afines a Ismael “El Mayo” Zambada tras la captura del veterano capo de la droga. Estos enfrentamientos no solo han incrementado la inseguridad, sino que han comenzado a involucrar de manera indirecta a figuras públicas, cuyo vínculo con los grupos criminales sigue sin confirmarse.
En redes sociales, los usuarios se mantienen divididos entre quienes creen en la autenticidad de las acusaciones y quienes consideran que se trata de un intento por desacreditar a las figuras mencionadas,mientras la guerra de bandos de la misma banda sigue su curso escalando en el nivel de violencia, tras una traicion que llevó a otra traicion y esta al actual estado de inseguridad que viven sinaloenses, gracias a sus autoridades y la gobernanza narca que ejercen criminales por la via del control territorial.
El gobernador de Sinaloa,Rubén Rocha Moya dio a conocer que el pasado 11 de enero el Secretario de Obras Públicas del Estado, Raúl Francisco Montero Zamudio, fue despojado de una camioneta oficial cuando llegaba a un domicilio de familiares.
Lo anterior lo informó en su conferencia “Semanera”, cuando reporteros le preguntaron sobre el intento de privación de la libertad de una personas de origen chino, por la avenida Insurgentes, a unos metros de Palacio de Gobierno.
El mandatario reconoció que lamentablemente siguen ocurriendo casos como éste, tanto del de despojo de vehículos a mano armada como las desapariciones de personas.
“Yo me muevo como un ciudadano cualquiera, hay una Ayudantía mía que está pendiente de mí, por ley. Le puede ocurrir eso a cualquiera. A él, al secretario de Obras le quitaron el sábado le quitaron su camioneta llegando a la casa de su papá, es una camioneta oficial, puede ocurrirle al secretario, lamentablemente. Aquí no estamos para cuidarnos y decir: aquí no pasa, lamentablemente eso pasa”, contestó.
Al gobernador también se le expuso el caso de un intento de despojo de un vehículo justo enfrente del Ayuntamiento de Culiacán, hecho que quedó registrado en video y posteriormente subido a redes sociales.
Sobre esto último, confirmó que solo fue un intento de robo y el conductor de esa unidad se encuentra bien.
Posteriormente explicó que en esta problemática se han hecho ajustes en la estrategia de seguridad, ya que es una de las consecuencias de la violencia que afecta más a la ciudadanía.
“Estamos ajustando las cosas con operativos muy especiales, lo que es robo de vehículo y rescate de personas levantadas o privadas de la libertad”, comentó.
“Ustedes se han dado cuenta que hoy mismo fueron liberados dos personas, antier en el poblado de Zapotillos, se liberaron a 5 personas y ha habido permanentemente liberación de personas que se han estado levantando y privando de la libertad”, continuó.
Al respecto, el mandatario reiteró que el aumento de estos dos delitos los ha llevado a ajustar operativos específicos para inhibirlos.
EL ROBO DE VEHÍCULO SE HA DISPARADO
De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, de octubre a diciembre de 2024 se reportaron mil 711 denuncias por despojo de vehículos en Sinaloa.
Tras analizar la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya, se pueden identificar varias inconsistencias y declaraciones cuestionables:
Inconsistencias
Contradicción sobre seguridad personal: Rocha Moya afirma que se mueve “como un ciudadano cualquiera”, pero inmediatamente después menciona que tiene una Ayudantía que está pendiente de él “por ley”. Esto contradice la idea de moverse como un ciudadano común.
Datos imprecisos: El gobernador menciona liberaciones de personas secuestradas,cuyos rescates estan muy lejos de la cifra de plagios.
Declaraciones cuestionables
Normalización de la delincuencia: Al decir “Le puede ocurrir eso a cualquiera”, el gobernador parece normalizar la situación de inseguridad, lo cual es preocupante viniendo de la máxima autoridad estatal.
Falta de responsabilidad: La frase “Aquí no estamos para cuidarnos” sugiere una actitud pasiva ante la problemática de seguridad, cuando es precisamente su responsabilidad garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Minimización del problema: Al referirse al intento de robo frente al Ayuntamiento como “solo fue un intento” y que el conductor “se encuentra bien”, parece minimizar la gravedad del hecho.
