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domingo, 21 de mayo de 2017

SEDESOL FEDERAL a 25 AÑOS y 1,5 BILLONES GASTADOS,la MISMA CANTIDAD de POBRES en el PAIS...el negocio es que no desaparezcan.


En un cuarto de siglo, la Secretaría de Desarrollo Social ha gastado más de un billón 564 mil millones de pesos en la implementación de programas sociales; pese a ello, hoy existen prácticamente los mismos niveles de pobreza que hace 25 años.


Creada el 25 de mayo de 1992 por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo profesionalizar la implementación del Programa Nacional de Solidaridad, la dependencia ha sido la encargada de aplicar la política social dictada por cinco mandatarios, ha contado con 12 titulares y entre las instancias que conforman su estructura se encuentra la coordinación nacional del programa social más grande del país: hoy conocido como Prospera.

Además, en los últimos 25 años, la Sedesol ha registrado al menos 13 modificaciones con el objetivo de aumentar sus atribuciones, ampliar su base de beneficiarios y hacer más eficiente su funcionamiento interno.

No obstante, sus resultados no son los esperados. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional Evaluación de la Política Social, no se han reducido sustancialmente los índices de pobreza y ésta continúa concentrándose en los mismos estados que hace casi dos décadas.

Presupuesto al alza

Actualmente, la Sedesol es la tercera secretaría de Estado con más presupuesto, superada sólo por las carteras de Educación y Salud.

Desde su creación, los recursos etiquetados a dicha dependencia se incrementaron de manera sistemática; no obstante, fue hasta el sexenio de Felipe Calderón cuando éstos se duplicaron.

Los datos indican que durante el gobierno del panista Vicente Fox, el presupuesto de Sedesol ascendió a más de 225 mil millones de pesos; mientras que en la administración de Calderón, aumentó a más de 544 mil 885 millones.

La del priista Enrique Peña Nieto se perfila como la administración en la que esta secretaría ejercerá el mayor presupuesto de su historia, pues entre 2012 y 2017, ya suma más de 588 mil 514 millones, y falta un año de ejercicio.

Misma pobreza

En 2010, se modificó la metodología para la medición de la pobreza; no obstante, cifras oficiales permiten concluir que, en el último cuarto de siglo, ha sido imposible acabar con este flagelo.

La evolución de la pobreza en materia de ingreso indica que, en 1992, el 53.1 por ciento de la población vivía en pobreza de patrimonio, pues era incapaz de adquirir los alimentos y los bienes y servicios indispensables para alcanzar un nivel de vida digno.

Para 2014 -la medición más reciente de Coneval-, las personas en esta situación equivalen a 53.2 por ciento de la población.

Aunque la pobreza extrema registra una reducción, las cifras indican que ésta es mínima.

Según el Coneval, hace 25 años el 21.4 por ciento de los mexicanos vivían en pobreza alimentaria, pues no les alcanzaba para adquirir una canasta básica aunque destinaran la totalidad de sus ingresos.

Las cifras correspondientes a 2014 indican que, para ese año, 20.6 por ciento de la población tenía ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.

Los índices de pobreza no son los únicos que han permanecido casi inamovibles en el último cuarto de siglo. Aunque no existen datos oficiales que permitan saber cuál era la distribución geográfica de ésta en 1992, la información disponible indica que, entre los años 2000 y 2014, los estados más pobres del país han sido los mismos: Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En contraste, en el mismo periodo, los estados con menos pobreza han sido Baja California, Ciudad de México y Nuevo León.

La dinámica de la pobreza es el único indicador que se ha modificado. Según el Coneval, la pobreza rural se redujo; mientras que la urbana aumentó.

El organismo indica que, entre 1992 y 2014, la pobreza en el sector rural disminuyó de 66 a 62 por ciento, en tanto que la pobreza extrema descendió de 34 a 32 por ciento.

En el sector urbano, la pobreza aumentó de 44 a 50 por ciento, y la pobreza extrema pasó de 13 a 17 por ciento.

El fracaso

Para el economista Mario Luis Fuentes, parte de la explicación del fracaso de la política social se encuentra en su diseño.

