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jueves, 16 de marzo de 2023

"MUERETE PERRO ?": RAYMUNDO RAMOZ le TUPE al EJERCITO HABLANDO del ODIO y la MALDAD de MILITARES en la MASACRE de NUEVO LAREDO"...y tambien de Marinos.



La polémica por el espionaje a civiles por parte de Gobierno ha vuelto a México. El Ejército utilizó el software espía Pegasus para recabar información sobre el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos Nuevo Laredo. Ramos investigaba las presuntas ejecuciones realizadas por militares en el municipio tamaulipeco en 2020. 

El uso del malware israelí se utilizó con el conocimiento del secretario de Defensa [Sedena], Luis Cresencio Sandoval. En este episodio de Al habla con Warkentin..., la periodista Gabriela Warkentin habla con el propio Ramos y con Luis Fernando García, director de R3D, la red en defensa de los Derechos Digitales, para analizar la controversia en esta trama.

La discusión por el espionaje llegó al Palacio Nacional hace unos días días. La periodista de Animal Político Nayeli Roldán preguntó al presidente sobre el tema del espionaje: por qué espían, quién espía, si estaban al tanto... La respuesta del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue tan concisa como controversial. “Nosotros no espiamos. Son labores de inteligencia. No hay ninguna ilegalidad”, afirmaba. Después, cargaba contra el medio criticando que “siempre” está en su contra.

UN AUDIO MUY DESCRIPTIVO:


Desde el Comité han documentado de manera certera los abusos llevados a cabo por militares en contra de la población civil. Como el pasado 26 de febrero, cuando alarmaron sobre el asesinato a manos de militares de cinco jóvenes en Nuevo Laredo cuando volvían a un departamento tras una noche de fiesta. “Dispararon a matar”, considera el presidente del Comité.

Por su parte, la R3D ha ido documentando la contrataciones y el uso de Pegasus y otras herramientas de espionaje. García asegura que México fue el primer cliente a nivel internacional en utilizar el malware israelí por medio de la Secretaria de Defensa Nacional en 2010 y 2011. Entre esos años, la red demostró que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) supo cómo y para qué se utilizaba el programa antes de adquirirlo. 

En el siguiente sexenio, con Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno (2012-2018) la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional continuaron utilizando el sistema de espionaje. En el Ejecutivo actual, con López Obrador en la presidencia, la discusión ha vuelto. “Aunque el presidente ha ofrecido que [los contratos] sean transparentes, primero mintieron [desde la Sedena] diciendo que no existía la información; después admitieron que sí existían los contratos y, cuando el Inai [Instituto Nacional de Transparencia] pidió que los entregaran, han reservado la información”, resume García.

LOS "ARETES del MERCADO NEGRO y el BLANQUEO de GANADO de CENTROAMERICA a MEXICO...un complejo sistema de multimillonarias ganancias.



La cadena de suministro de alimentos en Estados Unidos debería ser objeto de mayores controles. Pero el ganado de contrabando, criado en circunstancias inciertas, se mueve hacia México desde países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los subproductos procesados de algunos de estos animales se exportan para atender la demanda de mercados internacionales, hasta llegar incluso a los anaqueles de Estados Unidos. Todo esto gracias a un complejo sistema de “blanqueo de ganado”.

A lo lejos se podía escuchar el rugido del tráiler que salía de las verdes faldas de la Sierra Madre, poco después de la puesta del sol, en el estado de Chiapas, al sur de México. El camión gris avanzó cuesta arriba, hasta que finalmente se pudo ver en torno a la escultura de K’inich Janaab Pakal, el gobernante maya más famoso de Palenque, que se levanta en el centro de la icónica rotonda de la ciudad.

Sin identificar, y sin la marca de alguna empresa de transporte, el camión se acercó y pasó en menos de un minuto. En su interior llevaba unas 25 cabezas de ganado apiñadas y sin espacio suficiente para moverse o respirar. Durante la siguiente hora, seis camiones, con al menos 150 animales en total, pasaron por esta misma vía, que conecta esta región del sureste de México con varias carreteras que conducen a diversas partes del país.

Es casi seguro que el viaje de ese ganado había comenzado a unos 200 kilómetros al sur de aquel lugar, en el pueblo de Benemérito de las Américas. Ubicado en el extremo oriental del estado Chiapas, el municipio de menos de 20.000 habitantes se extiende a las orillas del río Usumacinta, en la frontera con Guatemala.

Allí, el sinuoso río actúa más como un puente que conecta dos países que como una frontera que los separa. Prácticamente sin supervisión, el río no cuenta con un punto de cruce formal, ni hay muros de 3 metros de altura con individuos camuflados y armados haciendo vigilancia. Por el contrario, personas y bienes cruzan fácilmente desde Guatemala hacia México en pequeñas embarcaciones a plena luz del sol del mediodía.

En el lado mexicano, un taxista ayuda a una familia de cuatro personas a subir sus cosas al maletero del automóvil. Otra camioneta es conducida hasta la orilla del río, donde recibe mercancías del barco que acaba de llegar. A su lado, un gran camión color naranja hunde sus ocho ruedas traseras en el río, preparándose para iniciar la carga de granos.
Foto de InSight Crime

Más tarde, decenas de reses demacradas y en mal estado de salud pasarán por este mismo cruce en largas canoas de madera. Estas también serán subidas en camiones que están a la espera y que salen de la ciudad hacia puntos de descanso a lo largo de la carretera 307, que conduce hacia Palenque. El trayecto en esta carretera de dos carriles puede ser entorpecido no solo por los resaltos o “topes” que abundan en la vía, sino también por el paso de algún convoy de ganado.

