Dos agentes encubiertos de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, entraron en una habitación de hotel en la Ciudad de México con dos maletas Samsonite repletas de billetes de cien dólares.
Minutos después, un narcotraficante llegó, recibió las maletas y colocó en la cama todos los fajos de 10 mil dólares. El dinero, 2 millones de dólares, terminó por cubrir el colchón. Cuando acabó de contarlo, el hombre firmó un recibo, recogió su dinero y se fue.
Era 1994. La entrega, relatada por el exagente de la DEA Mike Vigil, podría ser una escena de la serie Narcos de Netflix, que en su más reciente temporada se centra en capos mexicanos. Pero en el mundo de los informantes, es un ejemplo del cálculo que rige el largo y fallido esfuerzo de EU por frenar el trasiego de drogas hacia un país lleno de ávidos consumidores.
Sin embargo, recientemente, las traiciones aumentaron, los traficantes están más dispuestos a delatar a sus jefes por dinero. Una razón puede ser el énfasis en un programa poco conocido del Departamento de Estado que lleva tres décadas repartiendo millones de dólares a delatores, informantes o chivatos.
El Programa de Recompensas Antinarcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) se vale de la tentación de ser millonario de la noche a la mañana. En los últimos cinco años, ha entregado 32 millones de dólares a 33 personas, algunas de las cuales recibieron hasta 5 millones, según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. El programa, afirma EU, ha resultado en el arresto de 70 importantes narcos extranjeros. El total de las recompensas desde su creación es de 108 millones de dólares.
Este octubre, la administración Trump visibilizó fuertemente el programa cuando el exfiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que la recompensa por Nemesio Oseguera Cervantes se había duplicado a 10 millones de dólares. Cervantes, de 52 años, es el presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. “El grupo es responsable del tráfico de muchas toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína cortada con fentanilo en Estados Unidos”, asevera el Departamento de Estado.
Ese último cóctel de opiáceos es crucial para comprender la marea que arrasa EU y cómo la autoridad espera que el NRP ayude a detenerla. La heroína y los opiáceos fluyen hacia el norte para reemplazar a los analgésicos que antes se conseguían con facilidad. El resultado: una epidemia nacional, casos de sobredosis por los cielos y menor esperanza de vida en EU.
Los críticos del programa de recompensas advierten que las enormes recompensas aumentan la violencia de los cárteles y alientan la corrupción entre los oficiales de la fuerza pública. Pero el éxito del programa es difícil de ignorar, sostienen sus defensores.
Las personas en el radar del NRP aparecen en un sitio web del gobierno que parece una versión barata de Tinder, con fotos de perfil, sucintas biografías, altura, peso e incluso color de ojos. También se enumeran los supuestos delitos y la cantidad de dinero que ofrece por delatarlos.
Uno es Fausto Isidro Meza Flores. “El Chapo Isidro” es, según el FBI, el presunto jefe de un importante cártel de Sinaloa. El gobierno afirma que Meza Flores, de 36 años, es responsable de la “posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a EU”. La recompensa es de 5 millones de dólares.
En la cima de la pirámide del NRP está Rafael Caro Quintero, cuya recompensa se incrementó a 20 millones de dólares en abril, la más alta en la historia del programa. Quintero, incluido en la lista de los “Diez más buscados” del FBI, es el presunto líder de una de las redes de narcotráfico más poderosas de México, y de acuerdo con la DEA, ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato del agente encubierto Enrique “Kiki” Camarena Salazar en 1985. Quintero fue liberado en 2013 por un tribunal mexicano que adujo fallas en el proceso, desde entonces no se conoce su paradero.
El programa de recompensas NRP se creó un año después de la muerte de Camarena, en el apogeo de la epidemia del crack en EU. A lo largo de los años, las recompensas ofrecidas bajo los auspicios del programa han ayudado a atrapar capos, comandantes de las FARC, traficantes venezolanos e incluso un “zar de la heroína” afgano, según el gobierno estadounidense y el International Justice Resource Center.
