La reforma judicial impulsada por el “estomago” del gobierno mexicano embriagado de poder, que propone la elección popular de todos los jueces, desde los de primera instancia hasta los ministros de la Suprema Corte, ha sido objeto de una crítica internacional contundente y casi unánime.
The Economist califica la medida como un ataque frontal al Estado de derecho, advirtiendo que no solo pondría en riesgo la gobernabilidad, sino que abriría la puerta a la captura política y criminal del sistema judicial mexicano
Riesgos para la independencia judicial y la democracia
Lejos de fortalecer la justicia, la reforma representa un retroceso histórico: elimina el sistema de selección basado en méritos, exámenes y experiencia, sustituyéndolo por un esquema donde basta con un título en derecho y la simpatía del electorado para acceder a los cargos más altos del Poder Judicial.
Esto, según The Economist y otros medios, no solo diluye la profesionalización y la imparcialidad, sino que convierte a los jueces en actores políticos vulnerables a las presiones de partidos, caudillos locales y, sobre todo, del crimen organizado, que podría movilizar votos o imponer candidatos en regiones bajo su control.
La elección popular de jueces, sin precedentes en el mundo en la escala propuesta, rompe el último dique de independencia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, permitiendo que el partido gobernante -ya dominante en el Legislativo y los congresos estatales- consolide un control casi absoluto sobre todo el aparato del Estado. La creación de un tribunal disciplinario elegido bajo el mismo esquema solo profundiza este riesgo, al eliminar los contrapesos y la supervisión autónoma.
Impacto económico y aislamiento internacional
Las advertencias no se limitan al ámbito político. Cámaras empresariales, organismos multilaterales y gobiernos extranjeros han señalado que la reforma mina la certeza jurídica, desincentiva la inversión nacional y extranjera, y podría poner en riesgo acuerdos comerciales como el T-MEC, al contravenir cláusulas de independencia regulatoria y transparencia judicial. La reforma, lejos de atacar la corrupción y la impunidad, podría institucionalizarlas, al permitir que intereses políticos o criminales capturen la administración de justicia.
Violaciones a estándares internacionales y derechos humanos
Organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab de Stanford advierten que la reforma viola obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, debido proceso y participación de grupos vulnerables en la vida pública. El procedimiento de remoción masiva de jueces y la falta de consulta previa constituyen, además, posibles violaciones a derechos humanos y a la Constitución mexicana.
Crítica severa: una reforma de captura, no de justicia
En suma, la reforma no solo es logística y presupuestariamente inviable -al implicar la remoción de miles de jueces y el pago de indemnizaciones millonarias-, sino que constituye un intento deliberado de cooptar y aniquilar la independencia judicial en México. No responde a un diagnóstico serio ni a un debate nacional, sino a la voluntad de un poder que busca eliminar cualquier contrapeso real a su agenda. La elección popular de jueces, lejos de democratizar la justicia, la politiza y la expone a los peores vicios del sistema político mexicano: el clientelismo, la corrupción y la violencia.
La reforma judicial, tal como está planteada, representa una amenaza existencial para la democracia mexicana, el Estado de derecho y la estabilidad económica del país. Su aprobación sería un paso hacia la consolidación de un régimen sin contrapesos, donde la justicia estaría al servicio del poder y no de la ciudadanía.
Con informacion: THE ECONOMIST/ LA SILLA ROTA/
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