Una reunión a puerta cerrada entre altos funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y representantes de la banca mexicana, celebrada en el marco de la Convención Bancaria en Nayarit, refleja otro ángulo de la presión creciente de Washington para que México refuerce sus controles antilavado y cierre las puertas del sistema financiero al dinero ilícito de los cárteles que ya es principalmente “huachicolero” y ha tenido como socio al mismo gobierno.
La DEA advierte que los esquemas de lavado de dinero se han diversificado, utilizando redes chinas, criptomonedas, comercio internacional y movimientos masivos de efectivo. Solo en 2024, EE UU decomisó 30 millones de dólares en efectivo relacionados con estas actividades, principalmente en estados fronterizos.
El sistema financiero mexicano, representado por el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, manifestó su disposición a colaborar con EE UU, proponiendo la creación de un grupo de trabajo binacional para agilizar el intercambio de información y crear mecanismos proactivos de detección.
El objetivo es blindar el sistema bancario y evitar que recursos ilícitos ingresen al país, en un contexto donde la Ley Antilavado mexicana no ha sido reformada desde 2012 y las cifras oficiales sobre lavado son limitadas y desactualizadas.
Expertos citados en el reportaje advierten que la presión estadounidense obligará a México a revisar no solo sus controles financieros, sino también sus capacidades institucionales y judiciales, dado que el lavado de dinero se apoya en corrupción, debilidad institucional y colusión con redes internacionales, incluidas bandas chinas.
El tamaño del negocio del narcotráfico se estima en al menos 500 mil millones de dólares, y la cooperación bilateral entra así en una fase de mayor tensión y exigencia.
En resumen, la reunión marca el inicio de una nueva etapa de presión y colaboración entre ambos países, con EE UU exigiendo un mayor blindaje financiero y México obligado a responder para evitar el aislamiento de su sistema bancario y la intensificación de sanciones internacionales. El mensaje es claro: cerrar las puertas al lavado de dinero es ya una prioridad de seguridad nacional y de la relación bilateral.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/KARINA SUAREZ
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