Asumiendo una posición defensora de los criminales que va en detrimento de la seguridad d los ciudadanos, que han sido testigos de como estos "siembran terror para cosechar el miedo que traducen en ganancias",el gobernador de Morena en Tamaulipas ,Americo Villarreal Anaya,que arrastra "sospechas y tambien evidencias" de contubernio con delincuentes organizados, que le viene en el ADN pues su padre,Americo Villarreal Guerra,considerado el "primer Villarreal bandido, tambien se confabulo,se manifestó en contra de la petición por escrito de fiscales generales de Estados Unidos, en la cual solicitaron al Presidente Joe Bidenm que declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas,Americo Villarreal señala que tiene sesgos políticos.
“Creo que es una situación que tiene que ver allá a nivel federal porque esa denominación pues tiene sesgos desde el punto de vista de presiones políticas”, respondió el mandatario tamaulipeco cuando se le preguntó del tema.
Mencionó que, “al clasificar una situación como terrorismo, pues les da otra facultad desde el punto de vista de intervención en las políticas de una nación”.
Américo Villarreal añadió lo siguiente: “no son situaciones que se están dando con esta denominación en las condiciones de la delincuencia que sufre en este momento nuestro país y nuestra entidad”.
Americo Villarreal quien asumió el "poder parcial" del gobierno del estado, pues su antecesor aun conserva desde su condicion de fugitivo el control de la Fiscalía General y el Tribunal Estatal de Justicia ,ha sido testigo de como los "Carteles" que defiende de la denominación de terroristas,"aterrorizan",pues "decapitan y descuartizan" como lo hace el temido grupo terrorista Islamico de "Al Qaeda".
Los fiscales generales de 21 estados solicitaron el pasado miércoles al gobierno del presidente Joe Biden que use sus poderes para declarar a los cárteles mexicanos de la droga, como organizaciones terroristas.
En la misiva dirigida al mandatario demócrata y al secretario de Estado, Antony Blinken, los procuradores, todos republicanos, pidieron a la administración “ejercer el poder que le ha conferido el Congreso para tomar medidas rápidas y decisivas para abatir este mortífero azote”.
Nataly García, Alcaldesa de Díaz Ordaz, Tamaulipas, ahora fue captada en un video dando "pasos prohibidos" al ritmo vallenato.
En diciembre, la morenista causó polémica al aparecer en el desfile aplazado de la Revolución Mexicana con carrilleras que mostraban presuntamente balas reales de armas largas.
García gobierna uno de los municipios de la frontera chica de Tamaulipas más afectados por la narcoviolencia.
En la grabación de 14 segundas, la Edil exhibe sus mejores pasos de baile acompañada de un adulto que identifica como su "compa", "La Wichola", quien porta una gorra guinda, los colores de Morena.
Al denunciar que el actual Gobierno Federal achica las libertades, la Diputada Federal panista Margarita Zavala,esposa del ex-Presidente acusado de proteger al narco,Felipe Calderon, acusó persecución política contra la Oposición rumbo al 2024 y dijo que no solo el ex Gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta una persecución de la 4T, sino también todo aquel que "huele" a opositor.
"Darnos cuenta de que en este País se persiguen a los opositores y eso tiene que ver con la libertad de expresión", dijo la esposa del ex Presidente Felipe Calderón.
Todo el que está en contra de las actuales políticas públicas absurdas y cobardes, dijo, viven la persecución.
"Y que si un periodista le pasa algo, recibe no sólo desprecio, también hasta burla. Me parece que sí hay persecución", aseveró.
Zavala advirtió que García Cabeza de Vaca es uno de los muchos y claros casos de persecución política en México.
"El asunto es que pare la persecución a todos los opositores, ni siquiera es el primero (Cabeza de Vaca), la Oposición está siendo perseguida", subrayó.
"Es una persecución clarísima contra él y contra cualquiera de los opositores.
Se nos achican las libertades, en la medida en que se persigue a los opositores, como es el caso de este estado y como es el caso precisamente del ex Gobernador".
El ex Gobernador enfrenta una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero desde que terminó su sexenio el pasado 30 de septiembre, Cabeza de Vaca huyo de Tamaulipas y se encuentra en Estados Unidos, donde vive con su familia debido a que cuenta con doble nacionalidad.
Pese a la situación, Zavala no descartó a Cabeza de Vaca para ser uno de los aspirantes de la alianza "Va por México" a la candidatura presidencial.
