La Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses encontraron restos de 16 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio El Salto, en el cual durante las últimas semanas se reportaron 200 personas desaparecidas.
Esta fosa clandestina se ubica a unos cuantos metros de la Comisaría de este municipio de Jalisco, en donde los habitantes aseguran que desde hace varios días durante la madrugada sujetos armados ingresan por la fuerza en las casas para sacar a los jóvenes que encuentran en ellas.
Ambas instituciones se encuentran en labores de reconocimiento en la fosa clandestina desde el lunes, las cuales continúan, precisó Guadalupe Aguilar, presidenta del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), quien aseveró que la identificación de las víctimas se facilitará debido a que los cuerpos encontrados están completos.
A la familia de José Miguel Bejos, Enrique Peña Nieto le dio miles de millones de pesos en contratos, posiciones de poder político y hasta un trozo generoso de costa en la Riviera Nayarit, la más reciente rebanada del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Así, su maestro de golf emprendería la edificación de Costa Canuva.
El nuevo patriarca de la estirpe Nader Miguel – Bejos Checa ha sido exponente destacado de la comunidad empresarial de ascendencia libanesa, la cual se encuentra imbricada con la élite priísta toluqueña. José Miguel es hijo de Alfredo Miguel Afif, ave de tempestades financieras.
Como uno de los más generosos gestos de Peña Nieto con los Miguel, su gobierno transfirió los derechos de propiedad de El Capomo, una superficie de 267 hectáreas con siete kilómetros de frente de playa en la Riviera Nayarit, a un grupo empresarial en cuyo centro está el consorcio Grupo Prodi / Mota - Engil México, que encabeza José Miguel Bejos.
Grupo Prodi, a su vez, tiene el 49% de control accionario de Mota - Engil México, de acuerdo con informes financieros del monstruo corporativo portugués. Esta última, a través de Mota-Engil Turismo y Mota Engil Turismo Holding, maneja el negocio de Costa Canuva.
A través de esta ingeniería financiera, los Miguel y sus socios portugueses construyen un santuario vacacional privado que busca disputar el mercado a Punta Mita, uno de los desarrollos turísticos más exclusivos de México.
Los términos de la compra de El Capomo se desconocen a cabalidad, pues el gobierno peñista los clasificó por un año bajo el argumento de que se trataba de “un secreto industrial” y, enseguida, selló ese archivo público con los clavos eternos de un acuerdo de confidencialidad con los compradores. Lo cierto es que se trata de una transferencia a través de un fideicomiso irrevocable, de acuerdo con la documentación oficial.
Libradas las minucias técnicas, El Capomo perdió para siempre ese nombre, para convertirse en Costa Canuva, donde se construyen siete hoteles de lujo, entre ellos un Ritz Carlton y un Fairmont; aproximadamente 2 mil 500 unidades residenciales; una marina, y un campo del Golf desarrollado por Greg Norman y por la golfista Lorena Ochoa. Todo con una inversión inicial de 2,800 millones de dólares.
Pero los Miguel no sólo tienen como socios a los portugueses en Costa Canuva, sino también CIBanco, de Walton Street Capital, un fondo de inversión asociado, a su vez, con Grupo Chartwell, de los hermanos Ancira Elizondo.
A partir de documentación patrimonial, reportes de gestión empresarial, informes intitucionales de gobierno, autorizaciones ambientales y sumarios de transparencia, EMEEQUIS reconstruye una historia de amistad forjada en torno al golf, los negocios y el poder público.
GOLF Y NEGOCIOS
Enrique Peña Nieto sucumbió al embeleso del golf siendo miembro del gabinete de Arturo Montiel en el Estado de México, según cuentan las crónicas de prensa. Pero fue durante su propia gubernatura (2005-11) cuando acudía con más frecuencia al Club de Golf Gran Reserva de Ixtapan de la Sal –donde posee una casa–, acompañado de quienes serían sus dos principales compañeros de juego: su compadre Luis Enrique Miranda Nava y su amigo José Miguel Bejos.
Peña y Miranda, que entonces se desempeñaba como secretario de Gobierno, eran los novatos. José Miguel Bejos era el maestro.
