ACUSACIONES CRUZADAS,NEGOCIACIONES ENCUBIERTAS y GRABACIONES OCULTAS "RODEAN" la MUERTE del HERMANO del FISCAL de la FGR...cuando elefantes pelean, la que sufre es la hierbita.

La muerte del hermano de Alejandro Gertz en 2015 y la disputa que mantiene el fiscal general con su familia política desde entonces ha derivado en una trama de acusaciones cruzadas, negociaciones encubiertas y conversaciones grabadas a escondidas. 

Alejandra Cuevas, la hija de la que fue pareja de su hermano, está en la cárcel desde octubre, acusada de su asesinato. El mismo Gertz la denunció a la muerte de éste en 2015. Los hijos de Cuevas critican que el fiscal les embarcó en una negociación a finales del año pasado para sacarla de prisión. Gertz niega cualquier tipo de negociación: “Ellos están tratando de establecer que existió una negociación entre mi persona y ellos para poder salvar el caso de su madre, que está en la cárcel por haber cometido un delito”, asegura el fiscal a EL PAÍS.

En este contexto, la familia política de Gertz pagó 3,5 millones de pesos al fiscal con un cheque, en noviembre de 2020, para, a su juicio, buscar la liberación de Alejandra Cuevas, en prisión desde hacía un mes, acusada del asesinato de Federico Gertz. Según los hijos de Cuevas, el cheque es parte de una serie de exigencias que el máximo procurador les hizo llegar para que el caso del asesinato de su hermano no prosperara y Cuevas y otros miembros de la familia no tuvieran problemas. El pago equivale al dinero que la madre de Cuevas retiró de las cuentas que tenía junto a Federico Gertz, su pareja, a la muerte de éste en 2015. El fiscal considera que ese dinero le correspondía por testamento.

En entrevista con EL PAÍS, Gertz no negó que hubiera cobrado el cheque, pero rechazó que la devolución del dinero y el resto de peticiones ocurrieran en un contexto de negociación para la liberación de Cuevas. “Yo nunca he hecho una negociación para sacar de la cárcel a esa señora. Con esa claridad y esa contundencia”, asegura el fiscal. “Las relaciones que yo tenga por el dinero, que es reparación del daño, son asunto de la señora Laura Morán y míos”, añade.

El encarcelamiento de Alejandra Cuevas, de 67 años, en octubre de 2020, ha llevado a sus hijos a buscar todas las formas posibles para sacar a su madre de prisión. El hoy fiscal denunció a Cuevas, su hermana Laura y su madre Laura Morán, pareja de su hermano, tras la muerte de éste en septiembre de 2015. Las acusaba de homicidio doloso por omisión. Según el fiscal, no hicieron nada ante el deterioro de Federico Gertz, que al morir contaba con 82 años. Según Gertz, ese deterioro le costó la muerte.

El caso quedó detenido por años hasta mediados de 2020. La Fiscalía de Ciudad de México archivó la denuncia en dos ocasiones. Pero en julio del año pasado, los investigadores dieron un vuelco al caso y procesaron a Alejandra Cuevas y a su madre. Para entonces, Gertz ya se había convertido en fiscal general. Preguntado por si ha mantenido algún tipo de comunicación con el Ministerio Público de Ciudad de México por este caso desde que es fiscal, el máximo procurador señaló: “Yo no he tratado directamente eso con nadie, lo hacen los abogados que me representan. Yo no trafico con influencias. Yo no extorsiono ni uso los medios para extorsionar”.

Los hijos de Cuevas sostienen que la supuesta negociación empezó a finales del año pasado. El 21 de septiembre, el abogado que les había llevado el caso durante cinco años renunció y les dijo que hablaran con el amigo que les había puesto en contacto. Era Fernando Díaz, esposo de una sobrina de Cuevas. Ella y sus hijos hablaron con Díaz ese mismo día. Los hijos de Cuevas dicen que Díaz les hizo saber que la única manera de cerrar la batalla legal con el fiscal era ceder a sus exigencias.

Ese día, Díaz, siempre según esta versión, les explicó también que él era solo un eslabón de la cadena de intermediarios del fiscal. El otro eslabón era el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo. Díaz, sostienen los familiares, les explicó como funcionaría la comunicación con el fiscal. Les dijo que Gertz se comunicaría con Del Mazo y éste con él, que les haría llegar las peticiones del fiscal. Preguntado al respecto, Gertz no negó la comunicación con Del Mazo. “Los contactos que yo tenga no los pongo a discusión en este asunto”, dijo.

Díaz es cuñado de Alfredo del Mazo. Sus esposas son las hermanas Regina y Fernanda Castillo respectivamente, sobrinas de Alejandra Cuevas. EL PAÍS cuenta con copia de los registros de varias conversaciones que los hijos de Cuevas y Díaz mantuvieron entre octubre y noviembre pasado. Este diario se ha puesto en contacto con Díaz, quien pidió que se le mandaran las preguntas por correo electrónico, pues iba a salir de vacaciones. Después de cinco días, Díaz no ha contestado el correo.

Entre finales de septiembre y mediados de octubre, Gertz hizo dos peticiones a través de Del Mazo y Díaz, según los hijos de Cuevas. Primero, recuperar una serie de objetos personales de su hermano, títulos de universidad, banderines, unos marfiles y unas figurillas de barro. Y luego, una serie de obras de arte que en vida había custodiado Federico Gertz y que ahora el fiscal reclamaba para el patrimonio familiar. Esa última petición constaba de una segunda parte. El fiscal quería un cheque por 3,5 millones de pesos, misma cantidad que la pareja de Federico Gertz, Laura Morán, había transferido a su hija, Alejandra Cuevas, en 2015, de dos cuentas “mancomunadas” de la pareja, según explica Ana Paula Castillo, una de las hijas de Cuevas. Gertz, afirman que les dijo Díaz, quería además que Morán renunciara a la pensión que le había dejado su pareja, dinero que se le había estado pagando por decisión testamentaria del propio Federico Gertz, desde 2015.