"Sí lo veo como candidato", manifestó.
Y da espaldarazo a candidata del PAN
Margarita Zavala arribó ayer a Tamaulipas a fin de apoyar a la candidata a Senadora de la alianza "Va por México", Imelda Sanmiguel.
Ayer la acompañó a un evento masivo en Xicoténcatl, uno de los municipios chicos del estado que es bastión del PAN, donde gobierna.
Además es la tierra del ex candidato a la Gubernatura, César Verástegui, quien asistió al mitin.
Dijo que el Senado ocupa una mujer como Sanmiguel y no uno que sólo le importen los intereses del Presidente.
"Y no trabajar por su estado", criticó, "y por eso yo estoy aquí porque tiene una dimensión este voto el 19 de febrero, una dimensión nacional".
Sanmiguel dijo que va bien en su campaña al Senado y ha recorrido hasta en 4 ocasiones algunos de los 43 municipios del estado.
"Imelda Sanmiguel está lista para tomar ese lugar en el Senado de la República", afirmó.
El Tamaulipas "donde no pasa nada",concebido en la mente del Gobernador de Morena Americo Villarreal,el de las cifras alegres del gobierno que dice registrar disminuciones históricas que son propaladas dolosamente por la prensa entregada al gobierno,volvio a mostrar su verdadera cara, cuando esta mañana, un presunto topon de "guardias estatales" y gatilleros se registró en la carretera costera en el tramo de Rayones a Soto la Marina a la altura del poblado "Tampiquito",con un saldo aun no oficial de 1 muerto.
Los "guardias estatales" se vieron rebasados por la cantidad de sicarios, los cuales muchos de ellos lograron escapar, dejando en la escena numerosas armas,pertrechos y
sobre la carpeta asfáltica infinidad de ponchallantas.
Los hechos se presume ocurrieron antes de las 11:00 horas y aun las autoridades no dan un informe oficial.
Si vive en Tamaulipas bajo el Gobierno de Americo Villarreal, planea hacerlo o pasará una larga estancia, preocúpese por no ensuciar mucha ropa ya que ante la escasez de agua que vive la entidad, las autoridades estatales y federales acordaron medidas para evitar el desperdicio del vital líquido.
Entre las medidas implementadas se incluye lavar prendas una vez por semana o reutilizar agua de duchas o lavadoras para el sanitario.
Tras una reunión realizada ayer por funcionarios relacionados al tema, se anunciaron los lineamientos del "Semáforo del agua", derivado de una iniciativa aprobada por el Congreso local en agosto de 2022.
Según el documento, se estableció un semáforo con tres colores: verde, amarillo y rojo, que se actualizará conforme a la disponibilidad del vital líquido en los 43 municipios de Tamaulipas.
Las nuevas medidas, que no fueron consultadas a la población, se determinaron de forma unilateral y entrarán en vigor en un plazo aproximado de 10 días, luego de que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
A la fecha y de acuerdo con el semáforo, los municipios de San Fernando, Abasolo y Soto la Marina están en color rojo, por lo que, de haber entrado en vigor hoy las medidas, tendrían que ajustarse a las normas.
Entre las reglas establecidas, se indica que el aseo personal tiene que hacerse con "extremo cuidado", mientras que el uso del sanitario debe ser preferentemente con agua reutilizada de duchas corporales o lavado.
Asimismo, el lavado de ropa ya sea en lavadora o a mano tendría que efectuarse una vez a la semana en municipios con luz roja.
Las restricciones se van flexibilizando conforme si el Municipio se coloca en amarillo o verde, donde se puede lavar de dos a tres veces por semana, dependiendo el color.
En cualquiera de los tres colores, también se restringe el regado de plantas, un día para los que estén en rojo y amarillo y dos días en verde.
Para el sector de la construcción sin importar el color del semáforo recomendaron el uso del agua reciclada, así como en el llenado de albercas y lavados de autos.
Solo se permite el lavado de carros en casa 1 ocasión a la semana, con cubeta y agua no potable.
El lavado de manos quedó sin restricciones, pero con cuidado del agua, así como de alimentos, enseres de cocina y aseo de espacios doméstico.
Operan al margen de la ley
Por su parte, el titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (Ceat), Raúl Quiroga, advirtió que el año pasado fue el peor de los últimos en cuanto a sequía y que el 2023 lo superará.
