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domingo, 25 de septiembre de 2016

EL "EX-SUBCOMANDANTE" PRESO en TAMAULIPAS,IMPLICO al EJERCITO en el "CONTROL de la NOCHE de IGUALA"...la verdad a cuentagotas.


Al cumplirse este lunes 26 dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la autora del presente reportaje pudo acceder a la declaración ministerial de uno de los presuntos implicados en el caso, el exsubcomandante de la Policía Municipal de Cocula, César Nava Flores, preso en un penal de Tamaulipas. 
Esta es la primera vez que se conoce la narración de un testigo directo que, de su puño y letra, implica al Ejército en el control de Iguala la noche de aquel aciago día.
La noche del 26 de septiembre de 2014, durante el primer ataque a los normalistas de Ayotzinapa en la calle Juan N. Álvarez, el 27 Batallón de Infantería tenía “el mando y control” en Iguala. Poco después desaparecieron los 43 estudiantes.
El expediente judicial de la causa penal 100/2014, que incluye el testimonio de César Nava González, subcomandante de la Policía Municipal de Cocula, ante el Primer Juzgado de Distrito en materia de procesos penales federales con sede en Tamaulipas en diciembre de 2015, avala esa versión.
Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de participar en el ataque y desaparición de los normalistas, Nava González relató que aun cuando estaba en su día de descanso por órdenes del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Cocula, Salvador Bárcenas Bravo, acudió al llamado de apoyo directo del comandante Francisco Salgado Valladares.
La reportera tuvo acceso al escrito redactado de puño y letra por el inculpado e incluido en el expediente judicial de la causa penal 100/2014.
De la versión de Nava González, los videos del C4 y la cronología de hechos reconstruida, se desprende que la llamada de Salgado Valladares fue poco antes de las 23:00 horas del 26 de septiembre.
Según la información recabada entre estudiantes sobrevivientes y vecinos, videos obtenidos de cámaras de seguridad en Iguala, declaraciones ministeriales y los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la desaparición de los 43 estudiantes, así como la muerte de Julio César Mondragón, ocurrió después de esa hora.
Después de la medianoche hubo un nuevo ataque armado en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, donde fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez, y otros resultaron heridos.
La reportera entrevistó vía telefónica a Salgado Valladares, quien permanece detenido desde mayo de 2015. Él negó haberse comunicado con Nava González y expuso que el 26 de septiembre estuvo de guardia en el mercado municipal todo el día.
Sin embargo, sus familiares contaron una historia distinta…
Esta información es parte de la investigación realizada por la reportera durante los dos últimos años en torno a los 43 normalistas desaparecidos y se incluye un libro que publicará en diciembre próximo la editorial Grijalbo.
Esta es la primera vez que se conoce la declaración de un testigo directo que implica al Ejército en el control de Iguala la noche de aquel aciago día.
La reportera consultó a diversos investigadores vinculados al caso Ayotzinapa y corroboró que Nava González declaró lo mismo al GIEI, cuyos integrantes realizaron indagaciones durante un año.
Según la llamada “verdad histórica” de la PGR, junto con policías de Iguala y Cocula, Salgado Valladares y Nava González presuntamente se llevaron a los 43 normalistas para entregarlos a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes esa misma noche los ejecutaron e incineraron en el basurero de Cocula.
Nava González refiere en su testimonio que a las 21:30 entró una llamada a su celular. Afirma que era Salgado Valladares, quien se identificó como subdirector de Seguridad Pública de Iguala y le preguntó por Bárcenas Bravo, titular de la SSP de Cocula, quien ese día también estaba de descanso.
“Me dijo que estaba pidiendo apoyo a todos los municipios vecinos, como Taxco, Tepecua (Tepecuacuilco), Huitzuco y Cocula, ya que en Iguala había llegado gente armada haciendo detonaciones de arma de fuego en diferentes colonias… que si lo podíamos apoyar a resguardar la ciudad, ya que al parecer era mucha la gente armada.”
Según declaró ante el juez, Nava le respondió que sólo Bárcenas podía autorizarlo y le sugirió comunicarse directamente con él. Veinte minutos después Nava recibió la llamada de Bárcenas, quien le pidió dar el apoyo. Nava llamó a su subalterno, el comandante Ignacio Aceves, quien se encontraba en Cocula, para atender la orden.
También llamó a su esposa para ponerla al tanto de lo que sucedía: “Me dirigí a traer a mi hija, ya que se encontraba festejando una tardeada”. Después fue a recoger a su hija menor, quien se encontraba con una tía en una iglesia, y las llevó a su domicilio. Les recomendó permanecer encerradas.
Nava se puso su uniforme. Aceves pasó a recogerlo y le informó que lo acompañaban tres unidades y 11 elementos. Sólo dos policías se quedaron en Cocula a resguardar la base.
Narró al juez que cuando circulaba por Periférico, a la altura de Pemex, vio luces de patrullas y ambulancias. El tránsito se interrumpió. Nava y su acompañante detuvieron su vehículo a la altura de la calle Juan N. Álvarez. Una patrulla de la policía de Iguala bloqueaba la calle.
Nava y sus acompañantes bajaron de sus unidades y preguntaron a los uniformados qué ocurría. Les contestaron: “Un grupo de personas armadas (que) venían a bordo de los autobuses (desde los cuales) les habían hecho detonaciones con arma de fuego a sus compañeros en el centro de la ciudad”.
El SOS de los normalistas
De acuerdo con Nava, detrás de uno de los tres autobuses –Estrella de Oro y dos de Costa Line– se oyeron gritos de auxilio. Los estudiantes decían que tenían un herido. Algunos se tapaban el rostro con sus playeras.
“Quise acercarme para ver de qué se trataba –cuenta– y quién era el herido, pero los policías de Iguala que se encontraban ahí me decían que no me acercara, que venían armados.”
Les pidió que llevaran al herido, pero los normalistas se negaron. Hasta que negoció con ellos y aceptaron dejar a su compañero a mitad del camino. Nava González, Aceves y otro uniformado fueron por él. No sabían si los normalistas estaban armados. En su declaración de diciembre de 2015 Nava asentó: “Desde que llegamos no tuvimos ninguna agresión ni detonaciones de ningún lado”.
Cuando revisó al normalista, Nava no observó ninguna herida visible; sólo notó que no podía respirar, por lo que él y sus colaboradores lo trasladaron en la batea de una patrulla hacia una ambulancia. Los rescatistas comprobaron que era un paro respiratorio y se encargaron de él. Nava y sus dos acompañantes regresaron a la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez.
Según Nava, al llegar recibió una tercera llamada desde el mismo número privado. Era  Salgado Valladares, quien le comunicó que “los militares del 27 Batallón de Infantería estaban en su comandancia de la Policía Municipal de Iguala… habían tomado el mando y control de la comandancia de policía y que ya se encontraban haciendo recorridos terrestres, que ya nos retiráramos”.