De hecho, Miguel Bejos es el organizador (“comisionado”) del Tour de Golf Profesional, la exitosa liga de la especialidad conocida como “Tour Banorte”, pues es patrocinada por Grupo Financiero Banorte, del actual consejero presidencial Carlos Hank Rhon, uno de los grandes amigos de su familia.
No es casual dicha amistad. La familia Miguel ha sido cercana a los mandatarios del Estado de México desde tiempos del gobernador Carlos Hank González (1969-1975). También se les ubica como una de las familias más acaudaladas de la entidad.
PRODIGIOS: UN CLIENTE COMPULSIVO Y UN SOCIO EXITOSO
En 1946, bajo la dictadura de António Óscar de Fregoso en Portugal, Manuel Antonio Da Mota fundó Mota y Compañía, empresa maderera con operaciones en la redituable colonia de Angola. En el ‘48 viró a la construcción. Engil, también portuguesa, fue fundada en 1954 por Antonio Fernandes Valadas. En los 70s operaba ya en Venezuela, Angola, Mozambique, Alemania y Perú. En 1999 Mota compró Engil.
Actualmente, Mota-Engil tiene presencia en 22 países. En 2007 inició actividades en México al conseguir la concesión de la autopista Perote-Xalapa por 45 años. En 2015, a mitad del sexenio de Peña Nieto, la compañía se convirtió en “el primer operador privado para la producción y venta de electricidad” (Mota-Engil Energy Holdings México) en nuestro país, y ya tenía para entonces participación en 15 compañías con operación en territorio mexicano.
En 2010, Alfredo Miguel Afif y su hijo José Miguel Bejos se asociaron con el monstruo corporativo lusitano para formar Mota Engil México, la filial creada en enero de ese año.
El primero de agosto de 2011, ocho meses después de protocolizada esa asociación, y un mes antes de que Peña Nieto cerrara su ciclo como gobernador del Estado de México, los Miguel fundaron Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Grupo Prodi).
Formada por Controladora Central de Participaciones y por Controladora de Empresas de Servicios, Grupo Prodi tenía como sus primeros apoderados a José Miguel Bejos, Alfredo Miguel Bejos y Javier García Bejos, según documentos notariales.
Éste último se integró a la administración pública al mes siguiente, como integrante del gabinete del nuevo gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, donde ocupó la cartera de secretario de Trabajo y Previsión Social.
Con el arribo de Peña Nieto a la Presidencia de México, el gobierno federal contribuyó a la capitalización de Grupo Prodi. Según registros de Compranet revisados por este medio, esa compañía participó de un presupuesto de 1,086 millones de pesos en contratos para obras carreteras, en tanto que Mota- Engil accedió a una bolsa de 5,403 millones de pesos por concepto semejante.
Los jugosos frutos cortados del árbol presupuestal por Grupo Prodi y Mota Engil no sólo fueron por infraestructura carretera. La organización Connectas difundió en diciembre de 2019 que ambas empresas habían conseguido más de 10 mil millones de pesos en contratos relacionados con el Tren Ligero de Guadalajara en el sexenio pasado. En paralelo se desarrollaba el apetito de posesiones e inversiones turísticas.
UN PARAÍSO PARA EL MAESTRO DE GOLF
Sobre las aguas de la Riviera Nayarit, cuarenta kilómetros al norte de Litibú, después de Rincón de Guayabitos, al final del campamento tortuguero de playa El Naranjo, comienza Costa Canuva, un paraíso que se extiende hasta la Caleta de Las Cuevas, donde remata en una terraza de bosque tropical, en la cumbre de una prolongada sucesión de acantilados.
Esa es la reserva turística de los Miguel y sus socios. Antes formó parte del Ejido El Capomo, perteneciente a la comunidad de La Lima, municipio de Compostela. La extensión de 267 hectáreas se compone de tres predios: Boca de Becerros, Boca de Naranjos y Anexo Cuevitas. Entre los dos últimos hay un estero que los inversionistas “integraron” a sus diseños, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.
Por tierra, el polígono colinda con la Carretera federal 200 –proveniente de Tepic–, donde Costa Canuva tiene un acceso, cerrado, desde luego.
El proceso de transferencia de la propiedad comenzó en 2014. En junio de ese año, durante una visita oficial de Peña Nieto a Portugal, el entonces director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, anunció un acuerdo con Mota-Engil para crear Costa Canuva, con una inversión de 2 mil 162 millones de dólares. Lo presentó como uno de los grandes logros de la gira.