Muchas de estas reses, o quizá todas, provienen de Guatemala, Honduras y Nicaragua sin los aretes ni la documentación de salud adecuada para transitar legalmente por México. Sin embargo, sí los tendrán cuando lleguen hasta el primer puesto de control aduanero oficial donde hay miembros de las fuerzas armadas, ubicado a varias horas al norte de esta frontera.

Tráfico de ganado: un mercado ilícito que prospera con la globalización

Conducir por las carreteras del sureste de México y el Istmo de Tehuantepec —la región circundante— significa adentrarse en un paisaje donde la selva que solía extenderse hasta donde alcanza la vista ha sido talada para permitir el pastoreo de cientos de cabezas de ganado cebú. La industria ganadera se ha vuelto tan importante que los ganaderos tienen una gran influencia sobre la política local, la sociedad y la economía en algunos municipios.

Integrada por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, esta zona es crucial para las 800.000 cabezas de ganado que, según estimaciones del gobierno mexicano, son contrabandeadas al país cada año. Pero hablar de este mercado ilícito genera miedo y desconfianza entre los habitantes.

“Tengan mucho cuidado al investigar esto. Es muy peligroso”, les dijo a los investigadores de InSight Crime un líder ganadero en el sur de Veracruz, quien pidió permanecer en el anonimato.

Es claro que el tráfico de ganado es consecuencia de los intereses del crimen organizado en esta área. Traer reses desde Guatemala de contrabando ha ofrecido una gran oportunidad para que las redes criminales diversifiquen sus ingresos, laven dinero a través de la compra y venta de ganado, extorsionen a las redes de transporte involucradas, y que utilicen el ganado como medio para transportar cocaína.

El temor que expresan los habitantes está bien fundado: ya han sido asesinados algunos funcionarios locales que han denunciado abiertamente el contrabando de ganado.

Por otro lado, el contrabando de ganado es un efecto en cadena de la globalización del comercio de carne de res. Tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México se convirtió en un importante exportador de ganado y carne de res a Estados Unidos y más tarde a otros mercados. Esto ejerció presión sobre la cadena de suministro mexicana para producir suficiente ganado para satisfacer la demanda internacional y local, la cual, en parte, ha sido abastecida con ganado de origen ilícito de Centroamérica.

Guatemala ha sido históricamente un importante centro de acopio de ganado centroamericano, tanto legal como ilegal, que se destina al mercado mexicano. Pero no fue sino hasta 2019 cuando los gobiernos de México y Guatemala firmaron oficialmente un acuerdo para regular de manera formal la entrada de ganado.

Mediante estos acuerdos, las autoridades emitieron una serie de requisitos para que el ganado centroamericano pudiera moverse legalmente por México. Estos incluyen, por ejemplo, que los animales deben provenir de ranchos certificados en Guatemala, deben llevar un arete de identificación con el que son rastreados hasta el sacrificio, y deben tener todos los certificados sanitarios adecuados. 

Sin embargo, la mayor parte del ganado que llega a México desde Guatemala continúa haciéndolo de manera ilegal. Las autoridades guatemaltecas afirman que solo 7.234 bovinos fueron exportados formalmente en 2021, según datos oficiales obtenidos por InSight Crime.

Los traficantes de ganado utilizan cruces informales para eludir los controles mencionados anteriormente y no tienen ninguna documentación oficial al ingresar a México. Pero para que el ganado pueda ser vendido a grandes productores y a las empresas cárnicas del país, debe aparecer en los registros nacionales. Es decir, entre otros requisitos, las reses deben tener un arete que las identifique como ganado mexicano. 

Para cumplir con este requisito, los traficantes de ganado recurren a los servicios de los vendedores del mercado negro.
Aretes del mercado negro para ‘lavar’ ganado de contrabando

El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) se encarga de proporcionar los aretes para todo el ganado de México. Trabajando de manera estrecha con las asociaciones ganaderas locales, les venden aretes directamente a las denominadas Unidades de Producción Pecuaria (UPP), propiedades donde los ganaderos registran su ganado. Allí, solamente veterinarios certificados pueden ponerles los aretes a las reses antes de que sean llevadas a los puntos de acopio, donde son vendidas y preparadas para el sacrificio.

Los aretes llevan un código único con el que las reses son registradas en la base de datos del gobierno, conocida como el Padrón Ganadero Nacional. Idealmente, este registro les debe permitir a las autoridades rastrear todos los lugares por los que el ganado transita desde el nacimiento hasta el sacrificio.

Sin embargo, en México hay un boyante mercado negro de dichas etiquetas, y las asociaciones ganaderas locales están involucradas en gran parte. Casi todas las fuentes consultadas por InSight Crime durante nuestra investigación sobre el tráfico de ganado dijeron que existe corrupción al interior del sistema SINIIGA, y algunos funcionarios venden los aretes bajo cuerda, ya sea directamente a los traficantes o a otras entidades involucradas en el comercio. 

“Venden los aretes por debajo de la mesa [...] Alguien los compra y se los pone al ganado ilegal. Así tratan de legalizarlo", dijo a la prensa local el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en marzo de 2022.

Hay varias maneras de obtener los aretes. Según fuentes locales, los puntos de acopio, como los que abundan en vías principales como la carretera 307 que conecta Benemérito de las Américas con Palenque, suelen obtener aretes a través de las asociaciones ganaderas locales, y las venden directamente a quienes traen ganado sin identificar a sus instalaciones.

“Si el ganado no tiene aretes mexicanos, te los venden de manera informal [en los centros de acopio]”, le dijo a InSight Crime un ganadero de Chiapas. Todos los ganaderos entrevistados en esta región afirman lo mismo, aunque las autoridades federales niegan que aquello suceda.

