“YA se DESCARÓ: AMÉRICO se ANTICIPA y CONSTRUYE una COARTADA VERBAL porque NO TIENE VISA, NI TAMPOCO VERGÜENZA”… ya debería estar detenido.

Américo Villarreal quiso convertir una pregunta incómoda en una medalla patriótica: si Estados Unidos retira visas a políticos mexicanos bajo sospecha, entonces —según su peculiar lógica— no tener visa podría llegar a ser “meritorio”. Una frase digna de enmarcarse en la nueva escuela del cinismo político: cuando te cierran la puerta, presumes que jamás quisiste entrar.

La visa como medalla

“Creo que va a ser en un momento dado meritorio que no tengas visa”, dijo el gobernador tamaulipeco. No aclaró para quién, bajo qué reglamento moral ni en qué ceremonia se entregarán esas condecoraciones. Pero el mensaje queda servido: en vez de responder al fondo de los cuestionamientos, se intenta resignificar la eventual pérdida de un documento migratorio como si fuera una prueba de dignidad nacional.

El problema es que una visa estadounidense no es un premio de popularidad ni una membresía al club de los buenos modales. Es un permiso discrecional de otro país. Estados Unidos la otorga, la revisa y puede retirarla bajo sus propias reglas. Que se cancele una visa no equivale, por sí mismo, a una sentencia penal; pero tampoco convierte automáticamente al afectado en víctima de una persecución imperialista ni, mucho menos, en héroe de la soberanía.

Villarreal parece sugerir que, ante la sospecha, el mejor antídoto es la épica: si te quitan la visa, no te preocupes, quizá acabas de ganar una medalla. Es una maniobra retórica conocida: transformar un posible costo político en certificado de pureza. Algo así como decir: “No me expulsaron del club; el club perdió el privilegio de tenerme”.

“Yo ya lo demostré”

El gobernador añadió que conserva su visa (…el plástico) y que “ya lo demostró” en una conferencia de prensa, exhibiendo el documento. Ahí también hay una pequeña trampa discursiva: mostrar una visa vigente demuestra, en efecto, que una visa seguía vigente el día que fue mostrada. Nada más. No acredita que no haya investigaciones, no limpia acusaciones, no desmiente vínculos, no certifica transparencia patrimonial ni sustituye una explicación detallada sobre los señalamientos.

Una visa en la cartera no es un certificado de buena conducta expedido por Washington. Es, apenas, una visa en la cartera.

Y aun así, el énfasis del mandatario resulta revelador. Si no hay problema, ¿por qué tanta necesidad de convertir el asunto en espectáculo documental? Si la respuesta sólida existe, debería estar en los hechos, en los registros, en las campañas, en los vuelos, en las aportaciones, en los vehículos y en las comunicaciones mencionadas durante el proceso electoral; no en el gesto de levantar un plástico frente a las cámaras como quien exhibe una credencial del gimnasio.

El fantasma de Carmona

La pregunta no apareció por generación espontánea. Villarreal carga desde la campaña de 2022 con señalamientos sobre una presunta relación política y financiera con Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en 2021, conocido como “El Rey del Huachicol” y vinculado públicamente con operaciones de contrabando de combustibles.

El PAN llevó el caso al Tribunal Electoral y presentó materiales sobre supuestas entregas de vehículos, publicaciones, mensajes localizados en el teléfono de Carmona y versiones de apoyo al entonces candidato morenista. El Tribunal determinó que esos elementos no alcanzaban para probar que el presunto financiamiento ilícito se hubiera consumado ni para establecer un impacto electoral concreto. 

Pero también conviene no convertir esa resolución en una lavadora narrativa. Que las pruebas presentadas no fueran suficientes para acreditar una infracción electoral no equivale a una certificación absoluta de inexistencia de vínculos. Son planos distintos: una cosa es lo que puede probarse jurídicamente bajo un estándar específico y otra las preguntas políticas, éticas y públicas que siguen pendientes.

Más aún cuando han circulado testimonios sobre vuelos en aeronaves pagadas por Carmona y cuando Julio Scherer Ibarra reavivó el tema en su libro Ni venganza ni perdón, al sostener que el empresario financió campañas de Morena, incluida la de Villarreal. La acusación ha sido rechazada por integrantes del movimiento, pero no por ello desaparece del expediente político.

