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lunes, 26 de septiembre de 2016

@EPN,el PRESIDENTE que "PERDONA IMPUESTOS"...a los que estan bien puesto$ ?.


Este gobierno está lleno de excesos. Nuestra capacidad de asombro va en aumento. Los datos sobre la condonación de impuestos que hizo en el último año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 5 mil 653.9 millones de pesos a los privilegiados y amigos del presidente, entre ellos, personas morales y físicas, es un jarro de agua fría para nuestras esperanzas de cambio.
De manera inmoral e impune, el Estado se da el lujo de perdonar impuestos de manera discrecional a empresas como Industrias Campos Hermanos, Volkswagen, Simec, Instituto Politécnico Nacional y Arnecom y la constructora Geo, según denunció la organización no gubernamental Fundar.Precisamente, una de las más beneficiadas es la constructora Geo que tiene cinco empresas entre las más favorecidas por la autoridad tributaria y a la que el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le condonó nada más y nada menos que un total 2 mil 870 millones de pesos.
Y lo peor de todo es que de cada 100 pesos que perdonó Hacienda, 85 pesos fueron condonados solamente a 1% de los contribuyentes. Que se beneficiaron con un monto acumulado de 3,616.80 millones de pesos, revela el informe “Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos”.
Es interesante analizar la lista de esos “cuantos” privilegiados amigos de Enrique Peña Nieto. A Simec International 6, le condonaron 395.1 millones de pesos. A Industrias Campos Hermanos, le perdonaron 149.8 millones de pesos en impuestos. También le perdonaron impuestos a Volkwagen de México, con 56.1 millones de pesos entre el periodo comprendido entre julio de 2015 y julio de 2016. Igualmente le indultaron impuestos al Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 51.9 millones de pesos y a Arnecom, una de las empresas dedicada a la construcción de arneses para automóviles, por un monto de 35.6 millones de pesos.
En cuanto a las personas físicas beneficiadas, están el empresario de Nuevo León, Jorge Luis de León Varela, dedicado a los servicios financieros, por un monto de 551 millones 639 mil pesos. En esta lista está Clara Maribel Vázquez Meza, dedicada al comercio al por mayor en artículos para papelería, papel, madera, construcción y desechos al por mayor, por 350 millones 827 mil pesos. Y el empresario en Morelos Humberto Gómez Flores, dedicado a la industria metálica, por un monto de 234 millones 975 mil pesos.
Le sigue Luciano Contreras Delgado, con 167 millones 450 mil pesos; Vicente Aguilar Sosa, con 146 millones 941 mil pesos; Anita Márquez Chávez, con 134 milllon 932 mil; Juan Jesús Almanza Guerrero, con 115 millones 706 mil; Zenaido Rangel Briceño, con 113 millones 743 mil pesos; Jorge Alberto Clouthier, con 103 millones 44 mil pesos, Ramiro Guzmán Osorio, por 96 millones 414 mil pesos, Roberto Castro Vizcaíno, Carlos Héctor Linares Enríquez, Miguel Ángel Hernández Cota, José Cristian Castorena Garza y Enrique Gutiérrez Galván, pertenecientes al sector público, se les perdonaron 21 millones 557 mil pesos en impuestos.
¿Es ético, es moral, es legal la condonación de impuestos del Presidente de México? El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, asegura que estas condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales son legales y transparentes: “El SAT está obligado a ofrecer condonaciones, en ánimo de preservar la fuente de empleo”.
Lo que no nos dice el secretario Meade es el método que utilizaron para la selección de los beneficiados. ¿Por qué estos y no otros? ¿Cuál fue el criterio para elegir a los perdonados?.
La serie de reportajes publicados por SinEmbargo.mx sobre los papeles de la SHCP que analizan los empresarios y empresas beneficiadas demuestran que Peña Nieto y su gobierno, han venido condonando impuestos de manera discrecional y sin control alguno a sus amigos y elegidos, sin respetar los criterios mínimos de selección. La pregunta fundamental que sigue es: ¿Qué están recibiendo Peña Nieto y sus funcionarios a cambio de condonar miles de millones de pesos?.
No es de extrañar que la empresa mayormente beneficiada es la constructora de Casas Geo. El señor Peña Nieto ha mostrado tener conflicto de intereses con otra constructora. Al parecer es uno de sus ramos favoritos. La honestidad y la decencia para hacer negocios de un buen número de constructoras y empresarios desarrolladores, está en entredicho porque se ha comprobado que a cambio de importantes contratos públicos, están dispuestos a dar jugosas mordidas en especie y dinero.
A pesar de los mecanismos creados para vigilar los excesos y corruptelas de funcionarios, la clase política mexicana sigue haciendo lo que quiere con la certeza de que nada les pasará. En estas sospechosas condonaciones, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción seguramente tampoco hará nada. El presidente Enrique Peña Nieto puede estar seguro, el blindaje que él mismo creó.
Fuente.-SanJuanaMartinez

TUMBAN a ZETAS ANTENA de RADIOFRECUENCIA INSTALADA en EMPRESA de TELEFONIA en NUEVO LAREDO...ayuda forzosa ? sospechosa.