Fuentes recuerda que los programas creados en las décadas de los 80 y 90 tenían como objetivo reducir el costo social de las reformas económicas impulsadas por el gobierno federal.

Al mismo tiempo, agrega, buscaban crear en los individuos las capacidades necesarias para incorporarse al mercado laboral que surgiría a partir del desarrollo económico que se esperaba de dichas reformas.

El problema, indica el académico, es que el desarrollo económico y las fuentes de empleo no llegaron.

Así, la Sedesol se convirtió en una instancia incapaz de compensar la realidad de una economía que no crece y que, cuando lo hace, concentra la riqueza en unos cuantos.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social advierte que este paradigma prevalece en la política social del gobierno. Prueba de ello, señala, es que actualmente las políticas económica y social están completamente disociadas, a pesar de que una es resultado de la otra.

"La gran explicación a la incapacidad de las distintas administraciones para generar una disminución de la pobreza tiene que ver con la fractura del empleo, ahí está la respuesta. La pregunta es ¿por qué no ha crecido la economía si ha habido tantas reformas, si tuvimos una renta petrolera brutal, sobre todo en el sexenio 2000-2006?", cuestiona.

El investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM indica que la Sedesol tampoco ha logrado articular al sector social.

Hoy en día, existen más de 5 mil 600 programas sociales que no se complementan entre sí y que, en muchas ocasiones, generan desigualdad.

Un ejemplo: en la Ciudad de México, el programa 70 y más otorga a los adultos mayores apoyos por más de mil pesos; mientras que en Morelos, el mismo programa social proporciona sólo 500 pesos.

El economista afirma que esta "república social salvaje", ha impedido que exista una política nacional articulada.

"Hay 33 políticas sociales, no una política nacional; habría que ver cada una y, en algunos casos, habrá coincidencias, hay congruencia, pero es fortuito, se da porque comparten territorios, no por un diseño que de origen pudiera haber pensado que buscaba complementar todo este esfuerzo", señala.

Dispersión y uso político

En opinión de Alejandro González, director general de Gestión Social y Cooperación AC (una organización civil especializada en la evaluación de programas sociales), otra explicación del fracaso de Sedesol es que ésta renunció a hacer política social.

El especialista indica que Sedesol ha privilegiado el uso político de los programas sociales por encima de la construcción de una estrategia nacional basada en la universalización de derechos.

De esta manera, el combate a la pobreza ha estado estructurado a partir de programas sociales que, al ser focalizados, se multiplicaron a lo largo y ancho del país con el objetivo de atender problemas específicos e incluso coyunturales, así como a pequeños sectores de la población.

El resultado es un esquema que pulveriza los recursos, dificulta el manejo y la transparencia del presupuesto y favorece el uso clientelar de los programas.

"Lo que tenemos ahora es un modelo totalmente fragmentado de política social, con más de 150 programas sociales al año, en los que se invierten más de 500 mil millones de pesos, pero que pulveriza el recurso y termina por no necesariamente llegar a quién tiene que llegar. ¿Quién en su sano juicio maneja 150 programas? Administrativamente, es complejísimo", sostiene.

González indica que, pese a la evidencia de que este esquema de combate a la pobreza ya no funciona, actualmente nadie plantea su modificación debido a que hay sectores políticos que se favorecen de él.

"Hay gente que se está beneficiando, hay inercias, hay intereses", sentencia.

Para el especialista, una muestra de que la política social es vista como un instrumento político es el hecho de que de los 12 titulares que ha tenido Sedesol, sólo uno es especialista en desarrollo social.

"Llegar al extremo de tener un secretario como el que tenemos (el priista mexiquense Luis Miranda), un operador político, ya es la última expresión del fracaso de nuestro modelo", indica.

El director de Gesoc señala que las evaluaciones y los estudios académicos que documentan el fracaso están sobre la mesa desde hace varios años.

Lo que falta, dice, es un liderazgo que impulse y conduzca las reformas necesarias, pues hasta ahora, la Sedesol se ha negado a liderar ese debate.

