La austeridad republicana del Tribunal Electoral del Estado, ese que debería velar por la legalidad y la transparencia, decidió que lo justo y necesario era rematarse a sí mismo tres camionetas de lujo como si fueran baratijas de tianguis, con descuentos de hasta 60% y con meses sin intereses.
Esta conducta perniciosa los retrata a cabalidad, porque si así administran las camionetas, imagine usted cómo administran la justicia. Confundieron el Tribunal con una casa de empeño, y la toga con el mandil del rematador.
Pero lo grave no es que los “guangos” se hayan llevado tres camionetas a precio de ganga, lo grave es que se llevaron de encuentro lo poco que les quedaba de credibilidad y esa vale mas que sus apetitos.
Aunque estas ‘ofertas’ quizá no sean delito tipificado claramente, moralmente son el retrato de lo que son: jueces con alma de revendedores.
Y el colmo de la desvergüenza es que la ideóloga del atraco fue la mismísima presidenta del Pleno, Claudia Patricia de la Garza, quien no solo promovió el jugoso “sírvase usted mismo automotriz”, sino que se apuntó a la primera fila del saqueo, llevándose una Chevrolet Suburban por 462 mil pesos… cuando en el mercado vale fácil el doble.
Porque esta mas que claro, ¿qué mejor forma de honrar el cargo que darse un auto-regalo de cientos de miles de pesos con recursos públicos? Todo, por supuesto, aprobado “por unanimidad”. Ni una sola voz se alzó para decir “oigan, esto huele a cochambre”: todos felices, todos repartidos, todos callados. La moral, por los suelos.
La cosa raya en lo grotesco: mientras a los ciudadanos se les exprime cada peso con impuestos, los magistrados de la Justicia Electoral mediocre se convirtieron en comerciantes de sí mismos, vendiéndose camionetas oficiales como si fueran tréboles de la suerte.
Después, para no andar a pie, recompraron dos flamantes Mazda CX5 de más de 600 mil pesos cada uno. O sea, negocio redondo: se llevan las viejas casi regaladas, y luego estrenan nuevas a costillas del erario.
Lo técnico lo dirán los auditores: daño al erario, simulación, uso indebido de recursos públicos. Pero lo político y lo moral está clarísimo: si el órgano que califica elecciones opera como un “tianguis VIP” para su propio provecho, qué podemos esperar cuando tengan que resolver sobre fraudes o trampas electorales, ya lo vimos.
Porque lo que dejaron al descubierto no es una simple “mala práctica administrativa”. Es el retrato de “puerco entero” de lo que son: árbitros amañados, jueces y parte, que confunden lo público con el botín personal ,mientras Samuel García,gobernador de N.L hace lo propio.
Con informacion: ELNORTE/
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