Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados no fue una reforma fiscal: fue una misa de absolución para los grandes contribuyentes. Entre aplausos y discursos de tecnócratas arrepentidos, la mayoría legislativa de MORENA decidió “condonar” —aunque lo disfracen de “estímulo”— una montaña de litigios fiscales valorada en 180 mil millones de pesos. En el mundo de la narrativa oficial, eso sería un “acuerdo benéfico para destrabar conflictos”; en el de la ética pública, es la resurrección del perdón fiscal que el propio sistema había prometido enterrar.
Morena y sus aliados pactaron con aseguradoras, bancos e incluso embajadas —sí, potencias extranjeras negociando el fisco mexicano— un trueque indecente: paguen una décima parte hoy y olvidemos los cuatro años pasados. Una especie de amnistía tributaria para los grandes del dinero, firmada, bendecida y aprobada al vapor, entre el aullido de las mayorías disciplinadas. No importa que el SAT y Hacienda sean operador y beneficiario simultáneamente del truco; la narrativa está blindada con palabras de oropel: “justicia fiscal”, “certidumbre jurídica”, “modernización”.
En la práctica, es un cheque en blanco, un acuerdo que le dice al contribuyente común que los multimillonarios litigan hasta que el Congreso se cansa y les tiende la alfombra roja de un estímulo. ¿Cómo llamarle “recaudación” a una maniobra que perdona el 90% de lo adeudado? Lo saben bien, pero cambian el nombre para que no huela a condonación, igual que se cambia un cadáver de traje para la foto del funeral.
La hipocresía es doble: mientras se ofrece a las aseguradoras una salida “elegante”, la Ley de Amparo se endurece para los empresarios incómodos y los ciudadanos que intenten defenderse del SAT. Unos reciben el bálsamo de la indulgencia; otros, el garrote del Estado.
Así que el Legislativo, en lugar de ser contrapeso, decidió ser notario de convenios privados. Es un Congreso que juega a Robin Hood al revés: roba a los principios republicanos para regalarle impunidad fiscal a los que menos la necesitan. Entre tanto, nos venden el acto como “responsabilidad financiera”. Vaya descaro. Esto no es un incentivo; es la confirmación de que en México, los poderosos no pierden litigios: los convierten en negocios legislativos.
Con informacion: ELNORTE/

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