En el 2013, la Presidencia difundió esta foto de Antero Rodarte (círculo) con Peña viendo por TV un partido del Tri. Foto: Especial.
El Grupo Higa construyó en el Estado de México una casa a la que llevaban maletas llenas de billetes pertenecientes al ex Presidente Enrique Peña Nieto, según refiere Emilio Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El ex director de Pemex señala a José Antero Rodarte, ex jefe de la Unidad de Apoyo a la Presidencia de la República, como el hombre que manejaba el "dinero en efectivo" de Peña.
Afirma que Rodarte llevaba maletas llenas de billetes a esa casa que pretendían convertir en un "Museo del Presidente" cuando Peña concluyera su sexenio.
Lozoya, ahora acusado de lavado de dinero, dice desconocer la dirección del inmueble y afirma que nunca estuvo ahí.
Rodarte era parte del primer círculo del ex Mandatario, ya había sido Jefe de la Unidad de Apoyo a la Administración General de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, cuando Peña fue Gobernador.
Antes, fue director de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración estatal, en el Gobierno del también priista Arturo Montiel.
En noviembre del 2013, la Presidencia difundió una imagen en la que Peña festeja junto con su esposa y seis funcionarios un gol de la Selección Mexicana a Nueva Zelanda, en las eliminatorias para el Mundial de Futbol de Brasil.
Rodarte es uno de los que grita la anotación.
Lozoya lo menciona en su denuncia, con relación al "Museo del Presidente", donde pensaban exhibir una galería de imágenes de Peña a lo largo de su mandato, entre otros materiales.
El fotógrafo, según Lozoya, lo pagaba Pemex por pedido del secretario técnico del Gabinete, Roberto Padilla Domínguez.
El ex director de Pemex afirma que al fotógrafo le pagaban entre 2 y 3 millones de pesos mensuales.
"Antero Rodarte, quien manejaba el dinero en efectivo del Presidente, me preguntó: 'cómo iba el contrato del fotógrafo', pues Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, ya había iniciado la construcción de la casa y el museo", relata Lozoya.
Juan Armando Hinojosa y su Esposa.-El Universal./
"A finales de 2015, durante un evento con Enrique Peña Nieto", agrega, "Antero Rodarte me comentó que la casa y el museo estaban concluidos y que ahí se colocarían los regalos, reconocimientos y el historial del Presidente, pero que por ese entonces sólo él y Padilla Domínguez conocían la ubicación del inmueble".
Foto.-Puro gargantón.-Animal Politico
La última mención que hace Lozoya del museo es también por una conversación que tuvo con Rodarte, por quien se enteró que el proyecto había sido cancelado.
"Es el caso que, en el marco de una cena en Los Pinos y encontrándose en estado de ebriedad", señala, "(Rodarte) me dijo que: 'estaba hasta la madre de lo poco que le pagaban, en comparación con las maletas llenas de fajos de billetes que él tenía que resguardar en la bodega del 'Museo de Peña'". fuente.-
El expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray conocieron a los directivos de Odebrecht desde 2010, y fueron ellos quienes le permitieron participar “activamente, junto a otras grandes empresas, influenciando la política energética del país, mediante la Reforma Energética”.
Pero eso no es todo, de acuerdo a la denuncia de 64 páginas que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) y de la que ejecentral tiene una copia, los sobornos beneficiaron a 25 exfuncionarios, y 17 empresas que participaron en una trama de corrupción que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón, que facilitaron la llegada a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto y que pagaron por la consumación de la Reforma Energética que permitió la entrega de contratos a la brasileña y a otras compañías, pero especialmente de poder desde la Presidencia de la República.
“En el 2012, mi relación con Odebrecht, a través de Luis Weyll sí era útil e importante para el entonces candidato a la presidencia. Pero para el 2013, Odebrecht ya tenía al Presidente de su lado. En el 2013, la relación entre Odebrecht y el Estado Mexicano no era una relación de contratos, sino de poder.
“Odebrecht sabía de su influencia y sometimiento, por lo que no la iba a perder, ni la quería perder, ya que participaba de manera activa en la política energética del país”, asevera Lozoya en el documento.
Es así, que en su denuncia, Emilio Lozoya coloca como su superior, de quien recibía órdenes directas para los sobornos al entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, y sostiene que estaba perfectamente informado Peña Nieto. Con estas afirmaciones y también acusar al expresidente Felipe Calderón, el exdirector de Pemex aspira a obtener beneficios para él y toda su familia, que está acusada de participar como beneficiaria o intermediaria de los sobornos de Odebrecht.
En la denuncia, sostiene, “se permitirá conocer sobre los sobornos entregados por Odebrecht en México y cómo ese grupo y/o persona jurídica de corte empresarial sobornó al gobierno mexicano, a su Presidente, su Secretario de Hacienda y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan múltiples entregas de recursos y promesas de beneficiosa las personas que señalaré más adelante; situación que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y culminó con el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la Reforma Energética”.
Odebrecht, sostiene Lozoya, no sólo obtuvo “contratos y beneficios” del gobierno, sino que “participó activamente junto a otras grandes empresas, influenciando la política energética del país, mediante la Reforma Energética”.
Para consumar la operación, asegura, facilitaron, por instrucciones de Peña Nieto y de Luis Videgaray, “importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos”.