Cuevas y sus hijos dicen que no estaban dispuestos a entregar el dinero a priori. En primer lugar, porque no disponían de esa cantidad, según cuenta Ana Paula Castillo. Tampoco estaban cómodos con el asunto de la pensión. Con las obras de arte no tenían problema, así que empezaron a preparar el envío. Era una lista con decenas de objetos y solo localizarlos les tomó varios días. La familia estaba en ese proceso cuando, el 16 de octubre, las autoridades detuvieron a Cuevas en Ciudad de México.

Imagen del cheque que Laura Morán, pareja de Federico Gertz, giró al fiscal en noviembre de 2020. EL PAIS

El cheque y la pensión

En los días que siguieron, los hermanos Castillo bombardearon a Díaz con mensajes. Entre el lunes y el jueves siguiente a la detención de su madre, acabaron de embalar y entregar las obras de arte. Pensaban que con las entregas, la salida de su madre de la cárcel sería automática. Díaz les pidió que fueran a verlo a su casa en Valle de Bravo, un pueblo turístico entre frondosos bosques de pino a dos horas de la capital.

En la reunión, el 24 de octubre, Díaz insistió en la segunda parte de la petición de Gertz, el cheque por 3,5 milones de pesos. Castillo cuenta que su abuela, Laura Morán, había sacado ese dinero de las cuentas que tenía con Federico Gertz, cuando supo que Alejandro Gertz las había denunciado por matar a su hermano. Castillo argumenta: “Mi abuela hizo lo que cualquier mujer haría. Agarró y dijo: ‘¿Me acusa de intento de homicidio? ¿Con qué me defiendo? No voy a tener con qué comer”.

Para Gertz, aquello había sido un robo. En el documento testamentario elaborado a la muerte de Federico Gertz, del que EL PAÍS tiene copia, su hermano aparece como heredero y albacea de su patrimonio. A Morán le dejó una pensión mensual de 50.000 pesos más el usufructo de una de sus casas, rentada por algo más de 30.000 pesos mensuales. Segun el propio Gertz, la transferencia de los 3,5 millones de pesos había sido por tanto ilegal, un “saqueo”, como dijo él mismo el propio Gertz en varias entrevistas en 2017.

En la conversación que sostuvo hace unos días con EL PAÍS, Gertz, que no reconoció el cobro del cheque, dijo: “Yo les tengo que exigir la reparación del daño por los delitos cometidos en contra de mi hermano, la única familia que me quedaba. (...) La reparación del daño en materia penal no es una negociación, es una obligación del delincuente y un derecho de la víctima”. El caso está en proceso y no hay sentencia alguna de ningún juez que plantee la reparación del daño. Ante esa apreciación, el fiscal añadió: “El juez tendrá que determinar la reparación del daño en su momento, por supuesto (...) En ese momento, la reparación del daño será absoluta y totalmente dentro del marco legal”.

En aquella reunión en Valle de Bravo, Díaz les recordó además que Gertz quería que Morán, que entonces contaba ya con 93 años, renunciara a la pensión que le había dejado su hermano. En la semana siguiente, los hermanos fueron a ver a Cuevas a la cárcel para hablar de las supuestas peticiones del fiscal. Gonzalo Castillo, otro hijo de Cuevas, recuerda la negativa de su madre: “Le vamos a dar la lana —el dinero— y no va a pasar nada”. Los hermanos estuvieron de acuerdo.

En varias llamadas y reuniones durante las semanas siguientes, los hermanos Castillo le dijeron a Díaz que no podían darle el dinero sin “garantías” de que su madre saldría de prisión. Díaz recomendaba que al menos fueran por el cheque al banco y le hicieran una copia, que aparentaran que tenían intención de dárselo. Y que le entregaran además la carta donde Morán renunciaba a la herencia, pero sin firmar. Él iría con la copia y la carta a Del Mazo y este con Gertz. Quizá así, decía Díaz, el fiscal cedería. Pero los hermanos se negaban. Protestaban y decían que aquello parecía un secuestro. El 9 de noviembre, Ana Paula Castillo le mandó un mensaje a Díaz y le dijo que seguirían “los caminos judiciales para demostrar la inocencia” de su madre. Díaz le contestó: “Está bien Ana Paula, lo entiendo, pero no lo comparto. Me parece que por desgracia la solución en este caso, al menos en corto plazo, no es jurídica. Si como ustedes decían, [este caso] se puede equiparar a un secuestro, me parece que la postura que se está tomando es similar a no pagar el rescate que se te pide”, como consta en uno de los mensajes que se intercambiaron Díaz y Castillo y de los que EL PAÍS tiene copia.

Laura Morán, de 93 años se encuentra en su hogar en Lomas de Tecamachalco, Estado de México. 

Los hermanos ceden

Con el paso de los días, los hermanos acabaron por ceder. Su madre seguía en la cárcel y la insistencia de Díaz era cada vez mayor. El exdirectivo de BBVA supuestamente justificaba su presión diciendo que él solo transmitía las peticiones del fiscal. Los hermanos pidieron verse con Gertz. En una reunión con Díaz, les dijo que Del Mazo había llamado al fiscal en su presencia para pedir la reunión. Díaz, siempre según esta versión, explicó que el fiscal contestó: “A pesar de lo que ocurrió, ¿están condicionándome la entrega de algo que no les pertenece?”.

Los hermanos finalmente aceptaron. En una conversación, antes del 12 de noviembre, discutieron con Díaz la mejor forma de darle el dinero al fiscal. Ellos sostienen que no tenían tres millones y medio de pesos y que un amigo personal de Ana Paula Castillo les iba a prestar el dinero. Castillo prefiere omitir los datos del prestador.

Díaz aseguró que Gertz quería un cheque de caja, un tipo de talón personal que bloquea el dinero en la cuenta de origen desde que el banco lo emite. Los hermanos plantearon si era mejor que su amigo ingresase directamente el dinero a Laura Morán o a alguno de ellos. Finalmente se decantaron por la abuela.

El 12 de noviembre, los hermanos fueron al banco a preguntar por la logística de la transferencia del cheque. A la vez, Laura Morán firmó su carta de renuncia a la pensión. En la misiva, de la que EL PAÍS tiene copia, se lee: “Alejandro, te escribo, esperando que hayas recibido las cosas que me mandaste pedir (...) Por otro lado te acompaño un cheque certificado a tu nombre por 3.550.000 pesos (...) y finalmente te expreso que renuncio a la pensión que Federico, tu hermano, señalara para mí en su testamento, y te agradezco que la hayas depositado hasta ahora”.