Autoridades de Tamaulipas dieron a conocer el desmantelamiento este sábado de una "Antena" de comunicación usada por integrantes de la Delincuencia Organizada cuya instalación era 'camuflageada" en las infraestructura de una compañia telefónica.
Tamaulipas,MX.-26/Sep/2016 como un grupo delincuencial que opera en Nuevo LaredoBase de Operaciones Mixtas integrada por fuerzas federales y estatales, desactivaron una antena de radiofrecuencia instalada por presuntos ZETAS a quienes solo se refirieron como un grupo delincuencial que opera en Nuevo Laredo .
En recorrido por la colonia Guerrero de ese municipio, los integrantes de la BOM detectaron en el crucero de las calles Venezuela y Lerdo de Tejada una antena de radiocomunicación que fue instalada sobre la estructura de la antena de una compañía telefónica, por lo que se procedió a desactivarla.
Se estima que esta antena fue instalada clandestinamente por los Zetas que operan en Nuevo Laredo, a efecto de monitorear los movimientos de las fuerzas federales y estatales.
Con información de:El mañana 

UNA "PISTA de AYOTZINAPA" en CAMPO MILITAR NUMERO 1...entre mas se sabe,mas dudas surgen.


A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, una pista aportada por el teléfono celular del joven que murió desollado, y que siguió en actividad varios meses después de su muerte desde el interior del campo militar número uno de la ciudad de México, apuntaría hacia el Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), un grupo especial de la Policía Ministerial Militar que trabaja —desde instalaciones confidenciales— en coordinación con la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa. 

A esta hipótesis se le suma el registro documental de la intervención de otras áreas de inteligencia del ejército, como los Grupos de Análisis de Orden Interno (GAOI), cuyo papel se relaciona con el combate de grupos guerrilleros. Algunas de las preguntas que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), apuntan al corazón de las actividades antiguerrilla que realiza el ejército desde hace varios años en Guerrero, donde en todo momento estuvo al tanto de lo que ocurrió aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

La hipótesis de la intervención de un “grupo externo” del ejército, que pudo haber actuado tras los sucesos de la noche de Iguala desde las instalaciones del campo militar número uno, se basa en que el teléfono celular del estudiante que apareció sin vida con el rostro desollado a la mañana siguiente del ataque, fue detectado con actividad desde las instalaciones castrenses de Lomas de Sotelo en la ciudad de México.

Por la ubicación del celular dentro del campo militar, podría tratarse de la sede del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), conformado por agentes de la Policía Judicial Federal Militar, quienes se dedican a labores de investigación e información y están organizados por células, cada una bajo el mando de oficiales de la sección segunda —inteligencia militar —del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

La posible intervención del AGESEB, de acuerdo a tres diferentes fuentes de inteligencia militar consultadas por separado, se da después de que se difundiera que el celular de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante normalista encontrado sin vida con visibles huellas de tortura, estuvo funcionando del 27 de septiembre del 2014, fecha en que su cadáver fue hallado, hasta el 14 de abril del 2015. Durante este periodo el aparato recibió llamadas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la secretaría de Gobernación, y del Campo Militar número uno, de acuerdo a documentos que la compañía de telefonía móvil Telcel entregó a la PGR, publicados en el libro “La guerra que nos ocultan”, que empezó a circular hace unas semanas.

En el trabajo de los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, editado por Planeta, se dice que el aparato recibió una llamada el 17 de octubre del 2014 desde las instalaciones del Cisen, en Magdalena Contreras al sur poniente de la capital del país. Mientras que el 23, 25, 27 de octubre y el 1 de diciembre del 2014, recibió llamadas desde el campo militar número uno en la ciudad de México.

“El celular robado del joven normalista Julio César Mondragón Fontes registró cuatro mensajes de dos vías provenientes del Campo Militar 1-A, en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, y su colindancia con el municipio de Naucalpan en el Estado de México, meses después de que alguien lo robara al terminar de torturarlo, desollarlo y matarlo la madruga del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego en Iguala”.