En este contexto, la frase de la visa no suena a seguridad. Suena a anticipación. A la construcción de una coartada verbal por si algún día el documento deja de estar vigente: no sería un revés, sino un mérito; no una restricción, sino una insignia; no una pregunta incómoda, sino una prueba de que alguien está siendo “castigado” por razones que convenientemente no se explican.

El “de ninguna manera”

La otra respuesta también merece lupa. Cuestionado sobre si aceptaría convertirse en testigo protegido de autoridades estadounidenses, Villarreal respondió: “De ninguna manera”. Después remató con una fórmula clásica: él no tiene más que apegarse a las leyes mexicanas.

En condiciones normales, rechazar hipotéticos mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras no tendría por qué ser escandaloso. Nadie está obligado a ponerse el saco de “testigo protegido” sólo porque un reportero formule una pregunta. Sin embargo, en el contexto de un gobernador cercado por versiones, antecedentes y señalamientos, el tono tajante deja una impresión inevitable: antes que despejar dudas, se marca distancia preventiva de cualquier escenario en el que haya que rendir cuentas fuera del guion nacional.

La frase “me apego a las leyes mexicanas” es impecable en apariencia, pero insuficiente en sustancia. Todos los funcionarios deberían apegarse a las leyes mexicanas; no es una defensa extraordinaria, es el mínimo exigible. Nadie aplaude al piloto porque asegura que piensa aterrizar el avión.

La pregunta relevante no es si el gobernador promete obedecer la ley, sino si puede explicar —con documentos, fechas, trayectorias aéreas, facturas, donantes, reportes de campaña y testimonios verificables— por qué su nombre aparece recurrentemente en torno a Sergio Carmona.

Una confesión sin admitir nada

Villarreal no confesó delito alguno. Sería irresponsable afirmarlo. Tampoco una visa vigente o retirada prueba por sí sola culpabilidad o inocencia. Pero sus palabras sí exponen una estrategia: desplazar el debate desde los hechos hacia la indignación, desde las acusaciones concretas hacia el nacionalismo de utilería, desde la rendición de cuentas hacia la teatralidad de una visa mostrada ante cámaras.

El gobernador no respondió a la cuestión de fondo; respondió al escenario que parece temer: que un día tener o no tener visa se vuelva noticia. Y en vez de afirmar con claridad que no existe investigación alguna, que no hubo financiamiento ilícito, que no utilizó recursos procedentes de una red de contrabando, o que puede demostrar el origen y pago de cada traslado cuestionado, prefirió adelantar una moraleja: quizá perder la visa sea “meritorio”.

Es una frase casi confesional, no porque admita una conducta ilegal, sino porque revela la preocupación detrás del discurso. Quien está convencido de que no tiene nada que explicar suele ofrecer explicaciones. Quien sospecha que puede enfrentar un problema, a veces empieza por ensayar el aplauso que espera recibir cuando el problema llegue.

Con información: REFORMA/

“¿EN QUÉ PAÍS OCURRE ESO?: REAPARECE SENADOR ACUSADO de NARCO, PARAPETADO en el FUERO y ATROPELLANDO el ESTADO de DERECHO”… el imperio de la ley está “desaparecido”.

¿En qué país del mundo un senador señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico —con una solicitud de detención con fines de extradición desde Estados Unidos y una carpeta abierta en la Fiscalía General de la República— puede reaparecer en su escaño como si hubiese vuelto de un retiro espiritual ? En México, donde el fuero puede terminar pareciéndose menos a una garantía constitucional y más a un búnker político.

Enrique Inzunza regresó al Senado ayer lunes, 124 días después de evaporarse de la vida pública. Volvió sin Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa, fuera de la bancada de Morena y bajo investigación de la FGR. 

Pero no volvió para rendir cuentas, pedir licencia o facilitar el esclarecimiento de las acusaciones: volvió con la espada desenvainada, a repartir culpas, denunciar una “embestida mediática” y declararse “constitucional y verídicamente inocente”. Una fórmula peculiar: la inocencia se presume; la “inocencia constitucional”, en cambio, parece ser el nuevo blindaje retórico para no responder por el fondo.

Nadie está obligado a probar su inocencia ante los micrófonos, ni una acusación equivale a una condena. Eso es elemental en cualquier Estado de derecho serio. Pero también debería ser elemental que un senador bajo una investigación tan grave no use su investidura, su fuero ni la lentitud institucional que caracteriza al partido en el gobierno y que encabeza Claudia Sheinbaum, como parapeto para seguir ejerciendo poder público mientras exige, con prisa selectiva, que la Fiscalía concluya un expediente que lleva apenas cuatro meses abierto.