Los ganaderos también falsifican la cantidad de ganado que poseen, con el fin de obtener aretes adicionales, que luego venden a quienes traen ganado de contrabando. En otros casos, los traficantes roban la identidad de los productores y la usan para reportar un mayor número de ganado y así obtener los correspondientes aretes. Este esquema se puede utilizar hasta que el productor presente su declaración de impuestos, momento en el cual las autoridades fiscales probablemente notan la discrepancia.
Los aretes de SINIIGA se obtienen en las asociaciones ganaderas locales. Foto de InSight Crime

En todos los casos, el mercado negro de aretes es un sistema lucrativo. Mientras que un arete oficial vendido por SINIIGA cuesta entre 40 o 50 pesos mexicanos (alrededor de US$2,50), los que se venden en el mercado negro pueden rondar los 400 y 700 pesos (de US$20 a US$35), según ganaderos entrevistados en Chiapas y Veracruz. Esto significa que si 800.000 reses obtienen aretes a través del mercado negro cada año, como estiman las autoridades, el negocio podría generar hasta US$18 millones.

La documentación también se falsifica. Varios ganaderos entrevistados por InSight Crime en Veracruz, Chiapas y Tabasco mencionaron que los transportistas, por ejemplo, obtienen certificados veterinarios que acrediten que los animales están libres de enfermedades y tienen las vacunas necesarias para ser transportados dentro de México. Según estas fuentes, los certificados se falsifican con la complicidad de veterinarios y laboratorios autorizados.

Una vez que el ganado tiene aretes y certificados de salud, desaparecen todos los registros de su verdadero origen. Esto significa que los animales pueden ser sacrificados, y su carne puede ser empacada para consumo en el mercado local, o la carne procesada puede incluso exportarse a mercados internacionales como el de Estados Unidos.

“La ironía es que todo entra legalmente”, dijo a InSight Crime un funcionario del gobierno en el sur de México. “No tengo ningún argumento legal para rechazar el ganado [de contrabando]. [Sobre el papel], no hay ninguna violación a las leyes”.
Sin final a la vista

Combatir este comercio ilegal no está dentro de las prioridades de las autoridades de México en la frontera con Guatemala. La Guardia Nacional y el Ejército, por ejemplo, se centran mucho más en la inmigración y el tráfico de drogas, aunque personas y drogas continúan cruzando la frontera. En pocas palabras, ambas instituciones dijeron a InSight Crime que el tráfico de ganado no era su responsabilidad. 



Durante la planeación de entrevistas con las fuerzas policiales en los estados fronterizos, los portavoces de la institución dijeron que ellos se ocupan del robo de ganado, pero no de su tráfico. Además, si bien el contrabando transnacional de ganado se considera un delito fiscal, la Fiscalía General de la República de México, incluidas las oficinas regionales en los estados fronterizos, no dieron información sobre denuncias relacionadas con el contrabando de ganado, cuando InSight Crime hizo solicitudes de información.

Tampoco es claro hasta qué punto las aduanas están interesadas en tratar de regular el asunto. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, que supervisa las aduanas, informó que no había identificado ningún caso de contrabando de ganado desde Guatemala.

Por otro lado, aparte de la corrupción al interior del SINIIGA, el sistema no parece tener la capacidad necesaria para monitorear y verificar que los registros reportados coincidan con la cantidad de ganado que realmente tienen los productores. Cuando InSight Crime visitó una oficina del SINIIGA en el sur de Veracruz, los empleados dijeron que simplemente “hay que confiar en lo que informan los ganaderos”.

A nivel federal, la ley oficial que regula la identificación del ganado fue modificada en julio de 2021, de modo que la distribución de los aretes sea responsabilidad exclusiva del gobierno, con el fin de mejorar la supervisión. El gobernador de Veracruz ha sido una de las voces más destacadas a favor de estas reformas, argumentando que estas ayudarán a combatir el contrabando de ganado.

Aun así, todavía no está claro cuándo se implementarán estos cambios. Y los ganaderos con los que habló InSight Crime en terreno siguen siendo escépticos.

fuente.-

"GARCIA LUNA": LOS CLAROSCUROS del EX-FUNCIONARIO FEDERAL SUPERPODEROSO SENTENCIADO y SILENCIADO en EE.UU"...una oscura etapa del exitoso negocio del gobierno al combatir narcos.


Genaro García Luna fue un funcionario de claroscuros, desde el despegue de su carrera sobre él existieron denuncias de corrupción y de presuntos vínculos con el crimen organizado, sin embargo, al mismo tiempo, fue reconocido por las agencias policiacas de Estados Unidos.

A principios de 2001, cuando era jefe de la Policía Judicial Federal y trabajaba para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI) fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, hoy Fiscal General de la República, por presuntos desvíos cometidos durante su paso por la Policía Federal Preventiva (PFP).

A García Luna lo responsabilizaron, primero Gertz Manero y posteriormente la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), de haber hecho uso indebido entre 1999 y 2000 de 42 millones 584 mil 289 pesos de la partida de “Acciones Policiales Especiales”, ya que los gastó en viáticos, arrendamiento de inmuebles y pago a informantes sin comprobación alguna.

“Ya traía antecedentes de pillo”, indica Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien conoció a García Luna a finales de los 90 en la corporación y, posteriormente, casi una década después, sería perseguido y encarcelado por haberlo denunciado ante el Presidente Felipe Calderón.

Tanto la denuncia de Gertz Manero como la investigación administrativa de la Secodam no prosperaron, García Luna recibió el respaldo del Procurador Rafael Macedo de la Concha y del Presidente Vicente Fox, por lo que continuó con su proyecto y el 2 de noviembre de 2001 consiguió que naciera la AFI, una corporación que pretendía ser el símil mexicano del FBI.

DE ESCRITORIO
Nota del REFORMA, 31 de marzo de 2002.

García Luna se formó como un policía de gabinete, egresado como ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 1989 y durante la década de los 90 se desarrolló en el área de análisis.