Vaguedad en las estrategias: Menciona “ajustes en la estrategia de seguridad” y “operativos muy especiales” sin proporcionar detalles concretos sobre estas medidas que no se notan.
Contradicción estadística: Mientras el gobernador habla de ajustes y operativos especiales, los datos de la Fiscalía General del Estado muestran un aumento significativo en el robo de vehículos, con 1,711 denuncias en solo tres meses.
Estas inconsistencias y declaraciones cuestionables reflejan una falta de claridad y de efectividad en el manejo de la situación de seguridad en Sinaloa por parte del gobernador de Morena Rocha Moya.
Mediante una querella en Estados Unidos, la televisora de San Ángel acusa a Anahí de hacer trampa en la más reciente temporada del reality ¿Quién es la Máscara? .
Después de una investigación interna, Televisa descubrió que la cantante obtuvo, a través de su representante (Danna Vázquez), la identidad de los competidores, por lo que le atinó a siete (el máximo nunca antes logrado, ni en la franquicia estadounidense).
La cantante, quien recibió como pago por cada programa 40 mil dólares (aproximadamente 829 mil pesos), podría enfrentar cargos por violar acuerdos de confidencialidad y derechos de propiedad intelectual.
La filtración, hasta ahora, según la información obtenida por Gente, apunta a un miembro del equipo de la producción encabezado por Miguel Angel Fox, quien tiene amistad de larga data con la representante de Anahí.
Revisando evidencia en programas, se puede establecer cómo la cantante, en algunos casos, soltó los nombres de algunos participantes sin aparente pista sólida entre las opiniones de los demás adivinadores.
Gente solicitó la opinión de la televisora de la que Anahí fue muchos años artista exclusiva. “Grupo Televisa no da postura de ninguna investigación en curso”, respondió.
Investigación en curso
La investigación interna de Televisa ha señalado a un miembro del equipo de producción, dirigido por Miguel Ángel Fox, como posible fuente de la filtración. Este individuo aparentemente tiene una amistad de larga data con Danna Vázquez, la representante de Anahí.
Contexto político
Es importante mencionar que Anahí está casada con Manuel Velasco, un político prominente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fue gobernador de Chiapas y actualmente mantiene una alianza con el partido gobernante MORENA.Esta conexión política añade una capa adicional de complejidad a la situación, dado el perfil público de ambos.
La situación sigue desarrollándose y se espera que tanto Anahí como Televisa proporcionen más información en los próximos días. Este escándalo podría tener repercusiones significativas en la carrera de Anahí y en su relación con la televisora que la vio crecer como artista.
Fuerzas federales y estatales detuvieron a cinco hombres en posesión de un arsenal y drogas y liberaron a dos individuos que eran retenidos en una localidad del municipio de Mazatlán, Sinaloa.
“Fueron detenidos cinco hombres, se aseguraron 15 armas largas, 110 cargadores, 6 mil 951 cartuchos, un tubo lanzagranadas, tres granadas, equipo táctico, equipos de radiocomunicación, una bolsa con mariguana, cuatro bolsas con polvo color blanco y seis vehículos, tres de ellos con blindaje artesanal”, publico Omar García Harfuch,desde sus redes.
En el mismo operativo que suele ser prestígiado por elementos de la Defensa, la Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Seguridad Pública estatal, las personas privadas de la libertad fueron liberadas.
Impacto en la capacidad operativa de grupos criminales
Esta captura no se debe escamotear ,representa un logro significativo en el contexto de la prolongada guerra interna que ha afectado a Sinaloa durante los últimos 4 meses y su importancia radica en varios aspectos:
El decomiso del arsenal tan considerable,15 armas largas, 110 cargadores, casi 7,000 cartuchos, un lanzagranadas y granadas, supone un golpe importante a la capacidad bélica de los grupos delictivos que operan en la región con un poder de fuego característico de las organizaciones criminales involucradas en el conflicto actual.