Pero a medida que aumentaban las recompensas, el programa atizaba la preocupación entre expertos en justicia penal, sobre todo sobre si la falta de transparencia del NRP lo hace susceptible a la corrupción.
“Si entregas dinero en efectivo a personas que delatan a narcotraficantes, es muy posible que lo único que estés haciendo es financiar al próximo gran narcotraficante”, menciona William Cowden, exfiscal federal.
El NRP es el más oscuro de varios programas de recompensas del Departamento de Estado. Los otros, dirigidos a presuntos terroristas, criminales de guerra y el crimen organizado internacional, han pagado en conjunto 173 millones de dólares, según el gobierno. Sin embargo, una diferencia clave es que los informantes del NRP son manejados solo por agentes en el terreno. Los funcionarios del Departamento de Estado y la DEA no tienen ningún contacto directo con los informantes y estos dependen exclusivamente de los agentes que actúan como intermediarios.
Aunque se reservó detalles específicos, la DEA dijo a Bloomberg que los informantes son manejados de la misma manera, independientemente del programa al que estén asociados. “La política de la DEA con respecto a las fuentes confidenciales está en constante evolución en función del liderazgo, las inspecciones, las recomendaciones [de la Oficina del Inspector General], la tecnología y muchos otros factores”, comentó un portavoz.
Mike Vigil, quien fuera director de operaciones internacionales de la DEA antes de retirarse en 2004, defiende el secretismo del NRP y el uso de dinero. Los informantes suelen ser delincuentes y saben bien que traicionar a un cártel puede costarles la vida, afirma.
El gobierno “no puede usar monaguillos, desafortunadamente tienes que lidiar con personajes indeseables”, apunta.
Cada informante del NRP está identificado por un número de código y tiene un expediente guardado bajo llave dentro de la embajada de Estados Unidos en su país de origen, explica Vigil. Pocos conocen su verdadera identidad.
“Los cárteles perpetran actos de violencia indescriptibles como resultado de la paranoia de los topos dentro de su organización”, dice Wade Sparks, un portavoz de la DEA.
Figurar en la lista de objetivos del NRP no es cosa fácil, está diseñado exclusivamente para los grandes zares de la droga. La DEA, el FBI y el Departamento de Estado primero deben ponerse de acuerdo sobre un candidato. Luego, se le pide al embajador estadounidense en el país donde se cree que se localiza el objetivo, que evalúe qué tan grande debe ser la recompensa (si es demasiado pequeña, no tentará a nadie). Una vez que se elige una cifra, la recompensa se anuncia en el sitio web del NRP, se publica en periódicos, se reparten volantes, se pegan avisos en las calles. Los agentes de la DEA se aseguran de informar también a sus fuentes confidenciales. En otras palabras, se corre la voz.
El exagente de la DEA Tom Pasquarello, quien dirigió la oficina de la agencia en el sudeste asiático entre 2007 y 2011, relata que anunciaba las recompensas en camisetas, cajas de cerillos, naipes y gorras, con los nombres, las caras y las recompensas. La policía local iba a clubes de striptease y bares nocturnos para repartir el material.
Esas modernas versiones de los letreros de “Se busca” tuvieron el efecto deseado. “Estas personas a las que estábamos cazando se ponían nerviosas y cambiaban su estilo de vida”, menciona Pasquarello. “Ahí es cuando son más vulnerables”.
Vigil hizo múltiples pagos a informantes durante sus quince años como agente encubierto.
En México, una de sus fuentes era un sicario que también transportaba droga y sobornaba a funcionarios locales. El informante ayudó a capturar a un jefe narco a cambio de una recompensa de 2 millones de dólares. Algunos informantes toman el dinero y huyen. Otros exigen un boleto a Estados Unidos, una nueva identidad y un nuevo comienzo.