Y por su parte Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el Presidente de la República negociaban en el Congreso de la Unión.
El soborno de 0debrecht se pactó en Brasil
Lozoya relata en su denuncia que entre octubre o noviembre de 2011, cuando viajó Enrique Peña Nieto a Nueva York a participar en un Foro del Consejo de las Américas, fue cuando lo invitaron Luis Videgaray y Peña Nieto a convertirse en el Coordinador de Asuntos Internacionales, desde donde debía “gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral. Esto era así porque había que cubrir muchos gastos en asesores extranjeros y nacionales, y de otros rubros”.
Este viaje sí ocurrió, fue un viaje que realizó Peña junto con su esposa Angélica Rivera, primero en Washington, donde intentó reunirse con Hillary Clinton pero no lo consiguió, y luego se trasladó a Nueva York, hospedándose en el hotel Mandarin Oriental, y se reunió con muchos inversionistas. A partir de ese momento el equipo de campaña sostuvo otras reuniones en Estados Unidos y Canadá con empresas energéticas, encabezadas por Guajardo.
En 2010, en una gira de trabajo por Brasil, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (2005-2011) se reunió con Marcelo Odebrecht. Fue en ese país donde se gestó el soborno al Estado mexicano con millones de dólares a la campaña del que más tarde sería presidente de México. Además, fue en una finca en ese país donde nació el proyecto Etileno XXI, dijo Lozoya en su denuncia.
En su denuncia, Lozoya indicó que a esa reunión en Brasil asistieron Juan Armando Hinojosa (Grupo Higa), David López (funcionario de comunicación social con Peña) y Arnulfo Valdivia (otro funcionario de Peña).
Esa reunión, en 2010, se realizó en las fechas del Foro Económico Mundial en Cartagena, Colombia. Para el encuentro, Peña Nieto tuvo que abordar un vuelo para llegar hasta Brasilia (a unos 7,000 kilómetros al sur). Ahí se tenía agendado una reunión con el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esa reunión no se concretó, pero sí con Marcelo Odebrecht.
›“Al término de la comida Marcelo Odebrecht y Luis Weyll le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto, en su posible postulación como candidato a presidente de la República en 2012”, dijo Lozoya, al mismo tiempo que remarcó: “Yo fui testigo de dicha conversación, que se realizó en idioma español, y que tuvo una duración aproximada de 5-10 minutos en el marco de la cual yo estuve presente, En el marco de esa conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso”.
“Odebrecht tenía especial interés en apoyarlo. Uno de los atractivos de la candidatura de Peña Nieto era, sin duda, la Reforma Energética lo que generaba amplio interés”, asegura el exdirector de Pemex.
Ya como presidente electo, Peña Nieto se reunió con Marcelo en Sao Paulo, Brasil para una comida en la casa del empresario. Ahí, dijo Lozoya, estuvieron Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y el general Roberto Miranda. Por el lado de los empresarios sudamericanos, estuvieron además del anfitrión, Marcelo Odebrecht; Carlos Fadigas, director general global de la filial de Odebrecht, la petroquímica Braskem; Luis Weyll, y Roberto Bischoff, director general de Braskem México.
Desde esa reunión, advirtió Lozoya, la relación entre Peña y Odebrecht fue más directa y cuyos interlocutores serían Videgaray y él mismo. Incluso, fue el mismo Videgaray el que pidió total confidencialidad de ese encuentro, “Por eso nunca se informó claramente a la opinión pública”.
Además de hablar sobre la Reforma Energética, relata, se conversó sobre la importancia de que México continuara con el proyecto de Etileno XXI, ya que había sido una inversión superior a los 3 mil millones de dólares.
Se habló, añadió, del interés de Odebrecht de participar en la cadena de valor en las obras que se requirieran “para implementar la producción y el procesamiento de hidrocarburos en México, para lo cual era indispensable la Reforma Energética”.
Un café en El Globo
Fue en una cafetería de El Globo, en Prado Sur, en la Ciudad de México, donde Lozoya pidió a Odebrecht seis millones de dólares para la campaña electoral del entonces candidato a la presidencia de la República. Es tal la declaración de Lozoya, que en reiteradas ocasiones, aclara que de todo movimiento estuvieron enterados Peña Nieto y Videgaray.
Ante eso, dijo que para agilizar la entrega de recursos, aportó una cuenta de una de sus empresas en Suiza. “Se me hizo tan fácil proporcionarle a éste una cuenta corporativa con la que contaba desde hace años una de mis empresas que tenía en Suiza, ya que durante varios años viví y laboré en dicho país”
Esa empresa era Latin America Asia Capital Holding, y la cual dijo, compró en 2009 o 2010 y donde la beneficiaria era su hermana Gilda Susana Lozoya Austin.
Si bien se lo pidió Lozoya, aclara, le hizo saber a Luis Weyll esa petición “venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiada cuando el ganare”.
“También hablamos de incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en los contratos si al ganar Peña Nieto se materializaba la Reforma Energética”, sostuvo Lozoya Austin en el documento.
Weyll y Roberto Bishop se lo dijeron directamente a Peña en un evento en el hotel Camino Real en Polanco: “estamos con usted y cuente con nosotros”, a lo que el mexiquense contestó: “muchas gracias pero el apoyo que nos han dado”
Con el dinero recibido, sostiene en el documento, le pagó a 11 consultoras contratadas para la campaña del PRI a la presidencia de la República, entre ellas, Dirk Zavala Rubarth, Chlopak Leonard Scheter & Associates Inc.y Bean LLCp.