"Lo que requerimos es la voluntad política de un liderazgo que tiene que venir de un proyecto de país, desde la Presidencia de la República, para reconocer que este modelo no está funcionando y que ahora estamos dispuestos a poner por delante al país, a los pobres y a las personas vulnerables, más que a los beneficios o la renta política", comenta.

Modelo de derechos

Los especialistas coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo de política social basado en derechos.

Éste, indican, estaría encaminado a garantizar los tres derechos fundamentales para garantizar un nivel de vida digno: ingreso mínimo, educación y seguridad social.

El acceso universal a estos derechos, detallan, reduciría de manera importante el número de programas sociales, limitaría el uso político de éstos y promovería la coordinación entre la federación, los estados y los municipios.

Un esquema así limitaría también la pulverización del presupuesto social, pues focalizaría éste hacia la conformación de un piso mínimo de bienestar para el grueso de la población.

El próximo 25 de mayo, la Sedesol cumplirá 25 años. A decir de Alejando González, llegará a su aniversario inmersa en un marasmo en el que lleva un cuarto de siglo.

Fuente.-




LA "PROFE GORDILLO" a PUNTO de la LIBERTAD...esta venciendo a la Justicia selectiva de Peña Nieto.

El abogado de Elba Esther GordilloMarco Antonio del Toro, informó esta semana que la ex lideresa magisterial fue encontrada inocente del delito de defraudación Fiscal.


Precisó que Elba Esther Gordillo logró una sentencia firme de inocencia por el delito de defraudación fiscal, que la Procuraduría no podrá impugnar y sólo queda un proceso por lavado de dinero.

El abogado expuso que, los jueces resolvieron la resolución de inocencia del segundo proceso el jueves, la cual se dictó por unanimidad, donde los tres magistrados resolvieron la inocencia de Elba Esther Gordillo en el recurso 215/2015, del Quinto Tribunal.

El abogado añadió que la confianza está sustentada en que también para lavado de dinero se requiere que haya previas facultades de comprobación; “si ya hay dos resoluciones que así lo exigen y así también lo exige lavado de dinero lo racional técnicamente es que se le declare inocente también de ese tercer y último proceso, pero no queremos adelantar acontecimientos”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que están al cuarto para la hora para que se acerque su libertad plena y que “alcance la libertad que merece, después de haber estado casi cuatro años enclaustrada en un cuarto de hospital”.

Su absolución de 2 de 3 delitos que se le imputan, se dan en el marco en el que Gordillo supuestamente apoya a la maestra Delfina Gómezcandidata por la gubernatura al Estado de México.

Luego de romper su alianza política con el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 cuando fue capturada, era de esperarse que la ex líder del gremio magisterial tomaría cartas en las elecciones mexiquenses, señalaron algunos columnistas.

El llamado de apoyo de Gordillo hacia la candidata de Morena se formalizó el pasado sábado, cuando Delfina Gómez se reunió con Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther y quien fungiera como subsecretario de Educación durante el gobierno de Calderón, y con Rafael Ochoa, uno de los operadores políticos de la ex líder del SNTE. Esto, durante un evento realizado en Tlalnepantla el pasado sábado 13 de mayo, en el que Delfina Gómez se reunió con integrantes del magisterio que externaron su apoyo a la campaña.

Para el líder del sector popular del PRIArturo Zamora, la alianza quedó evidenciada luego de darse a conocer una supuesta reunión entre Gómez Álvarez, el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa, y Fernando González, ex subsecretario de Educación Pública y yerno de Gordillo Morales, para manifestarle a la candidata morenista su respaldo.

Tras el marco de dicha reunió el integrante de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que Elba Esther Gordillo está en la cárcel por desvío de recursos públicos, mientras que Delfina Gómez desvió recursos que no le pertenecían, los de los trabajadores de Texcoco, cuando fue presidenta municipal.

Con el argumento de que “Delfina es maestra” y por eso hay que apoyarla, Elba Esther, se dice, engatusa a la Sección 36 del SNTE para que voten por ella el próximo 4 de junio, esto con a finalidad de fraguar su venganza contra Peña Nieto por haberla metido a la cárcel y por iniciar la reforma educativa, con la que perdió privilegios estrafalarios.
Fuente.-

MEXICO,ESTADO de DERECHO "CHUECO"...o donde mucho del poder militar y policial es bien derecho con lo chueco.