“También hubo otros mensajes al mismo equipo desde las inmediaciones del Cisen en la Ciudad de México, a 50 metros de la puerta localizada entre las calles de Nogales y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia La Concepción, delegación Magdalena Contreras”. Según los autores, el celular no apareció entre los objetos encontrados en el cadáver. Los asesinos del estudiante, probablemente militares, se quedaron con el aparato usándolo hasta el 4 de abril, lapso en el cual lo utilizaron para realizar labores de espionaje y tratar de identificar los contactos de Julio César. 

En la parte final del trabajo, señalan que previo a que la PGR solicitara a Telcel la lista de comunicaciones hechas con ese celular, antes y después de los sucesos de Iguala, alguien que muy probablemente se trató de militares, ya lo habían hecho. “Desde las sombras alguien se había adelantado e intentaba conocer todo lo que había hecho Julio César y, según se desprende de las sábana de llamadas, conocer las personas con las que tuvo sus últimos contactos. En otras palabras, esa persona hacía espionaje con el celular robado a Julio César”.

Si el teléfono celular reportó actividad en el campo militar número uno, tuvo que haber sido en las instalaciones de la Policía Ministerial Militar, probablemente con personal perteneciente al Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), quienes realizan ese tipo de labores a los que se refiere el libro, dice un oficial de inteligencia consultado en la ciudad de México. Las células del AGESEB están al mando de capitanes de la sección de inteligencia militar, sus locales y oficinas son confidenciales dentro del campo.

Otro de sus colegas consultado vía electrónica en una comandancia militar del interior del país, señaló que el AGESEB tiene locales dentro del campo para llevar detenidos, entre ellos cuenta con una cabaña. Realizan labores de investigación que dan parte a la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, añade. Hacen inteligencia además de captura de blancos ordenados por la jefatura de sección.

El capitán José Martínez Crespo, quien la noche del 26 de septiembre del 2014 encabezó un grupo de militares del 27 batallón de infantería que se desplegó en Iguala tras los sucesos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mucho tiempo perteneció a ese cuerpo policiaco. “Es probable que haya sido enlace con ese grupo esa noche, por eso sus movimientos y actividades”, dice un tercer militar especialista en labores de inteligencia consultado al respecto.

Martínez Crespo, oficial de infantería que formó parte de la antigüedad 1987-1991 del Colegio Militar, se convirtió en el oficial más “visible” ya que su nombre aparece, junto al del entonces coronel José Rodríguez Pérez comandante del 27 batallón, en documentos militares difundidos vía transparencia en el último año y medio, que contienen mensajes de Formato Criptográfico Arcano (FCA), como se conoce al sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptados que solo pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar.

Algunos de los mensajes emitidos antes, durante y después de los hechos de Iguala la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre del 2014 por la Sección de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO) del 27 de infantería, iban dirigidos al general Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, así como al Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), una instancia que depende de la subsección de Asuntos Especiales de la sección segunda —inteligencia militar—del Estado Mayor de la Defensa.

El Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) se encarga de analizar la información relacionada con organizaciones armadas, como el EPR (Ejército Popular Revolucionario), el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su labor está enfocada exclusivamente en dar seguimiento a grupos guerrilleros y actuar contra sus integrantes, dice esta tercera fuente del área de inteligencia del ejército. Operan en siete estados del país, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

La intervención del GAOI registrada en documentos en poder de este blog, se le suma la probable intervención posterior a los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) de la Policía Ministerial Militar, con la pista que apunta a una instalación dentro del campo militar en la ciudad de México, donde se detectó el funcionamiento del teléfono celular del estudiante desollado.

Preguntas “incómodas” para el ejército

El día que el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda apareció a principios de octubre del 2015 ante las cámaras de Televisa, para declarar que no existían indicios de la participación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, culminaban siete meses de peticiones infructuosas por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la dependencia respondiera a solicitudes de información sobre el papel de los militares aquella noche.

El general Cienfuegos dijo esa ocasión que los integrantes del 27 de infantería, con sede en Iguala, no tenían por qué declarar ante el GIEI sobre la desaparición de los 43 estudiantes ya que “no hay señalamientos claros” que los involucraran en estos hechos. Hasta ese momento, decía el titular de la Sedena, habían rendido su testimonio ante la PGR alrededor de 50 efectivos que estuvieron de servicio en esa ocasión. “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. (…) No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahora ningún delito”, señaló.