Luis Videgaray le daba, dijo, tarjetas con los nombres de empresas a las que debía pagar. Por todas gastó 1.5 millones de dólares, y los 1.5 millones restantes se los quedó el propio Lozoya, reconoce.
El dato. Una vez electocomo Presidente, la relación entre Peña y Odebrecht fue más directa y sus interlocutores fueron Videgaray y Lozoya.
Calderón autorizó desventajas para Pemex
Videgaray Caso, relata Lozoya, le comentó sobre el contrato de Etileno XXI que Braskem, filial de Odebrecht, “le debía dinero al grupo de Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade Kuribeña, el cual les sería pagado por conducto de Luis Videgaray, los tres fueron compañeros en el ITAM.
Pero ese dinero sólo sería cubierto, advirtió la compañía brasileña, siempre y cuando se les garantizara la continuidad del contrato de la que se convertiría de los mayores complejos petroquímicos en país.
En esta parte de la denuncia es donde Emilio Lozoya vincula a Felipe Calderón y a integrantes de su gabinete, porque el primer contrato de Etileno XXI se firmó en 2011 y 2012 “con amplias desventajas para Pemex”. Sin embargo, la mayor parte de la información en este caso la tiene de oídas.
Pero además, exonera a la empresa Idesa, la cual pertenece a la familia del exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que ellos no sabían de los sobornos ya que eran “muy conservadores”.
Sin embargo, las declaraciones de Miguel Odebrecht, publicadas en exclusiva por ejecentral, revelan que todas las empresa socias de la brasileña conocían de los sobornos.
La entrega de los recursos a los panistas, se establece en la denuncia, sirvió a Videgaray para negociar la aprobación de la Reforma Energética.
“En una reunión en febrero de 2013, en mi casa en Lomas de Bezares, Luis Weyll me comentó que Braskem al parecer había entregado sobornos en los años 2010 y 2012 durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI.
“Mencionó que quienes al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade Kuribeña en su calidad de titular de SENER”, asegura Lozoya en la página 28 de su denuncia.
Lozoya sostiene que Meade Kuribeña le pidió que no tocara el contrato de Etileno XXI, ya cuando era canciller con Peña Nieto. El entonces director de Pemex revisó el convenio y concluyó que existía riesgos de muchos litigios y penas económicas que sería más caro para la petrolera mexicana y “lo dejó como estaba”.
Braskem entregó aproximadamente 84 millones de pesos para los legisladores. Un total de 32 millones de pesos fueron enviados a un representante de Luis Videgaray, Álvaro Rivera. Para demostrar esto, asegura Lozoya, tiene varios recibos, acuses y un video.
1.5millones de dólares pagó Luis Videgaray en tarjetas con los nombres de empresas.
La vorágine blanquiazul
Una “extorsión contante”, una “actitud exagerada”, así calificó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la postura del Grupo Parlamentario del PAN, particularmente de los entonces senadores, Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién, actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente, quienes junto al entonces diputado, y excandidato presidencial por Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés amagaron al gobierno de Enrique Peña Nieto con el pago de hasta 50 millones de pesos, a fin de otorgar su voto en favor de la Reforma Energética.
Según lo establecido en la acusación que el exfuncionario presentó en la oficina del titular de la FGR, el pasado 11 de agosto, y en respuesta de las presiones por parte de los entonces legisladores blanquiazules, las instrucciones del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, fueron que el dinero, recibido de Odebrecht, se les fueran entregado a los políticos del PAN “de manera gradual y según avanzaran los proyectos y dictámenes” de dicha reforma.
Bajo la amenaza de “echar abajo la Reforma Energética”, señaló Lozoya Austin en su denuncia, los legisladores panistas asumieron una “actitud exagerada”, con la que solicitaban cita y se presentaban en el despacho del entonces director de Pemex para exigirle más dinero a cambio de mantener la percepción de “unidad nacional” para la aprobación de las reformas estructurales.
En busca de recursos adicionales, de manera ilícita, para mantener las pretensiones de los militantes de Acción Nacional, así como los compromisos con empresarios extranjeros, de quienes no revela su identidad, el exfuncionario refirió que su excompañero de gabinete, Luis Videgaray le exigió que obtuviera los recursos de “otros contratistas de Pemex”, y ante la imposibilidad de parte de Lozoya para concretarlo, el también canciller en el gobierno anterior (2017-2018) aseveró que él “conseguiría hasta 10 millones de dólares adicionales, de partidas federales y/o empresas” para destinarlos a los sobornos a legisladores.
En total, rememoró el exfuncionario quien busca un criterio de oportunidad a partir de las pruebas ofrecidas, se otorgaron íntegramente 10 millones de dólares, adicionales a los al menos 80 millones de pesos, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cuyas entregas debían ser reportadas “sistemáticamente” por parte de Emilio Lozoya a Videgaray Caso.
Peña, Calderón y el Consejo de Administración
Después de repartir sobornos por más de 55 millones de pesos a otros legisladores, para impulsar la aprobación de la Reforma Energética.