En realidad no había nada. El predio no tenía por entonces el estatus jurídico necesario para echar a andar el proyecto, ni el comisariado ejidal había consentido vender sus parcelas, ni el Congreso del estado había autorizado la donación del fundo, ni existía un fideicomiso específico relacionado.
Resolver todo aquello revestía un elevado grado de complejidad, o en la expresión del entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, “era un enredijo”. Lo cierto es que además de maniobras de desmonte, había una intensa actividad financiera, política, legal, en relación con El Capomo. Fonatur enfrentaba, por un lado, juicios de los aparceros. Por otro, urbanizaba trece hectáreas del predio, según su reporte anual de aquel ejercicio.
Mientras tanto, la dupla de inversionistas portugueses y toluqueños habían parido una nueva criatura en febrero: Mota–Engil Prodi. La registraron como sociedad anónima promotora de inversión (SAPI), donde la firma lusitana tenía el 25% de la participación accionaria, mientras que los toluqueños detentaban el restante 75%.
Forzado por una solicitud a través de los mecanismos de transparencia, Fonatur reveló que Mota - Engil Prodi había suscrito con dicha dependencia pública y con Nacional Financiera (Nafin), un “acuerdo de intención”, el cual constituía, adujo, un “secreto industrial”, por lo que solicitó su clasificación por un año. Además, informaba sobre un convenio de confidencialidad celebrado el 12 de junio con la empresa en cuestión.
Clasificación del acuerdo de intención por ser "información de carácter industrial".
La carta de intención había sido suscrita entre marzo y mayo de 2014, pues Fonatur sólo ofreció como respuesta una “tarjeta informativa” de Mota – Engil Prodi sobre el proyecto, fechada el 20 de mayo.
En el predio continuaron las maniobras de desmonte, y otras gestiones relacionadas con el proyecto. Para 2015, Fonatur urbanizaría 67.85 hectáreas más en El Capomo, según el reporte anual de la institución.
Además, a Costa Canuva se le dio un título de concesión para extracción de agua a través de un pozo profundo en el lugar, “a razón de 30 lps” (litros por segundo), además de tres pozos con profundidad de 100 metros, para extracción de 125 lps. como se desprende de la posterior autorización ambiental de Semarnat (2018).
Ya en 2016, la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) licitió la construcción de la nueva carretera Compostela - Las Varas, uno de cuyos tramos fue ganado por Mota Engil Mexico y Mota-Engil Ingeniería y Construcción, por 709 millones de pesos. La vialidad llega casi hasta el acceso de Costa Canuva, que se ubica en la federal 200, la cual se prolonga hasta las puertas de Punta Mita.
LOS MIGUEL Y LOS ANCIRA, CON EL MISMO SOCIO
El armado de la ingeniería financiera del proyecto también seguía su curso. El 22 de enero de 2015 se creó Mota-Engil Turismo, con dos socios: Mota-Engil América Latina SAPI y Mota-Engil Turismo Holding.
Esta última, a su vez, está constituida por Mota Engil Tourism BV y Mota-Engil México, donde Grupo Prodi, de la familia Bejos, tiene el 49% de las acciones. Además, Mota-Engil México tiene participación en las empresas App Coatzacoalcos-Villahermosa, Consorcio GDL Viaducto, Consorcio Túnel Guadalajara, Constructora APP Tabasvera, Costructora Cardel Poza – Rica, Constructora Tuxpan-Tampico, Desarrollos DOT México, Mota-Engil O&M México, Puente Boca del Río y Mota-Engil Energy Holding, de acuerdo con los reportes financieros (2014-19) del corporativo portugués.
Con la firma turística de Mota-Engil en el tablero, todo cobró mayor velocidad. El 8 de junio de 2015, Fonatur suscribió un contrato del fideicomiso CIB/2289 con el consorcio formado por Mota-Engil Turismo S.A. de C.V. y la entidad de banca múltiple CIBANCO, que controla Walton Street Capital, firma asociada a Grupo Chartwell en Grupo Hotelero Santa Fe (GHSF), que dirige Carlos Gerardo Ancira Elizondo.