El joven agente, quien años antes había probado fortuna en las fuerzas básicas del América, se unió al grupo de investigación de antiterrorismo que entonces comandaba Wilfrido Robledo y que entre sus objetivos más importantes era combatir al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El seguimiento a los grupos guerrilleros derivó en la investigación de secuestros de alto impacto, cometidos tanto por estos grupos como por otras organizaciones delictivas que surgieron a finales de los 90 y que estuvieron encabezadas por delincuentes como Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, Andrés Caletri, “Hermano Coraje”, y Marcos Gancedo Tinoco Gancedo, “El Coronel”.

García Luna, Foro sobre seguridad en la UNAM en 2004.

La encomienda de que el Cisen investigara los secuestros, recuerda José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, fue ordenada por el Presidente Ernesto Zedillo tras el secuestro de Raúl Nava Ricaño, hijo de Josefina Ricaño de Nava, quien fundó en 1998 México Unido Contra la Delincuencia.

“En el Cisen, quienes manejaron la investigación fueron Wilfrido Robledo, Genaro García Luna y el equipo de ellos. No sé si ahí empezaron, pero por lo menos retomaron el asunto de los secuestros y empezaron a dar buenos resultados de manera pública, esto fue más o menos en 1997 y 1998″, señala.

Durante su etapa en el Cisen, explica Herrera Valles, García Luna conoció a varios de quienes serían posteriormente sus principales colaboradores, como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, quienes están imputados en Estados Unidos en la misma causa penal en la que García Luna fue declarado culpable el pasado 21 de febrero por haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

BLANCO DE SOSPECHAS
Alberto Pliego Fuentes.

En 2002, señala Ortega, quien entonces era presidente de la Comisión de Seguridad de la Copamex, el secuestrador Marco Tinoco Gancedo, “El Coronel”, acusó a García Luna de proteger a Alberto Pliego Fuentes, que había sido su subordinado en la PFP y quien extorsionaba a los jefes de las bandas de secuestradores antes de capturarlos.

Recuerda que él, personalmente, junto con el entonces presidente del organismo empresarial, Jorge Espina, se reunieron con Macedo de la Concha y le hicieron saber de las imputaciones del secuestrador en contra del titular de la AFI, pero lo único que hubo fue respaldo hacia el jefe policiaco.

“Tuvimos una junta… le dije (al Procurador) la razón, que era la negativa de Genaro a reportarse y que mi queja era que ‘El Coronel’ estaba señalando a Pliego Fuentes como su protector, como quien lo estaba extorsionando y al mismo Genaro García Luna y que eso no lo habían querido incluir en la investigación.

“Ahí se molestó mucho Genaro García Luna, lo controló el Procurador deteniéndolo del brazo y llegamos a un acuerdo con el Procurador de que iba a continuar con la investigación, pero la investigación no supimos si la terminaron o no, ya no tuvimos noticia de qué pasó con esa información”, relata.

Herrera Valles indica que como Coordinador General de Inteligencia ente 1999 y 2000, García Luna era el principal responsable de investigar los secuestros y, desde entonces, ya se sabía en el ambiente policiaco y de los criminales que su grupo apadrinaba a ciertas bandas.

Israel Vallarta y Florence Cassez

Ellos administraban, apadrinaban el secuestro, permitían que las bandas de secuestradores se llevaran dos, tres secuestros, y luego detenían a los cuidadores de las casas, pero nunca cabecillas, ni se recuperó recursos de secuestros que se habían pagado, la extorsión era muy recurrente". 

José Antonio Ortega

Ni esa denuncia, ni el escándalo que se generaría tras la captura en 2005 de Israel Vallarta y Florence Cassez, en el que la AFI hizo un montaje del operativo para la televisión, pararon el ascenso de García Luna, quien en diciembre de 2006 sería nombrado Secretario de Seguridad Pública por el Presidente Felipe Calderón.

A la SSP, agrega Herrera Valles, llegó rodeado de todo su grupo y de inmediato comenzaron a tomar decisiones que facilitaron la operación de los grupos del crimen organizado, como fue el retirar la mayor parte de los elementos destinados a vigilar las carreteras federales.

Ante este tipo de medidas y otras como el contratar agentes que no habían aprobado el examen de control de confianza, Herrera Valles decidió informar a Calderón de las sospechas que existían contra el Secretario.

“En mi carta, al Presidente Calderón le hice referencia de la gente que estaba involucrada desde que estaban en la AFI en hechos relacionados con delincuencia organizada, homicidios de comandantes, pérdida de droga, el homicidio de Enrique Salinas de Gortari… y le pido que investigue para que determine las irregularidades.

“Como no me hace caso, le mando una segunda carta, pero mi obligación ya era denunciar los hechos y le turno copia al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, que, a final de cuentas, era un cómplice de él porque no hizo ningún movimiento para atender esa denuncia, al contrario, me integran una averiguación previa por revelación de secretos”, recuerda.


"EL METRALLETA"

Israel Ávila, presunto contador de los Beltrán Leyva.


En el juicio en Nueva York, Israel Ávila, quien era una especie de contador de los Beltrán Leyva, dijo que García Luna estaba en la nómina de la organización y que en el registro lo tenían identificado como “Metralleta” o “Tartamudo” debido a la dificultad que tiene el ex funcionario al hablar.

Esta peculiaridad, dice Carlos Mendoza, consultor en temas de seguridad pública, hacía difícil la relación debido a que en las reuniones, la mayoría de las veces, no se entendía lo que García Luna había querido decir.

“Creo que todos lo han señalado, su dicción no era muy buena, era alguien discreto, era de pocas palabras, yo diría que era ejecutivo, la parte de socialización no era su fuerte, entonces, más bien, atendía agendas que eran muy concretas, muy breves.

García Luna, 2007.

