La reciente polémica por el memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende dejar sin efecto la reforma educativa del sexenio anterior levantó fuertes protestas de constitucionalistas y partidos de oposición, que en hechos como éste –ya numerosos– advierten una tendencia autoritaria. En menos de cinco meses de gobierno, el mandatario suma varias confrontaciones con legisladores y magistrados, y también con organismos autónomos. Y aunque muchos de esos conflictos empezaron en el ámbito de las declaraciones, le han granjeado al Ejecutivo no sólo reproches, sino recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, bloqueo legislativo a sus iniciativas de ley y denuncias por la invasión del ámbito de otros poderes.
El memorándum emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto la reforma educativa aprobada en 2013 abrió la polémica sobre el impacto al orden constitucional, ante los señalamientos de diferentes actores políticos, porque instruye a desobedecer normas vigentes sin sustentar ni motivar con qué facultades lo hizo, además de invadir competencias de los otros poderes de la Unión.
En un video publicado en sus redes sociales la mañana del 16 de abril, el mandatario expuso que acababa de dictar el “memorándum” y lo firmó para detonar el más reciente escándalo sobre las facultades que posee y las que ejerce o intenta ejercer, cuya competencia reside en los otros poderes, en los estados o en organismos autónomos.
A menos de cinco meses de iniciar su administración, López Obrador acumula varios episodios en los que se le imputa intromisión en facultades ajenas, por diferendos que inicia y resuelve rápidamente en sus declaraciones; y por acciones que, aun siendo legales, se imponen mediante fórmulas inusuales.
En el caso de la reforma educativa no ha tenido una solución pronta. Desde el 8 de abril el mandatario expuso que la alternativa ante el estancamiento de las negociaciones era regresar a las disposiciones vigentes hasta antes de 2013.
Aquel día no especificó el procedimiento; dijo que les estaba hablando a “los maestros” y no a sus dirigentes sindicales. Insistió en que derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto era su compromiso.
“Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario; si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y voy a dejar las cosas como estaban… es decir, como funcionan los amparos, nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habría protestas. Creo que no” (sic).
Por esos días la discusión en la Cámara de Diputados se complicó por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que reclama entre otras cosas el control de las plazas y la nómina magisterial.
A lo anterior se sumó la irrupción en el debate de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, que el 7 de abril calificó la iniciativa lopezobradorista de “reforma chiquita”.
Sin especificar a quiénes se refería, el 8 de abril López Obrador insistió en que había presiones para hacerlo quedar mal, aludió a intereses de dirigentes magisteriales e insistió en que su compromiso es con la base de profesores.
El polémico documento
Con frecuencia, “citando a los liberales del siglo XIX”, López Obrador dice: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, frase que le recordaron legisladores y dirigentes de oposición después de que emitió su polémico memorándum.
El documento inicia con una crítica a las llamadas reformas estructurales, que considera impuestas desde el extranjero en lo que denomina “el periodo neoliberal”. A la reforma educativa le atribuye falta de resultados, la “polarización social” y una “erosión institucional”.
Posteriormente se refiere a los desacuerdos legislativos en la materia y presenta, “en uso de las facultades que me confiere el cargo que detento”, lo que define como “lineamientos y directivas”; entre ellas la orden a su gabinete para que deje “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
En en el resto del memorándum, López Obrador reitera los principios de laicidad y gratuidad de la educación, contenidos en el artículo 3 constitucional; e instruye, como ya había hecho desde los primeros días de su gobierno, el retiro de querellas contra maestros y luchadores sociales encarcelados por su activismo.
La instrucción está dirigida a las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda. A esta última le ordena restituir su empleo a los profesores despedidos por la evaluación educativa, así como asumir el control de la nómina magisterial.
El documento desató fuertes reacciones. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío apuntó que el memorándum carece de motivación y fundamentación jurídicas, un requisito constitucional indispensable en todo acto de autoridad. Sostuvo que era “autorreferente en cuanto a su autoridad” y “fácilmente impugnable”.