“En el momento que se aprobó la Reforma Energética, fuimos felicitados por Odebrecht por haber logrado lo que no se había hecho antes. Ellos estaban contentos porque con esa reforma podrían obtener un mayor volumen de obra”, advirtió Lozoya.
En línea con los ataques mediáticos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la denuncia de Lozoya también aborda al sexenio de Felipe Calderón (Dic 2007 – Nov 2012).
Se advierte del “contrato multimillonario con la empresa Braskem” y que se ha señalado que genera cuantiosas pérdidas a Pemex por las penalizaciones de incumplimiento que se pactaron en el contrato de abastecimiento.
Aunque ese fue un tema que debió corregir el gobierno de Peña Nieto, es ahora que López Obrador ya advirtió que cancelará ese convenio.
Según Lozoya, la empresa del Estado, “le hacían un descuento inexplicable de más de 25% sobre el precio de mercado. lo que hacía súper desventajosa la posición de Pemex”. El producto se vende a Etileno XXI, empresa conjunta de la filial de Odebrecht, Braskem y la empresa mexicana Grupo Idesa, en la cual el suegro del exsecretario de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones (SCT) en el gobierno de López Obrador, Javier Jiménez Espriú, es uno de los accionistas.
“Muchos grupos mexicanos hubieran deseado un contrato así, tales como grupo Alfa y Grupo Desc (actualmente llamado Grupo Kuo), entre otros. Sin embargo, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem”, detalla Lozoya.
Si bien, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se comprometieron a pagar multas por 3 mil 500 millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza al aceptar su culpa en el llamado “mayor caso de sobornos de la historia” al haber repartido 780 millones de dólares a funcionarios de 12 países para obtener contratos de obras.
A pesar de lo anterior, Braskem Idesa o Etileno XXI contrató a la consultora Miranda Partners para intentar corregir en México las publicaciones sobre el hecho de que Odebrecht y Braskem se declararon culpables por los casos de sobornos a funcionarios de varios países.
Lozoya, dijo al Ministerio Público que la autoridad debe obtener los “documentos demoledores” que prepararon en su momento miembros del consejo de administración Pemex donde advirtieron sobre “los riesgos absurdos a los que orillaron al capital de Pemex” con el contrato de abasto a Etileno XXI.
›“Se afirmó claramente que era un regalo dar el descuento del 30% sobre el llamado Purity Ethane, ya que los compradores de etano de la zona del Golfo de México, en Estados Unidos, compraban el etano sin descuento alguno”, continúa la denuncia.
Según Lozoya, en coincidencia con un miembro del consejo de administración de Pemex sobre el contrato de abasto a Braskem Idesa “fue claramente un desfalco a la nación. Sobre todo cuando me fui enterando del dinero y sobornos que aceitaron las mentes y las manos de los funcionarios que aprobaron este contrato”.
Así, el exfuncionario que aceptó ser extraditado de España por la afectación económica a Pemex, advierte que la oposición en contra del contrato de abasto de etileno fueron omitidas por órdenes del presidente Felipe Calderón, y si bien no lo dice el denunciante, también fueron desatendidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Las voces que representaban los intereses de la nación fueron avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa e instrumentadas por José Antonio Meade Kuribreña, como secretario de Energía, Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2012”, señala en el documento.
Además, el exfuncionario, reitera que Braskem Idesa también sobornó a Meade y Cordero para dar continuidad a los beneficios de abasto de etileno en clara desventaja y desfalco para la empresa del Estado.
De acuerdo a la versión de Emilio Lozoya, fue el exsecretario de Hacienda quien operó la compra de Agronitrogenados, otra planta que causó pérdidas a Pemex de acuerdo a las auditorías, a pesar de ser el director de la petrolera mexicana.
Videgaray y Agronitrogenados
De acuerdo a la versión de Emilio Lozoya, fue el exsecretario de Hacienda quien operó la compra de Agronitrogenados, otra planta que causó pérdidas a Pemex de acuerdo a las auditorías, a pesar de ser el director de la petrolera mexicana.
“Este es un tema del Presidente, limítate a hacer lo que se te instruye. Yo hablo por él”, le dijo Videgaray a Lozoya, según relata este último.
La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República implicó, según dijo a la FGR su excoordinador de asuntos internacionales durante la campaña en 2012, el cumplimento de diversos compromisos con empresarios que lo habrían llevado a la silla presidencial, así como los derivados del Pacto por México. Uno de estos potenciales beneficiarios de estos adeudos fue el presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.
Referente a la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, por parte de Pemex a AHMSA, investigación por la cual un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el hoy imputado denuncia que la insistencia por establecer una sociedad que reactivara la producción de dicha planta, lo cual “no era conveniente” para Pemex, provino directamente del expresidente Peña Nieto y su titular de Hacienda, Luis Videgaray.
“Yo observaba un interés especial en concretar la operación por parte del presidente Enrique peña Nieto, y de Luis Videgaray Caso. Incluso este últimos intervino de manera directa que NAFIN (Nacional Financiera) e INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) aceleraran la evaluación del proyecto y lo aprobaran”, sostuvo Lozoya en su declaración en torno a dicho caso, por el cual sus abogados consiguieron que su defendido no fuera encarcelado y, a cambio, sólo portara un brazalete electrónico para su localización, según determinó el juez en la audiencia del pasado 30 de julio.
