México se sitúa entre los 10 países con mayores niveles de impunidad de los 69 analizados por el Índice Global de Impunidad, presentado este miércoles por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El análisis cubre el último periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y, por tanto, deja fuera al primer año y medio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los resultados señalan los principales desafíos de la actual Administración para remontar el bache: policías poco preparados, fiscalías anticorrupción con escasos recursos y un número de jueces muy por debajo de los estándares internacionales —2,17 por cada 100.000 habitantes frente a los 17,83 en promedio—.
El análisis apunta a una leve mejora respecto a hace dos años, cuando México se situaba en la posición 66 de 69 países evaluados, aquellos que reportan suficiente información a Naciones Unidas. A pesar de haber mejorado seis puestos, el país se mantiene con un porcentaje de casos no resueltos cercano al 99%, apuntan los autores del informe. “Si bien aparentemente es una mejora, hay que tomarlo con precaución. No refleja un cambio sustantivo sino cambios en la posición de otros países”, ha señalado Juan Antonio Leclercq, director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), think-tank adscrito a la UDLAP.
El ranking sitúa a Tailandia como el peor alumno y coloca a cuatro países latinoamericanos entre los diez últimos. Además de México, la lista incluye a Honduras, en segundo lugar, Paraguay y Guyana. Entre los mejor puntuados dominan los europeos, con Eslovenia a la cabeza. Entre un extremo y otro, Costa Rica, el país latinoamericano con menor impunidad, ocupa el puesto 39 y Colombia, el 49. Otros pesos pesados de la región como Brasil o Argentina no forman parte del ranking al no reportar suficiente información. En 124 Estados miembros de Naciones Unidas no hay estadísticas suficientes que permitan una comparación internacional, situación que el índice tacha de “impunidad estadística”.
El estudio mide los niveles de impunidad echando mano de una variedad de indicadores, desde el número de reclusos entre el total de la población a la cantidad de policías y de jueces. Los resultados arrojan luz sobre un México de poco juez y mucho policía. Los 2,17 magistrados por cada 100.000 habitantes reportados por el informe suponen un retroceso respecto a la situación de hace dos años, cuando el país tenía algo más de cuatro frente al promedio general de 16,23. Es decir, mientras la tendencia general es hacia el incremento de magistrados, en México disminuyen. Además, subsisten problemas de formación como demuestra el reciente caso de una niña de 10 años abusada por un policía en Puerto Vallarta. El juez dedicado al caso no imputó al agente aduciendo que la niña “no sintió placer”.
A diferencia de los jueces, el problema de la policía no está en los números. El país cuenta con 347 uniformados por cada 100.000 habitantes, frente a los 314 de media en el resto de Estados analizados. Gerardo Rodríguez, otro de los coordinadores del informe, apunta a la necesidad de reforzar las fuerzas de seguridad locales. “El problema es que tenemos un déficit de 50% en policías estatales. Lo que se tiene que hacer es mejorar la profesionalización”, explica. Hasta ahora, la estrategia de seguridad del actual Gobierno se ha apoyado principalmente en el Ejército. Una de las primeras decisiones de calado del Ejecutivo fue la creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de carácter civil pero composición militar, para hacer frente a la crisis de seguridad. A algo más de un año de su entrada en operación, todavía es demasiado pronto para evaluar su impacto, según Rodríguez.
El presidente López Obrador ha hecho de la lucha contra la impunidad una de sus prioridades, tras los excesos de la anterior Administración. El Gobierno ha reformado la Constitución para tipificar la corrupción como delito grave y aumentar las penas. Además, ha manifestado su apoyo a la Fiscalía General de la República en el lanzamiento de investigaciones de alto impacto mediático a antiguos altos cargos, entre ellos el exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Pese a estas acciones, los niveles de inseguridad se han mantenido estables y la política de austeridad hace temer un debilitamiento de las instituciones. “Van a tener que invertir mucho más en mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y no parece ser el caso. Estamos viendo reducciones generales en todo el sector público. Estamos generando más carencias en el sistema de justicia”, ha apuntado Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP.
Fuente.-Diario Español/