Imagen.-Internet/


El general está haciendo un trabajo fantástico. Sacó a esos chavillos de donde se escondían. A todos los rateros que andaban por acá, secuestrando, matando, extorsionando a los negocios, los bajó. Limpió la plaza.

Estado de derecho vs. estado de chueco

El comandante lo ha hecho muy bien. Paró la guerra acá, controló la pelea de los cárteles. Mató a unos cuantos, pero es que si los mete a la cárcel salen luego luego. Hizo muy bien su trabajo.
El procurador era excelente. Les quemaba las manos a los narcos para que contaran como estaba el negocio y a cuáles políticos locales le habían pagado la campaña. Levantaba a los narcomenudistas y después ya no aparecían. Dejó de haber balaceras en las calles todos los días. Hizo un trabajo excelente, por eso lo promovieron.
Usted no sabe lo que es vivir todos los días con el miedo a las balaceras, tomar otro camino para llegar al súper, a la escuela, porque están incendiando camionetas en la calle donde vivo.
Usted no sabe lo que es que estén chupándole gasolina a los ductos en el monte cerca de mi casa, usted no sabe lo que es que hagan una mina de carbón ilegal en plena ciudad, el peligro que es eso para todos.
Usted no puede saber lo que significa que el gobernador venga a casarse aquí, mientras nos estaban secuestrando, matando, y traiga a sus 200 soldados, vengan todos los políticos de México, hagan su fiesta para las revistas de sociales, y luego se vayan de nuevo, con sus soldados, dejándonos en la misma indefensión.
Usted no sabe lo que es que te asalten en un semáforo mientras vas en el carro con tus hijos, que te maten a tiros en la puerta de tu casa, que tu padre desaparezca durante años, después de salir a un viaje para el que yo le hice la maleta.
No sabes lo que es que tu hija sea descuartizada y disuelta en ácido porque estaba en una fiesta en la que alguien recibió un mensaje de texto de un grupo contrario a los chavos anfitriones, los que habían pagado todo el whisky, los que la invitaban a fiestas gracias a las que estaba juntando dinero para celebrar el cumpleaños a su niño.
Usted no sabe lo que es aceptar dinero del narco para no informar de las balaceras, de los asesinatos, o hacer muchas notas sobre las narcomantas que ellos me dicen, sobre las ejecuciones que ellos me indican que hay que darle prioridad, para comprar una muñeca a mi niña el Día de Reyes, porque no me alcanza para juguetes con los 5 mil pesos mensuales que gano aquí en el periódico.
Los malos son ellos, los narcos. Los soldados, los policías, estaban haciendo su trabajo. Matarlos es su trabajo. Si usted critica que los soldados le den tiros de gracia a esos huachicoleros es porque usted está en su casa, con su smartphone y usted no sabe lo que es vivir en este infierno.
Usted no sabe lo que es vivir en un sitio sin ley, donde esperamos que venga alguien a salvarnos, como sea, a controlar la violencia, como sea, a matar a todos esos malditos.
Lo que ha leído hasta ahora, querido lector, querida lectora, son algunos de los testimonios que durante años algunos de ustedes me han contado en distintos lugares de México, o me han escrito.
Su confianza me ha permitido trazar este diminuto esbozo sobre cómo la violencia en México ha desbordado no solo el Estado de Derecho, en su aplicación, sino el concepto que tienen sus habitantes sobre cuáles son los límites permitidos en ese Estado.
Estado de Derecho, entendido en términos muy simplistas, significa la obligación que tiene el Estado de un país, conformado por sus poderes gobernantes, de garantizar la aplicación de la ley y el respeto a los derechos fundamentales del individuo, como la vida y la libertad.
En los diez años de la guerra contra el narcotráfico, en los que no se ha decretado un estado de excepción, ni siquiera una guerra en términos formales, hemos visto en México como el Estado de Derecho ha mutado en una suerte de salvajismo regional, en la cual los poderes militares y policiacos se han convertido, en unos casos, en los principales causantes del pánico de la población.
En otros, estos jefes regionales han optado por “limpiar la plaza”, tomando como principio básico para su actuar fuera de la ley, el hecho ampliamente conocido de que muchos de los criminales pisan la cárcel y salen muy poco después, o continúan presos, pero viviendo en condiciones no carcelarias, que les permiten hacer grandes fiestas al interior de los penales y controlar sus negocios ilícitos en el exterior, con la connivencia de las autoridades.
México discute ahora en el poder legislativo una Ley de Seguridad Interior que acentúa los miedos de muchas organizaciones civiles sobre cómo estas violaciones podrían quedar legitimadas. Los militares han presionado para que se legalice su aprobación, a sabiendas de que muchos de ellos han sido apresados por cumplir órdenes, que incluían asesinar civiles a sangre fría.
En esta determinación, según los principios que rigen el Estado de Derecho, un civil es siempre un civil, aunque trabaje para el narcotráfico, aunque sea un sicario. Y los militares lo saben. Como también saben que a los prisioneros no se les ejecuta, ni siquiera durante guerras formales.
¿Qué hará México ante esta rampante crisis del Estado de Derecho e, igual de grave, ante el hecho de que a su población ya parece no importarle tal Estado sino, comprensiblemente, que algún mesías salve su indefensión inmediata? ¿Es también el Estado responsable de que su población prefiera que los maten a que los apresen?
Considero muy grave que sigamos contando muertos, relatando las terribles historias de cada uno de ellos, sin detenernos a pensar qué está sucediéndole a la psicología de un país donde la barbarie proveniente de representantes del Estado es permitida, porque sabe a justicia.
Lo más desesperanzador en esta dicotomía es el hecho, incontrovertible, de que mientras usted lee este artículo, miles de pobladores de grandes regiones de México, ajenos a esta batalla legislativa, solo se preguntan si llegarán vivos a la mañana siguiente.
penileyramirez@univision.net