NOTA RELACIONADA:

Salgado Valladares le agradeció el apoyo. Nava y sus subalternos decidieron retirarse. Al llegar a las instalaciones de su corporación, los policías coculenses lavaron las patrullas y Nava se fue a su casa. Eran las seis de la mañana del 27 de septiembre. Durmió hasta las 16:00 horas.
Poco después le habló su jefe Bárcenas, quien le ordenó cambiar los números económicos de las patrullas que había utilizado la noche anterior. Nava se comunicó con Aceves, quien cumplió la orden. Semanas después, el 13 de octubre su esposa llamó a Nava para decirle que civiles armados lo estaban buscando.
Le aconsejó no regresar ni comunicarse con la familia. Nava se fue a la Ciudad de México, luego a Colima, donde se reunió con su esposa. Ahí fue aprehendido el 15 de noviembre de 2014. Sus captores lo trasladaron en avión a la Ciudad de México junto con ella y un primo.
Sostiene que cuando fue presentado ante el Ministerio Público intentaron hacerlo firmar una confesión redactada por la PGR donde admitía ser el responsable del secuestro de los normalistas. Quien más lo presionaba, dijo al juez que lo interrogó en diciembre de 2015, era una mujer a la que llamaban “maestra Blanca”.
En la procuraduría querían que él aceptara que había entregado a los 43 normalistas a unos sicarios y que también “le daba seguridad a una banda delictiva”. Él se negó. Afirma que la “maestra Blanca” estaba muy molesta e incluso rompió dos veces los papeles y volvió a imprimirlos.
“No me quedo más remedio que firmar por miedo y temor por mi familia”, expuso Nava ante el juez.
Según la declaración que firmó, después de llevar a Pulmón (el normalista con problemas respiratorios) a la ambulancia, Salgado le volvió a llamar para pedirle que se trasladara a la comandancia de Iguala, donde había 10 u ocho personas. Salgado le pidió ayuda para el traslado y salieron rumbo a Lomas del Coyote cerca de las 23:00 horas. Ahí bajaron a los detenidos y presuntamente los entregaron a policías municipales de Iguala.
Fueron el Ejército y la Policía Federal
Francisco Salgado Valladares entró al Ejército y se enlistó en el cuerpo de paracaidistas. Después de 10 años abandonó la milicia y en 1999 ingresó a la Policía Municipal de Iguala.
Su hermana comentó en entrevista con la reportera que poco antes de la desa­parición de los estudiantes lo nombraron subdirector de la corporación. “Todos sabían que era Salgado y no Felipe Flores Velázquez quien mandaba en la policía de Iguala”, comentó un agente.
De acuerdo con la primera versión dada por su hermana en la entrevista, Salgado no trabajó el 26 de septiembre de 2014. Ese día por la tarde asistió al informe de María de los Ángeles Pineda Villa junto con sus hermanos y sus padres. “Mucha gente vio que mi hermano estaba ahí”, declaró.
Ella se retiró del acto a las 21:00 horas. Amelia, la esposa de Salgado, se quedó. Una hora después, mientras la hermana de Salgado llevaba a sus padres a su casa, escuchó disparos. Circulaba por la carretera federal a Chilpancingo. Iba cerca del puente cercano al Palacio de Justicia cuando observó que una unidad de la Policía Federal (PF) se echaba de reversa.
La hora que ella refiere –las 22:00 horas– coincide con el momento en que dos de los camiones en los que viajaban normalistas –un Estrella de Oro y un Estrella Roja– fueron interceptados frente al Palacio de Justicia por diferentes corporaciones policiacas. Esa noche desaparecieron los 43 estudiantes del autobús Estrella de Oro.
Comentó que le habló a Salgado para saber qué ocurría; él le confirmó las balaceras y le recomendó quedarse en la casa de sus padres. Más tarde le explicó que se había puesto el uniforme para ir a la comandancia de Iguala. También le dijo, según declaró en la entrevista, que los responsables habían sido el Ejército y la PF.
Por lo que indica la bitácora de servicio de la policía de Iguala del 26 de septiembre, Salgado sí estuvo de guardia ese día. Entrevistado al respecto, otro de sus hermanos dijo que sólo trabajó por la noche; también confirmó que en la tarde estuvo en el informe de Pineda Villa. El hermano de Salgado y su madre reiteraron que estuvieron con él en ese evento.
En su declaración ministerial ante la PGR del 8 de mayo de 2015, Salgado admitió sus vínculos con el grupo Guerreros Unidos desde 2012. Expuso que el 26 de septiembre a las 20:30 horas el C4 reportó por el radiotransmisor Matra que estudiantes de Ayotzinapa habían tomado unos autobuses y habían golpeado al chofer.
A las 22:00 horas, dijo, recibió la llamada del titular de la SSP de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien le pidió ir a la base de la policía. “Bruno (Fausto Heredia) no da una –le dijo Flores–. Nomás no contesta. Me avisas qué novedades”.
En su declaración ante la PGR, Salgado refirió que al llegar a la base había 12 detenidos: cuatro en la celda y ocho en el patio, esposados y con las caras tapadas con sus playeras. Cuando el juez de barandilla Ulises Bernabé García les iba a dar entrada, a las 23:30 llegó el comandante Nava González y se llevó a los detenidos.
La versión de Salgado es la que la PGR incluye en su llamada “verdad histórica” para incriminar Nava.
En julio de 2015, en una entrevista con Proceso (edición 2015), Bernabé García negó que los estudiantes hayan sido llevados a la base. Él fue el primero en declarar ante la PGR de manera voluntaria que el Ejército estuvo en las calles la noche del 26 de septiembre de 2014 y el capitán José Martínez Crespo fue a la base de la Policía Municipal de Iguala a las 23:30 horas y se hizo una amplia inspección.
El Ejército, con más poder en Iguala
La reportera entrevistó a Francisco Salgado Valladares vía telefónica, quien se encuentra en el Cefereso 4 de Tepic, para conocer su versión, que contradice las de sus familiares.
Según él, no era subdirector, como afirmó su hermana. También dijo que estuvo adscrito a la vigilancia del mercado municipal –ubicado frente a la central de autobuses donde los normalistas secuestraron tres camiones– de las 8:00 horas del 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27.
–¿Estaba usted ahí cuando entraron los estudiantes a tomar los autobuses? –se le pregunta.
–No, porque cuando el radio-operador nos informó, el mercado es grande: abarca desde la central y termina en la Bodega Aurrerá. Nosotros nos encontrábamos hasta el otro extremo.
–¿Usted qué hizo?
–Yo le contesté y le dije que estábamos ahí pero ya no llegamos hasta la central de autobuses.
–¿Usted vio esa noche militares participando en el evento?
–No. Yo me encontraba en el mercado municipal: no andaba a bordo de ninguna patrulla.
–Hay una declaración del jefe policiaco de Cocula, César Nava. Él dijo que después de venir a Iguala a darle apoyo a la policía local se comunicó con usted y que usted le dijo que se podía retirar porque el Ejército ya tenía control de la situación. ¿Esto pasó?
–No, eso no es cierto.
–¿Usted habló con el señor Nava esa noche?
–No.
–¿Pero usted fue al acto donde estaba la señora Abarca con su esposo?
–No. Como le repito, yo estaba en el mercado municipal.
–Pero su familia me dice que sí estuvo…
–¿Que yo estuve en el evento?
–Sí.
–Mi familia cómo puede saber, si yo estaba trabajando.
–Porque lo vieron ahí.
–Yo estaba trabajando en el mercado municipal. En ningún momento me pude retirar de mi servicio.
–¿Usted estuvo en la base de la policía municipal? ¿Usted vio a los estudiantes ahí?
–No. Eso es completamente falso.
–Hay una declaración suya donde usted aparentemente confesó que estaba en la base de la policía municipal y que vio cuando Nava se llevó a los estudiantes. Esta declaración, ¿cómo ocurrió?
–Esa declaración ministerial fue elaborada por el representante social que me atendió (en la PGR).
–Usted fue militar. ¿Quién realmente tenía el mando en Iguala? ¿Qué corporación tenía el mayor mando en Iguala? Estaban policías municipales, de la PF y tropas del Ejército. ¿Cuál de estas tres corporaciones tenía mayor poder, mayor mando en Iguala?
–Que yo sepa, el Ejército. Incluso yo me di cuenta de que de todas las fatigas de todos los servicios se le mandaba copia al Ejército.
Fuente.-Anabel Hernandez.