Con sus problemas de dicción uno tenía que hacer esfuerzos para entender qué es lo que decía, porque hablaba con la boca muy cerrada. Lo mejor en esos casos era repetir el acuerdo para que él asintiera con la cabeza o con un monosílabo si era correcto o no era correcto". 
Carlos Mendoza

Otra característica personal, indica Mendoza, es que no es una persona abierta al escrutinio y a la crítica, esto lo llevó a no aceptar la participación de la sociedad civil como parte del control interno de la Policía, algo que, de haber implementado, seguramente le habría ahorrado acusaciones de abuso en el uso de la fuerza.

“Su estilo era muy vertical, muy autoritario, siempre rechazó la transparencia, la participación de la sociedad, con excepción de algunos grupos con los cuales él podía tener diálogo, pero en general, digamos, abría las puertas de manera muy segmentada y creo que eso, visto a la distancia, se explica por estos acuerdos mafiosos que tenía”, considera.

EL ALIADO
Presentación del libro de García Luna "Contra el crimen ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?", 2004.

El 13 de marzo de 2006, en una discreta ceremonia, Larry Holifield, representante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) en México, entregó un reconocimiento a García Luna por el trabajo realizado por la AFI en contra del narcotráfico.

“La lucha con ustedes en el AFI ha sido excelente, tenemos mucha confianza de que vamos a enfrentar a los narcos, han perdido a agentes en la lucha”, dijo Holifield.

Para ese año, de acuerdo con el testimonio rendido en Nueva York por Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, García Luna tenía cinco años en la nómina de los hermanos Beltrán Leyva, quienes habrían comenzado a pagarle desde 2001 entre 1 y 1.5 millones de dólares mensuales a cambio de protección.

Michele Leonhart y Felipe Calderón.

También la DEA ya había tenido conocimiento del caso de Domingo González Díaz, que era director del Centro de Mando de Operaciones Especiales de la AFI, y quien fue acusado por un testigo de la agencia antidrogas estadounidense de haber recibió un soborno de 1.5 millones de dólares de parte de Arturo Beltrán Leyva. 

El 5 de abril de 2011, Michele Leonhart, quien era la jefa de la DEA, alabó el trabajo de García Luna al frente la Secretaría de Seguridad Pública y dijo que el nivel de cooperación entre su agencia y México estaba mejor que nunca.

Estamos trabajando muy de cerca con México, compartimos información sobre narcotraficantes, tenemos una cooperación sin precedentes. Tenemos una misma visión sobre el futuro y esa visión compartida va a seguir", señaló.

Harry Holifield

Doce años después de esa declaración hecha en Cancún, García Luna pasó al banquillo de los acusados por haber dado protección al Cártel de Sinaloa durante dos décadas, todo el tiempo, en las propias narices de la DEA.

SU RECORRIDO
Nombre: Genaro García Luna
Edad: 54 años
Formación: Ingeniero mecánico
Trayectoria:1990-1999 En direcciones del Cisen
1999-2000 Coordinador de Inteligencia en la PFP
2000-2002 Director de la Policía Judicial Federal
2002-2006 Director de la AFI
2006-2012 Secretario de Seguridad Pública.

Situación actual: fue encontrado culpable por un jurado en EU de haber dado protección al Cártel de Sinaloa y está a la espera de recibir sentencia.

TRANSFORMACIÓN POLICIACA
García Luna, 2010.

Durante su paso por los principales cuerpos de seguridad del País, Genaro García Luna modernizó las instalaciones y los procedimientos de organización operativa e investigación de los delitos, sin embargo, no pudo desterrar los abusos ni la corrupción.

Agencia Federal de Investigación (AFI)

Fecha de creación: 1 de noviembre de 2001 
Organización: un titular y cinco direcciones generales: Investigación Policial, Planeación Policial, Análisis Táctico, Despliegue Regional Policiaco y Operaciones Especiales.
Estado de fuerza: inició con mil 500 agentes y creció a 4 mil 900.
Estrategia: aprovechamiento del ciclo de inteligencia:Planeación de la investigación
Captación de datos de gabinete y campo
Análisis de la información obtenida
Explotación de la información para dar ventaja operativa a las unidades de intervención.

Abusos y corrupción

Guillermo Vélez Mendoza murió en los separos de la AFI luego de que en un operativo a cargo del comandante Hugo Armando Muro Arellano lo asfixiaran al aplicarle una "llave china".29 de marzo 2002

Domingo González Díaz, director del Centro de Mando de Operaciones Especiales de la AFI, se da a la fuga antes de que agentes de la misma corporación lo detuvieran tras haber sido acusado por un testigo protegido de haber recibido un soborno de 1.5 millones de dólares de parte de los Beltrán Leyva.11 de octubre 2004.

Agentes de la AFI, comandados por Luis Cárdenas Palomino "recrean" para las cámaras de televisión el operativo de detención de Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez, a quienes acusan de pertenecer a la banda de secuestrados los Zodiaco.9 de diciembre de 2005.

Policía Federal 

Fecha de creación: 1 de junio 2009 
Organización: un comisionado y seis divisiones: Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica, Antidrogas y Fuerzas Federales.
Estrategia: adquiere capacidad para investigar delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público; tiene atribuciones para solicitar directamente a los jueces autorizaciones para intervención de comunicaciones; tiene facultades para asegurar escenas del crimen, ejecutar órdenes de aprehensión, procesar evidencia y obtener informes de diversas autoridades.
Estado de fuerza: inició con 6 mil 489 elementos y creció a 36 mil.

Un convoy de al menos 50 hombres fuertemente armados viaja más de 300 kilómetros por carreteras federales de Caborca a Cananea, en donde desatan una balacera con un saldo de 20 muertos, sin que ninguna patrulla de la Policía Federal los detecte16 de mayo 2007

Tras irrumpir en la mansión del narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, "El Conejo", el entonces comisionado Gerardo Garay hace su propia fiesta con prostitutas y cocaína, además es acusado de robarse medio millón de dólares y joyas.16 de octubre de 2008.