El 8 de junio de 2015, Fonatur suscribió un contrato del fideicomiso CIB/2289 con el consorcio formado por Mota-Engil Turismo S.A. de C.V. y la entidad de banca múltiple CIBANCO.
Grupo Chartwell, por lo demás, tiene como socios a Carlos Gerardo, Guillermo (fallecido en enero pasado) y Jorge Ancira Elizondo. Jorge Ancira, además, es director General Adjunto de Altos Hornos de México (AHMSA), que presidiera otro de sus hermanos, Alonso Ancira Elizondo, acusado de fraude por el caso PEMEX/Agronitrogenados/Fertinal.
El objeto del contrato suscrito por Fonatur, Mota Engil Turismo y CIBanco, era “crear un desarrollo turístico de primer orden que tenga una combinación, entre otros, de servicios de alojamiento turísticos, condominales, residenciales, actividades comerciales, actividades deportivas y marina”, reseñan las notas sobre el estado financiero de Fonatur de cierre de sexenio.
También detallan que, de acuerdo con la cláusula 5ª. del contrato, Fonatur tiene derecho al “12% de la totalidad de ingresos por ventas de cada metro cuadrado de superficie enajenada del proyecto”, así como de una garantía de 695 millones de pesos que la dependencia aceptó en cómodos abonos.
En el fideicomiso de Costa Canuva,Mota Engil Turismo tenía una “participación efectiva de 42.51%”, según el reporte corporativo anual.
LA OPERACIÓN POLÍTICA DE MIRANDA NAVA
Todo estaba listo. Pero la operación con los ejidatarios, a cargo del gobernador Roberto Sandoval, era un fracaso. Tenían tres amparos contra la ocupación de sus tierras y otra de un particular.
“Si hubiera habido apuestas, había un 99% que perdíamos”, relató Roberto Sandoval, con su rebelde sintaxis, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de Costa Canuva, en 2017.
Describió el proyecto como una idea suya: “Le dije al presidente Peña Nieto, llévese el proyecto de Costa Capomo. Sí, cómo no, dijo. Quiere mucho a Nayarit el presidente Peña. Y se lo llevó, y los señores portugueses eligieron Costa Capomo, porque es la primera vez que ese gran país invierte en México”.
Fue en ese discuso cuando describió el estado original de El Capomo como un “enredijo”. Contó que había enfrentado los amparos de un propietario privado de El Capomo, y sobre todo, a los ejidatarios, “para quitarles las vendas de los ojos al progreso”.
La venda estaba tejida de dos fibras: la exigencia por parte del comisariado ejidal de que el proyecto incluyera al menos un acceso libre a la playa, y el pago de sus antiguas tierras a un precio razonable, aunque debajo de la cotización de mercado. Al menos tres amparos les habían concedido a los aparceros por esas razones.
Fideicomiso para realizar la compra de un proyecto hotelero.
Y es que, desde 1970, cuando fueron expropiadas las tierras de El Capomo, el gobierno de Luis Echeverría les había prometido indemnizaciones razonables. En 2002, cuando Fonatur compró al FIBBA las tierras, tampoco pagaron a los ejidatarios. Casi cincuenta años después de la expropiación, José Miguel Bejos y sus socios querían darles 44 pesos por metro cuadrado. No quisieron.
Hasta que metió “su pesada mano” Luis Miranda Nava, entonces subsecretario de Gobernación del gobierno peñista. El columnismo nayarita destacó que a finales de febrero o principios de marzo de 2016, el subsecretario se reunió con el gobernador Roberto Sandoval y con ejidatarios de El Capomo.
El periodista Óscar Verdín, de Relatos de Nayarit, reseñó: “Del encuentro, en la Ciudad de México, ha trascendido que Miranda Nava no fue precisamente amable con la gente de El Capomo ni con Roberto Sandoval. Reclamó con fuerza. Quería que el asunto fuera destrabado a la de ya”.
Para el 28 de marzo, los ejidatarios ya se habían desistido de sus amparos, y todo empezó a caminar. La venda se les cayó y cedieron sus tierras, que los desarrolladores de Costa Canuva comercializarían un poco arriba de los 45 pesos por metro: lotes residenciales desde 590 mil dólares, es decir, más de 13 millones de pesos cada uno, de acuerdo con el sitio web del propio desarrollo.