PARA la PGR "NO HAY QUINTO MALO" y VAN por NUEVO PERITAJE en BASURERO de COCULA...el anterior resulto un basurero también.


Un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, donde de acuerdo a la versión oficial fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “podría ser lo más pertinente” para aclarar definitivamente este crimen que ha sido “controvertido”, afirmó Alfredo Higuera, fiscal especial del caso.

En entrevista con la agencia de noticias AP, el fiscal, que depende de la PGR, comentó que este quinto peritaje en la zona ubicada a 30 kilómetros de Iguala, municipio donde fueron levantados los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, se realizaría de común acuerdo con los padres de los normalistas.

Este nuevo estudio seguiría a una serie de estudios que aseguran que no se pudieron quemar 43 cuerpos en ese lugar, hecho que en su momento fue calificado como “verdad histórica” por el ex procurador Jesús Murillo Karam.

“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí (…) Pero este es un apartado... no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello”, lanzó.

Además, Higuera indicó que cerca de una decena de celulares de los estudiantes siguieron activos después del 27 de septiembre, dato que contradice a Murillo Karam, quien señaló que los teléfonos fueron quemados junto a los normalistas.

Ahora las autoridades cuentan con nuevas pistas sobre otras rutas que pudieron tomar los atacantes después de secuestrar a los jóvenes, por lo que con tecnología de rastreo terrestre ha permitido ubicar al menos 40 puntos donde se iniciarán nuevos operativos de búsqueda en fosas clandestinas.
fuente.-LaSillaRota

INVESTIGACION PONE en DUDA SECUESTRO de SACERDOTE en MICHOACAN,dice la SEGOB...lo malo es la falta de credibilidad.


Adrián López Solís, secretario de Gobierno de Michoacán, advirtió que las investigaciones que realiza laProcuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ) ponen en duda elsecuestro del sacerdote católico José Alfredo López Guillén, párroco de la comunidad de Janamuato, en el municipio de Puruándiro.