"ASI en los PINOS como en la TIERRA",RETRATO de 7 FAMILIAS PRESIDENCIALES...casi casi hechas a mano o bajadas de un cuento.


Así en Los Pinos como en la Tierra es un libro que nació por el trabajo de Diana Penagos, Jessica Sáenz y Alberto Tavira, tres periodistas y editores experimentados de la revista Quién, que realizaron un seguimiento muy cercano a las dinastías Díaz Ordaz, López Portillo, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. 

Familias presidenciales que no permitían ver más allá de su imagen pública, pero que en estas páginas se describen con gran detalle, como el reportaje sobre el rancho de Vicente Fox y Marta Sahagún, el cual obtuvo una mención especial del Premio Nacional de Periodismo en 2007.

En calidad de protagonistas, Diana, Jessica y Beto no sólo retratan las historias de los políticos en Así en Los Pinos como en la Tierra, sino que además nos adentran en la dinámica de la elaboración de los textos y su trabajo en la revista Quién

De acuerdo con los autores, se trata de historias que trazan un retrato agudo sobre la otra parte de las vidas de nuestros gobernantes, su relación con los medios de comunicación y, en ocasiones, la forma en que se relacionaban con la ciudadanía.

Animal Político, con autorización de la editorial Océano, te comparte un capitulo gratis del libro Así en Los Pinos como en la Tierra.

IMPUNIDAD al LIMITE,PERIODISTAS "IRRITAN MAS" a la AUTORIDADES que a NARCOS....el periodismo de investigación es indispensable al bienestar ciudadano y solo "si deja de investigar" al bienestar gubernamental.