Desarticulación de una célula criminal
La detención de cinco individuos, presumiblemente miembros de un grupo delictivo, podría contribuir a debilitar la estructura de alguna de las facciones en pugna y aunque no se especifica a qué grupo pertenecen, lo que es verdaderamente importante,cualquier baja en el personal de estas organizaciones es relevante en el contexto actual.
Liberación de secuestrados
El rescate de dos personas privadas de su libertad es un logro humanitario significativo,asi sean rivales, considerando que el aumento de secuestros y desapariciones forzadas que se han reportado durante este periodo de violencia ha sido espantoso.
Contexto de escasez de resultados
Pero tras cuatro meses de conflicto intenso, con cientos de homicidios y desapariciones, este tipo de operativos exitosos han sido relativamente escasos y por lo tanto, esta acción adquiere mayor relevancia al mostrar resultados tangibles en la lucha contra los grupos criminales.
Sin embargo, es importante mantener una perspectiva realista:
Una sola operación, aunque exitosa, no es suficiente para resolver el conflicto a largo plazo.
La guerra interna ha causado daños significativos en términos de vidas humanas y estabilidad social que requerirán tiempo y esfuerzos sostenidos para ser superado.
La capacidad de los grupos criminales para recomponerse de estos golpes y continuar sus operaciones no debe subestimarse, es real y no supone mayor problema..
En conclusión,esta captura representa un mejórales en el tratamiento de la grave enfermedad que padece Sinaloa y debe ser vista como un abono, muy lejos de ser el pago.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la inseguridad que padece Nuevo León se debe a la falta de coordinación entre la Fiscalía y el propio Gobierno estatal.
“Más allá de una evaluación, digamos del trabajo de cada una de las autoridades, ha tenido en los últimos años un problema, es la coordinación. El conflicto -digamos político- de la Fiscalía con el propio Gobierno de Nuevo León y su Secretaría (de Seguridad) evita que haya resultados o disminuye la posibilidad de tener resultados”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.
Los niveles de violencia que registró Nuevo León a lo largo del 2024 no sólo marcaron niveles récord en la entidad, sino que también dejaron un registro a nivel nacional.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 33 días del año pasado, Nuevo León se posicionó como el primer lugar en la cantidad de homicidios violentos cometidos en una jornada a nivel nacional, rebasando a entidades como Guanajuato, Guerrero o Sinaloa.
En el apartado de “Información sobre violencia contra las mujeres” establece que a nivel nacional, en el periodo de enero a noviembre de 2024 se registraron en el País 733 casos de presunto feminicidio, y Nuevo León ocupa el segundo lugar con 59 feminicidios, tan sólo después del Estado de México.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal recomendó a Nuevo León procurar por una relación donde prevalezca la coordinación entre autoridades más allá de las cuestiones políticas.
“Nosotros hemos hablado de una estrategia de seguridad de cuatro ejes y el cuarto eje es la coordinación ahora gracias a la Fiscalía General de la República, porque por Constitución es autónoma, pero está viniendo a los Gabinetes de Seguridad la Fiscalía y eso nos ayuda a tener más coordinación. Dos, independientemente de los temas políticos, deberían poner por encima de todos la seguridad de Nuevo León y coordinarse, que haya coordinación.
“Porque el tema político siempre existe y debe existir, es parte de la democracia en nuestro País, pero que haya coordinación para atender desde la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía estatal, las investigaciones, que se hagan las carpetas de investigación, la detención de delincuentes, etc. Y, por otro lado, pues una visión de atención a las causas también”, enlistó.
La titular del Ejecutivo federal precisó que por los altos niveles de feminicidios en Nuevo León pedirá a la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, que esté en coordinación con el Gobierno del Estado para brindar atención en este tema.