El comandante del área antidrogas, Edgar Enrique Bayardo del Villar y dos de sus subalternos son detenidos tras descubrirse que recibían sobornos de Jesús Reynaldo Zambada García, "El Rey Zambada".22 de octubre de 2008

Con información: Rolando Herrera/

"ENTREGATE o TE TIRO ANDANDO ?": EL "GOBIERNO COLOMBIANO YA NO QUIERE BATALLAR y OFRECE a NARCOS ENTREGARSE a CAMBIO de unos AÑOS de CARCEL"...una vulgar renuncia a la obligación del estado.



El Gobierno colombiano presentó este miércoles ante el Congreso un proyecto de ley que busca que narcos y bandas criminalesse sometan a la justicia a cambio de un tratamiento penal especial, que incluye algunos años en la cárcel.

Desmantelar las diversas estructuras armadas en el país se enmarca dentro de la política de "paz total" que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro, el primer Mandatario de tendencia izquierdista en Colombia.

En el caso de las bandas criminales y los narcos, no les ofrecen procesos de paz ni tratamiento político, sólo la posibilidad de someterse a la justicia ordinaria de Colombia.

"Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación... ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico", aseguró el Ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, durante la presentación del proyecto en el Congreso.

El tratamiento penal especial lo ofrecen a las estructuras que manifiesten su voluntad de acogerse a la justicia, se entreguen, confiesen sus delitos, suspendan todo tipo de actividades ilícitas, entreguen sus armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados.

Las estructuras también tendrían que entregar información relacionada con su operación que incluya rutas, puntos de acopio, embarque y operadores de compra y venta de los productos ilegales, como los narcóticos.

Además, un inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal que estén dentro y fuera del país, que servirían para reparar a las víctimas. En caso de que hagan entrega anticipada de esos bienes, podrían quedarse con el 6 por ciento de los mismos a manera de beneficio.

El proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual, sin que puedan acceder a beneficios como la detención domiciliaria ni la libertad condicional.

Además, por cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, tendrían que participar en "programas de justicia restaurativa y de reintegración", según detalla el proyecto de ley.

fuente.-

"CASAS,AUTOS,DINERO y hasta CABALLOS FINOS": REVELAN el PATRIMONIO de EX-GOBERNADOR PRIISTA RICO y todo lo RECIBIO por HERENCIA"...si,por la maldita herencia de corrupcion.


Durante su gobierno en Hidalgo, el priísta Omar Fayad Meneses clasificó como reservado su patrimonio, el cual, al asumir el cargo, aseguró que consistía en tres departamentos en la Ciudad de México, tres vehículos, obras de arte, joyería y 60% de acciones en una inmobiliaria.

A su salida del poder, la administración de su sucesor, a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar, hizo públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios actuales y exfuncionarios. Tres de ellas, de 2021, 2022 y terminación de cargo, muestran que el exgobernador es poseedor de casas, departamentos, esculturas, caballos cuarto de milla y fondos de inversión por más de 40 millones. 

Todas las posesiones, indicó en documentos entregados a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), las recibió por herencia, sin precisar quién o quiénes fueron los que le heredaron, en fechas en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal, según las referencias que incluyó en los archivos oficiales.

Todos los bienes inmuebles tienen registrada la misma “fecha de adquisición”; es decir, cuando los recibió el gobernador como parte de la herencia: 24 de agosto de 2020.

Se trata de un departamento con una superficie de terreno de 24 metros, sobre los que se ha construido 110 metros, con valor de 4 millones 400 mil pesos.

Hoja 1 de su declaración más reciente. 


Otros dos departamentos, de 73 metros de terreno y 301 de construcción (14 millones 860 mil pesos), 47 metros de terreno con una construcción de 119 metros (7 millones 160 mil pesos) y uno más con 207 metros de construcción sobre una superficie de 55 metros (7 millones 40 mil pesos) también forman parte del patrimonio que Fayad reportó como herencia de una persona física.

Asimismo, el exmandatario declaró ante la ASEH que cuenta con dos casas heredadas, una de 3 millones 984 mil 269 pesos y otra de 2 millones 429 mil 340, construcciones de 455 y 196 metros, en terrenos de 300 y 320 metros, sin especificar en la versión pública, ni en estos ni el resto de casos referidos anteriormente, la ubicación de los inmuebles.

Fayad notificó ser propietario de dos vehículos: una Chevrolet Uplander 2008 que valuó en 95 mil pesos y una Toyota Sienna 2014 en 395 mil pesos, igualmente heredadas, pero el 10 de diciembre de 2019.

El aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República también dio cuenta de un patrimonio en colecciones de arte, caballos cuarto de milla y joyas que ascienden a 3 millones 19 mil 900 pesos, siempre todas por herencia. Como en el caso de las propiedades, indicó una misma fecha de adquisición de todos los muebles: 10 de diciembre de 2019.

Esta herencia la conforman alhajas, relojes, pinturas y mobiliario por 2 millones 532 mil 800 pesos; escultura de bronce autoría de Jorge Marín valuada en 250 mil; una escultura también de bronce elaborada por José Luis Cuevas que reportó con valor de 18 mil pesos, más una pintura con la técnica de acuarela del mismo autor, en 44 mil pesos.

Asimismo, manifestó ser heredero de una litografía de Flor Minor (16 mil pesos), una escultura en papel busto de Fernando Osorno (30 mil) y caballos cuarto de milla (129 mil 100 pesos). 