Inzunza reclama que la FGR “deslinde responsabilidades”, como si fuera una víctima de la tardanza burocrática y no un funcionario de alto nivel alcanzado por una investigación que incluye a nueve exfuncionarios y funcionarios sinaloenses, además del entonces gobernador, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Su exigencia de celeridad sería impecable si estuviera acompañada de una renuncia temporal al blindaje institucional. Pero no: pide que lo investiguen rápido, siempre y cuando él permanezca cómodamente sentado en el Senado.

Y ahí está la obscenidad política: separarse de la bancada de Morena no equivale a apartarse del poder. Abandonar el grupo parlamentario puede servir para administrar el costo partidista, para fingir distancia, para limpiar la fotografía de familia; no sirve para despejar sospechas ni para restituir credibilidad. El senador se va de la bancada, pero no de Morena; rompe con el grupo, pero conserva el escaño; rechaza los señalamientos, pero no renuncia a la protección que le brinda el cargo. Una independencia cuidadosamente calculada: sin partido parlamentario, pero con fuero; sin bancada, pero con tribuna; sin responsabilidades políticas, pero con todos los privilegios del puesto.

Morena, por su parte, ha marcado distancia demasiado tarde. Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel y sus propios correligionarios le han pedido licencia para que enfrente la investigación sin la protección del fuero, pero solo tras el desaguisado de Rocha Moya cuando la presidenta se cubrió de indignación en redes. 

Porque la pregunta no es solamente qué hará Inzunza, sino qué hará el sistema frente a un legislador que se niega a separarse del cargo mientras pesa sobre él una investigación de esta naturaleza. ¿Basta con que el partido lo invite a irse ? ¿El Senado no tiene más respuesta que observar, incomodarse y seguir con el orden del día?

El Estado de derecho no se atropella únicamente cuando se encarcela sin pruebas o se condena sin juicio. También se degrada cuando quienes deben responder ante la justicia pueden volver al recinto legislativo, ofrecer conferencias de prensa, desacreditar a la prensa y convertir una pesquisa penal en una campaña de victimización. 

El estado de derecho se degrada cuando la presunción de inocencia se invoca como salvoconducto para eludir la responsabilidad política. Y se pudre cuando la ley parece exigir decencia a los ciudadanos comunes, pero admite excepciones para quienes tienen curul, fuero y relaciones de poder.

Que la Fiscalía investigue con rigor, sin consignas, sin montajes y sin dilaciones como nos tiene acostumbrados. Que presente pruebas o cierre el caso, según corresponda. Pero mientras eso ocurre, Inzunza debería pedir licencia. No porque ya haya sido declarado culpable —no lo ha sido—, sino porque el Senado no puede convertirse en refugio de funcionarios bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado.

La verdadera pregunta no es si Enrique Inzunza es “narcolegislador”, como él rechaza airadamente. La pregunta es más incómoda: ¿qué clase de República permite que un senador investigado por acusaciones de tal magnitud se aferre al cargo, invoque el fuero como escudo y se presente como perseguido, mientras las instituciones encargadas de hacer valer la ley avanzan a paso de tortuga?

En un país con instituciones firmes, el cargo no sería coartada. En México, demasiadas veces, parece ser la mejor defensa.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO/

“AMLO y SHEINBAUM lo SUBIERON como las PALMAS y ahora lo BAJAN como los COCOS”… pero cuidado: aún le queda el poder de un solo “dedo”.

De la complicidad al deslinde: esta crestomatía exhibe cómo Morena convirtió el respaldo ciego a Rubén Rocha Moya en un estorbo político. AMLO lo arropó como “hermano”; Sheinbaum le ofreció confianza y continuidad. Pero cuando el costo del blindaje comenzó a oler demasiado fuerte, llegó el libreto del abandono: “no estoy de acuerdo”, “¿qué necesidad?”, “actuación unilateral”.

No es una colección de videos: es la radiografía de una putrefacción institucional donde primero se reparte impunidad desde el poder y, cuando el escándalo deja de ser rentable, se finge sorpresa y se suelta la mano. 

Y que vayan remojando las barbas el resto: en Morena, la lealtad dura exactamente lo que tarda el escándalo en dejar de ser administrable. Cuando el protegido se vuelve incómodo, el abrazo presidencial se transforma en distancia estratégica y el “no estás solo” termina convertido en un frío “fue decisión unilateral”.