Coordinación vs. Complejidad del Problema
La retórica de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la inseguridad en Nuevo León presenta algunas inconsistencias y simplificaciones que merecen un análisis más profundo:
Sheinbaum atribuye la inseguridad principalmente a la falta de coordinación entre la Fiscalía y el Gobierno estatal. Si bien la coordinación es importante, esta explicación simplifica en exceso un problema multifacético:
Tendencia histórica: Nuevo León ha experimentado un aumento sostenido de la violencia en los últimos años, superando niveles de hace más de una década.
Diversidad de delitos: La inseguridad abarca una amplia gama de delitos, desde homicidios hasta violencia familiar y extorsión.
Factores estructurales: No se abordan causas subyacentes como desigualdad, impunidad o presencia del crimen organizado.
Datos vs. Percepción
La afirmación de Sheinbaum contrasta con algunas estadísticas:
Récord de violencia: En 2024, Nuevo León lideró 33 veces el conteo diario de homicidios a nivel nacional.
Feminicidios: La entidad ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios, con 59 casos de enero a noviembre de 2024.
Percepción ciudadana: Según la ENVIPE 2024, el 72.8% de los adultos percibe a Nuevo León como inseguro.
Simplificación de Soluciones
Sheinbaum propone soluciones que, si bien son relevantes, podrían ser insuficientes:
Coordinación como panacea: Aunque importante, la mera coordinación no garantiza resultados sin estrategias integrales, tan asi que no los ha obtenido su administración,aun y con mucha coordinacion,mucho menos en Sinaloa.
Atención a causas: Se menciona vagamente, sin especificar acciones concretas para abordar factores socioeconómicos.
Enfoque en feminicidios: Si bien es crucial, no aborda la totalidad del problema de inseguridad en el estado.
Contradicciones en el Discurso Oficial
Es importante notar que existen discrepancias entre las declaraciones de Sheinbaum y otros funcionarios:
El gobernador Samuel García ha presumido contar con “la mejor policía de México”], lo que contrasta con los altos índices de criminalidad.
Autoridades estatales han minimizado la inseguridad, asegurando que “la gente común no siente ni ve inseguridad” lo cual contradice las estadísticas y la percepción ciudadana.
En conclusión, aunque la coordinación entre instituciones es importante, la retórica de Sheinbaum simplifica un problema complejo que requiere un análisis más profundo y soluciones multidimensionales que aborden la violencia en Nuevo León,sin soslayar la “complicidad de siempre”.
Hace 10 años, Nino Paolo Ferrari Rodríguez pedía a través de Twitter el contacto de algún abogado que le ayudase con un problema de “robo de identidad”. La fecha: 29 de junio de 2014. Era como si Ferrari, que entonces tenía 34 años, se anticipara a lo que ocurriría un mes después, cuando se constituyera la compañía Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., en la que él figuraría como fundador, accionista, administrador único y representante legal.
La firma ha sido clasificada por la autoridad fiscal, el SAT, como una empresa fantasma que simula operaciones. Se trata, en síntesis, de una compañía facturera que sirve para blanquear dinero y evadir impuestos, una práctica con la que se drenan cada año recursos millonarios.
Entre los clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron en contratos más de 301 millones de pesos, según documentación fiscal obtenida por EL PAÍS. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Nino Ferrari tiempo después de su denuncia de supuesto robo de identidad. Como es típico en los casos de blanqueo, Murata se vincula con otras compañías factureras con las que comparte prestanombres y se transfiere recursos.
Esa red también conecta con personas identificadas por las autoridades federales como blanqueadores del Cártel de Sinaloa.
Es ahí donde entra a escena el padre de Ferrari, Mario Nino Ferrari Gleason, de 72 años. Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) dada a conocer por Reforma señala a Ferrari Gleason como administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, La Trilladora, que era el operador financiero del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.
En 2014, el mismo año en que su hijo estructuraba su coartada, Ferrari Gleason salió a la caza de los testaferros que usaría para constituir empresas fachada para el Cártel de Sinaloa. La FGR capturó a los prestanombres, entre quienes había dos meseras de Sanborns, que declararon cómo los convenció Ferrari para que entregasen sus credenciales de elector y firmaran documentos constitutivos ante un mismo notario.