Sobre dicha operación, por la cual este miércoles se dio a conocer que un secretario en funciones de juez federal otorgó la cancelación de la orden de aprehensión que había sido librada contra el presidente de AHMSA, quien se encuentra bajo arraigo domiciliario en España, toda vez que el delito por el que le fue otorgada a la FGR –lavado de dinero– ya habría prescrito. En respuesta, autoridades de la FGR señalaron que impugnarían dicha resolución.
Durante el proceso de adquisición, refirió Lozoya en su denuncia, en una reunión celebrada el 11 de noviembre de 2013 entre él, y el entonces presidente y el secretario de Hacienda se reiteró su persistencia en que se concretara la adquisición, pese a la poca disponibilidad de recursos con la que contaba Pemex, y que fue parte de los argumentos de su director general.
“Su respuesta fue contundente, que no preocupara por el dinero, que mejor me ocupara de influir en el Consejo de Administración de PMI (filial de Pemex) de que la adquisición resultaba conveniente. Me indicaron que ellos decidirían el valor de la compra, aproximadamente 275 millones de dólares, y que le instruirían a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía una evaluación cercana a dicha cantidad”.
La victimización de Lozoya
En la última parte de la denuncia, Emilio Lozoya sostiene que fue víctima de actos de intimidación por parte de Luiz Videgaray y del propio Peña Nieto. Y asume que mientras fue director de Pemex ambos funcionarios superiores lo “instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño –como el caso de la Estafa Maestra–. Contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de ésta en perjuicio de la Nación”.
Y añade: “Todo ello abusando de la autoridad que les concedían los cargos que ocupaban, ejerciendo indebidamente las responsabilidades que el pueblo de México les concedió y mediante el tráfico de influencias que ejercían sobre el resto de miembros del régimen, traicionar a México”, asevera.
›En esta parte le permite jurídicamente disminuir su nivel de responsabilidad penal, a pesar de haber sido el director de Pemex y tener la posibilidad de denunciarlo y renunciar al cargo.
Más adelante, le aporta a la Fiscalía los elementos que le permitirán no sólo llamar a declarar a Calderón, Peña Nieto y Videgaray, y a los exlegisladores, sino revisar cada uno de sus bienes y operaciones, de toda su familia y entorno; así como de las empresas que se mencionan.
“Entre el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que —desde las más altas esferas del régimen– instrumentó lo necesario, tal y como ya lo señalé en el caso Odebrecht –incluyendo al Poder Legislativo—, para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos nacionales y extranjeros”, afirma el exdirector de Pemex, para luego acusar a los dos expresidentes y exsecretarios de estado, así como legisladores.
fuente.-María Idalia Gómez, Jonathan Nácar,Tomás de la Rosa/
Kaylha Armand, una joven de 20 años que fue liberada para recibir tratamiento de salud mental en lugar de ir a prisión por un par de agresiones, no se presentó a su cita en el tribunal esta semana porque supuestamente estaba apuñalando fatalmente a otra mujer.
Tras declararse culpable de esas agresiones, Armand también enfrentaba un juicio por un violento robo a principios de este año, según muestran los registros. Y aún así seguía libre.
“¿Cuántas oportunidades puedes darle a una persona antes de que te des cuenta de que la cárcel es la única solución?” dijo un policía indignado no identificado a New York Post. “Quizás si el juez hubiera descubierto esto, la víctima en este caso todavía estaría viva”.
Armand fue arrestada el martes y acusada por el homicidio de Fateema Boston (20), dentro del apartamento de la sospechosa en Washington Heights. La policía dijo que el motivo supuestamente involucraba una disputa, pero no dio más detalles.
La fallecida dejó dos bebés huérfanos de 1 y 3 años. Había coincidido anteriormente en un hogar grupal con Armand, dijo la familia de la víctima, aunque no sabían lo que estaba haciendo en casa de la sospechosa al momento del crimen.
Los antecedentes penales de Armand se remontan al ataque de tres adolescentes en 2016 a un empleado en un centro de salud mental. Más tarde fue enviada a Rikers Island, donde luego fue acusada de agredir a un oficial correccional en 2018, según muestran los registros.
Se declaró culpable en ambos casos en diciembre y los fiscales buscaron que la condenaran de uno a tres años de prisión, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Bronx. Pero la jueza April Newbauer, de la Corte Suprema del estado, se abstuvo de imponer la sentencia y en cambio ordenó a Armand someterse a un tratamiento de salud mental y registrarse periódicamente, dijo la Oficina del Fiscal.
En el ínterin, Armand fue arrestada en Queens el 30 de mayo y acusada de un robo que dejó a la víctima herida. Debía ir a la corte el pasado martes 18, pero esa tarde supuestamente mató a Boston.
Takayla Boston (16), pariente de la víctima del apuñalamiento, estaba indignada por el trato indulgente hacia Armand por parte del sistema de justicia penal. “Si no se le permitiera caminar libre, mi prima todavía estaría aquí con nosotros (…) Si todos ustedes van a decir que está loca, llévenla al manicomio“.
Carlos Ahumada Kurtz (Córdoba, 1964) es un hombre escurridizo. El empresario argentino, que llegó a principios de siglo a estar en boca de todo México, llevaba varios años fuera del radar cuando en agosto de 2019 fue detenido en Buenos Aires.