El 13 de noviembre, el amigo de Castillo hizo la transferencia a la cuenta de Laura Morán. Ese mismo día, la mujer y sus nietos fueron a la sucursal a comprar el cheque de caja. Con el talón, los hermanos Castillo fueron a ver a Fernando Díaz y se lo entregaron. También le dieron la carta de renuncia a la pensión. Ellos dicen que Díaz les aseguró que le entregó los documentos a Del Mazo el mismo día 13. A la semana siguiente, el 20 de noviembre, el cheque fue cobrado, según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Por el tipo de talón, nadie pudo hacerlo que no fuera el fiscal, Alejandro Gertz.

Últimas peticiones

Con el cheque cobrado, los hermanos y su abogado iniciaron una estrategia doble. Ellos insistían a Díaz en que su madre debía salir de la cárcel. Díaz les pedía paciencia, pero al cabo de los días les llamó muy apurado. Lejos de hablarles de su madre, les dijo que Gertz se había molestado, porque el fiscal de Ciudad de México encargado del caso de su hermano había llamado a declarar a una de las hijas de Gertz en calidad de testigo. Eso, les dijo, entorpecía todo el proceso.

Díaz les propuso entonces que su abogado “se desistiera” de todas las pruebas que habían presentado en la defensa de su madre a lo largo de los años, como gesto de buena voluntad. Los hermanos dicen que Díaz no aclaró si esta idea era suya o de Gertz, pero ellos y su abogado se negaron. La comunicación con Díaz empezó a incomodar a los hermanos. La propuesta de retirar sus pruebas les parecía desconsiderada, sentían que habían cedido demasiado y no habían obtenido nada a cambio. También sostienen que Díaz empezó a lanzar amenazas veladas. En la última conversación que sostuvieron, el 24 de noviembre, Díaz le dijo a Ana Paula Castillo: “A ver, tienes hijos, créeme que no van a estar mejor con su mamá en el bote [cárcel], ¿eh?”. Finalmente, rompieron la comunicación.

Fuente.-Pablo Ferri/Diario Español/

"SEGURIDAD y VIOLENCIA en 2 AÑOS de AMLO MUESTRAN el FRACASO del "DES_GOBIERNO CUATRITRANSFORMADO" ...entre despliegue y repliegue.

La política de seguridad del presidente López Obrador, que prefiere “abrazos, no balazos”, ha intentado disminuir el uso de las Fuerzas Armadas, pero esto no ha sido suficiente para la pacificación del país. Paradójicamente, las Fuerzas Armadas están más presentes hoy que nunca y la violencia aumenta, lejos de disminuir. En el camino se ha creado la Guardia Nacional, que aún no cuenta con una carta de funciones específicas, y cuya presencia es más visible en la prensa que en el territorio. 

El robo de combustible sigue siendo una fuente de violencia. Los estados con bonanza agrícola son una oportunidad de oro para los grupos criminales que viven de la extorsión.

Los asesinatos por violencia de bandas y organizaciones criminales van en aumento. Es posible que en este proceso electoral se sumen cientos de candidatos a la cuenta de esta violencia. 

Después de vivir quince años de terribles consecuencias de una fallida guerra contra las drogas, es momento de ver de manera más compleja la relación entre ciudadanos y organizaciones criminales, sin simplificar los verdaderos intereses en juego ni las responsabilidades. 

Lejos de mejorar, el tejido de la violencia mexicana aparece como un tapiz cada vez más enrevesado cuyo hilo es difícil seguir y reparar.

Despliegue y repliegue. (PRIMERA PARTE)

Se pueden decir muchas cosas de la gestión de Andrés Manuel López Obrador en el ámbito de seguridad. Como se concluye en este texto, su política en la materia ha sido, amén de algunos puntos positivos, un fracaso. Sin embargo, no se le puede acusar de querer desentenderse del tema, como parecía en momentos ser el caso de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Por el contrario, desde las reuniones de madrugada con los mandos de las dependencias de seguridad, López Obrador se ha esmerado en mandar el mensaje de que él participa directamente en las decisiones cotidianas.

En sus conferencias de prensa matutinas también ha buscado apropiarse de la agenda de seguridad y, con frases hechas como “Abrazos, no balazos” y “Pueblo uniformado”, vincular dicha agenda con la narrativa de su gobierno. Aprovecho algunas declaraciones clave del presidente y sus colaboradores para articular a vuelo de pájaro un balance de la política de seguridad durante el primer tercio del actual sexenio. 

Se acabó el ‘Mátalos en caliente’

Andrés Manuel López Obrador, 1 de julio de 2020

Empiezo por lo que podría ser el principal punto positivo de la gestión de López Obrador. Hasta 2018, uno de los lados más oscuros de la guerra contra el crimen organizado había sido las numerosas ejecuciones extrajudiciales. Lugares como Tanhuato, en Michoacán, o Tlatlaya, en el Estado de México, quedaron indeleblemente marcados por masacres cometidas por agentes del Estado, lo mismo de las Fuerzas Armadas que de la ahora extinta Policía Federal. En otros lugares, como Veracruz en tiempos de Javier Duarte, hay indicios de una estrategia más sutil, pero no menos siniestra, de desaparición sistemática de presuntos sicarios. Varios de estos casos de exterminio de civiles, a manos de militares y de elementos de la Policía Federal, quedaron impunes, a pesar de estar documentados en diversas investigaciones periodísticas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Hay indicios de que, con la llegada de Morena al poder, hubo una disminución en el uso de la fuerza letal por parte de las instituciones federales de seguridad. Por un lado, hay evidencia anecdótica. Por ejemplo, están las imágenes que circularon a principios del sexenio, de militares que eran agredidos a pedradas por comunidades y que se limitaban a replegarse. Por otro lado, las cifras disponibles también apuntan a una menor letalidad. El indicador más claro al respecto es la disminución en el porcentaje de masacres con participación de autoridades, que en 2018 fue del 15.5 %, y que se redujo al 13.8 % en 2019 y al 11.5 % en 2020.