En su declaración patrimonial de 2021, el entonces gobernador indicó que el año previo tuvo una remuneración neta por cargo público de 1 millón 71 mil 183 pesos, más ganancias o rendimientos por actividad financiera de 642 mil 825 pesos, que corresponden a fondos de inversión.

Asimismo, manifestó “otros ingresos” de 34 mil 422 por “arrendamiento” y de 54 millones 830 mil 62 pesos por “herencia”.

Las declaraciones especifican que todos los datos de vehículos, bienes inmuebles y muebles declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sea en copropiedad con el exfuncionario no serán públicos.

En la declaración de 2022 incluyó, además de la percepción de 1 millón 75 mil 36 pesos como gobernador, ingresos por 930 mil 979 pesos por fondos de inversión y 592 mil 802 pesos por arrendamientos. Asimismo, en cuanto a bienes inmuebles y automóviles mantuvo la misma información proporcionada a la ASEH un año antes.

En la declaración de término de encargo añadió que por rentas percibió 592 mil 802 pesos y reiteró los 930 mil 979 por fondos de inversión. Igualmente, todos sus bienes muebles, inmuebles y vehículos permanecieron sin alteración.

SUS BIENES, POR "HERENCIA"


 


Sus bienes inmuebles, en los que predomina la palabra "herencia" como origen.

DISCREPANCIAS

Fayad Meneses no autorizó que se diera a conocer su patrimonio durante su mandato –el que notificó a la Auditoría Superior del Estado (ASEH), que tiene validez legal al tener una responsabilidad pública–; no obstante, tras asumir el cargo y por la insistencia social difundió a través de la iniciativa ciudadana 3 de 3, que promueve el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que su patrimonio se conforma de tres departamentos en la Ciudad de México, tres vehículos, obras de arte, joyería y 60 por ciento de acciones en una inmobiliaria: Vianom SA de CV –que fue incluida en las declaraciones ahora abiertas, pero con acciones por 80 por ciento.

El primer inmueble que adquirió en la capital del país, en 1985, se ubica en la alcaldía Benito Juárez y tiene 160 metros de construcción. El pago, 75 mil viejos pesos, lo realizó en una sola emisión.

Los dos bienes restantes se ubican en Cuauhtémoc. Según el informe que presentó entonces, el primero lo compró de contado por 400 mil pesos en 1999, y cuenta con 120 metros cuadrados de construcción; el segundo, en tanto, lo obtuvo en 2004, a crédito. Esta propiedad cuenta con 49 metros cuadrados de construcción y, en ese entonces, refirió que estaba valuado conforme escritura pública en 990 mil 95 pesos.

En ese momento con licencia al cargo de senador para asumir la gubernatura, incluyó un BMW 330, modelo 2012, que valuó en 150 mil pesos; una Toyota 2013 (767 mil 800 pesos, a crédito), y una motocicleta BMW, 2001 (77 mil 50 pesos).

Entre 2013 y 2015, cuando se desempeñó como senador, Omar Fayad informó al IMCO que adquirió obras de arte con valor de 900 mil pesos, joyas por 450 mil y menaje de casa por un millón 500 mil pesos. Los movimientos, acotó, fueron mediante créditos.

Sobre estos bienes adquiridos no hay referencia en las declaraciones patrimoniales rendidas ante la ASEH y disponibles para consulta, ya que, en la mayoría de los casos, sólo consideró adquisiciones del año inmediato anterior, y la primera disponible es de 2021 (que incluye operaciones de 2020).

LA “ESTAFA SINIESTRA”

Un presunto esquema de desvíos a través de requerimientos de presupuesto extraordinario por 522 millones de pesos y emisión de facturas por empresas con característica de fachada para justificar obras y servicios que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), no se realizaron, fue denominado “la estafa siniestra”.

En esta probable red de corrupción estarían implicados 13 alcaldes y exintegrantes del gabinete de Omar Fayad Meneses.

En sus tres declaraciones abiertas para consulta, el exoficial Mayor Martiniano Vega Orozco reportó, adicional a su percepción de 731 mil 892 pesos anuales por su cargo público, ingresos por 333 mil 333 pesos por “jubilación” del sistema de educación pública estatal y un crédito hipotecario por cuatro millones de pesos adquirido el primero de febrero de 2019 –tercer año de gobierno– con Grupo Financiero Banorte.

Delia Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas también indagada por “la estafa siniestra” debido a que de su área salió la aprobación del presupuesto extraordinario y se validaron los gastos que corresponden al presunto desvío, registró “ninguno” en todos los rubros relacionados con posesiones: inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones; asimismo, aseguró no tener adeudos, ni créditos y no percibir más ingresos que su salario como funcionaria.

De César Mora Velázquez, secretario de la Contraloría también indagado por su probable participación en la red de desvíos, no hay registro en la base de datos abierta de ninguna declaración patrimonial.

A Blancas y Martiniano los une otro procedimiento por lo que inició una investigación el nuevo gobierno:

En agosto de 2021, el gobierno de Hidalgo donó un predio de 3 mil metros cuadrados con el fin de incrementar la atención a infantes con discapacidad a la recién constituida la Fundación Delia Hidalgo By Milka A.C. Con esto, se funcionaban el Centro de Atención Milka Amor Constante, niños y jóvenes con discapacidad intelectual por la diversidad, una asociación civil que trabajaba por esta causa, y otra recién creada que llevaba el nombre de la madre de la secretaria de Finanzas (Delia Hidalgo Bardales, quien falleció el 14 de enero de 2021).

De acuerdo con el decreto por el cual se autorizó al entonces oficial Mayor, Martiniano Vega, celebrar el contrato de donación con la asociación civil, publicado en el Tomo CLIV, Ordinario Núm. 33 del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, se trata de una fracción del inmueble Campos de Aviación No. 1, localizado en la carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, en la colonia Venta Prieta, en la capital del estado. La superficie donada, tres mil 50.611 kilómetros cuadrados, se encuentra en zona la conurbada, cerca de unidades habitacionales, agencias automotrices, instituciones educativas y comercios, en una zona de alta plusvalía. 

