Othón Muñoz Bravo, alias "El
Cachetes", empresario gasolinero señalado por las autoridades poblanas
como líder huachicolero, no sólo tiene amistades en la política, también en la
justicia federal.
El diario Periódico Central
difundió ayer una fotografía en la que "El Cachetes" aparece
departiendo con Carlos Loranca Muñoz, Magistrado del Primer Tribunal Unitario
del Sexto Circuito, con sede en Puebla.
Datos del Consejo de la
Judicatura Federal indican que Loranca Muñoz ocupa el cargo de Magistrado de
Circuito desde enero 1992. Antes fue Juez de Distrito y Secretario Particular
de un Ministro en la Primera Sala de la Corte.
En la misma fotografía aparece el
senador del PAN, Javier Lozano, quien ayer reconoció que conoce y se ha reunido
con "El Cachetes", y también el ex diputado federal del mismo
partido, Nestor Octavio Gordillo Castillo.
De acuerdo con la información
difundida por el diario, la fotografía fue tomada en una reunión que se realizó
en un inmueble de "El Cachetes" ubicado en el Fraccionamiento El
Cristo, de Atlixco, Puebla, y que fue cateado hace unos días por elementos de
la Marina.
El 22 de agosto, REFORMA publicó
una fotografía en la que se observa a "El Cachetes" con el ex
Gobernador de Puebla y aspirante presidencial panista, Rafael Moreno Valle,
quien rechazó cualquier tipo de relación o vínculo con el empresario.
Señalado por el Gobierno de
Puebla como un "importante líder dedicado al robo de combustible", Muñoz
Bravo fue detenido el pasado 20 de agosto en el Fraccionamiento El Secreto de
Lomas de Angelópolis, en un operativo de la Fiscalía de Puebla y la Marina.
Química en clase política
Para el senador Javier Lozano, el
empresario gasolinero, quien se encuentra recluido en la cárcel de mediana
seguridad de Tepexi de Rodríguez, Puebla, hizo química entre la clase política
local.
"Se desenvolvía con mucha
naturalidad, como pez en el agua entre una buena parte de la sociedad y de la
clase política, y lo que no nos imaginamos, al menos yo ni por asomo, es que
pudiera estar metido en este tipo de lenguajes", refirió Lozano.
"Pero que quede claro,
porque yo también se las canté, se los advertí, aquí el que la hace la
paga", añadió.
Lozano recordó la imagen publicada
por REFORMA en la que se ve a Moreno Valle con Muñoz Bravo, y reiteró que por
el hecho de existir una fotografía con una persona que está detenida, no lo
vuelve cómplice.
Explicó que el diputado local del
PAN, Sergio Moreno Valle, primo del ex Gobernador de Puebla, fue quien le
presentó a Muñoz cuando estaba en campaña por la senaduría, en 2012. No
obstante, sostuvo, nunca recibió aportación alguna del personaje.
Adriana Gonzales suegra de Pilar Garrido, la mujer española asesinada en México, recordó hoy que solo se encontraron restos óseos de Garrido, lo que le lleva a sospechar que el asesinato se ejecutó para traficar con sus órganos.
“De mi nuera fueron encontrados solamente restos. No hubo órganos. Se los dejo a que ustedes lo piensen, ¿por qué no pidieron rescate? Porque vale más una persona en órganos que en vida, y ustedes y nosotros lo sabemos”, apuntó González, madre de Jorge Fernández, esposo de la valenciana y acusado del crimen.
Los padres de Fernández y la madre de Garrido, Rosa María Santamans, ofrecieron hoy una rueda de prensa desde la casa de la pareja, en la que exigieron una vez más una investigación completa del crimen y defendieron la inocencia del marido de Garrido.
“Ha habido un gran apuro por parte de la Procuraduría (fiscalía estatal) para encontrar culpables por la presión del Gobierno español. (…) Hubo una presión muy fuerte”, dijo Jorge Fernández Villarreal, padre del esposo de Garrido, hoy en prisión preventiva acusado de matar a su mujer.
La madre de Garrido dijo hoy “confiar” en Jorge y afirmó que lo conocía muy bien, pues la pareja vivió en su casa durante tres años en Valencia y ella había visitado a su hija varias veces en México, siendo la última vez durante dos meses en abril y mayo de este año.
Desmintió también maltrato de Fernández hacia su hija.
“Me enojé mucho con la prensa cuando decían que Pilar era una mujer maltratada. Nunca se hubiera dejado amedrentar por nadie, e incluso teníamos una palabra clave y la hubiera dicho en cualquier momento para que yo hubiera venido o hubiera hecho lo posible por ella”, explicó.