En su último informe presentado en abril pasado, el GIEI dejó una serie de preguntas que tendrían que hacerse en algún momento a los militares que monitorearon, y estuvieron al tanto en tiempo real, sobre lo ocurrido durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Algunas de las peticiones que hizo el GIEI a partir de marzo del 2015 a la Sedena por medio de la PGR, registradas en su segundo y último informe, partían de que explicaran “la participación de elementos del ejército, actividades que realizaron, bitácoras, entrevistas que tomaron a los jóvenes heridos y que se encontraban en la clínica”, donde los normalistas habían llevado a uno de ellos de gravedad.

También pidieron fotos, filmaciones, reportes escritos, grabaciones hechas en el C-4, —el sistema que monitorea por medio de cámaras la seguridad del municipio y que estaba controlado en su totalidad por militares—, a nivel de comando y de ejército que posean de la región de Iguala, Cocula y Chilpancingo entre el 22 y 27 de septiembre del 2014. Pedían también los nombres de los militares, rango y unidad a la que pertenecían que realizaron labores de inteligencia, de registro y control en Iguala durante el 26 y 27 de septiembre, relacionados con los momentos previos, concomitados y posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes. “De manera particular, los nombres de los miembros del ejército que se hicieron presentes en el Hospital Cristina del municipio de Iguala en la noche del 26 de septiembre, así como de quien estivo al mando de ese grupo de militares”.

Durante abril del 2015 en varias ocasiones requirieron, por medio de Gobernación, entrevistas con miembros del 27 de infantería del cual habían entregado una lista. En septiembre al cumplirse el primer año, reiteraban la solicitud, vía PGR, de documentos militares sobre las órdenes impartidas, registros, anotaciones, además de los reglamentos de la zona y régimen militar, órdenes de operaciones del día 1 al 30 de septiembre de 2014 y el procedimiento sistemático de operar. También solicitaron el reglamento de partidas militares, el manual de procesos de campaña, los reportes de los Grupos de Información de Zona (GISES), y los Gafes, grupo de tropas especiales, respecto de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Concluían con una petición de información a la Policía Federal y al ejército sobre la constitución, surgimiento y estructura de los grupos delincuenciales autodenominados Guerreros Unidos y Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). Además de que confirmaran si existía alguna persona del 27 de infantería, señalado por un elemento de la Armada, a quien apodaban “el Satánico” y quien probablemente se dedicaría al tráfico de armas.

Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424

LOS "SHERPA SCOUT",NUEVOS BLINDADOS de la MARINA CONTRA el NARCO en TAMAULIPAS...mas rapidos y con mejor blindaje.


La Armada de México recibirá en los próximos meses una dotación de vehículos blindados ligeros con los que reforzará las capacidades operativas de sus infantes de Marina y del grupo de Fuerzas Especiales.

Las unidades que recibirá la Marina serán las Mack Sherpa Scout, vehículos multipropósito de fabricación estadunidense (la firma Mack Defense se fusionó en 2012 con el consorcio Volvo-Renault), con blindaje antiminas, que serán utilizados principalmente por comandos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES).

Uno de estos vehículos tácticos encabezó la columna de la Marina durante el desfile militar del pasado 16 de septiembre en el Zócalo capitalino. La unidad había sido mostrada a los medios de comunicación una semana antes, en el ensayo general del desfile, en el autódromo Hermanos Rodríguez.


El Sherpa Scout –que desfiló aun sin número de matrícula oficial–, forma parte de un lote de 15 unidades que serán entregadas paulatinamente a la Marina para incorporarlas a las unidades que operan en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa y algunas en la frontera con Guatemala.

La adquisición de los Sherpa Scout forma parte de los Programas y Proyectos de Inversión (PPIs) contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en desde el 2014, como Adquisiciones para incrementar la movilidad y capacidad de respuesta de las unidades de infantería de Marina.

La justificación del PPI entregada por la Marina a la Secretaría de Hacienda indica lo siguiente:
Para llevar a cabo el cumplimiento de las misiones asignadas a los Batallones de Infantería de Marina, estos deben contar con la movilidad necesaria con un parque vehicular suficiente y en óptimas condiciones; debido a que son los primeros en el desarrollo de las operaciones terrestres para el mantenimiento de la seguridad nacional y en la implementación de las acciones de salvaguarda de la vida humana ante la presencia y/u ocurrencia de fenómenos naturales, que en muchas ocasiones resultan devastadores y con cuantiosos daños materiales.

“Derivado de lo anterior, deben contar con un parque vehicular 100% operativo, debido a que la obsolescencia de los vehículos limita la capacidad de respuesta de las unidades de infantería de marina, por no ser los adecuados para efectuar operaciones militares, por otro lado, el desgaste de la vida útil y depreciación, se traducen en un incremento paulatino en los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo, presentan un alto consumo de combustible y emisiones contaminantes a la atmósfera, al no contar con convertidores catalíticos y medios ecológicos suficientes para poder estar dentro de los parámetros aceptados internacionalmente.”