La policía respondía a un pedido de Interpol: la justicia mexicana le acusaba de defraudar al fisco 1,4 millones de pesos, unos 63.000 dólares. Un año después ha logrado escapar a la extradición gracias al fallo de un tribunal argentino que consideró que no había delito. “No tenía ni pies ni cabeza”, dice el empresario en entrevista con EL PAÍS sobre la solicitud judicial.
Ahumada, que llegó a tejer una extensa red de poder entre sus negocios y decenas de funcionarios en ambos países, se convirtió en enemigo de la izquierda mexicana en 2004 cuando expuso unos videos en los que se le veía en su despacho pagar sobornos a operadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Entre los expuestos había colaboradores cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces ocupaba el cargo de jefe de Gobierno de Ciudad de México. Las consecuencias de aquella jugada que le llevó a pasar un período corto en prisión le acechan hasta hoy, asegura. “Sería muy lamentable que por haber sido yo uno de los problemas más importantes que tuvo el presidente en su carrera política, el que más le dolió, me esté persiguiendo por venganza y sin ninguna prueba jurídica”, dice al otro lado del teléfono.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México dio a conocer semanas antes del arresto en un aeropuerto de Buenos Aires que preparaba acusaciones contra el empresario por extorsión, fraude, falsificación y uso de documentos apócrifos. Las justicias de ambos países, sin embargo, no parecen ponerse de acuerdo en los criterios. El fiscal argentino Guillermo Marijuan, a cargo de la causa de extradición, explica que la solicitud de México carecía de sustento. “Se rechazó porque se lo estaba pidiendo por la no presentación de unas declaraciones juradas, y esta persona se presentó y creo que hasta pagó una multa”, dice.
Según el expediente judicial, Ahumada demostró que el dinero por el cual se le reclamaba no correspondían a ganancias hechas por él en México, sino a movimientos entre sus propias cuentas. Solo le quedó por justificar 2.840 pesos, que junto a los recargos y una multa sumaban menos de 5.500 pesos, unos 250 dólares. “A ningún mexicano en el mundo, el Gobierno de México lo persigue por deberle eso al fisco”, reprocha con un tono siempre tranquilo. “Quiero pensar que en los próximos días cesará esta persecución hacia mi persona”. Pese a la pequeña victoria en la causa de extradición, México podría volver a solicitar la medida a Argentina, pero tendría que hacerlo por otro motivo “siempre y cuando el delito sea grave y tenga que resolverse en el país”, explica un portavoz de la fiscalía.
La política mexicana ha visto esta semana temblar sus cimientos por acusaciones de corrupción y la aparición de varios vídeos que mostraban a funcionarios recibir efectivo de origen desconocido. El último, en el que se veía al hermano de López Obrador agarrar sobres con dinero para campañas electorales, sacudió al Gobierno y revivió del pasado el caso de los videoescándalos, las imágenes grabadas por el propio Ahumada y filtradas a los informativos mexicanos. “El presidente debe tener asuntos más importantes ahora, quiero pensar que no tiene idea de lo que está pasando en mi caso. Demostraría que es una persona extremadamente rencorosa”, comentaba Ahumada antes de la filtración de esa grabación.
El polémico hombre de negocios conoce la política mexicana desde adentro como pocos. A principios de siglo era muy cercano a los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dueño del Grupo Quartz, una empresa constructora, recibió varios contratos de obra pública durante algunas administraciones del PRD en Ciudad de México. Uno de ellos fue el de Rosario Robles, exjefa de Gobierno del Distrito Federal y exministra de Enrique Peña Nieto y con quien mantuvo una relación sentimental. Robles ha cumplido recientemente un año en prisión, acusada del delito de omisión.
La segunda deuda pendiente que tiene el empresario con la justicia mexicana fue una denuncia realizada precisamente por Robles, quien le acusó de extorsión y fraude. Ambas causas “fueron armadas” por la exministra y Juan Collado, el exabogado de Enrique Peña Nieto, asegura Ahumada. “Manejaban a su antojo el país y querían encarcelarme sí o sí”. Insiste: “Es una causa ridícula, no entiendo por qué no lo han querido ver en el Gobierno. Salvo que los mandos medios de la fiscalía quieran quedar bien con López Obrador, creyendo que él tiene sed de venganza conmigo por haber dado a conocer la gran corrupción que imperaba en su partido”.
Las acusaciones cruzadas entre Robles y Ahumada se dinamitan a partir de la filtración de los videos. “El modus operandi de Rosario por lo menos desde 1999 ha sido defraudar sistemáticamente. Cuando estuvo en el Gobierno del Distrito Federal se robó 1.000 millones de pesos. No contenta con eso, durante el sexenio de Peña Nieto, dicen las investigaciones que se llevaba los camiones de caudales a su casa”, acusa. La defensa de la exministra dice que el empresario “carece de legitimidad y calidad moral” al ser un prófugo de la justicia. “Si el señor Ahumada sabe de algún hecho que deba darse a conocer, lo invitamos a que venga a México a formular su denuncia ante las autoridades mexicanas, con quienes por cierto tiene asuntos legales pendientes que resolver“, responde el abogado Javier Sánchez Rojas.
