Rosario Robles lleva ya 10 meses durmiendo en el Dormitorio B del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Ingresó el pasado 13 de agosto de 2019.
Para ella no hay otra explicación que una “venganza política” por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador a la que -afirmó el 17 de marzo a través de su cuenta de Twitter- “le urge más materializar su venganza que atender el COVID-19, la caída del peso, el precio del petróleo o el incremento de feminicidios”.
A la extitular de las secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un juez le negó, el 1 de mayo, la prisión domiciliaria.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar de Cevallos, ratificó la prisión preventiva tras una audiencia a puerta cerrada que duró 13 horas. Argumentó que había riesgo de fuga; después lo reiteró, pese a que la defensa legal de Robles Berlanga ofreció entregar el pasaporte.
La exfuncionaria, como lo detalló Cuestione en esta nota, es señalada por su presunta omisión (es decir, por no evitar, a pesar de que estaba enterada) sobre el desvío que ocurrió en 11 dependencias federales por cerca de 7 mil millones de pesos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El caso es conocido como “La Estafa Maestra”.
Las acusaciones que AMLO rechaza
Mientras en el penal de Santa Martha Acatlitla, Rosario Robles ve cómo son desechadas las pruebas de sus abogados y pasa los días recluida, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza ser un promotor de la venganza.
Así lo hizo durante la mañanera del 20 de septiembre de 2019 desde Mérida, Yucatán. “Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, lo dije desde mi toma de posesión: No es mi fuerte la venganza”, afirmó el presidente.
“No podemos detener procesos en curso… corresponde resolver estos temas tanto a la Fiscalía General, que es autónoma, independiente, repito, parezco disco rayado. Y también hay injerencia del Poder Judicial que obviamente es un poder autónomo e independiente”, señaló.
Ese día, incluso, mencionó que a “nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delitos… Nosotros no actuamos de esa manera”.
La FGR y la delincuencia organizada que aún no aterriza
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, calificó a la Estafa Maestra como una "maquinación de gran envergadura".
Consideró que el delito “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros".
La agencia española de noticias EFE retomó las declaraciones que Gertz Manero realizó el 4 de mayo de 2019: “Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada”, dijo.
Pero a más de un año, la FGR no ha mostrado esas pruebas. Entre sus armas está un supuesto acuerdo de Rosario Robles con excolaboradores, quienes aseguran que le hicieron saber sobre los malos manejos y tuvieron participación en ellos.
¿Quiénes son los excolaboradores?
María del Carmen Gutiérrez Medina
Cargos: Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu (hasta 2018).
Directora de Área de Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol (hasta 2015).
Aportación: Ubicación de inmuebles en que presuntamente se elaboraban documentos para desviar recursos.
Beneficio: FGR desiste de la acusación.
José Antolino Orozco Martínez
Cargos: Jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu (hasta 2018)
-Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol (hasta 2015)
Aportación: Aceptó su participación en la firma de convenios durante su gestión en la Sedatu y la Sedesol con la Universidad del Estado de México (UAEMEX) por 338 millones de pesos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones de pesos y con la Universidad Politécnica de Chiapas que generaron costos de 206 millones de pesos.
Beneficio: FGR desiste de la acusación.
Marcos Salvador Ibarra Infante
Cargos: Director General de Coordinación de Delegaciones en la Sedatu (hasta 2018).
-Director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol (hasta 2015).
Aportación: Firma de convenios con la Universidad de Zacatecas; cuatro acuerdos con la Universidad Politécnica de Chiapas y con la Politécnica de Quintana Roo.
Beneficio: FGR desiste de la acusación.
Robles Berlanga sufrió otro revés el 23 de mayo, luego de que el juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal, Jesús Chávez Hernández, rechazó admitir el recurso legal para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que no era un caso urgente para ser tramitado en plena emergencia sanitaria, señaló el periódico Reforma.
¿Qué hay de los otros posibles implicados?
Aunque López Obrador asegura que no hay venganza, en el caso de la Estafa Maestra, la principal acusada y única encarcelada es Rosario Robles. En cambio, otros implicados llevan su proceso en libertad, ¿no deberían también estar en prisión?
El 12 de noviembre de 2019, la juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta vinculó a proceso a Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol, y a José Israel Torres Gutiérrez, exdirector regional de Desarrollo Comunitario por autorizar el pago ilegal de 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de comedores en el Estado de México, destacó el semanario Proceso.
La juez fijó cuatro meses para la investigación complementaria y medidas cautelares a los procesados, quienes debían presentarse cada 15 días ante la autoridad, la prohibición para salir del país y el pago de una multa de 70 mil pesos cada uno.
Los datos de prueba presentados por la FGR ubican entre 2013 y 2016 a Ramón Sosamontes Herreramoro, el exjefe de Oficina de Rosario Robles, cuando ella estuvo al frente de la Sedatu y la Sedesol, como unos de los que firmaron siete convenios que sirvieron para realizar desvíos en la Estafa Maestra, publicó La Jornada.
En agosto de 2019, Sosamontes presentó un recurso de amparo contra cualquier orden de aprehensión que le fue rechazado al no haber ningún requerimiento en su contra; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó, el 29 de agosto de 2019, las cuentas de Sosamontes.
También, Gustavo Rodríguez, exdirector de Comunicación social de Sedesol y la Sedatu, quien liberó pagos de servicios en favor Radio y Televisión Hidalgo (RTH) sin contar documentos certificados para los servicios.
La pena para Rodríguez fue la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Fue el primer funcionario de la Sedesol y la Sedatu sancionado por el desvío de más de mil 900 millones de pesos realizado entre 2014 y 2016 y que documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó Aristegui Noticias.
Por su parte, Emilio Zebadúa, quien fuera Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, durante las gestiones de Robles, era quien autorizaba documentación para la realización de pagos con cargos al erario.
Zebadúa fue señalado por el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, de ser "el que operaba todo, él sabía perfectamente y daba instrucciones de a quién entregarle el dinero".
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó en agosto de 2019 la forma de operar de exfuncionarios bajo las órdenes de Zebadúa. Ubicó a Enrique Prado, Sonia Zaragoza y Claudia Morones, quienes en 2013 firmaron convenios con la Universidad de Morelos por 200 millones de pesos.
El caso es que, hasta el momento, solo Rosario Robles sigue en el Dormitorio B del penal de Santa Martha Acatitla señalada por desatender los señalamientos en el desvío de cerca de 7 mil millones de pesos. ¿Única culpable o venganza política?.
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