Por ello, expresó, se aplicarán las fuertes restricciones en el uso del agua doméstica en los 43 municipios de Tamaulipas.
Quiroga, alertó que la necesidad de agua en el estado resulta fuerte, lo que afecta principalmente a la población de las ciudades fronterizas y del centro, donde habitan más del 70 por ciento.
"Tenemos un problema tan importante que incluso estamos operando al margen de la ley, ¿que quiero decir con esto?: bueno que tenemos autorizado extraer un determinado volumen y para poder cubrir las necesidades, la demanda de la población extraemos en algunos casos el doble del volumen que tenemos asignado", reveló.
"Y la ley de aguas nacionales establece que quienes extraiga volúmenes por arriba de lo asignado, en este caso para las ciudades, pues está cometiendo un ilícito", agregó.
La escasez de agua todavía no se resiente sobre todo en la frontera, dijo, debido a esa extracción ilegal del agua del Distrito de Riego 025.
"Y hemos soportado el crecimiento de las ciudades en detrimento de la producción de alimento que se lleva a cabo en ese importante distrito de riego que, es el más grande del noreste del país", manifestó.
Cecilia Patricia Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que ni la Secretaría de Gobernación, ni Alejandro Encinas, mantienen contacto con familiares de desaparecidos para brindarles apoyo así como lo aseguró hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa mañanera y como lo afirmo ademas en su reciente visita a Tamaulipas,donde despotrico contra el Gobierno de Cabeza de Vaca,pero "dejo sanito" el gobierno de Americo Villarreal,ocultando las cifras de los desaparecidos y la violencia de tiempos de cuarta transformacion.
Ayer ser cuestionado por una reportera sobre la atención a familiares de desaparecidos, el Ejecutivo federal respondió que tanto la Segob, como el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, tienen en marcha uno de los programas con mayor presupuesto para encontrar a desaparecidos, además de comunicación constante con sus familiares, pero la sonorense refutó este dicho.
Creo que lamentablemente él presidente no está informado de la verdad que vivimos las familias de desaparecidos la negligencia que ay por parte de las autoridades para la búsqueda y la investigación de nuestros desaparecidos que aún sin recursos los buscamos porque los amamos pic.twitter.com/AIE2Vwbyvi
“Con toda la pena me atrevo a desmentir lo que dijo el día de hoy (el presidente) en la mañanera, ya que lamentablemente no es verdad que Encinas esté en constante comunicación con todos los colectivos del país”, aseguró a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.
“Yo tengo dos años solicitándole que me ayude a buscar a mis hijos ya que estoy desplazada y al momento no tengo respuesta por parte ni de Karla Quintana, ni de Encinas, que fueron las personas que se reunieron conmigo”.
Cecilia Patricia dejó en claro que el rastreo permanente de personas desaparecidas es realizado por familiares con sus propios recursos y donaciones que reciben por parte de solidarios con la causa, pues hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
“Lamentablemente, el presidente está muy engañado por Encinas porque ni busca, ni apoya, ni las atiende (a las madres buscadoras), ni las escucha y ni si quiera se reúne con nadie… Así que desmiento, por mi parte, rotundamente, y por mi colectivo lo que dijo el presidente hoy en la mañana y que le diga a Encinas”, subrayó.
La organización Causa en Común documentó que entre el 1 de enero y el 2 de febrero, en Zacatecas fueron asesinados por lo menos 6 elementos policíacos.
El 12 de enero de 2006, Gerardo Tzompaxtle Tecpile, su hermano Jorge Marcial y Gustavo Robles López fueron detenidos arbitrariamente en Veracruz por integrantes de la entonces Policía Federal. Después, fueron arraigados durante 90 días por orden de un juez. No sabían de qué los acusaban, ni conocían las razones por las cuales los privaron de su libertad.
En realidad, los arraigaron para poder investigar un posible delito de delincuencia organizada, pero nunca se enteraron de las razones por las que se les había detenido. Durante los tres meses de arraigo fueron amenazados y además fueron testigos de cómo a otras personas detenidas se les torturaba.
El arraigo consiste en privar de la libertad a las personas para investigarlas por delitos de delincuencia organizada y después presentar una acusación formal en su contra. Esto en México tiene una cronología inversa: primero detienen a las personas sospechosas de cometer un delito, luego las investigan y al final las acusan. La realidad tendría que garantizar derechos de acuerdo con los estándares internacionales que establecen primero investigar a la persona, luego acusarla, y por último detenerla.