Pero en 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia criticó el uso de fuentes confidenciales por parte del gobierno estadounidense. Tras una auditoría, la oficina emitió un feroz informe que atacaba los programas de delatores al considerarlos plagados de deficiencias y muy vulnerables al fraude.
“La DEA no supervisó adecuadamente los pagos a sus fuentes, exponiéndose a una posibilidad inaceptablemente alta de fraude, derroche y abuso, especialmente dada la frecuencia con la que las oficinas de la DEA utilizan y pagan a fuentes confidenciales”, reza el informe.
Como ejemplo, el Inspector General señala que en los años fiscales 2011 a 2015, la DEA pagó alrededor de 9 millones 400 mil dólares a más de 800 antiguos informantes que ya no proporcionaban datos. La agencia no realizó un seguimiento adecuado de la actividad de los delatores y “no documentó las justificaciones pertinentes de todos los pagos a informantes”, afirma la auditoría. (El portavoz de la DEA, Sparks, asegura que los pagos del NRP son estrechamente supervisados).
Un descubrimiento “extremadamente preocupante”, según el Inspector General, fue que la DEA aprobó el pago de “subinformantes”, individuos reclutados y pagados por los informantes confidenciales de la agencia. Su uso, detalla la oficina, “aumenta la posibilidad de que las personas realicen actividades ilegales en nombre de la DEA”. Por su parte, la agencia dice que respondió a la auditoría instrumentando “cambios significativos” en sus políticas y emprendiendo programas de capacitación para la coordinación de fuentes confidenciales.
El informe del Inspector General llamó la atención del legislador Stephen Lynch de Massachusetts. De suerte que el año pasado propuso la Ley de Rendición de Cuentas sobre Informantes Confidenciales para transparentar el tema. “Las agencias están gastando millones de dólares en programas de informantes confidenciales, y el Congreso no tiene ninguna información sobre quiénes son estos informantes, si cometieron algún delito y si han sido debidamente investigados”, menciona.
Lynch está pidiendo que las agencias federales revelen los delitos que sus informantes confidenciales han cometido y cuánto dinero se les ha dado. “No hay rendición de cuentas, porque es un tema de dinero en efectivo”, señala. En algunos casos, el NRP ha corrompido la observancia de la ley, dice el congresista, sin proporcionar ejemplos.
“Hay agentes de la DEA y del FBI que ganan 120 mil dólares al año y tratan con cárteles que ingresan eso en un solo día”, agregó.
Un portavoz de la DEA apunta que la agencia tiene una oficina específica para investigar las denuncias de conducta indebida de los empleados, pero se negó a comentar en particular las acusaciones de Lynch. La Cámara de Representantes remitió la propuesta de ley de Lynch al Subcomité de Delitos, Terrorismo, Seguridad Nacional e Investigaciones en abril de 2017, y allí se quedó en un cajón.
Alexandra Natapoff, profesora de derecho en la Universidad de California y autora de un libro sobre informantes confidenciales, cree que el proyecto de Lynch arrojaría la luz necesaria sobre ese oscuro rincón de agencias federales. “Hay tanto secretismo en el otorgamiento de recompensas que la verdad es que no tenemos idea de cuáles son las recompensas máximas”, dice Natapoff. “Esa intersección es un aspecto preocupante de nuestro sistema criminal que hace parecer que la justicia está a la venta”.
Cowden, el exfiscal federal, dice que los informantes y las negociaciones de condena (donde el acusado coopera como informante) siempre se han utilizado como parte de la justicia penal en el país. “Hacemos esa clase de tratos todo el tiempo, el sistema funciona de esa manera”, dice. Sin embargo, a diferencia del NRP, esos acuerdos generalmente tienen una exhaustiva supervisión, añade. Sin ella, la tentación de que la policía y los agentes tomen el camino más fácil puede ser demasiado grande.
En opinión de Cowden, los ciudadanos en una democracia siempre deben exigir transparencia y preocuparse cuando se les niega. “No me voy a sentar aquí tan campante y decir que deberíamos confiar en que la DEA haga lo correcto”.
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