La investigación afirma que, para darles confianza a los testaferros, Ferrari Gleason llevó a una reunión a otra de sus hijas, Mariana Ferrari Pacheco, para que suscribiera los mismos papeles con los que se crearían las compañías. La Fiscalía acusa a Ferrari Gleason de blanquear directamente más de 901 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa. Reforma sostiene, citando fuentes anónimas, que el hombre fue detenido y encarcelado en julio por los delitos de lavado y delincuencia organizada. Sin embargo, no hay registros oficiales de que eso haya ocurrido realmente. Fuentes gubernamentales con acceso a la Plataforma México, la base de datos de inteligencia policial nacional, han confirmado a este periódico que no hay rastros de la captura del patriarca de la familia Ferrari.
Murata está vinculada a empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco (del PVEM, durante años aliado del PRI); también se conecta con dos personajes reconocidos por sus negocios ilícitos: Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera.
El primero participó en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Peña Nieto. El segundo personaje colaboró en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados más de 5.000 inversores, la mayoría españoles. Este periódico ha intentado contactar a Nino Ferrari, que está avecindado en Quintana Roo. En el teléfono registrado por Murata ante el SAT, una secretaria prometió dar aviso de la llamada a Ferrari. También se envió un correo a las cuentas de Ferrari y Murata disponibles en fuentes abiertas. No hubo respuesta por ninguna vía.
Negocios en Nuevo León
Murata encontró en Nuevo León su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos —el 92% del total— provinieron de contrataciones en ese Estado, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal al que EL PAÍS tuvo acceso.
El Gobierno de Monterrey ha presentado una denuncia contra Murata ante la Contraloría local, que investiga las transferencias de dinero público en años anteriores. Una vez que el SAT catalogó en 2021 a Murata como una empresa fantasma, se considera que todas las facturas emitidas en el pasado por la firma son apócrifas y tuvieron el objetivo de blanquear recursos de todo tipo, desde los desviados del erario hasta los provenientes de actividades ilícitas del crimen organizado.
En su sitio web, que ya fue suspendido, Murata se presentaba como una firma dedicada a la industria militar y ofrecía servicios de seguridad y defensa. La empresa decía contar con unidades de combate en materia naval, con capacidades para “incursiones marítimas a objetivos litorales” y “toma de embarcaciones marítimas en altamar”. También ponía a disposición de sus clientes la formación de equipos tácticos capaces de “identificar actividades sospechosas y prevenir actos hostiles”.
En los hechos, Murata facturó servicios muy distintos a los que decía vender. Por ejemplo, con la alcaldía de Monterrey, capital de Nuevo León, obtuvo en 2017 y 2018 dos contratos por 10 millones de pesos para impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y educación sexual. Esos contratos, otorgados por adjudicación directa, fueron suscritos por Nino Ferrari. No existen comprobantes de que todos los talleres hayan sido impartidos. En ese entonces el alcalde era el priista Adrián de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elección de este año. Los servicios de Murata fueron contratados por quien fuera su secretario de Seguridad en la alcaldía, Esteban Cantú Montes.
La firma fue fichada nuevamente, ahora por la Fiscalía estatal, cuando Cantú Montes se convirtió en director de la Agencia Estatal de Investigaciones de esa dependencia. La Fiscalía pagó a la compañía en total 26,7 millones de pesos entre 2018 y 2019.
La información fiscal a la que se tuvo acceso detalla que el Ejecutivo de Nuevo León hizo pagos a Murata por 227 millones de pesos entre 2016 y 2019. El mandatario estatal era Jaime Rodríguez, un político de larga trayectoria priista que rompió con la formación y llegó a la gubernatura como “independiente”. Al término de su gestión,Rodríguez fue enviado a la cárcel, acusado de delitos electorales.
El municipio nuevoleonés de Guadalupe transfirió a la firma 12 millones de pesos entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Francisco Cienfuegos. Este funcionario se convirtió años después en coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, PAN y PRD. Este año, la Unidad de Inteligencia Financiera federal (UIF) denunció a Cienfuegos por posible defraudación fiscal y blanqueo de dinero. Otros dos municipios priistas de Nuevo León, Santiago y Benito Juárez, también hicieron pagos a Murata, por 3,3 millones de pesos en 2017.