El PPI para adquirir los Sherpa Scout fue aprobado para iniciar su ejecución en agosto de 2014 y concluirla en diciembre de este año. El costo del proyecto hasta el momento, sin tomar en cuenta nuevas fluctuaciones del dólar, es poco más de 120 millones de pesos. Los recursos para la compra delos Sherpa están etiquetados en el presupuesto de la Marina, es decir que las unidades no fueron adquiridas mediante el mecanismo de Arrendamiento Financiero a través de Banobras.

Los Sherpa Scout están entre los blindados ligeros más cotizados del mercado, con un precio promedio de 400 mil dólares por unidad (sin artillar). El costo aproximado de las 15 unidades adquiridas por la Marina será de unos seis millones de dólares (alrededor de 120 millones de pesos, sin tomar en cuenta el factor de la oscilación del dólar).

Los vehículos que recibirá la Marina tienen blindaje Nivel IV, soportan disparos de armas ligeras y de armas largas calibre .223, 5.56, .7.62, así como de granadas calibre 40 milímetros y cargas de minas terrestres.

A su vez, el Sherpa Scout puede ser artillado con armamento del mismo calibre que resiste. El vehículo que la Marina presentó en el desfile del 16 de septiembre está artillado con una ametralladora automática Browning calibre 50.

El blindado puede desarrollar una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora (notable para un vehículo blindado y artillado), tiene capacidad para 5 ocupantes, tiene un motor a Diesel de cuatro cilindros, es de transmisión automática y puede ser transportado en aviones Hércules C-130 y A-400M (Atlas Airbus).

Los Sherpa Scout serán utilizados por unidades pertenecientes en su mayoría al 27 Batallón de Infantería que opera desde el Cuartel General de la Armada en la Ciudad de México y batallones de Infantería de Marina que operan en zonas fronterizas.
Jorge Medellín
@JorgeMedellin95

A la BUSQUEDA de los 43,con TECNOLOGIA de SCANNER LASER y AYUDA del FBI...nunca es tarde para rectificar

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La Dependencia Federal escanea barrancas y parajes de Iguala y Cocula, donde se presume hay fosas clandestinas; la agencia de EU analizará videos.

El estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se sumó a las indagatorias para hallar a los 43 jóvenes levantados y asesinados el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
La participación de esta agencia en la indagatoria es para colaborar en el manejo del equipo conocido como LiDar, un sistema de rayos láser que escanea datos de la superficie terrestre con una resolución que permite ver hasta mínimos detalles.
De igual forma, el FBI colabora en la interpretación de las imágenes captadas por esa tecnología, usada en trabajos arqueológicos.
De acuerdo con el titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, el FBI también auxiliará a la Procuraduría General de la República (PGR) en algunas tareas de videograbación, con lo que se pretende avanzar y agotar todas las líneas de investigación en el caso.
Sobre la utilización de tecnología en las investigaciones para rastrear a los 43 jóvenes, el funcionario señaló:
“En el caso de la aplicación de tecnología a la búsqueda de los jóvenes, se emplea tecnología LiDar, que del producto de las imágenes captadas hasta el día de hoy se ha venido haciendo la interpretación de las mismas y tenemos una cantidad de lugares identificados como posibles de inhumación”, precisó.
La PGR difundió un video sobre la utilización de LiDar, que es un sistema de rayos láser que escanea datos de la superficie terrestre.
La grabación explica que este sistema puede utilizarse en vuelos de hasta 2 mil 500 metros de altura y es capaz de generar una “nube de puntos que atraviesa el follaje de los árboles”.
Este equipo funciona con pulsos de luz que penetran el bosque y la vegetación que cubre la superficie de la tierra que permite una idea precisa de la topografía de una zona.
Al tirar un pulso láser se mide cuánto tiempo toma en regresar para determinar la distancia.
Estos millones de rebotes se convierten después en información tridimensional para obtener un mapa del sitio en 3D. Con este sistema, que integra tecnología GPS, unidad de medición inercial y sensor láser en la colecta de datos de altitud, la PGR escaneará la barranca de Carnicería, en Cocula, y el paraje Tijeritas, en Iguala, entre otros sitios, donde se presume la existencia de fosas clandestinas. Además construye modelos digitales en tercera dimensión para el estudio del área.
La dependencia que encabeza Arely Gómez contrató esta tecnología que se aplica en arqueología y en minería, para rastrear a los estudiantes en los sitios que propuso en su primer informe el desaparecido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en septiembre de 2015.
“Luego de consultar a varios expertos, el GIEI recomienda que en las búsquedas de otros posibles lugares de fosas se considere el uso de tecnología láser (LiDar, entre otros posibles), que en parte ya había sido propuesta, para identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares”, citó en su informe el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque la PGR no ha proporcionado más detalles sobre la renta de este sistema, existen estimaciones que en un área de grandes dimensiones la renta de este equipo fluctúa entre mil y 2 mil dólares por kilómetro cuadrado.
Sin fecha aún para reunirse con la procuradora, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizarán hoy, a las 16:00 horas, una marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital del país para conmemorar el segundo aniversario de la desaparición de los jóvenes.
fuente.-