Vamos a lograr pacificar al país sin uso de la violencia. Es perfectamente posible

Andrés Manuel López Obrador, 15 de octubre de 2019

Es probable que con López Obrador sí haya disminuido el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las corporaciones de seguridad del Estado. Sin embargo, esta dosificación de la represión no se ha traducido, de ninguna forma, en la pacificación del país. Detrás del mejor récord en materia de derechos humanos no parece haber un verdadero cambio en la operación de las Fuerzas Armadas. Tampoco por parte de la Guardia Nacional. Este cambio consistiría en una mayor capacidad para intervenir, realizar detenciones conforme a derecho y, especialmente, para disuadir la violencia criminal sin cometer abusos. En contraste, lo que parece haber es un mero repliegue.

En primer lugar, cabe señalar que en 2020 el crimen organizado generó un número récord de víctimas letales: 24 807, cifra 11 % mayor a la registrada en 2018. Este aumento de la violencia criminal no sólo ha sido cuantitativo, también hubo un cambio cualitativo, en particular un repunte de algunas de las formas más escandalosas de violencia.

Durante los primeros meses del gobierno de López Obrador el llamado a la paz tuvo algún eco, pero el efecto fue efímero. A partir de octubre de 2019 —cuando los sicarios del Cártel de Sinaloa casi tomaron militarmente Culiacán— se observó un aumento de los enfrentamientos y ataques de alto perfil. En este contexto, se han registrado algunas emboscadas contra autoridades. Sin embargo, la lógica dominante parece ser que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos han aprovechado el repliegue de las fuerzas federales para incursionar en nuevas plazas y exterminar a sus rivales. Sólo en el cuarto trimestre de 2020 hubo 37 enfrentamientos armados entre grupos criminales, lo que constituye, por mucho, el mayor registro en tres años.

Una manta que apareció a finales de febrero pasado en Iguala, firmada por el brazo armado de una importante mafia regional, resumía bien este fenómeno: “Al gobierno militar, federal y estatal les pedimos que nos dejen limpiar […] le pedimos a todas las plataformas de gobierno nada más un día (sic) […]” (se mencionaban las localidades concretas y el nombre de una organización rival, y se daba a entender que en ese día podrían exterminarlos).

La Guardia Nacional ya tiene el respeto

Andrés Manuel López Obrador, 9 de enero de 2021

Es difícil identificar las causas del repliegue de las fuerzas federales de seguridad durante los últimos años. Es probable que éste se explique, en parte, como una respuesta directa a la demanda de un mayor respeto a los derechos humanos. En noviembre de 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el presidente había instruido el regreso a los puertos de elementos de la Secretaría de Marina, antes adscritos a tareas de seguridad pública. En años previos, la Semar había sido denunciada como la dependencia con más altos índices de letalidad. En algunos lugares, como Nuevo Laredo, el retiro de marinos ocurrió en el contexto de presiones ante casos de desaparición forzada. La apuesta del presidente era que la Guardia Nacional ocupara el vacío.

Es cierto que en las encuestas del Inegi la Guardia obtiene niveles de aprobación superiores a los que en su momento registró la Policía Federal; entre cinco y diez puntos porcentuales más, dependiendo de la medición concreta que se utilice. Sin embargo, no interpretaría esta mejora como un mérito de la nueva institución. La Guardia Nacional nació con mayor aprobación. Desde que el Inegi la incluyó por primera vez en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en junio de 2019, la Guardia estuvo mejor evaluada que la Policía Federal. Sospecho que se debe a un nombre acertado (para los mexicanos la palabra “policía” conlleva una valoración generalmente negativa) o a su asociación con la propia figura del presidente o con las Fuerzas Armadas.

El proceso de creación de la Guardia Nacional estuvo dominado por un profundo desprecio hacia lo que fue la Policía Federal. Por un lado, implicó sacrificar de forma indiscriminada cuadros y estructuras altamente profesionales. Por otro lado, generó un agudo conflicto laboral con un alto número de policías, que llegaron incluso a bloquear el aeropuerto de Ciudad de México.

Sin embargo, el problema de fondo no son los prejuicios y los atropellos en el proceso de liquidación de la Policía Federal. Tampoco la naturaleza civil o militar de la Guardia Nacional, a pesar de que este tema dominó el debate público durante los meses de gestación del nuevo cuerpo. En México, las unidades responsables de vigilar las regiones donde operan comandos armados del crimen organizado, incluso si están adscritas a una corporación civil, son por necesidad de corte militar, tanto por el armamento que portan como por las tácticas que siguen.

En mi opinión, el error fundamental ha sido la ausencia de una visión estratégica. En particular que, como ocurrió durante gobiernos previos, López Obrador no ha querido renunciar a la facultad de definir discrecionalmente el despliegue ni de la Guardia Nacional ni de las Fuerzas Armadas. Lo anterior permitiría atender de forma oportuna los principales desafíos del crimen organizado y lograr una mayor disuasión de la violencia, sin descuidar funciones ordinarias, como la vigilancia de las carreteras.

En lugar de planear un despliegue a partir de criterios objetivos, públicos y de largo plazo, se ha optado por recurrir a la Guardia y al Ejército siguiendo una lógica coyuntural. Son demasiadas las funciones que el nuevo cuerpo ha tenido que asumir a partir de la línea que se dicta desde Palacio Nacional. Estas múltiples tareas han ido desde contener la migración en la frontera sur hasta revisar mochilas en el metro de Ciudad de México. Es en este contexto que, por una suma de decisiones individuales, en la práctica hay una mayor ausencia del Estado en las regiones más amenazadas por el crimen organizado.

Tenemos la instrucción de reducir el robo a combustibles […] este esfuerzo representa un ahorro de 84 000 millones de pesos

Alfonso Durazo, 20 de mayo de 2020

Al arribar al gobierno, López Obrador hizo del robo de combustible su primera gran cruzada en materia de seguridad. Al respecto, armó una narrativa, consistente con su interpretación personal sobre la delincuencia. De acuerdo con esta narrativa, la corrupción era la verdadera responsable, y bastaba con meter un poco de orden —militar— en Pemex para poner fin al millonario quebranto que suponía el huachicol. En lo esencial, la estrategia consistió en mandar elementos de Sedena y Semar a algunas decenas de instalaciones de la paraestatal. Desde entonces, el presidente y sus funcionarios no se han cansado de repetir que su cruzada contra el huachicol fue un éxito rotundo, y que la disminución en dicho delito fue superior al 90 %.