Numerosos constitucionalistas objetaron en declaraciones a medios de comunicación y en sus redes sociales la falta de juridicidad del escrito del mandatario, además de que una derogación sólo podría realizarla el órgano revisor en materia constitucional, es decir, la SCJN, o bien una nueva reforma en el Legislativo. Entre esos especialistas destacan Diego Valadés y Elisur Arteaga.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el miércoles 17 López Obrador intentó atajar las críticas:
“Quise que se conociera nuestra política porque no es un asunto jurídico sino político. Quise mandar un mensaje claro para que se conociera nuestra postura porque luego se distorsiona. Hice un compromiso que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy cumpliendo.”
Para entonces ya la dirigencia del PAN había anunciado amparos; el coordinador parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, afirmó que el memorándum constituye “un desafío al estado de derecho”, sienta “un mal precedente” y pone “en riesgo el orden constitucional”. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al presidente a rectificar. El asueto de Semana Santa dejó el asunto en suspenso.
Federalismo y anticorrupción
El presidente de la República defiende que la Secretaría de Hacienda controle la nómina magisterial; dice que ello es un mecanismo para evitar la corrupción en los estados, donde se ha manejado inadecuadamente esa nómina.
Hasta ahora el más persistente reclamo por daño al federalismo cometido por el nuevo gobierno es el del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que con otros mandatarios estatales se inconformó con la creación de la figura de los “superdelegados” que concentrarán las atribuciones de las delegaciones federales en las entidades y a quienes se prevé otorgarles un lugar en las reuniones de seguridad. Para la primera semana de diciembre Aureoles se quedó solo.
Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, declaró desde diciembre que la Guardia Nacional –integrada por las policías Militar y Naval– actuará en la prevención y persecución de delitos federales, pero también del fuero común.
En enero pasado la CNTE paralizó las vías férreas en Michoacán por un adeudo estatal. Aureoles quedó expuesto y, finalmente, un adelanto de participaciones federales ordenado por López Obrador destrabó el conflicto, si bien con lentitud. Desde entonces cesó el reclamo federalista de Aureoles.
También se relaciona con el federalismo la controversia constitucional interpuesta ante la SCJN por el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, contra el intento de retirar los recursos procedentes de impuestos mineros que se asignan al estado y los municipios. El presidente argumenta que con esa medida el gobierno federal trata de evitar la corrupción.
“Poder de poderes”
“No voy a encabezar al poder de los poderes. Yo voy a representar al Estado mexicano y voy a ser representante del Poder Ejecutivo”, dijo López Obrador como presidente electo el 12 de agosto de 2018. Reiteró que respetaría la independencia del Legislativo y del Judicial, pues dijo que se acabaron los tiempos del “poder de poderes”.
Sin embargo, desde los primeros días de su administración se ha confrontado con ellos. La primera semana de diciembre entró en polémica con el Poder Judicial al pretender que sus salarios tuvieran como tope los 108 mil pesos que el presidente se autoasignó. El 26 de noviembre la CNDH, y el 5 de diciembre 55 legisladores opositores, interpusieran sendas acciones de inconstitucionalidad por la intromisión del Ejecutivo en los ámbitos de otros poderes y organismos autónomos
El recurso fue admitido y recayó en la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien instruyó la suspensión provisional en la implementación de la Ley de Remuneraciones. El 8 de diciembre López Obrador acusó a los integrantes del Poder Judicial de poner un mal ejemplo con “sueldos exagerados, estratosféricos, de hasta 600 mil pesos mensuales”, y repitió que ese poder estaba al servicio de grupos interés.
Aunque la SCJN informó sobre sus percepciones y prestaciones, López Obrador mantuvo su postura y un mes más tarde, el 8 de enero, los ministros acordaron bajarse el sueldo en 25%. No obstante, las controversias contra la reducción salarial siguen pendientes de resolución, luego de que otros organismos autónomos promovieran más recursos. Sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvo sentencia favorable el 16 de abril.
El 1 de abril López Obrador anunció que se abrirán investigaciones contra jueces que dejen en libertad a presuntos delincuentes, a partir de denuncias por la vía legal y la exposición pública:
“El argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones previas, que no se cumplió con el debido proceso, y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente… que salen hasta riéndose, burlándose de la autoridad”, reprochó.
Pero el mandatario ha impugnado también los acuerdos legislativos. El 5 de diciembre, por ejemplo, llamó a los diputados a reducirse el bono de fin de año por considerarlo oneroso. El 17 de enero se inconformó con la manera en que se aprobó la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, y aunque dijo respetar la democracia y entender el disenso, pidió al Senado revertirla al proyecto original, lo que se cumplió.
