En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez anunció la destitución de José Carlos Lemus Vidal, comandante de la flamante Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) asignado a La Concordia, tras denuncias públicas de presuntos vínculos con el crimen organizado, fabricación de delitos, sobornos, encubrimiento de abusos sexuales y otras graves irregularidades.
En Tamaulipas, la Secretaría de Marina dice haber destituido al almirante encargado del puerto de Tampico tras revelarse una red de robo de combustibles (“huachicol”) en la terminal marítima que dejo como saldo la incautación de un buque y 20 millones de litros de “huachicol” sin ningun detenido.
Peor anude lo decomisado, 10 millones fueron robados por las autoridades que los incautaron.
De nuevo, la reacción oficial fue retirar del cargo al mando señalado, pero en ninguno de los casos, se les ha consignado ante la justicia, ni se habla de existencia de órdenes de aprehensión o procesos judiciales en su contra, porque la idea es darle atole con el dedo al ciudadano,mandandole mensajes de “ya cambiamos, solo cambiando a los hampones”.
El caso Chiapas
La denuncia fue realizada por Francisco Ramírez Galindo, exintegrante del grupo “Pakal”, quien aportó testimonios y aseguró tener pruebas documentales.
Entre los señalamientos realizados por Ramírez Galindo, al hasta hoy comandante de Pakal asignado a La Concordia, José Carlos Lemus Vidal está el atropellamiento de dos jóvenes por elementos de la FRIP, a quienes supuestamente se les sembró droga para justificar la agresión; el robo sistemático de gasolina y uso indebido de recursos públicos; la protección a mandos policiales con órdenes de aprehensión activas; y casos de acoso sexual y violencia interna presuntamente encubiertos.
También acusó a Lemus de recibir dinero del Alcalde de La Concordia, Emmanuel Córdova García, y de sacar “maletas” de procedencia ilícita.
El gobierno estatal respondió separando del cargo al mando señalado e instruyendo una investigación “legal, honesta y transparente”, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y citó al denunciante para que presente pruebas. Sin embargo, hasta ahora la respuesta institucional se ha limitado a la remoción del funcionario, sin que se haya informado sobre detenciones o procesos penales concretos contra los acusados.
Ambos casos exhiben un patrón preocupante: ante denuncias de corrupción y delitos graves cometidos desde el poder, las autoridades estatales y federales optan por remover a los funcionarios señalados, pero evitan llevarlos ante la justicia. Esta práctica equivale a una farsa, pues sustituir funcionarios sin procesarlos penalmente perpetúa la impunidad y envía el mensaje de que basta con cambiar de rostro para que el sistema siga operando igual.
La destitución sin cárcel ni castigo efectivo no es justicia, es simulación. La corrupción y el delito no se resuelven con cambios administrativos, sino con investigaciones profundas, sanciones ejemplares y procesos judiciales transparentes. De lo contrario, los gobiernos estatal y federal, así como instituciones como la Marina, sólo perpetúan la desconfianza ciudadana y la protección de redes criminales en el poder.
El gobierno es el problema:
- “Destituir no es castigar: mientras los corruptos sólo cambien de oficina y no de celda, la impunidad seguirá gobernando.”
- “En México, la puerta giratoria de la corrupción sigue abierta: hoy los remueven, mañana los reciclan, y nunca los encarcelan.”
- “La justicia que sólo remueve, pero no castiga, es la mejor aliada de la impunidad.”
- “Mientras los delitos se resuelvan con cambios de puesto y no con sentencias, la corrupción seguirá siendo la norma, no la excepción.”
Con informacion: Elefante Blanco/ ElNorte/
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