Sin embargo, es poco probable que el robo de combustible haya sido erradicado, al menos al grado que sugieren las cifras del gobierno. En primer lugar, es necesario aclarar que López Obrador decidió enfocarse en un delito sumamente difícil de evaluar. A diferencia de los homicidios o del robo de vehículos, no hay una manera inequívoca de medir el robo de combustible. Una cosa son las tomas clandestinas o las pipas robadas, y otra es el volumen del combustible extraído, sobre el que es imposible contar con un estimado confiable; incluso si Pemex tuviera capacidad para monitorear las pérdidas por robo, es poco plausible que, tratándose de una dependencia de la administración pública federal, reportara números que desmintieran abiertamente al presidente.

Ante esta realidad, es razonable ponderar si la supuesta erradicación del huachicol se trata de un mero ejercicio propagandístico. Como señaló en su momento el periodista Carlos Loret de Mola, hasta 2019 no se reportó un aumento de las ventas oficiales de gasolina, como cabría esperar si de verdad se hubiera abatido el robo de combustible en más del 90 % (desafortunadamente, para 2020 el impacto del confinamiento sobre el consumo hace casi imposible utilizar las ventas de gasolina como referente).

Tampoco se tiene otra pieza que sería clave para demostrar que desapareció el mercado ilícito de combustibles: los testimonios de las decenas de miles de transportistas que se surten de gasolina en depósitos clandestinos y en “cachimbas”. No hay, hasta ahora, evidencia que sugiera que las cosas cambiaron en los mercados ilegales a ras de tierra.

Por último, tampoco parece que los grupos criminales que se dedicaban al huachicol hayan desaparecido. Por el contrario, en los principales cinturones de extracción de combustible, en el Triángulo Rojo de Puebla y en el Bajío, las disputas criminales continuaron e incluso se agudizaron durante 2019 y 2020. Algunos líderes huachicoleros se dieron el lujo de unirse a la campaña de caridad criminal durante las primeras semanas de la pandemia y regalaron despensas en localidades marginadas y colonias populares. La captura del Marro fue un golpe importante al Cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, es claro que el CJNG tiene interés en quedarse con el negocio del huachicol, tanto en Guanajuato como en Puebla; así lo ha denunciado ya el propio gobernador del segundo estado, el morenista Miguel Barbosa.

Quien agrede a una mujer, nos agrede a todas

Olga Sánchez Cordero, 26 de febrero de 2020

Este gobierno no ha sido receptivo a la creciente demanda social de combatir de forma eficaz la violencia de género. Tampoco ha colaborado con los colectivos que se movilizan contra ésta. El movimiento feminista es tal vez el único actor que ha logrado imponer, tanto en la calle como en redes sociales y medios de comunicación, una agenda pública alternativa y, generalmente, contraria a la de Palacio Nacional.

Desafortunadamente, además de la violencia sexual, las mujeres son, cada vez en mayor medida, víctimas de agresiones por parte de grupos armados. De acuerdo con Lantia Intelligence, en 2018 el crimen organizado asesinó a 1361 mujeres. Para 2020, esta cifra aumentó a 1891, un crecimiento cercano a 40 %.

Es probable que este repunte se explique, en parte, por estrategias de reclutamiento dirigidas a mujeres, como la creación de supuestos grupos de autodefensa femeniles, auspiciados por mafias. También es probable que la mayor vulnerabilidad generada por la crisis económica haya propiciado un crecimiento de la trata de personas. Finalmente, en algunas regiones, los grupos en conflicto han optado por ataques, represalias y ajustes de cuentas que involucran a parejas sentimentales o a familias completas.

Nada de lo anterior es nuevo. Sin embargo, el repliegue de las fuerzas federales, sumado al contexto excepcional generado por la pandemia, probablemente ha favorecido acciones más agresivas por parte del crimen organizado en contra de las mujeres.

Muy probablemente la creciente violencia contra las mujeres será el síntoma más costoso para Morena en las elecciones de junio próximo. Sin embargo, esta violencia es consecuencia del fracaso de la política de seguridad. Atinadamente, López Obrador quiso virar y romper con la estrategia de confrontación y en algunos casos de exterminio que se siguió sin éxito en las administraciones previas. Sin embargo, hasta ahora no ha podido construir una ruta alternativa hacia la pacificación del país. Se ha limitado a crear vacíos, que tarde o temprano terminan por ser ocupados por el crimen organizado.

Fuente.-Eduardo Guerrero Gutiérrez

Socio de Lantia Consultores.

VUELCAN "GUARDIAS NACIONALES en TROCA de LUJO PARTICULAR" en la CARRETERA PACIFICO CULIACAN-MAZATLAN...lo que genera dudas razonables.

Elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, durante un accidente de carretera tipo volcadura registrado la tarde de este Jueves Santo a la altura del entronque de Libramiento Benito Juárez, La Costerita, con la autopista del Pacífico Culiacán-Mazatlán, cerca del poblado La Curva de San Pedro.

Las autoridades informaron que hasta el momento los heridos no han sido identificados, pero se trata de entre 5 y 7 elementos de aspecto joven, corte de cabello estilo militar, que viajaban a bordo de una camioneta Ford Ranger color gris, modelo reciente.

El reporte se registró poco después de las 2:00 de la tarde, donde se informó sobre un accidente tipo volcadura en dicho lugar, y de acuerdo a la información, fueron identificados como elementos de la Guardia Nacional que viajaban en un vehículo particular al parecer con dirección a Mazatlán.

Se presume que el vehículo se volcó aparatosamente sobre uno de sus costados, al bajar la rampa de acceso a la maxipista, resultando severamente lesionados sus tripulantes, que fueron auxiliados minutos después por paramédicos de Cruz Roja y Bomberos de Culiacán y Navolato.

fuente.-

QUE PAIS es ESTE ?": REGRESABAN de VACACIONAR y DESAPARECE FAMILIA COMPLETA con TODO y una BEBE al ENTRAR a JALISCO...desde el 24 de Marzo.

