Desde que el presidente Trump asumió el cargo, la Casa Blanca ha acusado a México de mantener “una alianza intolerable” con los cárteles de la droga. Esto ha puesto bajo los reflectores al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y sus supuestos vínculos con jefes del narcotráfico local.
Rocha, un exacadémico de cabello canoso, gobierna un estado tan profundamente ligado al narcotráfico que el cártel homónimo es uno de los principales empleadores locales. Una guerra interna entre facciones del cártel sacude Sinaloa, y muchos allí sostienen que una de las razones por las que Rocha no puede detenerla son sus presuntos lazos con los líderes del narco.
Tras el asesinato de dos niños y su padre a principios de este año, miles de manifestantes marcharon hacia el palacio de gobierno y rompieron la puerta de cristal de la oficina de Rocha. En septiembre, un avión arrojó volantes en la capital del estado, Culiacán, en los que se referían a Rocha como “un narco-gobernador, asesino y corrupto” que “entregó nuestro estado a los criminales”.
Un patriarca del cártel, encarcelado en Texas, afirmó en una carta difundida por su abogado el verano pasado que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos tras ser engañado para acudir a una supuesta reunión de mediación entre Rocha y un político sinaloense que, ese mismo día, apareció muerto.
Muchos habitantes de Sinaloa vieron el hecho de que el narco más importante de México aceptara una invitación para resolver una disputa política y asistiera con una escolta mínima como evidencia de colusión. Rocha ha dicho que no sabía nada de la reunión y que no fue invitado.
“El crimen organizado y el gobierno son lo mismo”, dijo María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras, un colectivo que busca a víctimas desaparecidas de la violencia del narco en México.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y exrector universitario, ha sido puesto bajo la lupa por sus presuntos nexos con el cártel. Rocha asegura que no tiene vínculos con el narco y que jamás ha conocido a un jefe del cártel. “No soy un criminal”, dijo Rocha a la prensa en octubre. Rechazó hacer comentarios para este artículo.
La crisis en Sinaloa ha puesto en aprietos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Trump ha impuesto aranceles a algunos productos mexicanos argumentando que el gobierno no hace lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo. El secretario de Defensa Pete Hegseth amenazó con una acción militar unilateral en México contra los cárteles si el gobierno no intensifica sus esfuerzos.
Desde que comenzó la guerra interna del cártel el año pasado, el gobierno federal ha asumido el control de las agencias de seguridad en Sinaloa, desplegando miles de soldados. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, viaja entre Ciudad de México y Culiacán, donde ha arrestado a operadores clave del cártel y desmantelado decenas de laboratorios de drogas.
Algunos asesores de Sheinbaum le han sugerido destituir a Rocha para mitigar la presión de Estados Unidos, según personas familiarizadas con las discusiones. Quitar a un gobernador, junto con arrestar a líderes del cártel, son movimientos que los asesores creen podrían complacer a Trump.
Sheinbaum, quien ha respaldado públicamente a Rocha, ha dicho que no hay pruebas en su contra y que no está bajo investigación. Un portavoz de Sheinbaum declinó comentar.
Rocha recibió un impulso político en febrero de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. López Beltrán, alto funcionario de Morena, visitó Culiacán y entregó a Rocha una nueva credencial del partido. López Obrador, fundador de Morena, es también mentor de Sheinbaum.
Rocha, de 75 años, nació en Sinaloa y comenzó su carrera como profesor de matemáticas, llegando a ser rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha escrito 13 libros, incluyendo una novela sobre el narco en Sinaloa.
Durante la campaña para gobernador de 2021, que Rocha ganó por amplio margen, un reportero le preguntó si era necesario coordinarse con el crimen organizado para gobernar Sinaloa. “Hay que encontrar la manera de hacerlo”, respondió Rocha.
La campaña estuvo marcada por la injerencia violenta de “Los Chapitos”, según opositores y analistas. Mario Zamora, candidato opositor, dijo que hombres armados secuestraron brevemente a decenas de operadores electorales de la oposición, obligaron a algunos candidatos a retirarse e intimidaron a los votantes.
Una candidata a diputada relató que fue secuestrada por hombres armados en camionetas, quienes la vendaron y golpearon. Dijo que la liberaron tras la elección.
El Pentágono estima que alrededor de un tercio de México está controlado por cárteles que han penetrado los gobiernos, especialmente a nivel estatal y municipal.
En los últimos 15 años, dos gobernadores mexicanos han sido extraditados a EE.UU. y se declararon culpables de lavado de dinero. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue condenado en EE.UU. a 38 años de prisión por ayudar al cártel de Sinaloa a traficar más de 50 toneladas de cocaína.
La presión de EE.UU. sobre el cártel de Sinaloa podría haber desencadenado los eventos que llevaron a la actual guerra interna y pusieron a Rocha bajo la lupa. Según funcionarios estadounidenses, Joaquín Guzmán, jefe de “Los Chapitos”, secuestró al cofundador del cártel, Ismael Zambada, en julio pasado y voló con él a EE.UU. para buscar un trato indulgente con los fiscales estadounidenses al entregarse. Guzmán es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del cártel, preso en EE.UU.
Zambada, de 77 años, relató en una carta cómo fue capturado y llevado a EE.UU. Dijo que el joven Guzmán lo invitó a una reunión matutina en un centro de eventos aislado para mediar una disputa entre Rocha y Héctor Cuén, exrector de la universidad y recién electo diputado federal. La disputa, según Zambada, era por el futuro de la universidad, un botín de poder político.
Zambada afirmó que saludó a Cuén y siguió a Guzmán a una habitación oscura, donde fue derribado y esposado antes de ser llevado a un aeródromo cercano y volado a EE.UU.
Una investigación de la fiscalía de Sinaloa, anterior a la carta de Zambada, concluyó que Cuén fue herido de muerte durante un intento fallido de robo de auto en una gasolinera esa noche. La fiscal, designada por un Congreso local controlado por Rocha, dijo que Cuén murió en una clínica local esa noche y que su cuerpo fue cremado.
La carta de Zambada contradijo la versión oficial sobre la muerte de Cuén: “Lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde me secuestraron”, escribió.
Investigadores federales hallaron rastros de sangre de Cuén en el centro de eventos y concluyeron que la investigación de la policía, fiscales y peritos estatales estuvo plagada de irregularidades, incluyendo un video falso del supuesto robo. Un abogado de la familia Cuén declinó comentar. La fiscal estatal renunció a sugerencia de Rocha y la fiscalía federal asumió el caso.
La investigación federal se ha estancado después de que un juez de Sinaloa rechazó aceptar pruebas recabadas por los investigadores, según el fiscal general Alejandro Gertz.
“Nadie quiere mirar demasiado de cerca”, dijo el analista político Jorge Castañeda.
Con informacion: JOSE DE CORDOVA/THE WALL STREET JOURNAL/
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