El funcionario estatal dijo que el resultado preliminar de las pesquisas que sigue la PGJ no corresponde a la versión de un plagio del clérigo, como lo aseguró el pasado jueves el cardenal Alberto Suárez Inda.

“Es un asunto que está en conocimiento de la Procuraduría de Justicia del Estado, hay elementos que nos indican una línea de investigación que no corresponde con toda precisión o toda claridad a la primera postura de la arquidiócesis”, precisó.

López Solís apuntó que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo prefiere no adelantar juicios y continuar con la investigación, aunque los elementos recabados hasta el momento precisan otro tipo de hipótesis distintas a la suposición de Suárez Inda.

“No queremos nosotros adelantar juicios, estamos esperando que haya avance en la investigación; ya se localizó el vehículo, ya hubo información recabada en los lugares donde fue visto por última vez el sacerdote, hay evidencias que pueden conducir a otro tipo de hipótesis, sin embargo queremos ser cuidados porque hasta este momento no ha aparecido el prelado”, sostuvo.

El secretario de Gobierno señaló que la PGJ no descarta ninguna línea de investigación y busca agotar todas las hipótesis posibles para encontrar al sacerdote católico.

De acuerdo al cardenal Suárez Inda, José Alfredo López presuntamente fue secuestrado el pasado lunes en la parroquia de la Santísima Trinidad, cuya casa parroquial presuntamente fue saqueada.

Autoridades divulgaron un video donde se observa a un hombre con cierto parecido físico al del sacerdote, abandonando un hotel de Puruándiro en compañía de un joven de 16 años.

La mañana de ayer, la PGJ encontró un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, de color blanco y propiedad del sacerdote, volcado en la carretera estatal Quiroga-Zacapu, en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna.
fuente.-LaSillaRota

"AYOTZINAPA SI FUE un CRIMEN de ESTADO": ALVAREZ ICAZA...del que aun no se sabe con certeza el "estado del crimen".