A nivel federal, el Gobierno de Peña Nieto (PRI) transfirió a la empresa de Nino Ferrari 18,5 millones de pesos a través del ISSSTE, el sistema de seguridad social de los funcionarios federales. Los pagos son llamativos, pues se hicieron en 12 porciones iguales en noviembre de 2018, pocos días antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto y este entregara el poder a Andrés Manuel López Obrador.
El monto del dinero público desviado y blanqueado por Murata es mucho mayor si se toma en cuenta la constelación de compañías con las que está vinculada. Destaca el caso de Sad Marke, S.A. de C.V., también declarada fantasma por el SAT. Entre 2017 y 2019, Murata le transfirió 16,8 millones de pesos y recibió de esa firma 78,5 millones. Sad Marke obtuvo un contrato de 100 millones de pesos en septiembre de 2018 en Chiapas, durante el gobierno de Manuel Velasco, hoy senador del PVEM y aliado clave de Morena.
Ese mismo mes, el gobierno de Velasco transfirió 420 millones de pesos a Conseil D’Affaires Belayage, S.A. de C.V, otra empresa en la lista negra del SAT y también vinculada a Murata mediante transferencias de activos.
Blanqueo para El Chapo
La FGR y la UIF señalan que Rodolfo Trillo, La Trilladora, detenido en 2015, blanqueó más de 6.000 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa detrás de la fachada de próspero empresario avecindado en Puebla. Además del delito de lavado de activos, la Fiscalía General le acusa de haber financiado la construcción del túnel por el que El Chapo Guzmán escapó del penal del Altiplano, Estado de México, en 2015. Su hermano Miguel Ángel, capturado en 2001, fue señalado en su momento de haber ayudado al líder del Cártel de Sinaloa a fugarse del penal de Puente Grande.
Aun estando en prisión, según la FGR, La Trilladora blanqueó al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari Gleason, el padre del fundador de Murata (la relación filial entre ambos ha sido confirmada por este periódico). De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Ferrari Gleason y su socio José Manuel Miranda Farías visitaron asiduamente un restaurante de la cadena Sanborns en Ciudad de México en 2014. Su objetivo era embaucar a dos meseras para que ayudasen a la creación de empresas para la red de La Trilladora. Capturadas por la Fiscalía en 2022, las dos mujeres describieron cómo Ferrari Gleason y Pepe Miranda, como se conoce a su socio, les pagaron periódicamente 1.500 pesos luego de haber entregado una copia de su identificación y de firmar documentos notariales para crear las compañías. A una le dijeron que el pago provenía de un programa para madres solteras; a la otra le dijeron que venía de una inversión.
Las dos meseras, la hija de Ferrari —Mariana Ferrari Pacheco— y otra mujer reclutada suscribieron la constitución de cuatro empresas fantasma en marzo de 2016 en la misma notaría de Ciudad de México; las prestanombres declararon que Pepe Miranda también llevó a su hijo a firmar los papeles, aunque no precisaron su nombre. Las compañías que crearon —Agencia Publicitaria Ashanti, S.A. de C.V.; Asesorías Integrales Cooper, S.A. de C.V.; Kline Business Advinieras, S.A. de C.V. y Construcción y Remodelación Los Altos, S.A. de C.V.— recibieron a sus cuentas bancarias más de 901 millones de pesos provenientes de la red de La Trilladora y dispersaron a las empresas de la misma constelación 870 millones, de acuerdo con lo reseñado por Reforma.