Como si no fuera suficiente la violación de derechos que se comete con la inversión del proceso, en la práctica se recurre a sitios informales y que resultan más similares a los que se ocupan para la comisión de delitos que para la procuración de justicia. El arraigo no se lleva a cabo en una prisión o reclusorio de los que solemos conocer. En varios casos, las personas arraigadas fueron llevadas al antiguo hotel Central Park en la colonia Doctores; lugar habilitado entonces por la PGR. Se sabe que otros arraigados también eran llevados a casas decomisadas al crimen organizado y que luego se transforman en casas de seguridad, como si fuera un secuestro institucional.
Los hermanos Tzompaxtle y Robles López sufrieron las arbitrariedades del arraigo. Apenas el pasado viernes 27 de enero de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano violó los derechos humanos de Gerardo, Jorge Marcial y Gustavo al someterlos a la figura de arraigo. También determinó que el arraigo en sí mismo –regulado en el artículo 16 de la Constitución que se sigue aplicando al día de hoy– es violatorio de derechos humanos.
Por ello, la Corte Interamericana ordenó como medida de reparación al Estado mexicano “dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, la normatividad relacionada con el arraigo”. Esto significa que México tendrá que modificar el artículo 16 de la Constitución y desterrar la figura de nuestras leyes. Lo anterior genera varias interrogantes respecto de cómo es que las autoridades mexicanas se comportarán frente a la fuerte condena en su contra.
Por un lado, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presume que protege ampliamente los derechos a la presunción de inocencia y debido proceso –como en el caso de Florence Cassez. Pero como hemos podido observar, en el caso del arraigo, la Suprema Corte ha sido una institución cómplice que silenciosamente ha legitimado al arraigo con sus peores prácticas. Si se asume como una verdadera institución protectora de los derechos humanos, tendrá que ordenar la eliminación del arraigo de la Constitución lo antes posible.
Por otro lado, está el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Si se consideran realmente defensores del pueblo recibirán con respeto la sentencia e impulsarán los cambios legislativos que sean necesarios para eliminar dicha figura. No importa que estas violaciones se hayan cometido en el gobierno de Fox. Si el gobierno actual es diferente, acatará la sentencia.
Por cierto, esta sentencia solo es la antesala de la inminente responsabilidad internacional de México en el caso de Daniel García, en el que la Corte Interamericana ordenará reformar el artículo 19 para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Amigo, socio y cómplice de Genaro García Luna –sujeto a juicio en una corte de Nueva York por delitos de conspiración para traficar y distribuir drogas hacia Estados Unidos y falsear declaraciones–, el expolicía Luis Cárdenas Palomino, preso en el Altiplano desde 2021 por tortura, aprovechó la influencia política de la familia de su exesposa Minerva Elizabeth Castillejos Cervantes para posicionarse en cuerpos policiales de inteligencia y seguridad, y desde allí utilizó una red de 150 empresas, algunas de ellas identificadas como factureras y otras más de seguridad, para hacer negocios y lavar dinero producto de sobornos que recibía de narcotraficantes, principalmente del Cártel de Sinaloa que lideraba Joaquín el Chapo Guzmán, a cambio de otorgarles protección para transportar drogas hacia Estados Unidos.
En las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aparecen en los archivos los nombres de familiares de Cárdenas Palomino y la influencia política que éstos tuvieron cuando ocuparon cargos públicos en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Uno de esos familiares es su exsuegro Marcos Castillejos Escobar, abogado que fue ejecutado en 2008 con seis disparos cuando llegaba a su oficina en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y quien era compadre y socio en un despacho de abogados con el general Rafael Macedo de la Concha (este último fue procurador general de la República en el gobierno del panista Vicente Fox).
El suegro de Cárdenas Palomino también fue subprocurador general de la República y, por su influencia en áreas de procuración de justicia, defendió en tribunales a los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes utilizaban las influencias de su madre Marta Sahagún, esposa de Fox, para gestionar a empresas privadas contratos con Petróleos Mexicanos; sin embargo, a pesar de las evidencias en su contra la justicia nunca los alcanzó.
Otro es el excuñado de Cárdenas Palomino, Humberto Castillejos Cervantes, quien fue coordinador de asesores de Macedo de la Concha y de Eduardo Medina Mora cuando ambos fueron titulares de la PGR en los gobiernos de Fox y Calderón.