El saldo es escalofriante tras poco más de 10 años de guerra contra la delincuencia organizada: 80 periodistas asesinados –un promedio de 7.6 asesinados anualmente–. Sin embargo, como siempre los promedios son muy engañosos porque en los últimos 16 meses y medio (de enero de 2016 al 17 de mayo de 2017) han matado a 16 periodistas, es decir, prácticamente uno al mes.
La reacción de las autoridades es prácticamente idéntica en todos los casos y, desde luego, éstas siempre asumen que los ejecutores de los periodistas son miembros de la delincuencia organizada. La intervención del presidente Enrique Peña Nieto en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el pasado miércoles 17, refleja dicha posición:
“De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos.”
Sin embargo, olvidan que, de acuerdo con las investigaciones de la organización de la sociedad civil Artículo 19, 53% de las agresiones son perpetradas por funcionarios públicos, no por el crimen organizado, con lo cual se derrumba el discurso oficial.
Pero, más allá de las estadísticas, vale la pena repasar algunos eventos significativos que no dejan muy bien paradas a las autoridades responsables de brindar garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en México.
En 1994, como director del periódico sinaloense Noroeste, estaba publicando un reportaje seriado sobre las andanzas del entonces capo del Cártel de Sinaloa Héctor Luis El Güero Palma, cuando una noche llegó a mi oficina Óscar Rivera Izunza –el reportero que había elaborado ese trabajo y que lamentablemente fue acribillado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de septiembre de 2007. Él estaba muy asustado porque en la entonces Policía Judicial le advirtieron que las publicaciones habían provocado el enojo del narcotraficante e implícitamente le ordenaban que las interrumpiera cuando todavía faltaban dos partes del reportaje.
Las primeras preguntas que le hice fueron: “¿Quién está enojado: la policía o El Güero? ¿Quién les dijo a ellos que estaba enojado?”. Y sin esperar respuesta continué: “Es aberrante que los mensajeros sean los responsables de lograr su detención”.
Trece años después, ya como colaborador de este semanario, me enteré de que el 24 de mayo de 2007 Ramón Pequeño, entonces jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), le informó al director de esta publicación que esa dependencia había detectado un plan del crimen organizado para atentar contra el reportero Alejandro Gutiérrez por reportajes que el compañero publicó en la revista (Proceso 1592 y 1593).
Las similitudes en estos dos casos son muy reveladoras: Primero, al revisar las publicaciones que supuestamente irritaban a los cárteles de la droga se advierte que a quien verdaderamente desnudan es a las autoridades, pues evidencian el fracaso de sus acciones, por incapacidad o complicidad, o los abusos que perpetran contra población inocente en sus operativos.
Segundo. De ser cierto que las amenazas provenían de los miembros de la delincuencia organizada, eso dejaba claro que las autoridades tienen muy buena labor de inteligencia o contacto directo con los cárteles. El cuestionamiento que se impone ante ello es por qué no utilizan esa información para frenar las acciones delictivas, y en cambio sí lo hacen para transmitir sus mensajes o dar a conocer sus planes a los periodistas incómodos.
Tercero. En ambos casos el mensaje se dirige a limitar y afectar el ejercicio periodístico, no a alentarlo y protegerlo. Es decir, aunque es éticamente comprensible que hagan del conocimiento de los periodistas los riesgos que corren, lo lógico de parte de la autoridad es acompañar la noticia con la certidumbre de que ellos (como las autoridades responsables de brindar seguridad a la población y garantías para “el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”, como también dijo Peña Nieto el miércoles 17) los protegerán para que cumplan con sus responsabilidades.
Desconozco si en el caso de Miroslava Breach y Javier Valdez hubo advertencias transmitidas por alguna autoridad, pero lo que sí puedo comprobar es que los reportajes de ambos incomodaban más a autoridades y políticos que a los integrantes de la delincuencia organizada; en el primer caso porque retrataban fielmente la libertad (por no decir protección) con la que estos grupos operan en Chihuahua, y en el segundo (para seguir el orden cronológico de los atentados) porque el semanario Ríodoce, del que era cofundador y codirector, semanalmente la desnuda y evidencia.
No se requiere ni siquiera citar u ocuparse directamente de las autoridades para evidenciarlas y criticarlas; basta con retratar la libertad, desparpajo y hasta cinismo con el que actúan los grupos del crimen organizado para incomodarlas.
Los asesinatos de periodistas no empezaron con la guerra a la delincuencia organizada, pero ésta si los aceleró. Lo verdaderamente importante es desentrañar quiénes son los autores intelectuales. Lo importante no es tanto saber quién jaló el gatillo, sino quién dio la orden de hacerlo.
Y si buscamos en función del móvil del crimen, dentro de los principales sospechosos hay que incorporar a autoridades y políticos; y si a esto se agrega que (de acuerdo con Artículo 19) en el caso de los asesinatos de los periodistas el índice de impunidad todavía es mayor que en el del resto de los casos, pues llega a 99.75%, hay todavía más razones para conjeturar que hay que buscar más allá de los cárteles.

fuente.-

DECOMISOS de ARMAS,"MUCHA PISTOLA y POCAS METRALLETAS"...y como siempre Tamaulipas se destaca.