Concluida su gestión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza define su postura sobre asuntos que confrontaron al organismo internacional con el gobierno mexicano. 
Ahora dice con todas sus letras: el de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, la negación de la crisis de derechos humanos ha llevado a una mayor descomposición del país, y la administración de Peña Nieto ha establecido un sistema de complicidades con el Ejército, así como otras autoridades lo hacen con el crimen organizado.
Más que una crisis de derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufre una descomposición peligrosa en esa materia porque nada detiene el cáncer de la violencia, la corrupción, la injusticia y la connivencia entre el crimen y agentes del Estado, afirma el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
En la primera entrevista a su regreso de Washington, donde está la sede de la CIDH, Álvarez Icaza advierte que el gobierno peñanietista tiene una enorme responsabilidad porque no atendió a fondo la crisis de derechos humanos que ya se registraba hace dos años y porque ha sido evidente la incapacidad de las autoridades y su colusión con el crimen organizado, como en el caso de Ayotzinapa.
Además sostiene que esta administración ha sido más opaca que las panistas en su relación con el Ejército porque con Vicente Fox y Felipe Calderón el vínculo era más institucional. Con Peña Nieto, señala, “el entendimiento del PRI y la Secretaría de la Defensa Nacional es más próximo y de cuasi complicidad. El Ejército ha ganado muchísimo espacio en esta administración y más peso en algunos casos de ejecuciones y desapariciones, como la de los jóvenes de Ayotzinapa.
“Esta negativa de investigar qué pasó con el batallón en Iguala es insostenible. En una regla democrática, el Ejército es una institución de la democracia y no se puede seguir pensando y entendiendo bajo códigos de excepción. La normalidad democrática presupone que, con respeto al principio de la Ley de Seguridad Nacional, los militares también están sometidos al escrutinio y la revisión de cuentas. Sin embargo, el Ejército sigue reproduciendo su estado de excepción que está por encima de la Constitución. En esta administración se protege, solapa y cubre al Ejército.”
Para Álvarez Icaza es claro que el gobierno mexicano ha tratado de minimizar a nivel internacional la dimensión del problema, como si pudiera resolverse con una buena imagen oficial:
“La cancillería ha actuado en pleno retroceso. No sólo no ha querido reconocer el problema, sino que se ha dedicado a atacar todo cuestionamiento. El subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, es un hooligan con corbata que se ha dedicado a atacar y amenazar como en los peores tiempos del PRI; es un golpeador que intriga y miente pretendiendo construir una narrativa oficial similar a lo que ahora vimos en el informe de gobierno de que las buenas noticias no se cuentan.”
Sin embargo, el exfuncionario de la CIDH señala que esta política internacional del gobierno peñanietista ha fracasado, pues representantes diplomáticos en derechos humanos de varios países tienen la información de sus inversionistas, quienes denuncian las dificultades que tienen en México por la extorsión, el pago de derecho de piso, las amenazas, el moche y los secuestros del crimen organizado.
También expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Álvarez Icaza observa que esta descomposición en materia de derechos humanos coincide con que la administración de Peña Nieto se percibe anticipadamente en su etapa final:
“Este es el gobierno con los peores niveles de aceptación y de popularidad; un gobierno que, faltándole un tercio, deja la sensación de que está de caída, de bajada y de salida, y que en derechos humanos no resuelve la enorme crisis porque ya no le alcanza el cosmético para cubrirse.”
Recuerda que al inicio del sexenio Peña Nieto mandó una serie de mensajes que fueron bienvenidos, como la publicación de la Ley General de Víctimas, la puesta en marcha de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Fondo de Atención a Familiares de Víctimas y el Programa Nacional de Derechos Humanos.
No obstante, indica, fueron señales de carácter “cosmético” porque la CEAV se convirtió en una de las grandes falsedades del Estado mexicano y resultó un absoluto fracaso.
“Tanto se luchó por la creación de esa instancia como parte de una política de Estado, y no llega ni a ser una aspirina para atender a las víctimas. Mientras que el Fondo de Atención a Familiares de Víctimas, con un presupuesto de mil 400 millones de pesos, es una burocracia que se pelea entre sí para saber quién es víctima.”
Según Álvarez Icaza, el gobierno de Peña Nieto tiene la idea de que garantizar los derechos humanos no es una obligación, sino una concesión gratuita que cuesta mucho dinero: “No se acaba de entender que los derechos humanos no son una bandera política para ganar o quitar votos ni una estrategia de control de daños, sino el centro de la gobernabilidad democrática”.
Simbiosis crimen-autoridades
A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el exsecretario ejecutivo de la CIDH sostiene que el caso ya es un ejemplo emblemático, no sólo de la crisis de derechos humanos en México, sino de la descomposición política.
“Ayotzinapa evidencia y concretiza la incapacidad del aparato de justicia de Peña Nieto, refleja esa intención del gobierno de querer minimizar el problema a un tema municipal, encapsularlo y reducirlo, no sólo atentando en contra del derecho a la verdad, sino contando mentiras.”
Señala que, a dos años de lo ocurrido y tras el enorme gasto del Estado mexicano, el resultado es vergonzoso y lamentable, pues lo único que se ha demostrado es que prevalecen la impunidad y la complicidad institucionalizada.
Ejemplo de ello, dice, es el caso de Tomás Zerón, quien renunció a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal tras ser acusado de sembrar restos de un estudiante en el río de Cocula:
“En la PGR intentaron sacar tres veces a Zerón, y una de las razones por las que no salió era que hasta que tuviera trabajo. Así fue: salió de la PGR y de inmediato anunciaron que entraba al Consejo Nacional de Seguridad. Hubo quien se sintió obligado a darle cobijo.”
Recuerda que el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró elementos para investigar a Zerón porque, bajo su responsabilidad, varios detenidos fueron torturados, lo cual es constitutivo de delito.
“Los entramados inconfesables los tienen amarrados. Hay elementos por lo menos para pensar que este señor pudo haber sembrado evidencias y lo premian. De ese tamaño es la complicidad”, reitera.
Indica que todo esto crea una atmósfera de violencia social porque muchas cosas se están resolviendo fuera del cauce institucional:
“En algunos lugares de la República pareciera que se construyen estados paralelos. Hay gente que cobra derecho de piso, que vende seguridad, y empresarios que tienen que pagar sin que se haga justicia. En algunas ocasiones ha quedado en evidencia la connivencia de autoridades locales con los delincuentes. Es la simbiosis del crimen.”
Desde ese punto de vista, indica: “Ayot­zinapa es tan importante porque es clara esta simbiosis entre el crimen y autoridades. Es, como lo expuso el GIEI, la clara existencia de la multicriminalidad en los distintos niveles de gobierno que supieron lo que pasaba.
“En distintos momentos lo supieron la policía municipal, la estatal, la federal, el Ejército, y todos participaron. El GIEI mostró que la noche del 26 de septiembre (de 2014) hubo un operativo concertado para detener a los muchachos. Balearon al equipo de futbol Los Avispones porque estaba en el lugar y el momento equivocados. Ese día hubo nueve incidentes de fuego armado.”
–¿Es un crimen de Estado?
–El caso de Ayotzinapa, yo creo que sí. Los componentes de participación estatal así lo comprueban; la dilación de justicia hace pensar cada vez más en esa posibilidad. El broche de oro es lo de Zerón. Dos años después, con los recursos que el gobierno ha gastado, es increíble que no tenga la capacidad de explicar lo que pasó. Su “verdad histórica” no solo voló por los aires, sino que es insostenible científica, lógica y jurídicamente.
Añade que hay indicios para pensar que Tomás Zerón sembró los restos en el río de Cocula. “Si eso es así –comenta–, quiere decir que alguien proporcionó esos restos óseos y supo dónde estaban los restos de uno de los muchachos. De ese tamaño es el drama”.
Además, para Álvarez Icaza los mensajes de las autoridades federales no sólo son de indolencia ante la tragedia, sino también comunican que están dispuestas a asumir los costos. Y se pregunta: “¿Qué habrá detrás que están dispuestos a asumir esos costos?”
–¿Esta descomposición lleva hacia la ingobernabilidad?­
–Hay algunos lugares donde el Estado está presente de distinta manera porque el crimen controla territorio y las personas no pueden ejercer sus derechos, o bien porque viven en condiciones de exclusión y pobreza tales que no hay manera de ejercer los derechos.
“Esas condiciones ya existían, pero se han agravado, en Michoacán, en Tamaulipas, en partes de Guerrero y del norte del país. Existen zonas en donde incuso para realizar procesos electorales o encuestas se tiene que pedir permiso al cacique o al jefe de la zona.”
–¿Vamos hacia la ingobernabilidad?
–Nadie quiere que esto empeore, porque es un pierde-pierde. El gobierno no quiere que esto pase porque afecta las inversiones y la confianza, se genera una espiral de desconfianza, zozobra y violencia. Además, la economía está descompuesta y eso generaría mayor inconformidad social y que la gente resuelva el problema de la inseguridad autoprotegiéndose como mejor lo considere.
A pesar de ello, aclara que no comparte la afirmación de que ya exista ingobernabilidad o un Estado fallido en el país, ya que siguen vigentes elementos de gobernabilidad por la fuerza y presión de la sociedad civil, además de que algunas instituciones continúan operando.
Pero advierte que sí existe el riesgo de que ocurra una pérdida de gobernabilidad por la grave descomposición de los poderes del Estado, en los que ha ido avanzando “la lógica de cuotas y cuates”:
“Todo lo que se había avanzado en el fenómeno de ciudadanización y democratización está en franco retroceso y pérdida. Los órganos autónomos están secuestrados por la partidocracia; los órganos de los gobiernos de los estados se han perdido y se han corrompido con los grupos delincuenciales, que imponen a los jefes de la policía, presidentes municipales, etcétera.”
En 2011 Álvarez Icaza recorrió el país junto con el activista Javier Sicilia en las caravanas que organizó el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. Desde entonces ya señalaban las alarmantes cifras de delitos, de falta de seguridad pública, así como de complicidades entre el crimen organizado y los poderes estatales, que propiciaban las desapariciones forzadas. En cinco años, afirma, este deterioro se ha profundizado.
Recapitula que este proceso se debe a que la respuesta del Estado mexicano no ha estado a la altura del problema, parece indolente y, además, manda mensajes casi de complicidad, como en el nombramiento de Tomás Zerón en el Consejo Nacional de Seguridad: “Esa es la cereza del pastel del entramado de complicidades y de cómo se premia la ineficacia”, insiste Álvarez Icaza.
Fuente.-

