En una lluvia de declaraciones que buscan desactivar la pregunta esencial, José Ramiro López Obrador —conocido como Pepín— respondió a las señalamientos sobre 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado con un mantra ensayado: “son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo”.
Con esta frase, repetida como un estribillo, pretende convertir lo que exige transparencia en una narrativa de esfuerzo individual que, según él, no merece más escrutinio. Pero la ciudadanía no pregunta por el mérito del trabajo; pregunta por el origen de recursos, las fechas de adquisición y la congruencia entre ingresos declarados y el tamaño del patrimonio. Y esas piezas, a primera vista, no se encajan con la versión oficial.
El conflicto no es solo sobre números. Es sobre la política de la diferencia entre lo público y lo privado en un país donde la declaración patrimonial ha sido una herramienta crucial para evaluar conflictos de interés. Pepín insiste en que toda la información está “declarada y disponible para verificación”, y que las publicaciones que lo señalan forman parte de una campaña mediática orquestada por intereses que busca erosionar a su hermano, el presidente. Esa defensa funciona como una cortina de humo que, en lugar de aclarar, traza una línea entre “ellos” y “nosotros” y entre la prensa y la verdad.
Los números, para quienes han seguido el hilo, sugieren dudas de interpretación. Trece ranchos y cientos de cabezas de ganado, adquiridos a lo largo de años diversos, no se sostienen de forma inequívoca con la declaración de ingresos de años en que el dependiente público no reporta empleo, empresa o algún otro ingreso fijo.
Es decir: la trazabilidad y el origen de los recursos requieren una desagregación de fechas, montos y operaciones de alto valor, no una absolución general. Pero la respuesta oficial suele girar en torno a la idea de que se trata de una “cuenta” que no han hecho, o de que la información fue sustraída a partir de la declaración patrimonial, como si el acto de declarar fuera suficiente para disipar cualquier duda.
La defensa de Pepín no se limita a la evasión de preguntas técnicas. También intenta deslegitimar a los medios y a ciertos “jilgueros” de la política, citando supuestas redes de poder que, según él, le disparan ataques por su parentesco con AMLO.
Este recurso retórico, si bien no invalida la existencia de bienes, sí alimenta la sospecha de que el discurso oficial valora la lealtad familiar por encima de la claridad pública. Y cuando la claridad es precisamente lo que se solicita, el argumento de la conspiración se vuelve, para muchos, la forma más conveniente de evitar respuestas precisas.
Cronología y contexto merecen una mirada más meticulosa. Las compras declaradas abarcan periodos que se superponen con etapas políticas relevantes y, en algunas notas periodísticas, se señalan adquisiciones “poco a poco” que se remontan a años anteriores al mandato de su hermano como jefe del Ejecutivo federal.
¿Qué mecanismos de verificación existían en cada operación? ¿Qué papel jugaron entidades de control y auditoría en Tabasco para revisar estas transacciones? Estas preguntas quedan abiertas, mientras la narrativa oficial se concentra en insistir en el hecho de que las propiedades están declaradas y, por ende, supuestamente transparentes.
Al cierre, la pieza no pide más que un principio básico de la ética pública: rendición de cuentas clara y trazable. Si las declaraciones son públicas, como se afirma, entonces debe ser posible responder con precisión a preguntas puntuales:
- ¿Qué monto total efectivo se pagó por cada ranchería y por cada lote de ganado, y en qué fechas exactas?
- ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento para cada adquisición?
- ¿Qué evaluaciones de crédito, avales o permisos de uso de suelo acompañaron cada compra?
- ¿Qué controles de conflicto de interés aplican cuando un familiar directo ocupa un cargo de alto nivel en el gobierno local y se realizan adquisiciones de bienes de alto valor?
Este caso no debe terminar en una respuesta definitiva de banqueta, sino en la obligación de las instituciones de pedir y entregar respuestas precisas. Si la narrativa oficial pretende presentar las cosas como simples “propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo”, la pregunta persistente es: ¿qué significa exactamente ese esfuerzo cuando las transacciones abarcan montos multimillonarios, fechas que requieren claridad y una hoja de ruta de financiamiento que explique la trazabilidad de cada peso?
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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