La Presidencia de la República demandó a Google por daño moral por cambiar en sus mapas el nombre del Golfo de México a Golfo de América, pero un juez federal la “bateo” declarandose incompetente para llevar el caso.
En la demanda, presentada el 4 de marzo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a cargo de Ernestina Godoy,la que engañaba a Telcel para torcer la ley y obtener datos de la empresa de manera truculenta par usarlos políticamente, de acuerdo con el New York Times,ahora pidió condenar a Google Operaciones de México S. de R.L. al pago de daño moral, daños punitivos y daños y perjuicios, todos en cantidades por cuantificar.
Lo anterior por considerar que la empresa está violando varias leyes nacionales y tratados internacionales, al reflejar en sus servicios Google Maps y Google Earth el cambio de nombre decretado por el Presidente Donald Trump, cuando la consulta se realiza desde Estados Unidos.
Sin embargo, el 6 de marzo, el juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, Eduardo León Sandoval, rechazó admitir a trámite la demanda, y resolvió que el caso no corresponde a la justicia federal.
Que dijo el Juez:
“Se trata de una reclamación a un particular cuyo producto principal es el motor de búsqueda de contenido en internet, que con el actuar señalado por la accionante, en el sentido de denominar al Golfo de México, también como Golfo de América, dependiendo de la región geográfica de donde se realice la búsqueda, no se traduce en un detrimento a los bienes de la nación, como lo es, el territorio continental, insular, mar territorial y/o zona económica exclusiva, puesto que únicamente se trata de una variante unilateral de información que no despoja al estado en sus bienes”.
“Si no existe una afectación directa a los límites territoriales (fronteras) que establecen el alcance del territorio y la jurisdicción de México, en su área continental y marítima, no puede existir una contravención a los tratados internacionales que aduce la actora”, agregó.
El Gobierno tenía hasta el 17 de marzo para apelar esta resolución, pero no lo hizo, por lo que el desechamiento de la demanda quedó firme.
Ahora, la CJEF podría tratar de llevar el caso a un juzgado civil del fuero común, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues lo único que aclaró el juez León es que no se cumplen requisitos legales para tramitarlo en el fuero federal.
Contexto de la controversia
La demanda presentada por el Gobierno de México contra Google por el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América en sus mapas enfrenta cuestionamientos jurídicos tras el rechazo inicial de un juez federal. Estos son los puntos clave para evaluar su viabilidad:
- Origen del conflicto: Google modificó la denominación en su plataforma Maps para usuarios en EE.UU., siguiendo un decreto de Donald Trump que renombró la plataforma continental estadounidense del golfo como «Golfo de América».
- Postura mexicana: El gobierno argumenta que el cambio afecta la soberanía nacional y los derechos históricos sobre el territorio marítimo, ya que la medida de Trump solo aplica a 22 millas náuticas bajo jurisdicción estadounidense.
Argumentos legales del Gobierno mexicano
- Daño moral y perjuicio a la imagen nacional:
- Alegan que el cambio genera confusión geográfica y desdibuja la identidad histórica del golfo, reconocido internacionalmente desde 1768.
- Buscan indemnización por hasta 500 millones de pesos (25 millones de dólares) bajo la figura de daño moral.
- Violación de normas nacionales e internacionales:
- Señalan infracciones a la Ley General de Bienes Nacionales y tratados como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
- Posibles sanciones por información engañosa:
- Citando la Ley Federal de Protección al Consumidor, podrían imponer multas de hasta 50 millones de pesos (2.5 millones de dólares).
Obstáculos jurídicos
- Fallo del juez federal: Eduardo León Sandoval desestimó la demanda el 6 de marzo de 2025, argumentando que:
- Google es un actor privado cuyo servicio de mapas no altera físicamente los límites territoriales.
- La modificación nominal no implica «detrimento a los bienes de la nación» ni contravención de tratados internacionales.
- Falta de apelación: El gobierno no recurrió la decisión antes del plazo límite (17 de marzo), lo que consolida el desechamiento en el fuero federal.
Viabilidad de la demanda en el fuero común
Aunque el camino federal está cerrado, la Consejería Jurídica de la Presidencia evalúa llevar el caso a tribunales civiles en la Ciudad de México. Los factores a considerar son:
- Jurisprudencia en daño moral: Requeriría demostrar un perjuicio tangible a la imagen del país, algo complejo en casos de nomenclatura geográfica.
- Regulación de plataformas digitales: No existen leyes mexicanas que obliguen a empresas como Google a ajustar topónimos según criterios gubernamentales, salvo acuerdos bilaterales.
- Precedentes internacionales: La Enciclopedia Británica mantuvo el nombre original, respaldando la postura histórica de México, pero sin valor legal.
Perspectivas y riesgos
- Estrategia geopolítica: La demanda podría servir como presión simbólica para negociar con Google, que ya mostró disposición al diálogo.
- Costos reputacionales: Un nuevo fracaso judicial debilitaría la posición mexicana en disputas similares futuras.
- Dilema técnico: Google basa su decisión en actualizaciones del Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de EE.UU., lo que limita la capacidad de México para imponer cambios unilaterales.
En resumen, aunque la demanda tiene fundamentos políticos y culturales, enfrenta desafíos jurídicos sustanciales. Su viabilidad dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar un daño concreto más allá del nominal y/o politicos, algo no resuelto en el marco legal actual.
Con informacion: ELNORTE/
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