Luego del éxito de aquellas negociaciones con los aparceros, en septiembre de 2016, el presidente Peña hizo dos nombramientos: a Miranda Nava lo designó secretario de Desarrollo Social, y a Javier García Bejos,primo de José Miguel Bejos, lo convirtió en subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la misma dependencia.
El resto fue más sencillo. Ya en julio de 2017 Sandoval usó su mayoría en el Congreso nayarita, que le autorizó de inmediato la donación de tierras al fideicomiso de Costa Canuva, el cual existía desde dos años atrás.
Autorización legislativa para la donación de terrenos.
Grupo Prodi, por su parte, creó ese año la unidad de venta del desarrollo, Comercializadora Costa Canuva, en asociación con Juan Rafael Lang Uriarte, director de Mota-Engil Turismo.
El 7 de marzo, cuando asistió a poner la primera piedra de Costa Canuva, Sandoval dijo a los inversionistas, después de recibir, como regalo de Mota Engil México, una efigie de la Virgen de Fátima: “Era la fe la que me movía a hacer esto. Aquí, los señores de Portugal, por primera vez en la historia invierten en México. (…) . Yo les prometí en Portugal que íbamos a destrabar esta historia…”.
Mucho tiempo después, en noviembre de 2019, el exitoso golfista australiano Greg Norman llegó a Costa Canuva a supervisar el avance de los trabajos del Campo de Golf de 18 hoyos. “Esta área está creciendo muy rápido, por lo que Costa Canuva y las comunidades se complementarán muy bien”, comentó el también diseñador de greens. Luego celebró el impulso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, estaba dando al turismo, así como las inversiones en infraestructura.
Los medios hicieron bromas ante esa última afirmación, pero Norman sólo sonrió. Probablemente sabía de lo que hablaba. Sólo cinco meses después, Mota-Engil México ganó la licitación para construir el Tramo 2 del Tren Maya. Un contrato de 13 mil 394 millones de pesos.
DE BEIRUT A TOLUCA
El ascenso de la estirpe Nader Miguel – Bejos Checa está íntimamente ligado a las redes políticas de la comunidad de ascendencia libanesa en la capital mexiquense. Llegaron a Toluca en el primer tercio del siglo XX, y en 1982 ya la gobernaban. La comunidad libanesa - toluqueña celebró con ese espíritu la llegada de Emilio Chuayffet Chemor a la presidencia municipal toluqueña. Y hubo euforia apenas contenida en 1987, cuando Chuayffet tomó el mando del estado.
Además de los Chuayffet, entre las primeras familias provenientes del Líbano asentadas en Toluca, entre 1900 y 1930, estaban los Nader y los Checa.
Los envió a Toluca Domingo Kuri, una especie de “cónsul” por cuenta propia, que llegó a México en 1903. Al pie de la escalerilla de los barcos de vapor que fondeaban en Veracruz, orientaba a sus paisanos para que buscaran su destino en territorio mexicano, dependiendo de la región de la que provenían.
Elías Chuayffet relató a Laura Elizabeth Alvarado Estévez (“La migración libanesa a Toluca durante la primera mitad del siglo XX”, Instituto Cultural Helénico, 2002) que su abuelo quería ir a Sudamérica y su abuela a México, pero no duró demasiado la discusión. “Los bajaron en Veracruz porque había una cuarentena” y don Domingo los mandó a Toluca, donde “ya había gente de Chuayffet, probablemente los Nader”.
La mayoría de estos migrantes libaneses, explica Alvarado, comercializaban toda clase de géneros en el mercado municipal y en locales céntricos de la ciudad. Algunos incursionaban en regiones remotas como Valle de Bravo, a donde entonces se llegaba en tres días, para vender sus productos en abonos, “el negocio que más dejaba”.
“En el Portal Constitución estaban (…), don Pedro Checa (Budib), Julián Macise, los Chalela, don Elías Nader”, según los testimonios recogidos por Alvarado.
Con el tiempo, sus establecimientos cobrarían prestigio. Ya en los 40s, según cuenta Emilio Checa Curi, el senador mexiquense Adolfo López Mateos adquiría sus casimires en “El buen despacho”, la tienda de Boutros Chekail –Pedro Checa para los Servicios de Migración, que latinizaban los nombres o simplemente escribían lo que creían escuchar.
