En la tragicomedia judicial mexicana, pocos giros resultan tan poéticamente absurdos como éste: la ministra del verbo florido y las afinidades guinda, Lenia Batres Guadarrama, aquella que en 2023 fue recordada más por su desparpajo retórico que por su técnica jurídica, será ahora quien determine el destino legal del ex-gobernador panista (2016-2022) ,Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La escena —tan simbólica como inquietante— coloca a una togada de origen ideológico notorio frente al expediente más políticamente inflamable del pasado sexenio.
Sí, la misma ministra que en tribuna confundió la Constitución con un poema mal recitado, ahora ostenta la pluma del proyecto que podría sellar si Cabeza de Vaca pisa el reclusorio o sigue dictando tuits desde el exilio Texano. Vaya paradoja: del linaje más leal al obradorismo al escrutinio de un opositor que nunca ha escondido su desprecio por el régimen humanista y transdeformador. La suerte jurídica se redacta, literalmente, en tinta morena.
El Pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción sobre el Amparo en Revisión 54/2024, con el pretexto de “uniformar criterios” —esa elegante manera de decir que el caso es demasiado grande para dejarlo en manos de un tribunal de circuito. Detrás del tecnicismo, todos entienden lo que está en juego: una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, originada en Almoloya en 2022 y que ha sobrevivido más embates que una piñata en plena posada navideña.
El amparo de Cabeza de Vaca lleva el sello de quien se sabe políticamente marcado y jurídicamente acorralado. Su alegato en redes, acusando persecución y cinismo, sirvió más de catarsis que de defensa. Pero ahora, la ironía es suprema: quien revise la validez de esa queja será una ministra que, en otro tiempo, habría sido su peor pesadilla retórica.
El desenlace, si algo enseña la historia judicial mexicana, tendrá menos que ver con normas y más con momentos. Si Batres cede a la presión de la toga ideológica, el exgobernador pronto podría encontrar compañía en las crónicas penitenciarias; si, en cambio, el cálculo institucional prevalece, no sería la primera vez que la Corte maquilla justicia con apariencia de equilibrio. Porque en México, los fallos de alto calibre se dictan en clave política, y este caso podría ser el nuevo himno de esa vieja realidad con nuevo aparato de justicia.
El vaticinio fundado
A la luz de los hechos procesales y la correlación política en la Suprema Corte, apunta a un desenlace desfavorable para García Cabeza de Vaca.
La votación que permitió atraer el caso —cinco votos a favor, cuatro en contra— refleja que la mayoría que apoyó la intervención de la Corte está alineada con ministras identificadas por su afinidad ideológica con el oficialismo: Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos y el ministro Irving Espinosa. Estas mismas figuras suelen sostener criterios que privilegian la amplitud de la actuación del Ministerio Público y la deferencia hacia la Fiscalía General de la República.
Dado que Lenia Batres es ahora la instructora del proyecto, el escenario más probable es que su ponencia valide la legalidad de la orden de aprehensión, bajo el argumento de que existían indicios suficientes y que los jueces previos no vulneraron derechos procesales. La narrativa institucional será la “protección del interés público frente a la corrupción”, aunque el trasfondo político es evidente: neutralizar a un adversario emblemático del oficialismo con una cauda de delitos que no le han comprobadopor torpeza jurídica e institucional.
Si el proyecto se somete al Pleno, es previsible una votación dividida nuevamente, con mayoría simple (cinco votos) que permita confirmar la procedencia de la orden de captura. En consecuencia, García Cabeza de Vaca enfrentaría una inminente ejecución de esa orden si se encuentra en territorio nacional, y un proceso de extradición o localización si permanece fuera de México y que se complica para CDV bajo el escenario de una colaboración fluida con EE.UU.
En resumen, el destino jurídico del exgobernador parece inclinarse hacia la validación de la orden de aprehensión. En un país donde los tecnicismos suelen vestir las condenas políticas, este caso podría ser el próximo ejemplo de justicia hecha a la conveniencia del poder, que mas que justicia, busca ajusticiamientos que nunca tocan a los suyos que AVAnzan en sus propias pudriciones.
Con informacion: ELEFANTE BLANCO/
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