Y cuando senadores de oposición presentaron la controversia constitucional contra la Ley de Remuneraciones, López Obrador espetó: “Se quieren seguir rayando”. Con todo, no sustentó la legalidad de su posición.
Entre todas estas confrontaciones destaca la generada por la renovación de tres lugares vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Tras enviar un conjunto de ternas con perfiles muy cuestionados, su bancada y sus aliados no lograron mayoría calificada.
Con base en la ley, el presidente podía enviar otras ternas, pero optó por mandar las mismas, cambiando el orden de los nombres. La maniobra fue rechazada una vez más, pero el Ejecutivo ejerció su facultad de hacer las designaciones directamente y el 4 de abril les dio los puestos a Luis Linares, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante.
La posición de Morena en ese caso puso en entredicho la supuesta extinción de “la línea del Ejecutivo al Legislativo”, que se repitió el 11 de abril, cuando el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, llevaron al Senado las iniciativas de leyes secundarias para la Guardia Nacional.
Dichas propuestas no llegaron firmadas. Dirigidas al presidente de la mesa directiva, Martí Batres, se redactaron para que un senador morenista las presentara como suyas: “El suscrito (espacio en blanco) integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena…”, se leía en los documentos.
Autonomías golpeadas
La Ley de Remuneraciones abrió frentes de conflicto con los organismos autónomos. En el caso del INE, sus funcionarios consiguieron un amparo el pasado 16 de abril para que no se les aplique.
La relación de López Obrador con ese instituto quedó marcada desde el inicio de su mandato, con severos señalamientos en torno a lo costoso que resulta organizar elecciones “libres y limpias”. Esas declaraciones se han hecho sobre todo cuando el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, ha expresado su opinión crítica respecto de las consultas que sin validez jurídica organiza el mandatario desde el periodo de transición.
Un caso: como presidente en funciones, López Obrador convocó a una consulta para el 24 de marzo sobre la pertinencia o no del Proyecto Integral Morelos, una megaobra de infraestructura a la que se oponen comuneros e indígenas de Tlaxcala, Puebla y Morelos desde 2011. El ejercicio no fue organizado ni vigilado por un organismo autónomo, no se atuvo a los criterios legales de la consulta indígena y el propio López Obrador promovió su aprobación, según se argumenta en las solicitudes de amparo interpuestas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Otro frente donde el jefe del Ejecutivo ha protagonizado polémicas es el energético. El caso más escandaloso ocurrió con la renovación de la CRE, pues su presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer, criticó los perfiles propuestos por López Obrador: de inmediato se difundió que se le investigaba por presunto conflicto de intereses y defraudación fiscal.
Por esos días el presidente afirmaba que los gobiernos neoliberales habían promovido la creación de organismos autónomos, con los que estaba en desacuerdo pero los respetaría.
Los señalamientos presidenciales, realizados junto con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, así como con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dieron inicio a procesos judiciales.
Partidos de oposición y organismos autónomos exigieron respeto al debido proceso. Fue el caso de Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, y de organismos internacionales como la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía, que el 22 de febrero exhortó a respetar la autonomía de la CRE y el debido proceso.
En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), López Obrador también tuvo un desencuentro en febrero, cuando el organismo admitió a trámite un recurso sobre la opacidad con que operó el Fideicomiso de Transición de 2018.
El 13 de febrero el presidente acusó al Inai de ser tapadera de la corrupción, particularmente en el escándalo de Odebrecht y en las condonaciones fiscales a grandes contribuyentes. Ese mismo día el instituto respondió con la apertura de expedientes. No obstante que el mandatario admitió la versión del Inai el 14 de febrero, señaló a los comisionados por sus altos salarios, mostró resoluciones previas a las argumentadas por el organismo, insistió en que no mentía y zanjó: “No voy a sudar calenturas ajenas”.
En todas estas confrontaciones, el presidente López Obrador ha insistido en pedir la confianza de la gente, repite que “no somos iguales” que los gobiernos neoliberales, proclama que no es autoritario y reivindica la instauración de la democracia a partir de su gobierno, con el que, afirma, se realiza la Cuarta Transformación.
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