Ya siendo presidente, López Mateos diría, el 21 de noviembre de 1962, al inaugurar el Centro Libanés de Ciudad de México: “El que no tenga un amigo libanés, ¡que lo busque!” (Protocolo. Foreing affais and lifestyle, N° 43, México, febrero, 2014).
De aquellas raíces originarias, proviene la familia de los dueños de Costa Canuva. Hijo de José Miguel Nader y María Elena Afif, Jesús Alfredo Miguel Afif contrajo nupcias con Gina Bejos Checa, nieta de Pedro Checa Budib, considerado un “patriarca” de la comunidad libanesa. José Alfredo y Gina procrearon tres hijos: Alfredo, Gina y José Miguel Bejos.
NEGOCIOS Y POLÍTICA
Jesús Alfredo Miguel Afif fundó Grupo Miguel (Contrataciones y Servicios Grupo Mina, Servicios Ejecutivos de Personal, Grupo Integral de Personal), así como el grupo Compañía Inversora Corporativa (CIC), que agrupa Helicópteros Bell de México, Heliservicio, Heliservicio Campeche, Servicio Técnico Aéreo de México, Imágenes y Muebles Urbanos, y Construcción, Conservación y Mantenimiento Urbano (Comursa); y la inmobiliaria Grupo Proasa. Además, fue consejero de Interacciones, la casa de bolsa de su gran amigo Carlos Hank Rhon.
El acelerado ciclo de expansión de las empresas de Miguel Afif se financió primordialmente con contratos públicos. En 2016, la periodista Linaloe R. Flores documentó cómo sólo tres de las empresas de Alfredo Miguel, Heliservicio, Heliservicio Campeche y Servicio Técnico Aéreo de México, habían facturado alrededor de 7 mil millones de pesos en diez años (2002-12), durante los gobiernos panistas.
Pero Miguel Afif comenzó a captar recursos federales como contratista constructor de Pemex, que dirigía el mexiquense Francisco Rojas Gutiérrez, en la administración de Carlos Salinas. En la gestión de Ernesto Zedillo, Miguel ya vendía sus servicios de helicópteros a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, Alfredo Miguel resolvió un conflicto que arrastraba con Pemex. La petrolera había contratado en la administración salinista a Proesa para construir una planta de éter en Coatzacoalcos. Zedillo había cancelado el contrato, al no haber avance alguno. Proesa demando a Pemex ante la Corte Internacional de Arbitraje. Exigía una indemnización de más de 400 millones de dólares por la recisión del contrato.
Ya en el gobierno foxista, Pemex llegó a un acuerdo con los Miguel, que aceptaron 127 millones de dólares para olvidar el sinsabor de que les cancelaran una obra que jamás ejecutaron.
EL PRIMO DE JOSÉ MIGUEL
Miguel Afif tenía por entonces una pieza clave dentro del gabinete energético foxista: su sobrino, Javier García Bejos, que era el coordinador general de Asesores y Enlace Institucional del secretario de Energía, Ernesto Martens.
Además, contaba con otro interlocutor de lujo con el gobierno de aquellos años, que era Manuel Bribiesca Sahagún, hijastro del presidente Vicente Fox. En 2004, un socio de Bribiesca, Miguel Khoury, dueño de Construcciones Prácticas, compró a precio preferencial un paquete de propiedades que remató el Instituto Para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Las posesiones habían pertenecido a Alfredo Miguel Afif, pero fueron absorbidas por el IPAB ante el incumplimiento de un acuerdo de pagos.
Bribiesca negó que tuviera negocios con Miguel Afif, pero admitió que era su amigo, el cual, dijo, había sido objeto de “abuso de poder” por parte del gobierno. Las especulaciones se habían desatado porque el hijo de Martha Sahagún había cabildeado para impedir que los Miguel perdieran la operación aeroportuaria en Toluca.
En 2002, Javier García Bejos se despidió de Ernesto Martens, para encargarse de los negocios de la familia: asumió la dirección de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca y la dirección corporativa de CIC.
Diez años después, con el ascenso de Peña Nieto a la Presidencia de México, Javier García Bejos y su primo José Miguel Bejos, se encontrarían a las puertas de una época en la que cristalizarían algunas de sus mayores ambiciones políticas y financieras, Costa Canuva.