LIDER "HAMPON",HABLA de HONESTIDAD en el PRI y ACEPTO "LIQUIDACION MILLONARIA en la CFE"...el país lo "joden" y lo siguen "jodiendo".



A pesar de haber renunciado como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para competir en la elección interna del PRI, Enrique Ochoa Reza recibió una liquidación.

El actual líder del tricolor presentó su renuncia como director de la CFE el 8 de julio pasado en un escrito enviado al Presidente Enrique Peña Nieto.

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Imagen.-Proceso.com.mx
Ese mismo día, la Comisión procesó su "separación voluntaria" para luego emitir un pago de 213 mil 565 pesos por concepto de nómina.

Sin embargo, el 9 de julio, Ochoa figuró nuevamente en la base de datos de empleados de la Comisión bajo el estatus laboral de "reajuste".

Bajo esa condición de "despido", el 17 de agosto la empresa emitió una nueva orden de pago a favor de Ochoa por un millón 725 mil 209 pesos por concepto de "liquidación separación".

Ello incluyó 330 mil 197 pesos de "liquidación de prima legal" e impuestos.

Para justificar el pago, la CFE emitió el dictamen no. T.L. 49/2016, sobre la terminación de la relación laboral con Ochoa, y lo fundamenta en el artículo 33, fracción II, del Manual de Trabajadores para los Servidores Públicos de Mando, donde se establece la forma de liquidar a un empleado.

Siendo líder del PRI, Ochoa se presentó el 24 de agosto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir un millón 206 mil 271 pesos de indemnización, descontados los impuestos.

La misma fórmula de liquidación aplicó a los cinco ex directores de la CFE. Ninguno de ellos fue destituido, es decir, abandonaron el puesto por voluntad propia, pese a lo cual también recibieron liquidación y bonos de antigüedad.

Desconozco cálculo.- Ochoa
Sobre la liquidación que recibió tras dejar la dirección de la CFE, Enrique Ochoa aseguró que ésta se dio conforme a derecho y a los cálculos actuariales que hizo la empresa.



"Desconozco ese cálculo. Yo soy pasivo en el proceso. La normatividad que me aplica a mí lleva 15 años vigente. Yo no la establecí. 

"Yo no hago los cálculos actuariales. Yo soy un sujeto pasivo", sostuvo al ser cuestionado sobre la liquidación de un millón 206 mil 271 pesos que recibió. 

Justifican liquidación
Cuando el actual presidente del PRI, Enrique Ochoa, presentó su renuncia a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo hizo por voluntad propia, pero la empresa lo indemnizó como si se tratara de un reajuste.



Consultado al respecto, el abogado general de la CFE, Roberto Martínez Espinosa, explicó que según el manual de trabajo de la empresa, el término del contrato del director se da bajo la cláusula de liquidación y no sobre la de voluntad propia.

Aunque el 8 de julio pasado, la CFE la procesó la salida de Ochoa como "Separación Voluntaria" y hasta le pagó 213 mil 565 pesos por concepto de nómina, un día después su nombre aparece en la base de datos de empleados con el estatus laboral de "Reajuste".

Con esa condición de 'despido', el 17 de agosto la CFE emitió una nueva orden de pago a favor de Ochoa por un millón 725 mil 209 pesos por concepto de "Liquidación Separación", que incluye 330 mil 197 pesos de "Liquidación de Prima Legal" e impuestos.

Para justificar el pago, la Gerencia de Relaciones Laborales de la CFE emitió el Dictamen No. T.L. 49/2016 de terminación de la relación laboral en beneficio de Ochoa y lo fundamenta en el artículo 33 fracción II, del Manual de Trabajadores para los Servidores Públicos de Mando.

El mismo artículo, en su fracción I, determina que el priista tendría derecho a recibir 80 días de sueldo integrado por renunciar voluntariamente únicamente de haber trabajado tres años, aunque sólo laboró 2 años y 155 días.

Ochoa se presentó el 24 de agosto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a recibir un millón 206 mil 271 pesos de indemnización, avalado por el subgerente de relaciones laborales de la CFE, Jaime Tadeo Castelán Olguín.

Previamente, firmó un convenio fuera de juicio, el cual se presenta en casos donde la empresa despide al trabajador, de acuerdo a especialistas laborales.

El ahora dirigente priista recibió el cheque número 0000272 de Banco Santander, fechado el 18 de agosto de 2016.

El pago comprende una compensación equivalente a 120 días de salario diario integrado, más 84.86 días, a razón de 35 días de salario integrado por cada año de servicios prestados, entre otros conceptos.