IDENTIFICAN a 6 EJECUTADOS en MAZATLAN,TODOS "ESTRANGULADOS"...sin ruido y de madrugada.

Imagen.-Debate

La Procuraduría General de Justicia del Estado reveló esta noche de domingo las identidades de las seis personas cuyos cadáveres fueron dejados en las inmediaciones de una clínica médica en el puerto de Mazatlán, en las inmediaciones de la zona turística.
Todas las víctimas fueron estranguladas.

NOTA RELACIONADA:

De acuerdo con el reporte de la dependencia las víctimas son: Miguel Ángel Sandoval Cordero, de 27 años de edad; Gilberto Páez Lizárraga, de 41 años; César Osuna Osuna, de 28 años; Raúl Marchen Vélez, de 55 años; Alfredo Simental Villanueva, de 47 años y Sotera Simental Villanueva, de 58 años. La dependencia no informó si entre ellos existían lazos familiares.
La necropsia reveló que todos ellos murieron por asfixia por sofocación (obstrucción de las vías respiratorias.
De acuerdo con parte del contenido de la carpeta de investigación MZTL/UEHD/3338/2016/CI que se integra en la Unidad del Ministerio Público de Lo penal Especializada en Homicidios Dolosos de la Región Sur, los seis cuerpos apilados fueron encontrados a las 06:02 horas de este domingo sobre la calle J. María Cabanillas, a espaldas de la clínica del Mar, en la colonia Adolfo López Mateos.
Todos los cuerpos tenían las extremidades atadas y la cabeza encintada con tiras adheribles de color gris.
Durante la investigación se recabaron datos que Miguel Ángel Sandoval Cordero, Gilberto Páez Lizárraga, y César Osuna Osuna, fueron privadas de su libertad por un grupo de sujetos armados a bordo de dos vehículos, alrededor de las 13:27 horas del día sábado 24 de Septiembre del presente cuando se encontraban en el estacionamientos de  la tienda Soriana Insurgentes, localizada a la entrada del pierto procediendo de la carretera Internacional México 15.
Las otras tres personas Raúl Marchen Vélez, Alfredo Simental Villanueva, y Sotera Simental Villanueva, fueron privadas de la libertad alrededor de las 15:30 horas del día del mismo sábado cuando se encontraban lavando una camioneta frente a un domicilio en la colonia Valles del Ejido, por sujetos armados que viajaban en dos unidades.
El reporte señala que sólo existe denuncia de los primeros hechos, puesto que la segunda privació de la libertad masiva no fue denunciada.
El reporte concluye con una petición de colaboración ciudadana a las investigaciones: la Procuraduría General de Justicia del Estado investiga estos lamentables hechos de manera coordinada con autoridades de la Federación y hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de tener algún dato que aporte información para el esclarecimiento pone a su disposición los números telefónicos 6677 163280, 01 800 2215803 y los correos electrónicos denuncia.9zm@sedena.gob.mx y  pgjeuac@sinaloa.gob.mx.
Fuente.-

!!! CUIDADO con POLIS ESTATALES !!!,COMO DELINCUENTES NOCTURNOS "ACECHAN PLAYA MIRAMAR"...no estan donde se ocupan,estan donde preocupan.