La desaparición y muerte de la valenciana Pilar Garrido dio la semana pasada un vuelco de 180 grados cuando la fiscalía de Tamaulipas, uno de los estados más peligroso del país, acusó a su marido de golpear y estrangular a su mujer, dejando el cadáver al lado de una carretera cuando volvían de pasar unos días en la playa.
No obstante, Fernández siempre sostuvo que la pareja regresaba el 2 de julio en auto cuando un vehículo con dos hombres los interceptó para intentar robarles el automóvil, pero acabaron llevándose a su mujer, de 34 años.
El 26 de julio se encontraron unos restos óseos en un paraje cercano al lugar de los hechos, en la carretera entre Ciudad Victoria, capital del nororiental estado de Tamaulipas, y el balneario de la Pesca, y las pruebas de ADN demostraron semanas después que eran los de Garrido.
Los suegros de Pilar Garrido denunciaron hoy que los presuntos asesinos de la española todavía andan sueltos, y recordaron que su esposo incluso dio un retrato robot, que se difundió a los medios, de uno de los presuntos culpables.
“Mi hijo ha reconocido plenamente a uno de los plagiarios (secuestrado) y siento que nosotros estamos en peligro, porque anda suelto”, apuntó González.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en 2015 que el 8 % de los transplantes mundiales proceden del tráfico de órganos, y que en el mercado negro estos pueden alcanzar los 150.000 dólares.
Oficialmente, México siempre ha negado la existencia de un mercado de órganos ilegal en el país, si bien varias voces han denunciado casos a lo largo de los años y los indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos se enfrentan a muchos peligros durante su travesía, entre ellos el robo o el secuestro.
En una
privada de casas de interés social en Xochitepec, Morelos, están registrados al
menos 16 autos de lujo, incluidos 11 Ferraris. En esa privada fue registrado un
Ferrari 458 Coupé a nombre de Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la
República.
CLAUDIO GONZÁLEZ CARAZA
Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad
4 DE SEPTIEMBRE 2017
Veinte kilómetros
al sur de Cuernavaca, en el cruce de las calles Paseo de la Lealtad y Paseo del
Amor, en el municipio de Xochitepec, estado de Morelos, hay una pequeña privada
con 44 casas hechas en serie: miden 75 metros cuadrados y cuentan cada una con
dos recámaras. Vecinos del conjunto habitacional dicen que sus inmuebles valen
entre 400 mil y 600 mil pesos cada uno, según el estado de conservación de las
viviendas.
Por extraño que
parezca, datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos a los que
tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que
cuatro de las casas de esa privada de interés social son el domicilio dado de
alta por los propietarios de 16 autos de lujo, entre ellos once Ferraris. Uno
de los autos de esa marca italiana está registrado a nombre del Procurador
General de la República, Raúl Cervantes Andrade.
Según los datos
consultados, el valor de esos autos en el momento de su venta suma 56 millones
800 mil pesos. Ese monto alcanzaría para comprar unas 126 viviendas como las de
la privada de Paseo de la Lealtad, si se calcula en 450 mil pesos el precio de
cada inmueble (en eso los tasa un anuncio de
un portal en Internet que se especializa en la compraventa de bienes raíces).
La disparidad
entre el valor de esas viviendas y el de esos autos tiene una sencilla
explicación: esta privada ha sido utilizada como “domicilio de papel” a la hora
de registrar autos.
En la vivienda
del lado derecho está registrado un Ferrari a nombre de Raúl Cervantes Andrade
Un anuncio de
venta en las rejas de la privada
EL FERRARI DEL PROCURADOR
El vehículo que
el Procurador registró en Paseo de la Lealtad es un Ferrari 458 Coupé, modelo
2011; tiene 8 cilindros y un motor de 4.5 litros. El importe de la factura de
este auto es de 3,890,932 pesos. MCCI pudo corroborar esta información en bases
de datos oficiales, como la de la Secretaría de Movilidad de Morelos, en donde
hasta esta semana el estatus del auto aparecía como “activo”.
La casa de la
privada de Paseo de la Lealtad donde se registró el coche de Cervantes es la
número 46, una vivienda que se halla deshabitada, según cuentan vecinos
consultados. Benjamín, un vecino de la privada, señaló que “las casas se están
echando a perder porque (los dueños) no vienen”. De acuerdo a datos del
Registro Público Vehicular (REPUVE), el Ferrari del Procurador fue inscrito en
Morelos el 14 de septiembre del 2012, nueve meses después de que ese estado
eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como Senador
por el PRI.