Mantenía sus declaraciones reservadas. Foto: Especial.

En noviembre del año pasado, Ana María González Hernández, cuya hija había creado la asociación Milka, acusó que ella fungía como representante legal de la Fundación Delia Hidalgo By Milka A.C. y fue quien hizo la petición del terreno, pero que la exsecretaria de Finanzas no respetó el acuerdo que tenían para que una parte del espacio les fuera concedida a ellos para sus actividades.

El reclamo se originó porque, acusó González Hernández, la exsecretaria de Finanzas y su equipo de trabajo cerraron las instalaciones del centro de rehabilitación Milka, que ofrecía educación especial y terapia conductual a 48 infantes en esta condición; además, estaba ubicado en el terreno que donó la administración anterior.

Días después, el gobernador Julio Menchaca informó que la Fundación Delia Hidalgo –investigada por esa cesión de bienes– había regresado el predio.

 Fuente._@axelchl



"TRAIAN TODO el KIT de PER_JUDICIALES": EX-MINISTERIAL JUBILADO y POLICIA con PATRULLA CLONADA,CHAROLA y ARMADOS ANDABAN EXTORSIONANDO"...no se les quitaron las mañas,no era gripe.


Por presuntamente privar de su libertad y extorsionar a un chofer haciéndose pasar como detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, un agente ministerial jubilado y un ex policía de García fueron capturados, en Escobedo.

Efectivos de la AEI sorprendieron a los falsos agentes cuando presuntamente tenían privado de su libertad al conductor de un camión de carga y se encontraban extorsionando a su patrón, a quien le exigían 50 mil pesos para dejar libre al chofer y la unidad.

Según una fuente policial, el ex agente Marco Antonio S., de 51 años, y el escolta privado y ex policía de García, Gerardo A., de 35, andaban armados y con ropa similar a los uniformes de los ministeriales.

También usaban un auto clonado como patrulla de la AEI.

La fuente señaló que la captura la efectuaron elementos de la Coordinación de Robo de Vehículos, en Avenida Monterrey y Florencia, en la Colonia Valles de San Francisco.

En su testimonio, el afectado dijo que conducía un tractocamión cuando fue interceptado por un auto Dodge Charger blanco, con luces estroboscópicas encendidas, en la calle Antiguo Camino Real, del lado de Monterrey.

Los falsos agentes le pidieron la documentación del camión, argumentando que el vehículo tenía reporte de robo y la carga también.

Luego se comunicaron con su patrón, a quien le exigían 50 mil pesos para dejar libre al chofer y la unidad, explicó la fuente.

Mientras estaban en el lugar, llegaron policías de Escobedo, quienes dialogaron con los supuestos agentes y después, los falsos detectives le indicaron al chofer que moviera la unidad unos 300 metros y quedó en suelo escobedense.

El dueño del camión, seguro de que no había irregularidades en su unidad y que era una extorsión, denunció los hechos vía telefónica.

Los verdaderos agentes ministeriales llegaron y sorprendieron a los falsos detectives, quienes afirmaron que eran elementos de Seguridad Pública de Escobedo. Después reconocieron que uno de ellos fue detective de la AEI y el otro era escolta privado y fue policía de García.

Ambos fueron sometidos y les aseguraron las pistolas, cargadores y cartuchos, así como una navaja, una "charola" de la corporación estatal, y la patrulla clonada.

fuente.-

LOS "EJECUTO el EJERCITO MEXICANO": "CONFIESA GOBIERNO CUATRERO MULTIASESINATO y PIDEN IR CONTRA MANDOS MILITARES que SIEMPRE SALEN SIN BRONCAS"...todo es con los_esos en vez de los sesos.



El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que el Ejército ejecutó a los cinco jóvenes que murieron el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. “No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, ha declarado este miércoles el funcionario.

Al llegar a una reunión a la Cámara de Diputados, el subsecretario reconoció que hay elementos que acreditan que los jóvenes no iban armados. La declaración de Encinas contradice las primeras versiones del Ejército mexicano que indicaban que sus elementos activaron sus armas al escuchar disparos y al ver la camioneta donde se trasladaban los jóvenes a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas.


Aunque indicó que se debe esperar a la conclusión de la investigación que se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el funcionario aseveró que es necesario indagar si los militares que dispararon a los jóvenes siguieron instrucciones de sus superiores o no. “Todos tienen derechos, pero quienes infringen la ley deben cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar las cadenas de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas sino de la cadena de mando en este operativo”, expuso.
Del ataque sobrevivieron dos jóvenes que han relatado que los militares continuaron disparándoles a pesar de que ya estaban tirados en el suelo. Además, el caso se dio a conocer cuando horas después, los militares regresaron al lugar de la masacre para retirar el vehículo y los vecinos y familiares de las víctimas intentaron detenerlos, lo que provocó un enfrentamiento a golpes entre los civiles y los uniformados.
Sobre el caso en Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado, en conferencia de prensa, que se debe investigar lo sucedido. “Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie”, afirmó días después de lo ocurrido. Desde su campaña a la presidencia, el político tabasqueño fue crítico de las ejecuciones extrajudiciales, al aseverar que no seguiría con la estrategia de administraciones anteriores de matar a los criminales.


Por otro lado, cuestionado sobre las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, Encinas dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya entregó la información requerida por el Gobierno de Israel para el proceso de extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. El exfuncionario, prófugo en ese país con el que México no tiene tratado de extradición, está acusado de fabricar pruebas y de tortura en el caso.

Fuente.-Isabella Gonzalez/Diario Español/ imagen/web