Una familia completa originaria de Zapopan, Jalisco desapareció durante su regreso a dicha entidad, luego de haber pasado unas vacaciones en la Ciudad de México.

El pasado miércoles 24 de marzo, la familia Villaseñor Romo avisó que se disponían a regresar a su lugar de origen tras unos días en la capital del país.

Cruzaron los estados de Querétaro y Guanajuato; sin embargo, habrían desaparecido al momento de ingresar a Jalisco, presumiblemente en el municipio de Acatic.

¿Quiénes son los desaparecidos?

La familia integrada por Jimena Romo Jiménez, de 24 años, su esposo Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35, y su hija Julia, viajaban a bordo de una camioneta Mazda color blanca con placas JPK2293.

También eran acompañados por la hermana de Julio, Virginia Villaseñor Cabrera, y su hijo Iker, de 9 años de edad.

Sin embargo, desde hace ocho días sus familiares no han tenido contacto con ellos, incluso revelaron que sus celulares fueron apagados y que pese a que la camioneta ha sido rastreada no se tienen datos del vehículo.

Ante dicho suceso, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y solicitó la colaboración de otros estados para dar con el paradero de la familia.

Por su parte, la familia de los desaparecidos han iniciado una búsqueda independiente a través de redes sociales bajo el hashtag #FamiliaVillaseñorLosBuscamos y han pedido imágenes de las casetas de cobro así como datos de geolocalización.

Fuente.-

LA "CRIMINAL POLITICA de NO INTERVENCION" y las COMUNIDADES REHENES de la GUERRA en la SIERRA MADRE OCCIDENTAL...una nueva vieja violencia que tambien heredara Lopez "Hablador".

Al atardecer del 30 de noviembre de 2020, un comando armado llegó a la aldea Mesa de Torrecilla, en el territorio montañoso del sur de Durango, en busca del comunero Refugio Ramírez Aguilar. Según el relato de testigos, el hombre aprovechó una confusión para escapar por el monte, pero en su lugar se llevaron a su anciano padre, Jesús Ramírez Carrillo, quien aún permanece desaparecido.

Aquel secuestro en una aldea de la comunidad wixárika o huichola, uno de los cuatro pueblos indígenas que habitan este rincón de la Sierra Madre Occidental, era uno de los numerosos efectos colaterales de una guerra que ha subido de intensidad el último año, en medio de la pandemia, entre el Cártel de Sinaloa (CDS) —que tradicionalmente ha dominado esa región de fronteras entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit—, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dispuesto a arrebatar el control tras expandirse desde los cañones del sur de la región.

La disputa territorial que las dos organizaciones criminales mantienen desde 2019 por el control de la región, nudo de las rutas de tráfico hacia el norte y a la costa del Pacífico, comenzó a escalar con la política de no intervención del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador —”abrazos, no balazos”— y se agudizó durante la crisis sanitaria. El proceso de retiro de la Guardia Nacional y las fuerzas policiales estatales terminó de cristalizar a finales del año pasado: en octubre de 2020, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron y asesinaron a seis policías de Durango e hirieron a siete más en la ruta entre Mezquital y Huazamota. Desde entonces, el rol de las fuerzas de seguridad en la zona ha pasado a ser casi testimonial.

Con la guerra entre cárteles desatada, los municipios de la Sierra Madre Occidental han quedado a merced de poderes fácticos: durante años han sido forzados a participar de la siembra de amapola —que ha declinado con la caída del mercado del opio—, y en la economía de la extorsión, pero ahora también se les “invita” directamente a sumarse a las filas de los cárteles en disputa, como han denunciado comunidades del municipio de Mezquital (donde habitan indígenas tepehuanos, coras, mexicaneros y huicholes); se han incrementado los secuestros de indígenas y mestizos y han aparecido nuevos retenes que limitan los territorios.

Rancherías dañadas en la Sierra Madre Occidental durante operativos policiales en Tamazula, Durango.

En febrero, la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Josefina Bravo Rangel, recibió una denuncia firmada por “los pueblos originarios afectados” donde se hace un recuento de seis desapariciones forzadas en perjuicio de comuneros wixaritari (el nombre que se dan los huicholes en su lengua), ocurridas entre noviembre de 2020 y finales de enero de 2021. “Nuestras comunidades han sido testigos de los tiroteos, balaceras y de combates que se han dado en la zona, provocando no sólo incertidumbre, sino afectaciones a personas inocentes que transitan la zona, que resulta su hogar, desde antes que estos grupos hubieran llegado”, señala el documento. De acuerdo con distintas fuentes, la dependencia condicionó su intervención a que se presentaran denuncias formales por desaparición ante las fiscalías estatales, pero la desconfianza y el miedo de los comuneros ha impedido culminar ese proceso. En los hechos, los han dejado a su suerte.

El mismo mes, el gobernador del Estado vecino de Zacatecas, Alejandro Tello, envió un pedido de auxilio a López Obrador, donde decía que en la entidad “no sólo se vive una pandemia en salud, se vive también una epidemia de violencia: ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión”. En su carta a la Presidencia, Tello informaba que la lucha encarnizada por el control territorial entre grupos criminales había sumergido al Estado en una crisis de seguridad, y que la fuerza de reacción policial de la que disponían era insuficiente ante los cárteles, más numerosos y mejor equipados. “Por favor, no nos deje solos”, suplicó.

A mediados de marzo, en la comunidad huichola de San Andrés Cohamiata, en Jalisco, las autoridades comunales denunciaban que el Gobierno federal había dejado de enviarles apoyos en salud y alimentación por el aumento de la violencia en las carreteras de los valles contiguos, lo que derivó en un exhorto al Gobierno de López Obrador y al de Jalisco por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La nueva vieja violencia

Mientras los municipios se debaten entre la inanidad por sus recursos magros y las bandas criminales ejercen un control casi completo sobre sus representantes, los pobladores claman por la intervención institucional. O del grupo que les garantice la paz. El dominio del territorio por parte del crimen organizado no es nuevo para estas comunidades: durante dos décadas, luego de que el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera —y con la presunta venia de las autoridades— consiguiera derrotar y devolver a los Zetas a su antigua frontera en el centro del Estado de Zacatecas, los “chapitos” mantuvieron un control relativamente pacífico sobre esta región. El lado perverso de la situación fue la normalización de la fuerza de los grupos criminales entre los ciudadanos y la renuncia casi completa del Estado mexicano al monopolio de la violencia.