La vida argentina de Ahumada
Su pasado argentino tampoco le deja en paz. Ha sido denunciado ante la justicia por Gustavo Vera, actual titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de personas, por haber sido señalado como parte de una red de tráfico de efedrina -un fármaco sintético- entre Argentina y México. En esa causa judicial, se le vincula a través de los hermanos José Ramón y Carlos Granero. El primero era titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, el organismo que permitió el ingreso del fármaco al país, durante el kirchnerismo. El segundo es un empresario del mundo del fútbol que fue socio de Ahumada en varias empresas.
Una de esas empresas fue Ateliers, a través de la cual Ahumada tomó la gerencia del club deportivo Talleres de Córdoba. El periodista Facundo González recuerda de aquella época que siempre estaba rodeado de gente de poder, políticos. “Para ellos era un tipo útil en ese momento, pero su forma de manejarse tenía una parte oscura con la que no querían ser relacionados”. Los contratos con cifras estratosféricas era lo que más le llamaba la atención al entorno deportivo, acostumbrados a ver una gestión correspondiente a un club de segunda categoría del fútbol argentino.
Uno de los contratos que firmó por aquella época fue con Radio Mitre a cambio de un espacio. José Gabriel Carbajal trabaja ahí y fue puesto a cargo del espacio radial por el propio Ahumada. Para coordinar el programa le tocaba visitar al empresario en su vivienda en la ciudad de Córdoba. “Los empresarios iban a su casa con valijas de dinero. Yo he visto a uno ir a pedir un millón de dólares o un árbitro irse con una valija”, dice. Carbajal lo recuerda como un hombre con la arrogancia del que pone el billete. “El dinero que se manejaba en aquella casa no tenía que ver con Talleres. Los ingresos del club en aquel momento no podían ni cubrir los sueldos que supuestamente se pagaban”.
El origen del dinero de Ahumada siempre estuvo rodeado de más dudas que certeza. Cuando la policía lo arrestó en 2019, la mesa en la que se desplegaron sus pertenencias mostraba fajos y fajos de dólares. Actualmente, asegura, vive en Buenos Aires y se dedica al negocio de la energía solar. Tiene a su nombre una empresa llamada Promotora de Energía Solar, pero parece inactiva en papeles. Ni siquiera los teléfonos o el correo existen realmente. De sus negocios en su país de origen, prefiere no hablar, al menos de momento. Tampoco tiene planes de volver a pisar tierra mexicana. “Lo mejor es estar aquí, en Argentina”.
Esto indica que en los próximos cuatro meses el País podría duplicar las muertes por coronavirus, al pasar de una tasa de mortalidad de 48.98 por cada 100 mil habitantes, reportada al 22 de agosto, a una tasa de 104.36 por cada 100 mil habitantes, estimada para el 1 de diciembre.
De acuerdo con los cálculos de su Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, si se cumple esta proyección, en diciembre México podría rebasar a Brasil en la tasa de mortalidad, que se estima que en diciembre sea de 94.12 por cada 100 mil habitantes para ese país.
El análisis muestra que, incluso, podrían alcanzarse 177 mil 601 defunciones por coronavirus si se relajan las medidas de prevención.
Y si se usaran mascarillas de manera universal, los decesos acumulados a diciembre podrían disminuir y se registrarían 121 mil 331.
Según la institución académica, las muertes diarias reportadas en México mostraron un aumento, al pasar de 500 al día durante junio, aproximadamente, a mantenerse en alrededor de 600 diarias en julio y principios de agosto, y después subir a casi 700 cada día.
En la plataforma de la universidad se expone que el número de muertes diarias es el mejor indicador de la progresión de la pandemia, aunque generalmente hay un retraso de 17 a 21 días entre la infección y los decesos.
Detalla que en el País podría disminuir ligeramente el número de muertes diarias en septiembre y repuntar en noviembre.
Las proyecciones de la Universidad de Washington también indican que para el 1 de diciembre podrían ser necesarias 10 mil 412 camas en unidades de cuidados intensivos y 8 mil 982 ventiladores mecánicos.
En cuanto al uso de cubrebocas, el 80 por ciento por ciento de la población en México dice usarlo siempre en público, de acuerdo con la plataforma de la institución.
Explica que el uso universal de las mascarillas se considera cuando el 95 por ciento o más de la población las porta, y su utilización puede reducir en 30 por ciento la transmisión del virus.
El cuidado del primer círculo de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador cuesta al erario casi 800,000 pesos en mensuales en salarios.
Aunque desde 2018 la Presidencia de la República se había resistido a transparentar los nombres, cuántos y cuáles eran los salarios de los hombres y mujeres que componían el grupo de "Ayudantía", el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Presidencia de la República proporcionar esa información.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por Expansión Política a la Oficina de la Presidencia, son 15 los hombres y mujeres que cuidan al presidente en sus giras por el país y cuestan al erario en sueldos 798,797 pesos.
Hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, la seguridad personal del presidente en turno estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial, integrado por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.
Al ganar la Presidencia, López Obrador anunció la desaparición del Estado Mayor Presidencial y optó por encargarle su seguridad a un grupo multidisciplinario que inicialmente estaba integrado por 20 elementos y que coordina Daniel Asaf.
“Voy a contar con una Ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura, y serán hombres y mujeres. 10 hombres y 10 mujeres“, planteó López Obrador antes de asumir el cargo de presidente.