El cargo político más importante de Castillejos Cervantes fue sin duda en el gobierno de Peña Nieto, al desempeñarse como consejero jurídico de la Presidencia de la República, mientras que su cuñado Cárdenas Palomino y su García Luna hacían negocios con grupos del narcotráfico y creaban empresas que facturaban operaciones simuladas (EFOS) e introducían recursos ilícitos en los circuitos financieros del país mediante depósitos y triangulaciones por cientos de millones de pesos.
En 1989, primer año de gobierno del priísta Carlos Salinas de Gortari, Cárdenas Palomino y García Luna ingresaron como agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y en 1993 Luis Cárdenas ingresó a la PGR y fue hasta 1996, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando asume el control del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En 2001, al arranque del gobierno de Fox, el ascenso de Cárdenas Palomino continúa y se convierte en el primer director general de Investigación Policial de la recién creada Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En 2006, ya en el gobierno de Calderón y bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, su compadre Cárdenas Palomino se convierte en titular de Seguridad Regional y después en coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito
Esposa, exesposa, novia, hijo, madre, beneficiados con dinero sucio
A Luis Cárdenas Palomino lo apodaban el Pollo y además de amigo era la mano derecha del exsecretario García Luna, lo que le permitió consolidar la red de empresas factureras y hacer negocios para triangular dinero sucio hacia familiares y cómplices, producto de los sobornos del narcotráfico combinado con empresas privadas de seguridad y la compra-venta de residencias con prestanombres.
El expolicía preso en México, estuvo casado con Minerva Elizabeth Castillejos hasta el año 2004; en 2012 contrajo matrimonio con Gizeh Díaz Martínez, lo que les permitió recibir transferencias millonarias en sus cuentas bancarias.
Otros familiares y personas cercanas a Cárdenas Palomino, como sus hijos, su madre, su novia Claudia Soto González y la mamá de ésta, Estela González Barrientos, primos y tíos también fueron involucrados en transferencias de dinero, en la constitución de empresas y en la triangulación de recursos ilícitos identificadas por las autoridades mexicanas.
Algunas de las cuentas de Luis Cárdenas fueron abiertas en Banamex (6203474 y 9037686348), American Express (376664556083003), BBVA Bancomer (0002635), Santander Vivienda (20003180464), Banco Azteca y Banco Santander (60545640209). Tan sólo en esta última cuenta, el expolicía ahora preso recibió depósitos en un año –de noviembre de 2013 a noviembre de 2014– por 26 millones 359 mil 667.64 pesos.
A su actual esposa Gizeh Díaz Martínez, Cárdenas Palomino le transfirió en un periodo de 4 años (junio de 2016 a noviembre de 2014), 30 millones 864 mil 893.76 pesos a su tarjeta American Express, más otras transferencias directas por 255 mil 800 pesos.
A su exesposa Minerva Elizabeth Castillejos Cervantes le hizo una transferencia electrónica el 26 de agosto de 2009, por 3 millones 100 mil pesos; además, también es beneficiaria de la cuenta 9037686348 que Cárdenas Palomino abrió en Banamex.
En esa misma cuenta bancaria de Banamex, de la cual son beneficiarios su exesposa y su hijo Luis Cárdenas Castillejos, la UIF la identifica como depositaria de dinero del narcotráfico “para mantener un control equilibrado en el tráfico de drogas”.
Con su novia Claudia Soto González y la madre de ésta, Estela González Barrientos, el amigo y cómplice de García Luna hizo negocios de compra-venta de seis residencias a través de la empresa Smart Shield Consulting, SA de CV, de la cual es accionista y representante legal Cárdenas Palomino, dedicada a los “servicios de investigación y protección”.
Sólo a través de esa empresa Smart Shield, este expolicía movió 28 millones 502 mil 582 pesos en operaciones de compra-venta de bienes inmuebles.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, Cárdenas Palomino realizó viajes al extranjero en compañía de su cuñado Humberto Castillejos Cervantes, su hijo Luis Cárdenas Castillejos, su esposa Gizeh Díaz Martínez, Elena Cárdenas Díaz y Humberto Cárdenas, principalmente a Estados Unidos, Panamá y Reino Unido.