La llamada guerra contra el narco, declarada por el ex presidente Felipe Calderón, acumuló miles de homicidios dolosos, producto de un ataque frontal a los cárteles de la droga. Sin embargo, capos y sicarios de esas organizaciones criminales no resultaron afectados cuantitativamente durante su administración, tampoco en lo que va de la de su sucesor, el presidente Enrique Peña Nieto.
En ese contexto, los rifles de asalto como AR-15, AK-47, M-16 y otros calibres potentes como Barret calibre .50 (antiaérea), así como granadas, sólo representan 11.1% de los decomisos desde hace 16 años, según registros de la Procuraduría General de la República (PGR), en oficios obtenidos por EL UNIVERSAL vía Ley de Transparencia.
En el periodo 2000-2016 los aseguramientos de armas largas corresponden sólo 22.3%; es decir, 44 mil 948, frente a los 201 mil registros. No obstante, sólo 11.1% corresponden a los de alto calibre que ocupa habitualmente el crimen organizado, de acuerdo con el folio de respuesta a la solicitud de información de este diario, 0001700296916, de la PGR.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, considera que no se puede asegurar si hubo un relajamiento en los decomisos en los años recientes, pero destaca: “Lo que parece es que no hay una estrategia de combate. Debería haber acciones que traten de retirar las armas de calibre pesado a la delincuencia. Hay estrategias, pero no efectivas”.
A pesar de que aparecen numerosos registros de armas largas, se trata de rifles de caza y escopetas. Sólo 22 mil 379 armas son de alto calibre. Por ejemplo: 11 mil 232 distintos calibres de balas para cuernos de chivos; todo lo demás aparece en menores proporciones: 25 ejemplares calibre .50, cuatro AR-15 y una M-16.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar en armas largas, le siguen Michoacán y Tamaulipas, entidad que en granadas y cartuchos de balas ocupa la segunda posición.
El informe Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, publicado en 2014, señala que las organizaciones mejor armadas son, por orden de relevancia: Los ZetasCártel del Golfo, los Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, los Arellano Félix, entre otros.
2016: más violencia, menos decomisos
Miles de armas de fuego de todos los calibres inundaron el país en los últimos tres sexenios. Se traficaron vía aérea o terrestre.
Los usos son diversos en la actualidad, entre ellos: criminales involucrados en robos, cárteles haciendo frente a las autoridades, ciudadanos frente a hampones o peleas entre civiles. Y mientras el flujo de las armas continúa por las fronteras desde Estados Unidos, durante los primeros cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los decomisos de armas ilegales (cortas, largas y granadas) descendieron 80.2% en comparación con el mismo lapso del gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Es decir, poco más de 25 mil frente a las más de 146 mil desde que inició la llamada guerra contra el narco.
El año pasado fue el que tuvo menos aseguramientos de este tipo desde 2001, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, en la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) número 0001700296916. Los tres primeros lugares del pódium son ocupados por la Ciudad de México, Baja California y Jalisco.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016 fue el año más violento —en lo que va de este sexenio—, con 12 mil 806 denuncias al Ministerio Público en todo el país por homicidio doloso con arma de fuego, además de 6 mil 709 lesiones intencionadas producto de impacto de bala.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), explica que el crecimiento de la violencia tiene que ver con este tráfico, pero se habla de otras constantes también: “Son varios factores, no sólo es el tráfico de armas, que sí tiene un papel importante. En el ONC hemos insistido en que no hay una eficiencia a la hora de establecer políticas públicas que atiendan el problema de fondo”.