Para expertos en seguridad consultados, dejar en 15 personas la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es una decisión equivocada que puede resultar hasta peligrosa para el país.
“El presidente tiene una visión distorsionada de lo que tiene ser su seguridad como Jefe de Estado, ésta no recae en el pueblo, sino en las instituciones que lo deben de proteger”, afirmó el investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), Armando Rodríguez.
Y es que en repetidas ocasiones el presidente López Obrador ha referido que a él lo cuida el pueblo, por lo que no requería de un cuerpo de decenas de hombres a cargo de su resguardo.
López Obrador consideró ostentoso contar con alrededor de 8,000 elementos para el cuidado del presidente. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron 2,889 millones de pesos para el funcionamiento de este cuerpo.
Presupuesto para el Estado Mayor Presidencial en el gobierno de EPN
2018
398,551,136
2017
409,750,109
2016
456,996,853
2015
624,054,347
2014
507,281,739
2013
493,044,654
Total
2,889 678,838
Pero la seguridad del primer mandatario es un asunto en el que se debe invertir, así lo consideró el profesor e investigador de la UNAM, Javier Oliva.
El experto en seguridad criticó que a cargo de la coordinación de la ayudantía esté Daniel Asaf, un empresario restaurantero de origen libanés.
“Si al presidente le sucede algo, está en riesgo la estabilidad política del país porque éste es un régimen presidencialista”, advirtió.
Aunque se buscó a Asaf para conocer cómo es cuidar a López Obrador, el vocero de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, informó que por "el nivel de confianza en que se mueven no otorga entrevistas".
Daniel Asaf, el hombre que cuida de la seguridad de AMLO. (Foto: Cuartoscuro. )
En mayo de 2019, el Senado de la República avaló la derogación de artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicanos para suprimir el Estado Mayor, por lo que todos los elementos de ese cuerpo de élite que resguardaron a los presidentes por más de 70 años pasaron a la Sedena.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2020 se aprobaron 56 millones 224,792 pesos para el concepto de “Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal”, concepto en el que se incluyen los salarios de la Ayudantía.
Cada uno de sus elementos percibe un salario mensual de 45,960 brutos, excepto el coordinador Daniel Asaf, quien tiene un sueldo de 155,357 pesos brutos. En total, al gobierno de la República le cuesta 798,797 pesos el salario del equipo que se encarga de cuidar al presidente.
¿Cuánto cuesta la ayudantía de AMLO?
Integrante
Sueldo bruto
Sueldo neto
1. Daniel Asaf Manjarrez.
155,357
107,748
2. Abiade Sacre Iñiguez.
45,960
35,470
3. Alejandro Isauro Martínez Orozco.
45,960
35,470
4. Andrea Enríquez Quintana.
45,960
35,470
5. Aura Regina Moreno Vargas.
45,960
35,470
6. Diego Alberto Hernández Gutiérrez.
45,960
35,470
7. Diego Camacho Aquiahuatl.
45,960
35,470
8. Estefany Correa García.
45,960
35,470
9. Jessica Alejandra Solana Hernandez.
45,960
35,470
10. Jimena Alejandra Olguín Blanco.
45,960
35,470
11. José Antonio Zamora Gayosso.
45,960
35,470
12. Nayely Caldera López.
45,960
35,470
13. Octavio Alberto Almada Palafox.
45,960
35,470
14. Arlette Silva Magaña.
45,960
35,470
15. Carolina Rangel Gracida
45,960
35,470
Total
798,797
604,328
¿Cuáles son sus funciones?
De acuerdo con el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, la Ayudantía tiene entre sus funciones:
Proporcionar el apoyo personal e inmediato para el desarrollo de las actividades públicas y privadas del Presidente.
Participar, en coordinación con las unidades de apoyo técnico competentes, en el arreglo de escenarios para el desarrollo de eventos públicos en los que participe el Presidente, donde quiera que se lleven a cabo.
Determinar las acciones necesarias para resguardar la integridad del Presidente.
Coordinar con los distintos cuerpos de seguridad y personal operativo las estrategias de prevención y seguridad para el desarrollo óptimo de la agenda del Presidente.
Pero ésta no es la única vez que el presidente delega en un grupo civil su seguridad. Cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal se creó un grupo de mujeres denominado “Las Gacelas” y que era coordinado por Polimnia Romana.
En entrevista, la mujer que estuvo a cargo durante nueve años de la seguridad personal del entonces Jefe de Gobierno y después excandidato presidencial, reconoce que es muy difícil cuidar a López Obrador porque él no respeta protocolos, lo que incluso ha ocasionado que gente armada se le haya acercado a tomarse una foto o a pedirle que los dejara trabajar.
“Había gente que en las giras se le acercaba a pedirle una foto y cuando ya estaba abrazado de él nos dábamos cuenta de que era una persona con un arma chapada en oro, con cadenas de oro, tenía toda la pinta. Él se sacaba fotos con todos, no le daba tiempo de ver si estaban o no armados”, comentó.
La jefa de “Las Gacelas” considera que haber reducido de 20 a 15 el número de los integrantes de la Ayudantía es equivocado, porque si se considera que ese equipo necesita descansar, a cargo de la seguridad del presidente están por día alrededor de cinco cada 24 horas.
Daniel Asaf, el hombre que cuida de la seguridad de AMLO. (Foto: Cuartoscuro. )