Cláusulas de contrato
Martínez explicó que, aunque Ochoa dejó el cargo voluntariamente, el término de su contrato se da bajo la cláusula de liquidación y no sobre la de voluntad propia.



La cláusula de término de contrato por voluntad propia, que implicaría una liquidación menor, sólo aplica en casos en los que el trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar su puesto.

En el caso de Ochoa, expuso Martínez, el abandono del cargo no es unilateral sino de mutuo acuerdo entre el interesado y el titular del Ejecutivo, quien acepta la renuncia. Por ello aplica la cláusula de liquidación.

"Es un procedimiento ordinario estándar que no se estableció en esta Administración, ni en la anterior, es un manual que está desde el año 2002.

"No hay un trato distinto en el caso del doctor Ochoa; no hay un tratamiento preferencial para él ni lo ha habido para el caso de los anteriores (directores)", dijo el representante de CFE.

La misma fórmula de liquidación aplicó a los últimos cinco ex directores de la CFE, dijo el funcionario, pues dejaron el puesto por voluntad propia y también recibieron liquidación y bonos de antigüedad.

Con información de Karina Suárez

sábado, 24 de septiembre de 2016

ALDO,el NORMALISTA de AYOTZINAPA QUE CUMPLE 2 AÑOS en COMA...el mismo tiempo en "coma" de la investigación de los 43 desaparecidos.


La vida de la familia Gutiérrez Solano cambió de un día para otro hace dos años, cuando su hijo Aldo resultó herido de bala en la cabeza la noche de la desaparición de 43 de sus compañeros de la escuela de Ayotzinapa. El joven alegre y vivaz quedó postrado inconsciente en la cama de un hospital, situación en la que sigue actualmente.
“Fue algo feo para nosotros. Desesperación, indignación, todo se juntó”, contó vía telefónica Ulises Gutiérrez, uno de los 13 hermanos de Aldo. “Gracias a dios empezamos a organizarnos y con el tiempo, poco a poco, fuimos sobrellevando la situación”.
Aldo tenía 19 años cuando fue herido por una bala el 26 de septiembre de 2014. Una persecución policial fue el preludio de su tragedia y la de 43 de sus compañeros de la escuela normal para la formación de maestros Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero.
Para Ulises y su familia fue un duro golpe y un cambio en su rutina. Todos los días deben estar en la habitación que el joven normalista ocupa en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la Ciudad de México. Cuidarlo implica turnarse cada semana para viajar desde Guerrero hasta la capital.
“La familia está permanentemente. El detalle es que nos vamos cambiando porque es muy pesado estar todos ahí, así que nos vamos turnando”, explica.
Aldo se encuentra en estado vegetativo desde el fatídico día, aunque de acuerdo con los médicos, ha evolucionado positivamente. El neurólogo cubano Francisco Machado Curbelo, uno de los doctores que se encargan del caso del joven a pedido de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explicó que, pese a los avances en su salud, no se puede cantar victoria.
“Vimos que se encontraba en el llamado estado vegetativo, en el cual el paciente abre sus ojos, tiene ciclos de sueño y vigilia, pero no hay una interacción ni con el medio ambiente ni con los familiares”, dijo en una entrevista publicada por el diario El Universal.
De acuerdo con Machado, los programas de rehabilitación han logrado que se regularice su nutrición y que ya no se le alimente por vía intravenosa. También puede sentarse en una silla de ruedas y salir al sol. Sin embargo, el porcentaje de recuperación para los pacientes en su estado es mínimo.
Aunque Ulises sabe esto, no pierde la esperanza. “Ahorita seguimos esperando a nuestro hermano. A que dé una muestra de consciencia. Nosotros tenemos fe en que él pueda dar esa señal”, dice a la vez que relata emocionado cómo Aldo puede abrir los ojos y mover algunas de sus extremidades de forma inconsciente.
El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de Ayotzinapa tomaron autobuses para acudir a una manifestación en la capital. Los jóvenes fueron perseguidos por policías municipales de la ciudad de Iguala, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Según expertos independientes, el ataque duró varias horas e incluyó a la policía de los municipios de las vecinas Cocula y Huitzuco. Los agentes estaban aliados con un grupo criminal al que entregaron a los estudiantes. A Aldo le dispararon cuando, con otros jóvenes, trataba de mover una patrulla que les bloqueaba el paso.
Las autoridades mexicanas mantuvieron por mucho tiempo la hipótesis, llamada por ellos “la verdad histórica”, de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados en un basurero por el grupo criminal, pero las investigaciones de peritos independientes, como el grupo de expertos comandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refutaron esa hipótesis.
El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también revisó el caso de Aldo y ayudó a la familia a conseguir más apoyo por parte del Estado.
“El GIEI estuvo muy atento al caso de mi hermano. Ellos nos ayudaron a que el gobierno sea responsable de dar ayuda a Aldo”, manifiesta Ulises, quien lamenta la partida de los expertos tras el fin de sus labores en abril. “Nosotros confiamos absolutamente en ellos. Ahora que no están, nos sentimos descobijados”.
A dos años de un hecho que estremeció México, los padres de los desaparecidos continúan buscándolos y una de sus exigencias es la presentación con vida de sus hijos. Para la familia de Aldo es una bendición que él siga con vida, pero al mismo tiempo su situación les recuerda lo que ha cambiado el joven.
“Mi hermano era muy alegre, le gustaba mucho divertirse, jugar fútbol. Era campesino, trabajaba con mi papá, ayudaba a sus tíos y vecinos”, recuerda Ulises. “Para nosotros, como familia, es un dolor lo que le ha pasado de un día para otro. Es algo inaceptable”.
Diariamente Aldo recibe varias terapias físicas, así como diversos medicamentos en un intento por mejorar su estado, mientras sus padres y hermanos se mantienen firmes en que algún día recobrará la consciencia.
“Nos damos ánimos y nos decimos que pronto recuperará fuerzas”, termina Ulises con voz calmada. “Nosotros vamos a seguir esperando”.
fuente.-


EL "DERECHO a DELATAR",MILLONES de MENSAJES del FBI para ENCONTRAR RESPONSABLES de BOMBAZOS en N.Y...de la tecnología al asombro y las dudas.