El recuento es aterrador. En 2019 vivimos el año más violento desde que se mide la violencia. En solo seis meses de 2020 vivimos ya el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento y el día más violento desde que la medición existe.
Hoy, siete regiones del país —las ciudades de Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez; los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero— se encuentran inmersos en una erupción de violencia que ha convertido la vida de sus habitantes en un baño de sangre.
Entre el desmantelamiento de la Policía Federal, decretado a la llegada del nuevo gobierno, y la creación de esa entelequia con pobrísimos resultados que ha sido hasta ahora la Guardia Nacional, los mexicanos solo cuentan para su defensa con un conjunto de precarias policías: esas policías enfrentan las ejecuciones, las masacres colectivas, el narcomenudeo, el robo de transporte de carga, el secuestro, la extorsión, el robo a negocio, a transeúnte y el asalto a bordo de transporte público, entre otras calamidades que golpean a la población.
La radiografía de los cuerpos encargados de enfrentar el crimen, presentada ayer por la organización Causa en Común a través de una encuesta realizada a 4,422 policías de 28 estados, sencillamente eriza la piel: ahí está la vulnerabilidad, el abandono, la soledad en que nos encontramos en el momento más trágico que se ha vivido.
El documento –“¿Qué piensa la policía?”— aclara que las autoridades de cuatro estados con altísimos niveles de violencia, Michoacán, Puebla, Nayarit y Tabasco, no permitieron que sus policías respondieran las 68 preguntas enviadas por la organización.
Los datos más relevantes la fotografía:
Que el 36% de los policías estatales de México ganan menos de 10 mil pesos al mes, y en cinco estados —Campeche, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca— entre siete y nueve mil.
Que la mitad de los policías de México han tenido que pagar de su bolsillo el calzado, las botas, las fornituras y el uniforme; que el 25% se han echado a cuestas la reparación de sus patrullas y la compra de cartuchos; que el 12% han tenido que comprar sus chalecos antibalas y que otro 12% la gasolina de sus patrullas.
Que la mayor parte de los policías de México han tenido que realizar labores que no les corresponden: encargos personales (21%), trabajos de mantenimiento (11%), ir a votar por algún candidato (5%), ir de acarreado a algún mitin político (4%) e incluso torturar a algún detenido (3%).
Un 12% ha confesado que se le obliga a pagar cuotas para tener una patrulla, no recibir castigos, cambiar de adscripción, obtener un ascenso o reducir sus horarios laborales.
El 69% de los policías jamás ha recibido un ascenso; el 65% nunca ha recibido un estímulo. Esto ha ocurrido señaladamente en entidades con altos índices de inseguridad y de violencia: Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato.
Un 65% de los elementos no ha recibido capacitación para asistir a audiencias ante un juez; 52% ignora cómo proporcionar primeros auxilios; un 45% no ha sido capacitado en la recepción de denuncias.
Al 34% ni siquiera lo capacitaron en el manejo de una patrulla: ya no se diga en cuestiones de perspectiva de género o de uso de la fuerza.
A cerca de un 20% no lo entrenaron para detener a una persona.
En 2019 fueron asesinados en México 446 policías: 1.16 diarios.
De 2018 a la fecha murieron al realizar sus tareas 1,124 agentes.
Los policías caen en las calles. La encuesta revela, sin embargo, que el 21% de los elementos estatales no han realizado nunca prácticas de tiro, que el 23% lo ha hecho una vez cada dos años, y que el 13% es entrenado una vez cada tres años.
Más de 40% de los policías confesaron que han practicado tiro “una o más veces al año”.
Para terminar, el 54% considera que la sociedad lo discrimina, que su trabajo no es valorado por nadie.
La policía reclama abrumadoramente mejores sueldos y mayor capacitación. Causa en Común subraya que en la peor crisis de violencia no existe un modelo para su desarrollo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los elementos de la Secretaría de Marina regresarán a los litorales del País para dejar en definitiva las labores de seguridad pública que les fueron encomendadas por Gobiernos anteriores.
Desde el puerto de Manzanillo, centro de la disputa de las organizaciones criminales en Colima, el Jefe del Ejecutivo aseguró que los marinos concentrarán sus esfuerzos en resguardar la soberanía, pero también en la vigilancia de los recintos portuarios y aduanales.