Los amigos Ferrari Gleason y Pepe Miranda pidieron a las meseras abrir cuentas bancarias como representantes de las compañías de papel. Luego les requirieron las tarjetas y tokens para que ellos las manejasen. Tan solo a la cuenta de la que era titular una de las trabajadoras se depositaron 93 millones de pesos de la red de blanqueo del Cártel de Sinaloa. En la cuenta de la firma Ashanti, de la que era accionista Mariana Ferrari, circularon 47 millones de pesos. Las meseras declararon a la Fiscalía que ignoraban lo que sucedía con las cuentas abiertas a su nombre. Se enteraron años después, cuando las autoridades acudieron a capturarlas. Se acogieron a un criterio de oportunidad, testificaron contra Ferrari y su socio Miranda y fueron liberadas. La hija de Ferrari Gleason también fue capturada y luego puesta en libertad. Hay incertidumbre en torno al paradero del patriarca familiar. Tampoco hay registro de que Pepe Miranda haya sido capturado. Este último, además de ser socio de Ferrari Gleason, es amigo en Instagram de Nino Ferrari, el fundador de Murata. Allí Miranda le comentó una foto en 2017: “¡Saludos!”.
Los amigos de Ferrari y los otros fraudes
Murata, S.A. de C.V. está vinculada con Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera, a su vez involucrados en presuntos delitos electorales y una estafa piramidal internacional. Moisés Salomón recibió en 2019 transferencias de Murata por un monto de casi 900.000 pesos, de acuerdo con la información fiscal obtenida por EL PAÍS. Por su parte, Campillo Talavera recibió pagos por 850.000 pesos. Las transferencias de dinero se hicieron de manera quincenal, como si se tratase de un sueldo cubierto por Murata.
Ambos personajes tienen una historia sobre la que se cierne la sombra de la corrupción. En 2012, Moisés Salomón fue señalado por las autoridades como cabeza de la firma Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.). Edicom pertenecía a una red de empresas que inyectaron más de 23 millones de pesos a los monederos electrónicos Monex del PRI en la elección presidencial de 2012. Los monederos sirvieron para la compra del voto a favor de la candidatura del priista Enrique Peña Nieto.
En julio de 2012, días después de la elección, las autoridades federales tomaron una oficina en Ciudad de México en la que aseguraron dinero en efectivo —en pesos, dólares y euros— y computadoras. El cateo formaba parte de una investigación contra una red de blanqueo de dinero y venta de facturas falsas empleada para desviar dinero público y para la compraventa de yates, diamantes y aviones en diversas partes del mundo, según dio a conocer Reforma.
Se trató del primer gran caso contra una red facturera puesta en la mira por el Gobierno federal en la gestión del panista Felipe Calderón. Sin embargo, “la investigación ministerial se desinfló a medida que las autoridades empezaron a descubrir sus implicaciones políticas”, precisa el diario. “La Administración de Calderón no llevó el caso a los tribunales y en el sexenio siguiente el expediente fue archivado”, añade.
El periódico dio cuenta de que en aquel cateo Moisés Salomón estaba presente en las oficinas, haciendo alarde de sus contactos en el Gobierno. Fue interrogado por los agentes en calidad de testigo. Además de él, allí estaba también Campillo Talavera, identificado como representante de la firma Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, S.A. de C.V. Esta compañía se conecta con otro fraude: el de la estafa piramidal de ads-broker que entre 2011 y 2012 recaudó casi 30 millones de euros de 5.155 inversores, la mayoría de España. El esquema financiero fue ideado por el mexicano José Cancino Puga, que lo puso en marcha a través de la empresa española Gran Despliegue de Medios.
EL PAÍS documentó que esa firma hizo 101 transferencias a México por 4,7 millones de euros a Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, representada por Campillo Talavera. La Policía española solicitó en 2013 una orden de detención internacional contra él como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales. La empresa de Campillo Talavera percibió en 2012 cerca de 1,2 millones de euros en publicidad institucional del entonces gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, del PRI.
Durante el Gobierno de Peña Nieto, dos firmas ligadas a la red de Edicom —una específicamente era Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC— se beneficiaron de una condonación fiscal del SAT de más de 2.000 millones de pesos. Ni Moisés Salomón ni Campillo Talavera han rendido cuentas ante la justicia. Moisés Salomón es amigo en Instagram de Pepe Miranda, el socio de Mario Ferrari Gleason. Todo vuelve a llevar al círculo de los Ferrari.