“México es un punto geográfico estratégico: nuestro país tiene de vecino a un gran productor de armas y nosotros tenemos un mercado muy apetecible encabezado por el crimen organizado. No sólo es tráfico de drogas, también son las armas”, señaló la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez Juárez, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, quien afirma que un problema medular es la omisión de los tres órdenes de gobierno.
Decomisos y homicidios dolosos
Desde 2009 los operativos para decomiso de armas tuvieron un incremento abrupto, ello en gran parte por la guerra contra el crimen que el entonces presidente Felipe Calderón comenzó. Ese año fue en el que más armamento se confiscó, cerca de 98 mil 432 piezas; es decir, 48.9% del total de los últimos 16 años. Desde el año 2000 han asegurado más de 201 mil armas, de las cuales 21.9% son largas, 35.9% cortas, 2.9% granadas y el resto no está especificado.
El oficio detalla que las pistolas de calibre .22 son las más traficadas, con 11 mil 581 en 16 años. Le siguen las armas tipo carabina y rifles de tiro y caza .22 long, con 8 mil 919 piezas. En tercer lugar se vuelven a situar las armas cortas calibre 9 mm, con 6 mil 916.
Durante estos cuatro años de la actual administración se han retirado 14 mil 16 armas cortas, 11 mil 86 de alto calibre y 242 no especificadas. En el mismo lapso, pero de la gestión de Calderón, se decomisaron 146 mil 52 piezas. Es decir, descendieron los decomisos al mismo tiempo que se elevó la violencia cometida con armas de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el incremento de homicidios de 2015 a 2016 ha sido alarmante: de 17 mil 34 subieron a 20 mil 789, situándolo como el tercer año más agresivo, sólo detrás de 2011, con 22 mil 852 casos, y 2012, con 21 mil 736.
Del armamento decomisado hace 12 meses, según el SSNSP, casi 2 mil armas cortas y largas fueron relacionadas con delitos como el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El especialista Francisco Rivas afirma que aunque se trate de un tema que es en gran parte responsabilidad del gobierno federal, la importancia que se aplica corresponde directamente a los calibres de los equipos decomisados, ya que cuando se trata de calibres cortos se vuelve más de importancia local y pierde fuerza al momento de trazar las campañas de desarme al crimen organizado: “Existen campañas de desarme, pero en realidad están dirigidas a gente que no va a cometer delitos, muchas de las armas que entregan son armas que incluso no sirven”.
La diputada Claudia Sánchez señala que “muchas autoridades locales se escudan en una serie de resquicios jurídicos para no intervenir en el tema de delincuencia organizada”.
Radiografía
De 2000 a 2016 la Ciudad de México se posicionó en el primer lugar de decomiso de armas, con 100 mil 610, entre cortas y largas. Le siguen Baja California, con 8 mil 348, y enseguida Jalisco, con 7 mil 456.
Después aparecen, por orden de importancia, Michoacán, Guerrero, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. Todos ellos con incidencia delictiva alta.
Las entidades que registraron menos de mil ejemplares fueron Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.
“Podemos tomar algunos casos que se consideraron de ‘éxito’ como Baja California, Chihuahua, Nuevo León: entidades que redujeron de manera sustantiva sus índices de delitos, pero en el último año han crecido. Esa sensación de que las cosas se habían resuelto en zonas del país quedó atrás”, explica Rivas.
En este contexto, afirma el especialista, hay dos vertientes: la primera obedece al decomiso a la hora de traficar las armas y la segunda al levantamiento de armamento al momento de comercializarlas ilegalmente.
“Combatir el comercio ilegal significa que tú sabes que entraron armas ilegales al país e incluso sabes dónde se comercializan.
“Los decomisos fronterizos tienen que ver con el ingreso al país y las posibilidades de la misma estructura que permite evitar. No se ven acciones para combatir las que ya entraron al país”, señala el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Rivas va más allá y considera que debería haber una responsabilidad compartida entre México y el vecino del norte: “Estados Unidos debería tener una corresponsabilidad en el tema, no sé si exista... tampoco si tenga un real interés por ella”.
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