Con información: LA SAGA/

EL “SEGUNDO INFORME de SHEINBAUM” será el CHOQUE de DOS MÉXICOS: el PRESIDENCIAL y el de la CALLE… tan sólo separados por esa realidad que conoce Sinaloa.

Hoy no sólo arranca el nuevo periodo de sesiones del Congreso. También comienza, con banda presidencial invisible, spots hasta en la sopa y gira de 32 escalas, el Mes de la Presidenta.

Claudia Sheinbaum presentará su segundo informe de Gobierno que debería ser forense.

Un ritual constitucional en el que, en teoría, el Ejecutivo explica el estado que guarda la República. En la práctica, sin embargo, el país tendrá función estelar: documento entregado por Gobernación en San Lázaro, mensaje desde Palacio Nacional, recorrido por las 32 entidades y cierre con mitin multitudinario en el Zócalo. Todo el paquete. Informe, gira, propaganda, aplausómetro y baño de multitudes.

No será, por supuesto, una auditoría incómoda sobre el país real. Nadie espere una presidenta describiendo hospitales sin medicinas, empresarios frenando inversiones, carreteras bajo control criminal, escuelas sin conectividad ni herramientas mínimas, ni familias enteras aprendiendo a vivir con el miedo de que la extorsión les cobre antes que el SAT. Eso no cabe en los spots.

Lo que viene es una larga ceremonia de cuentas alegres: México va bien, México va mejor, México avanza, México florece, México sonríe y, si algo sale mal, seguramente es porque alguien no entendió la profundidad histórica de la transformación. El libreto ya está anunciado: optimismo obligatorio, cifras seleccionadas con pinzas y una realidad nacional convertida en fondo decorativo para la fotografía oficial.

La Presidenta dice que ve un país en franca mejoría: una economía sólida, bienestar creciente, violencia en descenso y oportunidades para todos. El problema es que, fuera del salón donde se redactan los discursos, hay otro México. Uno menos complaciente, menos maquillado y bastante más caro.

Ese segundo México es el de ocho de cada diez empresarios que no ven condiciones propicias para invertir; el de la incertidumbre jurídica, económica, política y de seguridad que frena proyectos y congela capitales. Es el México donde se presume confianza mientras el sector productivo revisa el horizonte y sólo encuentra neblina.

También es el México donde la propaganda presume reducciones históricas en homicidios, pero las ejecuciones, desapariciones, hallazgos de fosas y desplazamientos siguen marcando la rutina de amplias regiones del país. 

Es el México de Sinaloa, atrapado en la violencia de una guerra criminal que parece no tener final; el de Michoacán, donde limoneros y aguacateros siguen pagando peaje a la delincuencia; el de comerciantes, transportistas y pequeños negocios que conocen mejor la palabra “cobro de piso” que cualquier indicador oficial de paz.

Porque una cosa es bajar una cifra en una lámina de PowerPoint y otra muy distinta es bajar el miedo en una colonia, en una carretera o en un mercado. El delito no desaparece porque una campaña institucional lo edite fuera del cuadro.

Propaganda con recursos públicos

La gira presidencial no será sólo un ejercicio de rendición de cuentas. Será una operación política de gran escala, financiada con recursos públicos y empujada por tiempos oficiales. Una campaña permanente con lenguaje institucional: el viejo modelo de promoción personal del poder, sólo que ahora con estética indígena, discurso progresista y voz femenina.

Antes el presidente se paseaba por el país para que le aplaudieran los gobernadores priistas; después, para que le aplaudieran los panistas. Ahora se hará lo mismo, pero con la explicación de que es distinto porque la transformación llegó a cambiarlo todo, incluso la manera de conservar lo que nunca quiso soltar: el control del relato.

Y el relato urge. A la 4T le pesan escándalos, acusaciones, expedientes, sospechas de corrupción y el desgaste natural —y no tan natural— de ocho años en el poder. A eso se agregan nombres incómodos, denuncias sobre redes de influencia, el agujero del huachicol fiscal, los cuestionamientos sobre personajes cercanos al poder y la creciente presión de Estados Unidos frente a los vínculos entre narcopolítica, crimen organizado y flujos financieros irregulares.