Los empresarios de Ciudad Madero se quejaron de los patrullajes que hacen los vehículos de la Policía Estatal Acreditable con las luces apagadas a la orilla de la playa, pues al no anunciar su presencia no cumplen la principal función, que es la de prevenir el delito, además inhiben que retorne la actividad nocturna a Miramar.
El presidente del Consejo Empresarial de Madero, Sergio Maldonado Pumarejo, dijo que han notado la circulación de patrullas con las luces apagadas a la orilla de la playa, acción que no se les hace lógica, pues las fuerzas federales siempre hacen sus rondines indicado su presencia.
"Algo que ha preocupado es que hemos visto la circulación de las patrullas, de la Policía Estatal con las luces apagadas en la orilla de la playa, la verdad no corresponde a un orden lógico, si no patrullan así las demás fuerzas federales, patrullas siempre indicando su presencia, pensamos que es todo lo que el gobierno entrante tiene que arreglar".
Dijo que esta acción tiene que ser corregida por el gobierno estatal que va a entrar, pues muchas familias deciden ir por las tardes a la playa y quedarse hasta la noche, lo que aseguró no es un delito.
"Para evitar accidente, pero también que cumplan su misión de prevenir delitos, pues andar circulando con las luces apagadas, para qué andan así, no tenemos de los huéspedes alguna denuncia de ese tipo, pero sabemos que hay muchos paseantes, gente de la zona conurbada que va a pasar ahí las tardes y bueno cae el sol no es ningún delito estar en la orilla de la playa".
Aseguró que la policía debe cumplir una de sus principales funciones, que es la de prevenir el delito y para ello tienen que indicar su presencia, pues creen que la situación atemoriza a la ciudadanía e inhibe la actividad nocturna en la playa, que es por la que han estado trabajando.
Y es que al circular con las luces apagadas pueden producir un accidente. Aclaró que hasta el momento ningún visitante ha manifestado haber sido objeto de un abuso de autoridad por parte de los elementos, sin embargo dijo que los elementos están en la playa para brindar protección a los ciudadanos.
El presidente del CEM aseguró que hasta el momento no han tenido información sobre un alza en el índice delictivo en la playa, los huéspedes y paseantes no han reportado asaltos, ni tampoco los hoteleros.
"Entonces la policía debe de protegerse, por supuesto que inhibe la actividad nocturna, es lo que pretendemos nosotros confiamos en que las autoridades deberán poner atención".
Cabe señalar que fue durante las vacaciones de verano, cuando visitantes que llegaban a la playa en tours, procedentes de otros estados, comenzaron a denunciar que los estaban asaltando.
fuente.-

AYOTZINAPA,la "MANO SUCIA" del GOBIERNO FEDERAL..en esa eterna vocación de complicar problemas.


A 2 años de uno de los peores crímenes consumados en el México actual, el conocido caso Ayotzinapa, los verdaderos perpetradores continúan impunes: han sido protegidos desde la más alta esfera del gobierno federal y desde ahí mismo se ha ocultado la verdad.
De ello hay bastantes evidencias: dilación en las investigaciones, pruebas sembradas, falsos peritajes, manipulación de las escenas y de las indagatorias, encubrimiento (de militares, policías federales y demás responsables del retraso y enturbiamiento de las investigaciones, entre ellos Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón), entorpecimiento de las diligencias de instancias internacionales, tortura a presuntos involucrados para inducir sus declaraciones y hasta el embuste de una “verdad histórica”.
Como se recordará, el crimen sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ahí, seis civiles fueron asesinados, 43 estudiantes campesinos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa –que se movilizaban, como cada año, para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968 en autobuses de pasajeros tomados– fueron víctimas de desaparición forzada y 12 personas más –normalistas, menores de edad y ciudadanos– resultaron gravemente heridas.
Hasta ahora se ha sostenido la versión de que esta injusticia fue ordenada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y perpetrada por policías municipales y federales y, en un segundo momento, por narcotraficantes ligados al grupo delictivo Guerreros Unidos.
También se ha sabido que en estos hechos participaron –al menos por complicidad– otros agentes del Estado mexicano (autoridades de inteligencia civil y militares), situación clave para entender por qué la administración federal apostó por el ocultamiento de la verdad y no por atender su obligación de esclarecer los hechos y, sobre todo, castigar a los culpables.
Por ello, pese a la presión social e internacional, el crimen permanece impune más allá del centenar de detenidos que cacarea el gobierno. Lo que es peor, aún se desconoce el paradero de los 43 jóvenes. Y afirmo que de los 43, porque la identificación de restos óseos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz –hecha por científicos de la Universidad de Innsbruck, Australia, hace 1 año– no esclareció el destino de los estudiantes.
En esta gravísima e imperdonable violación a los derechos humanos, ocultar la verdad ha sido esencial para encubrir a los culpables. Cronológicamente, la primera prueba de ello es la reacción tardía del gobierno federal: la administración de Enrique Peña dejó pasar 11 días para atender el crimen. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso hasta el 6 de octubre y ese mismo día el presidente declaró por primera vez.
El discurso de Peña Nieto, sin embargo, no fue acorde ni con su investidura ni con la relevancia del hecho: “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”.
¿Indignado? Sí, se dijo indignado como si no fuera el principal responsable de la conducción de este país y, por lo tanto, de todo aquello que está mal, incluidos los cientos de crímenes que a diario se cometen en todo México.
El hecho es que ni su investidura ni su “indignación” alcanzaron para que su gobierno reaccionara a la altura de las circunstancias, pese a que fue consciente de la gravedad del hecho desde que éste ocurrió: contaba con reportes de inteligencia civil y militar pormenorizados.
Incluso 3 días antes de que la PGR atrajera el caso, la Organización de las Naciones Unidas condenó la desaparición masiva de normalistas y los asesinatos. Son “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”, señaló el organismo. Así que esa lentitud sólo puede entenderse como algo intencional. El gobierno federal no asumió su responsabilidad por motu proprio: fueron las movilización sociales en México y el extranjero las que lo obligaron.
Los 11 días de inacción fueron el inicio de la larga lista de omisiones y atropellos. Muy pronto, la “indignación” del presidente desapareció. El 4 de diciembre de 2014, Peña Nieto “convocó a la sociedad guerrerense a que con su capacidad y su compromiso con el estado y con su comunidad, así como con sus propias familias, haga un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante ‘y podamos realmente superar este momento de dolor’ por la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”, refiere el boletín de prensa que la Presidencia de la República publicó ese día.
Al gobierno le urgía que olvidáramos, para que la imagen internacional de su gobierno se limpiara. Así que, de la mano del entonces procurador Murillo Karam, empezó a inventar su “verdad histórica”.
La farsa estuvo lista 4 meses después de la tragedia. El 27 de enero de 2015, Murillo resolvió cerrar el expediente: citó peritajes, evidencias y declaraciones de detenidos antes de asegurar que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Ésta, dijo, es la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala.
Para ello obstaculizó la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, invitado a la indagatoria por solicitud de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Algo que se repitió con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue prácticamente corrido del país luego de desprestigiar públicamente a sus integrantes  con una campaña mediática.
Científicamente se ha demostrado que es imposible incinerar –hasta desaparecer– 43 cuerpos humanos en las condiciones que prevalecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula, Guerrero.
Otra prueba de la intencional impunidad es la protección al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Iguala. Según testimonios difundidos por la prensa, los militares persiguieron e intimidaron a los sobrevivientes. También documentaron las escenas del crimen, generaron seguimiento fotográfico y reportes detallados, pero no actuaron para frenar la masacre.
Por todo ello, el caso Ayotzinapa es un imperdonable crimen de Estado. Y así debe ser juzgado.
Fuente.-Nancy Flores