Señalado reiteradamente en el juicio que se lleva a cabo en contra de García Luna en una corte de Nueva York, Estados Unidos, en donde Cárdenas Palomino también es coacusado, este expolicía ocupaba al mismo tiempo cargos públicos en áreas de inteligencia y policiacas que constituía empresas con familiares y amigos para triangular cientos de millones de procedencia ilícita.
En cuanto a los primos de Cárdenas Palomino que aparecen involucrados en movimientos de dinero de supuesta procedencia ilícita, se trata de: Gustavo, Cecilia y Ramón Cárdenas Moreno; así como su tío Gustavo Cárdenas Fuentes, quienes tienen alertas por triangular recursos, adquirir propiedades y constituir empresas que habrían blanqueado de capitales del narcotráfico.
Por ejemplo, su primo Gustavo Cárdenas Moreno aparece en listas del Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), oficina perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por el presunto delito de lavadode dinero en operaciones por 474 mil 102 dólares, algo así como 8 millones de pesos.
Este familiar del expolicía Cárdenas Palomino realizó 362 vuelos internacionales entre 2015 y 2019 a 14 países de América y Europa, algunos de ellos considerados por las autoridades como paraísos fiscales.
La esposa de Gustavo Cárdenas Moreno, Lidia Elizondo Himes, tiene alertas en la UIF y aparece desde 2016 en la lista de depositantes de los llamados Panama Papers, en el paraíso fiscal de Panamá, además de que las autoridades financieras mexicanas la identifican como beneficiaria de transferencias de cuentas bancarias de su marido, entre 2017 y 2019, por 123 millones 308 mil 981.1 pesos. Además, en los expedientes de los que Contralínea posee copia se apunta que realizó 104 vuelos con destino principal a tres países: Estados Unidos, España y Francia.
Gustavo Cárdenas Moreno es accionista y apoderado de por lo menos 13 empresas y sólo una de ellas, Obses de México, SA de CV, tiene alerta de la Secretaría de Hacienda porque en sólo cuatro años, de 2014 a 2017, registró ingresos al fisco por 179 millones 148 mil 181 y tuvo más deducciones que ingresos al alcanzar los 232 millones 742 mil 807 pesos.
En el reporte fiscal de sus ingresos directos, Cárdenas Moreno presentó declaraciones anuales de 2015 al 2019 por 112 millones 926 mil 392 pesos y deducciones de impuestos por 417 mil 933 pesos.
Un ex agente federal mexicano y otros dos dueños de negocios se declararon culpables de vender y usar software de piratería a políticos y entidades privadas esta semana. El software fue utilizado contra un candidato a alcalde en el estado de Morelos.
Esta semana, Julio Santamaría, exmiembro de la Procuraduría General de Justicia de México, compareció ante un juez federal de EE. UU. en California y se declaró culpable de conspiración para cometer interceptación de comunicaciones , reveló la Fiscalía de EE. UU. Se espera que enfrente la sentencia en una fecha posterior.
De acuerdo con la información presentada por los fiscales, en 2016, Santamaría comenzó a trabajar para una empresa con sede en Tijuana llamada Elite by Carga y, junto con Carlos Guerrero y Daniel Moreno, comenzó a vender software para hackear de origen italiano e israelí a empresas y políticos mexicanos. Guerrero y Moreno se declararon culpables del mismo cargo en febrero de 2022 y recibieron una sentencia de tres años de libertad supervisada.
Documentos corporativos mexicanos revelaron que "Elite by Carga" proporciona equipos de seguridad a agencias gubernamentales, incluidos uniformes, equipos de comunicación, equipos de vigilancia y servicios informáticos.
Según la Oficina del Fiscal Federal, Santamaría admitió que “en algunos casos, sus clientes del gobierno mexicano tenían la intención de usar el equipo de interceptación con fines políticos, en lugar de fines legítimos de aplicación de la ley”.
Uno de los casos detallados en varios documentos judiciales reveló que Santamaría y los otros dos hombres trabajaron con un candidato a alcalde en Morelos para espiar a su rival político al obtener acceso a sus cuentas de Twitter, Hotmail e iCloud. Otros documentos presentados en el caso también apuntaban a que el grupo podía acceder a las cuentas de WhatsApp de sus objetivos. Algunos de los objetivos que la empresa mexicana hackeo tenían teléfonos estadounidenses y software basado en Estados Unidos.
Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. fue la agencia líder en el caso.