Al cuestionar el
miércoles 30 de agosto en la oficina de comunicación de la PGR sobre un auto
deportivo a nombre de Cervantes Andrade, la respuesta fue: “lo que podemos
decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese
estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años”.
Al personal de la
vocería de PGR se le cuestionó también vía mensajería WhatsApp si el procurador
reconoce como uno de sus domicilios el ubicado en Paseo de la Lealtad, donde
está registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade un Ferrari 2011 modelo 458. Se
limitaron a contestar “no tengo ese dato”. Posteriormente agregaron: “El Dr.
Cervantes tiene domicilio en Morelos y la libertad como cualquier persona de
emplacar sus vehículo ese estado (sic). Todo está en su declaración
patrimonial. Y los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben
proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas.”
En la misma casa
en la que se registró el auto del procurador, hay registro de otros tres autos
a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un
auto marca Ford.
La información
consultada por MCCI también se pudo corroborar en la sección de pagos del sitio
web de la Secretaría de Hacienda de Morelos. Para pagar el refrendo de un
vehículo en ese sitio es necesario proporcionar el número de placa y el número
de identificación vehicular. Al ingresar los datos correspondientes al Ferrari
que aparece a nombre del Procurador en Morelos, el sitiode
la Secretaría de Hacienda morelense hace un pre-registro en distintos campos
del formulario que los usuarios tienen que llenar. En los campos “Nombre”,
“Apellido Paterno”, y “Apellido Materno” se lee “Raúl Cervantes Andrade”. La
dirección que proporciona el sistema es la de Paseo de la Lealtad 46, con
código postal 62790.
El 13 de julio
pasado, en una visita a la privada, reporteros de MCCI observaron que solo
cuatro vehículos se hallaban estacionados en la cerrada: un Nissan Sentra
guinda, un viejo Volkswagen Jetta plateado, un triciclo de carga amarillo y un
pequeño triciclo azul para niños. Los vecinos consultados en esa visita dijeron
que nunca han visto un auto de lujo entrar por las rejas de su cerrada, mucho
menos un Ferrari.
En la vivienda
con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados
otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic. Mientras el
costo de una vivienda no sobrepasa los 600 mil pesos, el valor de venta de esos
ocho autos rebasa los 33 millones de acuerdo con la información obtenida por
MCCI.
Por su parte, en
la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14
millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé
y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.
En la
privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis
Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo, Coahuila y
Monterrey, Nuevo León. Rayet registró dos autos en la misma casa que el
Procurador; además de un Ferrari en el número 38 de la privada. Rayet Díaz no
respondió a múltiples intentos de contacto en los que MCCI buscó obtener su
postura sobre este tema.
Otro empresario
que sería parte de la vecindad es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con
una nota periodística
de Animal Político publicada en abril de este año, compró terrenos a precio de
ganga al gobierno de Roberto Borge, el exgobernador prista ahora detenido en
Panamá.
Un último
empresario capitalino que registró autos en esa privada es Ricardo Alberto
Orrantía Cantú, quien se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo
Altavista. Esa empresa tiene su sede en la colonia
San Ángel Inn de la Ciudad de México. Orrantía Cantú registró un Ferrari F430 y
un Ferrari 458 Convertible en Paseo de la Lealtad. De acuerdo con una nota publicada
en El Universal en junio del 2014, la Procuraduría Fiscal de la Federación
acusó a este empresario de haber defraudado a la Secretaría de Educación
Pública durante el sexenio del Presidente Fox. Fernando Martínez, un
representante de Orrantía Cantú, confirmó que los dos Ferraris son suyos.
No son solo los
empresarios de la Ciudad de México los que han desarrollado gusto por los
encantos de este modesto suburbio morelense. Joseph Woldenberg Russell, quien
según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana
Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en la casa número 40.
Woldenberg prefirió no dar una postura frente a este reportaje.
También hay autos
registrados a nombre de empresas. Está, por ejemplo, el Ferrari 458 Coupé
modelo 2010 registrado por Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V., una
empresa que según una nota de Milenio de 2014 apareció en la lista negra del
Servicio de Administración Tributaria (SAT). El fideicomiso 1518 de Banco
Interacciones, S.A. de C.V. también tiene un Ferrari ahí. El FF Coupé modelo
2012 con valor de venta, según los datos consultados por MCCI, de 6 millones
358 mil 924 pesos, está registrado en la casa número 38.