domingo, 25 de septiembre de 2016

LA "CNTE PONE el DEDO a EX-SUBSECRETARIO de SEGOB,"TORCIO la LEY PARA PACTAR ACUERDOS"...todo se vale porque respeto a la Ley poco vale.


Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas y Oaxaca, reconocieron que hubo pacto entre el subsecretario de Gobierno de la Secretaria de Gonernación, Luis Miranda y la disidencia magisterial para levantar bloqueos, iniciar el ciclo escolar y dar cese al conflicto entre ambos.

Así lo dio a conocer esta mañana el Grupo Reforma en su portal, en el que además destacaron que los logros alcanzados entre Miranda y la CNTE fue la liberación de cuentas congeladas, salarios, así como laliberación de prisión de algunos de sus dirigentes.

NOTA RELACIONADA

José Luis Escobar, vocero de la Sección 7 de Chiapas, relató que desde siempre su interlocutor directo fue el ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

¿Los acuerdos logrados en esta ocasión fueron con Miranda?, se le cuestionó vía telefónica.

"En 2013 fueron con Luis Miranda y ahora también, los acuerdos fueron con él, sí", respondió.

Escobar comentó que los ejes de la negociación con Miranda siempre se centraron en la liberación de los presos y que se descongelaran los salarios y cuentas del magisterio.

"Han incursionado reteniendo salarios y los devuelven, han incursionando reprimiendo, han incursionando con amenazas y nada de eso les ha funcionado, no les ha quedado claro que no pueden imponer por la fuerza esta mal llamada reforma educativa.

"Es un logro que hayan descongelado las cuentas de las cajas de ahorro con dinero de los maestros y las cuentas individuales de algunos maestros, porque no es un dinero mal habido", destacó.

José Antonio Altamirano, miembro de la dirigencia de la Sección 22 de Oaxaca comentó que se pudo lograr la liberación de varios de sus compañeros docentes, entre los que se encuentran Rubén Núñez, Aciel Sibaja, Francisco Villalobos y otros 5 docentes, así como otros 24 maestros que están por ser excarcelados en los próximos días. 
Con información de Grupo Reforma/LaSillaRota