Por eso el informe no busca informar tanto como reparar. Reparar la marca, lavar la imagen, reducir el daño, sustituir preguntas por porras y convertir cada plaza pública en una escenografía de respaldo popular. La misión es sencilla: que el país escuche “vamos bien” con suficiente frecuencia hasta que deje de preguntar hacia dónde.

El país de los anuncios

En educación, el gobierno hablará de becas, apoyos, nuevas universidades y cobertura. Habrá números redondos, programas con nombres largos y gráficas ascendentes. Pero en las aulas sigue apareciendo el país que no sale en los promocionales: escuelas sin infraestructura, estudiantes sin acceso suficiente a tecnología, docentes rebasados y una educación pública que garantiza la presencia física en un plantel, pero no necesariamente una formación de calidad.

Como ha resumido el ministro en retiro José Ramón Cossío, el problema mexicano no consiste sólo en entrar a una escuela, sino en lo que ocurre —o deja de ocurrir— una vez dentro. Se presume inclusión mientras se normaliza el rezago; se entregan apoyos mientras se pospone la discusión sobre aprendizajes, pensamiento crítico, ciencia, inglés, programación e inteligencia artificial.

En salud, la historia será parecida. Desde Palacio se hablará de hospitales, clínicas, inversión histórica y cobertura universal. Pero millones de derechohabientes conocen la otra versión: recetas sin surtir, consultas aplazadas, estudios que nunca llegan, cirugías programadas para un futuro administrativo y salas de espera convertidas en estaciones permanentes de desesperación.

El enfermo mexicano ha aprendido que, para el discurso, la salud es un derecho; para la realidad, muchas veces es una carrera de obstáculos. Si hay suerte, consigue ficha. Si hay más suerte, médico. Si hay todavía más suerte, medicamento. Y si no, termina en el consultorio de la farmacia, ese sustituto informal de un Estado que presume sistema universal mientras terceriza la urgencia en la esquina.

Obras que no alcanzan

También desfilarán las obras emblemáticas. El Tren Maya será presentado como hazaña histórica, aunque sus costos, impactos ambientales, operación y número de pasajeros sigan siendo materia de discusión. 

Mexicana de Aviación volverá a ser símbolo de soberanía, aunque requiera recursos constantes y enfrente una operación limitada. Dos Bocas aparecerá como prueba irrefutable del rescate energético, aunque persistan preguntas sobre su costo, su eficiencia, su capacidad operativa y los incidentes que han acompañado su arranque.

La lógica oficial es conocida: si una obra cuesta más de lo previsto, tarda más de lo prometido, opera menos de lo anunciado o requiere subsidios que nadie presupuestó, no es un problema; es una visión de Estado. Y quien pregunte por los números, por la viabilidad o por el impacto ambiental será acusado de no comprender la grandeza de la obra.

Así funciona el México del informe: una república donde todo avance se mide por el tamaño de la maqueta y todo fracaso se explica por la maldad de los críticos.

El choque inevitable

Septiembre será, entonces, el mes del choque entre dos países.

El primero es el México presidencial: luminoso, en paz, lleno de obras, becas, hospitales, inversiones, bienestar y futuro. Un país donde los datos obedecen, la realidad coopera y el optimismo tiene presupuesto.

El segundo es el México de la calle: el que paga extorsión, espera medicamentos, posterga inversiones, teme viajar por carretera, busca a sus desaparecidos, ve a sus hijos salir de una escuela que apenas sobrevive y escucha promesas de crecimiento mientras la economía avanza con el entusiasmo de una fila en ventanilla gubernamental.

Uno vive en los discursos. El otro vive en México.

Y durante las próximas semanas veremos a la Presidenta recorrer el país para convencer a los mexicanos de que la República florece, que la transformación está intacta y que los problemas son apenas pequeñas nubes en el cielo del bienestar. Habrá música, escenarios, banderas, mensajes de unidad y toneladas de miel oficialista derramadas sobre un país que, debajo del maquillaje, sigue oliendo a incertidumbre, violencia, precariedad y estancamiento.

No será un informe de Gobierno: será una campaña de salvamento político. Una gira para sostener la imagen de una administración golpeada, proteger a un movimiento cada vez más salpicado por escándalos y recordar que, para la 4T, la mejor respuesta ante la realidad no es corregirla.

Es repetir, con suficiente volumen y durante todo un mes, que México va muy bien.

Con información: SALVADOR GARCIA SOTO/ELUNIVERSAL +/