Jennifer despertó el 19 de septiembre con una extraña alarma que sonó a las 7:54 de la mañana. En la pantalla de su celular apareció un signo de alerta y un mensaje en el que le pedían marcar al 911 en caso de ver a un hombre llamado Ahmad Kahn Rahami. “Ver foto en medios”, decía la frase.
Apenas dos días antes, el sábado 17, había explotado una bomba en el barrio de Chelsea, Manhattan, en pleno centro de Nueva York. Las 29 personas que resultaron heridas fueron dadas de alta 24 horas después. Tal vez por eso le cayó de sorpresa recibir ese mensaje el lunes por la mañana en su departamento de Nueva Jersey.
“No entendí inmediatamente qué era lo que yo tenía que ver ahí. Sí supe que era un mensaje masivo, como en el caso de las alertas Amber, pero nunca había recibido una así”, cuenta Jennifer Rodríguez, una joven dominicana que cursa el doctorado de Español y Portugués de la Universidad de Princeton.
Ella ya había recibido antes otras alertas de emergencia en su smartphone; una vez en Nueva Orleans y otra en Nueva Jersey, ambas relacionadas con fenómenos naturales. Pero en esta ocasión el mensaje no implicaba una sugerencia para salvaguardar su seguridad personal, sino una orden venida directamente del Buró Federal de Investigación (FBI).
“Era confuso y al mismo tiempo esta confusión era lo que aclaraba por qué me llegaba esta alerta: no había nada nuevo en el mensaje, pero era un llamado privado e imperativo a la acción, a participar de esa captura, con la intención de que todo mundo supiera a quién se perseguía como responsable, por si no habías estado pendiente de las noticias”.
Fue hasta después de que se había enviado el mensaje masivo del FBI que la policía local explicó que se trata de un sistema de alertas de emergencia diseñado para teléfonos móviles, cuyo fin es avisar a la población de un área en particular cuando hay fenómenos naturales peligrosos o alertas Amber. Según un reporte del New York Post, este programa está a cargo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias desde 2012.
No obstante, la característica del mensaje del FBI fue que no necesariamente avisaba de un peligro —para entonces ya había explotado una tercera bomba, esta vez en una estación del tren en Nueva Jersey—, sino para pedir directamente a los ciudadanos su participación en la captura de un presunto responsable.
“Era un contacto cercanísimo con el ‘If you see something, say something’ que nos interpela en los espacios públicos. Excepto que el mensaje decía ‘If seen’, es decir, ‘si has visto/si viste’ y que plantea la pregunta sobre el lugar de este individuo en el presente, dónde podría estar y por qué no sugerir que podré verlo en el futuro y no que ya lo vi”, reflexiona la joven de 31 años en entrevista con emeequis.
Finalmente, Rahami fue reconocido por el dueño de un bar de Nueva Jersey, quien lo encontró dormido en la puerta de su establecimiento. “Sólo soy un ciudadano normal haciendo lo que cada uno debe hacer. Los policías son los verdaderos héroes, los aplicadores de la ley son los verdaderos héroes”, declaró el empresario.
Este ejemplo del típico civismo estadunidense no impidió que muchas personas expresaran sorpresa e incluso terror por haber recibido el lunes, exactamente a la misma hora, la alerta del FBI en sus teléfonos móviles personales.
El medio digital Fusion recolectó decenas de comentarios en Twitter en los que la gente expresó su asombro ante el hecho. Incluso hubo quien describió la experiencia como una escena de ciencia ficción, ya que todas las personas que viajaban en el tren junto con él recibieron la alarma al mismo tiempo.
Horas después fueron aclaradas las dudas: diversas autoridades confirmaron que el buró usó por primera vez el sistema de alertas para enviar un mensaje cooperativo, o como dice Jennifer: fue “como activar millones de ojos y con esta sutil acusación aterrorizar para forzar la cooperación con el FBI”.
En otros países, el envío masivo de este mensaje tal vez hubiera estado acompañado de una serie de cuestionamientos sobre el derecho a la privacidad, la intromisión en la vida personal y la seguridad. Pero en Estados Unidos, donde hay un antes y después del 11 de septiembre, este tipo de preguntas ya no surge tan fácilmente.
“Esto era un típico caso de chivateo, como le llamamos en República Dominicana al acto de ratear—delatar—, que traía la fuerza de que las autoridades te lo estaban diciendo a ti, Jennifer, en tu propio teléfono y con un carácter de urgencia. Ya no hay opción de no ver el anuncio”.
El uso de dispositivos de comunicación personales como si fueran aparatos de vigilancia ha provocado muchas dudas. Una de ellas, por ejemplo, a propósito de los asesinatos de afroamericanos a manos de policías, cuyo último episodio sucedió en Charlote, Carolina del Norte, en donde ni los testigos ni las autoridades han podido ponerse de acuerdo en la forma en que fue asesinado Keith Scott.
“Ahí están los casos recientes de Alton Sterling y Philando Castille, tanto Chris LeDay como la comprometida de Castille, Lavish Reynolds, quienes grabaron e hicieron los videos públicos, fueron víctimas de persecución policial por haber documentado los hechos y producido evidencia contra los policías”, recuerda Jennifer Rodríguez.
“Entonces, ¿quiénes tienen derecho al uso de estas tecnologías para reclamar una movilización civil?”.
Fuente.-