Explicó que, con la creación de la Guardia Nacional, ya no será necesario que los elementos de la Semar permanezcan en las calles para hacer frente al crimen y frenar la violencia.
"Se creó la Guardia Nacional que ya tiene 96 mil efectivos, de modo que en este plan de ir fortaleciendo la Guardia Nacional y crear 266 coordinaciones territoriales en todo el País ya vamos a poder regresar a las costas, a los litorales a los marinos que se utilizaban en Gobiernos anteriores para ser operativos en tierra, cuando no es esa su función principal", dijo.
"La Secretaría de Marina tiene que ser garante de la soberanía y del cuidado de los litorales y de los puertos de México, ese es el nuevo rol que se le está asignando a la Secretaría de Marina, lo cual, repito, incluye la vigilancia, la protección, la seguridad de aduanas marinas y puertos de nuestro País".
El Mandatario federal recordó que, esta mañana, durante la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, instruyó a las secretarías de la Defensa y Marina para que asuman la protección de los puertos.
Consideró que este tipo de medidas, en el caso del puerto de Manzanillo, permitirán el fortalecimiento a nivel comercial, pero también evitará la violencia que hoy mantiene a Colima en el primer lugar en homicidios dolosos en todo el País.
Durante su discurso, López Obrador hizo un reconocimiento público al nuevo Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien abordó la camioneta junto con el Mandatario al final del encuentro.
El púgil mexicano, Julio César Chávez Jr., ha sido suspendido indefinidamente por la Comisión Atlética de Nevada, luego de negarse a colaborar con una prueba antidopaje en octubre de 2019.
En aquel momento, el 'Junior' se preparaba para su pelea con Daniel Jacobs y, debido a la resistencia que puso para atender a personal de la Asociación Anti Doping Voluntaria (VADA, por sus siglas en inglés), recibió un castigo inmediato que lo privaría de pelear.
Tras una audiencia en noviembre y una segunda en diciembre (dos días antes de su combate con Jacobs), el mexicano logró que se le levantara la sanción y el pleito se llevó a cabo en el Talking Stick Resort Arena en Phoenix, Arizona.
El hijo de la leyenda perdió en cinco rounds, y otra derrota le fue propinada hoy en los tribunales, que lo inhabilitaron de toda actividad profesional en dos estados.
Chávez Carrasco, de 34 años de edad y con faja de 51-4-1 (33 KO's), no se ha manifestado al respecto, pero cuenta con un historial desfavorable referente a los controles antidopaje.
En 2012, tras perder el cinturón mediano del CMB ante Sergio 'Maravilla' Martínez, arrojó positivo en marihuana. Tres años antes, luego de vencer a Troy Rowand, hizo lo propio en diurético furosemida, por lo que el triunfo fue anulado. En ambos casos, se hizo acreedor a suspensiones y multas.
La periodista y activista Lydia Cacho informó este viernes que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra perfectamente sano.
A través de sus redes sociales, Cacho indicó que sus fuentes en España le aseguraron que Lozoya tiene vínculos con la mafia rusa y se encontraba saludable en España.
“Mis fuentes oficiales en España, quienes investigaron y arrestaron a Emilio Lozoya aseguran que está perfectamente sano. Que sus vínculos con la mafia rusa y el blanqueo de capitales están demostrados. La carpeta entregada a FGR prueba delincuencia organizada transnacional”, escribió Lydia Cacho.
Emilio Lozoya Austin arribó la madrugada de este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para enfrentar las acusaciones de corrupción en su contra.
Luego del protocolo de revisión médica y derechos humanos, se le notificó sobre su estatus legal y se le ejecutaron las dos órdenes de aprehensión en su contra.
El ex funcionario tendría que haber sido trasladado al Reclusorio Norte, pero fue ingresado a un hospital debido a que el perito de la FGR le encontró una anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago.
“El perito médico de la Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, realizó la revisión física y médica correspondiente del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital. La familia del extraditado pidió, y se le autorizó, que un médico particular hiciera también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas. En razón de lo anterior, el MPF ordenó su traslado a un hospital”, dijo la Fiscalía en su comunicado.
Se espera que tras las llegada de Lozoya Austin se cimbre a la política mexicana por la información que posee, ya que aceptó colaborar con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en diversas investigaciones.