El sexenio de Enrique Peña Nieto comienza su último año sin saber qué hacer con el homicidio vinculado a delitos federales, como si fuera un problema que se arreglará por sí solo.
En su mensaje por el Quinto Informe de Gobierno, el presidente dejó ver que la investigación y resolución del homicidio presuntamente relacionado con la delincuencia organizada en México es un área gris, responsabilidad de nadie. Ante un escenario en el que simplemente no podía salir bien librado –como tampoco las autoridades de los otros niveles de gobierno– optó por sacar un truco del sombrero de mago.
Peña afirmó que “Hoy, una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de los estados y municipios”. El primer problema es que el Presidente utilizó información –generada por el CISEN– que no es pública y que resulta de una presunción, porque la categoría no se basa en la resolución de un juez. Seguramente por eso esta información no aparece en el anexo estadístico del Quinto informe.
El segundo problema es que de su declaración se desprende que aquellos homicidios relacionados con el crimen organizado son, usando sus palabras, “responsabilidad” de la federación. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no los atrae. ¿A qué se refiere entonces el Presidente Peña cuando habla de responsabilidad? La PGR ha iniciado un total de 107 investigaciones1 por el delito de homicidio de diciembre de 2012 a junio de 2017 de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información pública.2 La cifra alcanza apenas uno por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por homicidio doloso en el mismo periodo a nivel nacional, y no necesariamente están relacionados con el crimen organizado.
La lógica es la siguiente: alguien que se presume relacionado con el narcotráfico y anexos no merece la atención del Estado para llevar ante la justicia a los responsables de su homicidio. Esta decisión política transexenal de facto ha abaratado el homicidio a los niveles que vemos hoy. Matar es gratis si el Estado considera a la víctima una no-víctima; un ciudadano de tercera.
Esta área gris de responsabilidad permea en todos los niveles de gobierno. Incluso Evodio Velázquez, alcalde de una de las ciudades más violentas del país en los últimos años, Acapulco, Guerrero, ha declarado que le corresponde a la federación investigar estos asesinatos. En otras palabras, que a él no lo molesten con este tema. Y si bien los municipios no tienen atribuciones para investigar delitos, sí pueden implementar acciones para atender las causas de raíz de este delito.
El problema de que esta sea una mentalidad ampliamente difundida es que el enfermo crónico de violencia homicida llamado México superará este año a 2011, el que había sido el más mortífero de nuestra más reciente crisis de seguridad. Y todo esto ocurrirá sin que una sola autoridad de cualquier nivel de gobierno haya desarrollado en todo este tiempo una estrategia contra el homicidio por vías que no se limiten a la reacción policial. Como un enfermo en crisis que miran de reojo los médicos de turno, sin que sepan a cuál de ellos le toca atenderlo.
Pero el gobierno federal anunció en agosto de 2016 una “Estrategia integral de atención prioritaria a municipios que concentran el mayor número de homicidios dolosos”, se dirá. Esa película, sin embargo, ya la vimos por años. Es prácticamente imposible reducir el homicidio de manera sostenible únicamente mediante el despliegue de fuerzas policiales federales para la reacción, aún en coordinación con las estatales, y estas fueron las únicas acciones inmediatas de la estrategia.
Como si fuera momento de llevárselo con calma, las llamadas acciones “progresivas” de la estrategia fueron las de prevención y las de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Como no existe hasta el momento un reporte de éstas acciones implementadas específicamente para controlar y reducir el homicidio, no hay elementos para pensar que las acciones “progresivas” se han llevado a cabo.
La reforma de seguridad pública, que toca el tema de desarrollo y certificación de capacidades policiales estatales y municipales, está desde 2016 congelada en la Cámara de Diputados. Si creemos que la policía le ha fallado al país, en los hechos, la clase política no se cansa de fallarle a las policías y con ello, a toda la población afectada por la inseguridad.
Aunque el presidente responsabilizó, acertadamente, en su Informe de Gobierno a los gobiernos locales de atender una parte de la violencia, su demanda se desvirtúa cuando no recurre al mismo ímpetu para definir al responsable de atender aquellos vinculados a delitos federales. Si Peña no lo tiene claro, ¿quién sí en los estados y municipios?
Un México donde se mata sin consecuencias no es un México en paz.
Fuente.-Lilian Chapa Koloffon
Lilian Chapa Koloffon es editora de este blog. Especialista en políticas de seguridad y prevención del delito.
1 Total de averiguaciones previas del sistema de justicia anterior y carpetas de investigación del nuevo.