Pero la actual disputa del territorio ha traído un conjunto de nuevos problemas, empezando por la confusión sobre a quién acudir en busca de justicia. Días después del secuestro de Jesús Ramírez Carrillo en Mesa de Torrecilla, los aldeanos se acercaron a un campamento paramilitar del CJNG, a quienes pidieron ayuda. “Negaron estar involucrados con el hecho, y prometieron su apoyo a las víctimas”, revela un activista. Las acusaciones entre los dos cárteles se cruzan cotidianamente por las redes sociales: uno adjudica al otro la violencia contra los civiles. En los hechos, la promesa de rastrear al viejo comunero derivó en nuevas incursiones que hoy provocan desplazamientos desde aldeas más remotas de la zona montañosa de Durango.

Elementos del Ejército mexicano destruyen plantíos de marihuana en la zona serrana de los Estados de Nayarit y Jalisco. | En video, elementos del cartel Jalisco muestran en redes sociales el armamento y los vehículos con los que cuentan. 

“El Cártel de Sinaloa no era una organización muy depredadora de la sociedad y de las comunidades; eso ha cambiado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con los cambios en el liderazgo del Sinaloa”, dice Guillermo Valdés Castellanos, ex comisionado nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y autor de Historia del narcotráfico en México. “La otra cosa más relevante es: ¿qué demonios andan haciendo estos tipos peleándose estos municipios de pobreza extrema?”. Para el analista, la incursión de estos grupos en zonas como los valles de Mezquital, en Durango, excede el fenómeno de una típica disputa por el territorio entre los dos cárteles que monopolizan el narcotráfico en México: “Así como yo había planteado que las organizaciones criminales se habían fragmentado, diversificado y militarizado”, dice Valdés Castellanos, “veo como hipótesis que se han lumpenizado; es decir, están buscando rentas miserables en lugares miserables”.

El avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en esta región, según los testimonios recabados, se traduce en un dominio crecientemente complejo: el control de las policías municipales; el cobro de piso y derecho de traslado de mercancías en negocios de la zona, como aserradores y mineras; y el surgimiento de retenes improvisados que controlan el paso de los viajeros a la luz del día. “En todos los poblados hay halcones, no puedes pasar sin ser visto”, señala un comerciante que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

El drama no se limita a las comunidades indígenas. A principios de febrero, en Mezquitic, el municipio más grande de Jalisco, fue secuestrado Álvaro Madera López, precandidato a la presidencia de la entidad por el PRI. En marzo, la Secretaría de Seguridad del Estado intervino la comisaría de ese municipio y detuvo a siete policías en activo —incluido su comisario—, por vínculos con delitos como secuestro agravado, desaparición forzada de personas, soborno y abuso de autoridad. Cuatro de ellos fueron procesados por desaparición forzada y homicidio.

Unos días después de que la Secretaría de Seguridad de Jalisco tomara el control de la comisaría de Mezquitic, la página de nota roja Alerta Durango, donde es común encontrar informaciones sobre el envío de refuerzos de un cártel para enfrentar a otro o sobre la disputa por la plaza de Zacatecas, difundió un mensaje en el que pobladores anónimos de Mezquital decían que tenían miedo: “Estamos cansados y hartos del cártel que está en este municipio porque hay matanzas de gente inocente todos los días porque no queremos luchar contra ustedes, nos obligan a usar armas sin saber usarlas con tal de hacer su grupo más grande”.

Hace poco más de un año, Selene Galindo, comunera o’dam (tepehuana) originaria de Mezquital y especialista en la lengua de sus ancestros, fue invitada por legisladores federales a hablar sobre la preservación del idioma. Su diagnóstico ya era sombrío entonces: “¿Quién hablará esas lenguas cuando a los hablantes los están matando?”, preguntó Galindo. “A los hablantes nos están despojando de todo aquello que nombramos ¡con esas lenguas! Y pareciera que nadie hace nada, porque los que luchan ya fueron asesinados antes de que algún periódico local lo registre. Nuestras lenguas están atadas a un territorio al que ya no podemos acceder, a una casa a la que ya no podemos volver, a todo lo que está o estaba ahí que ya no podemos volver”.

En enero, un par de meses después de secuestrar al anciano Jesús Ramírez Carrillo, el Cártel Jalisco Nueva Generación dio un segundo golpe contra los comuneros huicholes: llegaron al poblado de Tepetates y secuestraron a Vicente De la Cruz Díaz y Ambrosio De la Cruz Ferrel. A los tres días, los sicarios regresaron a Mesa de la Torrecilla y se llevaron finalmente al buscado Refugio Ramírez Aguilar, y también a sus hermanos Jesús Ramírez Aguilar y Gonzalo Ramírez Aguilar “mientras se encontraban realizando una ceremonia tradicional en su centro ceremonial familiar”, dice la carta en poder de la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas. Hoy, a cuatro meses de que comenzara la pesadilla, ni don Jesús Ramírez Carrillo ni sus tres hijos han regresado a su hogar. La aldea huichola se ha despoblado gradualmente. Los ancestros y los dioses están abandonados, la sequía agosta los potreros y el miedo expande, como en otros rincones de estas montañas, su silencio abrumador.

fuente.-Agustin del Castillo/Diario Español/

"NO es IRAK,NI AFGANISTAN": SON los "FORTINES NARCOS con CARA de AUTODEFENSAS del EPICENTRO de la BATALLA contra el CJNG en TEPALCATEPEC"...un desfile de armas prohibidas que el "ejercito" les tolera.

Autodefensas del municipio de Tepalcatepec construyen fortines en las diferentes zonas de su municipio y mantiene una barricada en la comunidad de Pinolapan que se localiza en la carretera nacional Tepalcatepec -Coalcomán.

