El pasado 20 de abril, un grupo de personas armadas asesinó a al menos 14 personas1 en una fiesta en Minatitlán, Veracruz, incluyendo a un niño de un año de edad. Dado que la investigación está apenas en curso, es previsible que en los próximos días surja más información sobre los hechos. Sin embargo, desde las primeras horas, la masacre puso en evidencia dos problemas fundamentales del diseño de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país que, independientemente de lo que ocurra con el caso específico de Minatitlán, deben examinarse (y atenderse) de manera urgente.
El primer problema ya se había hecho evidente después de los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, pero continúa sin resolverse a la fecha: no existe un consenso político mínimo sobre la distribución de competencias entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya disposiciones formales en la materia. El Artículo 20, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, establece que el Ministerio Público de la Federación puede conocer de delitos del fuero común (en el caso de Minatitlán, los homicidios) cuando tengan conexidad con delitos federales (el uso de rifles de asalto); y la misma fracción establece también que en tanto no se ejerza esta facultad de atracción, las autoridades estatales deben hacerse cargo. Esta distinción, sin embargo, es netamente procesal y en realidad no resuelve nada desde un punto de vista político ni estratégico.
La pregunta más relevante en el contexto político actual no es quién tiene la responsabilidad formal de investigar los hechos de Minatitlán, sino quién es política y operativamente responsable de que hayan ocurrido; quién es política y operativamente responsable de que se haga justicia a las víctimas; y lo más importante, quizá, quién es política y operativamente responsable de minimizar la probabilidad de que se cometa otra masacre como ésta.
Formalmente, podría argumentarse que el Gobierno Federal tiene una responsabilidad secundaria o, si se prefiere, subsidiaria en la investigación de los hechos. Una responsabilidad que quedaría satisfecha con el apoyo que brinden las fuerzas federales a las autoridades de Veracruz. Pero al menos desde 2014, es evidente que un argumento así es políticamente insostenible. “Fue el Estado” se proclamó entonces y variaciones del mismo tema se escuchan ahora. Ante los eventos límite, todos son responsables.
Este es un problema de diseño que no puede resolverse estableciendo mecanismos formales de coordinación o reformando y adicionando los que se han venido desarrollando desde hace más de dos décadas. Eventos como el de Minatitlán y Ayotzinapa demuestran que consideraciones formales como ésta desaparecen rápidamente en el debate público. No importa en realidad los mecanismos formales de coordinación y distribución de competencias que existen o se puedan establecer: la responsabilidad política de los casos de alto perfil se asigna políticamente.
Y esto lleva al segundo problema, no es menos urgente: en la práctica, ante eventos de alto perfil, la autonomía de las fiscalías crea incentivos para el conflicto entre autoridades cuando éstas no están alineadas políticamente. En el caso de Minatitlán, la primera comunicación del Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, incluyó un ataque al Fiscal General del estado, al que acusó indirectamente de llevar a cabo “investigaciones eternas”.
Los detalles específicos de la disputa entre ambos funcionarios son anecdóticos pero el enfrentamiento evidencia el potencial de conflicto que existe entre dos autoridades que, en sentido estricto, no pueden operar de manera independiente para atender los asuntos de seguridad pública. Las policías pueden por su parte desarrollar buena parte de sus actividades sin el concurso del Ministerio Público—patrullar, intervenir en conflictos vecinales, asistir a la población—pero la mayoría de los asuntos relevantes, los delitos y eventos de alto impacto, requieren al menos de un cierto nivel de coordinación entre policías y ministerios públicos. Y ésta se vuelve mucho más difícil cuando ambos bandos tienen incentivos para tratar de endilgarle la responsabilidad al otro, más aún cuando es improbable que se puedan ofrecer resultados concretos en el corto plazo. El antagonismo político entre los titulares de los poderes ejecutivos estatales y los fiscales autónomos no es un problema imprevisto, sino una consecuencia inevitable en escenarios de alternancia política y es, además, inherente a la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
El diseño de las instituciones de seguridad pública y justicia no puede resolver por sí mismo lo que, en última instancia, es un problema político. Es tiempo, pues, de hacer política.
fuente.-Jaime López-Aranda Trewartha
Especialista en seguridad y justicia.
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