EL EJERCITO VIOLENTO LAS LEYES DE ARMAS:

LA "SEDENA y CASTILLO" VIOLARON la CONSTITUCION con "ACUERDO ILEGAL de ARMAS" en MICHOACAN !!!...se cometieron delitos para "combatir delitos"....hay 7 MIL ARMAS REGISTRADAS.

El pasado 21 de febrero, habitantes del municipio de Tepalcatepec reportaron un enfrentamiento horas después elementos de la Policía Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) montaron un operativo donde encontraron abandonadas dos camionetas con blindaje artesanal, una marca Lincoln y otra Chevrolet

Fuente.-

"AVISENLE a INUTILES que GOBIERNAN que los QUE se MANDAN ARROJARON 8 DECAPITADOS TIROTEADOS en BRECHA de AGUILILLA MICHOACAN"...muy lejos del imperio de las leyes.

Ocho cadáveres decapitados y baleados fueron localizados este jueves en el Municipio de Aguililla, Michoacán.

Las víctimas, de entre 30 y 40 años de edad, fueron halladas en una brecha de la localidad de La Enramada.

Junto a ellos fue localizada una camioneta Dodge Ram 2015 color arena y una granada.

Según versiones extraoficiales, los asesinados podrían ser presuntos integrantes de Cárteles Unidos, quienes se rindieron y se entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras un enfrentamiento registrado el miércoles en este Municipio.

Fue hasta este jueves que los cuerpos decapitados de los presuntos delincuentes fueron encontrados abandonados.

La Fiscalía General del Estado informó que tras recibir el reporte se constituyó en el lugar de los hechos donde fueron localizados los cuerpos de ocho hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego y mutilaciones, por lo que inició una carpeta de investigación por homicidio.

"En el lugar, con el resguardo perimetral de Policía Michoacán y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron recabados diversos indicios que serán integrados en la respectiva Carpeta de Investigación", refirió.

"Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se les practique la necropsia de ley y continuar con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos".

Apenas el pasado martes, el ex Alcalde de Aguililla, Adalberto Fructuoso Comparán, fue detenido en Guatemala.

La Fiscalía de ese país dijo que el "Fruto" es un líder de los Carteles Unidos y antiguo miembro del extinto Cartel de los Caballeros Templarios.

Es requerido por una corte de Florida por el tráfico de metanfetamina de México a Estados Unidos.

Fuente.-

"TRANSA,TRANSA y MAS TRANSA": MILENIO DETALLA los "TRASTUPIJES y CHANCHULLOS" de CABEZA de VACA con HUGO GUERRA en la UAT y su "ENERGIA EOLICA"...al que "te baja del macho" lo van a tumbar del caballo.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también hizo acuerdos con sociedades ligadas a Odebrecht a través de empresas fantasma de sus prestanombres.

​De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el mandatario panista hizo negocios con Acciona Energía, una empresa española, que se asoció en nuestro país con Enerxiza Wind, manejada por quien es identificado como el prestanombres del gobernador, Baltazar Higinio Reséndez Cantú.

El acuerdo fue para construir el parque eólico El Cortijo, en Reynosa. Esa empresa de Reséndez participó en la licitación, junto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), cuyo secretario de Administración era Víctor Hugo García Guerra, primo del gobernador de la entidad, y que de acuerdo con la propia UIF fue señalada por adquirir terrenos con fondos públicos para beneficio de particulares.

El proyecto era uno de los estandartes de la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto, emanada del Pacto por México, que tenía como eje “promover el desarrollo de las energías renovables”.

De hecho, la empresa tiene domicilio en La Retama, un ejido de Reynosa, donde una de las compañías familiares adquirió “prácticamente la totalidad” de dicho ejido, que también está a escasos kilómetros de El Cortijo.

En 2016, año en que García Cabeza de Vaca llegó al gobierno de Tamaulipas, la UAT determinó la instalación del parque eólico en Reynosa, Plan del Alazán 3ra Sección, para lo cual se hizo un proceso de temporalidad abierta para que empresas pudieran licitar su participación.

El concurso fue ganado por la empresa española Acciona Energía, acusada de casos de corrupción en América Latina, como en la construcción del Metro de Quito, aunque también tiene otra acusación a una de sus filiales en Bolivia, donde fue vetada en septiembre de 2019 por el Banco Mundial por sus esquemas de corrupción. 

Contrato por 235 mdd

Al finalizar su sexenio, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto destacó los logros de la reforma energética, que abrió paso a energías limpias y más rentables. El entonces vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, afirmó que derivado de la legislación México generaba 15 veces más energía eólica que en 2000.

Entre 2016 y 2017, dijo, la tasa de crecimiento mundial de generación de energía eólica fue de 10 por ciento; en México alcanzó 25 por ciento.

“México se acerca a una de las metas más importantes trazadas en esta administración con relación al medio ambiente: que en el año 2024, por lo menos 35 por ciento de nuestra electricidad sea generada con energías limpias”, detalló.

El secretario de Energía en ese momento, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que “al inicio de la administración existían en México 18 parques eólicos y actualmente hay 46, lo que representa un crecimiento de 156 por ciento”.

De acuerdo con un reporte sobre Tendencias en lnversión en Energías Renovables, elaborado por Bloomberg, México fue el mercado que más creció en 2017 en términos de inversión.

Con la inyección de 6 mil millones de dólares en nuevos proyectos de energía eólica y solar, en 2017 este sector recibió ocho veces más inversión que en 2016.

“Las 13 reformas estructurales emprendidas durante la presente administración han transformado profundamente diversos ámbitos de la vida nacional, y la reforma energética da cuenta de esta evolución”, comentó Sánchez.

El Cortijo es el quinto parque en propiedad instalado por Acciona en México. De acuerdo con el portal de la firma, fue construido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018, cuando se culminó el proceso de puesta en servicio y entrada en operación comercial. 

El Cortijo es una instalación de 183 megavatios (MW) de potencia situado en el estado de Tamaulipas y tuvo una inversión de 235 millones de dólares. 

Fuente.-(imagenes/UIF/Web)

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