El viernes acumulaba varios días de paseo en Puerto Vallarta, conocido dominio de esa banda, que lo sentenció a muerte en 2018. Cualquiera pudo haberle dicho que estar ahí era suicida. Por la noche se fue de copas. La coraza que quizá imaginó tener fue destrozada con varios tiros por la espalda, a manos de un numeroso grupo que inutilizó a sus escoltas, obligó a empleados del lugar a limpiar la escena del crimen y retrasó la llegada de la policía.
El mismo bulevar costero Medina Asencio, que alberga el bar donde murió Sandoval, ha sido escenario de múltiples escenas similares en los años recientes, entre ellas el secuestro de hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en agosto de 2016, y apenas en noviembre de este año, el plagio y posterior ejecución del controvertido empresario inmobiliario Felipe Tomé.
Se requieren unos minutos en vehículo desde ahí para adentrarse en Nayarit, anunciado por hoteles y residencias de alto lujo, presumible producto del “lavado” de dinero. Hacia aquella franja turística fluye parte de las 60 mil dosis diarias de “cristal” y otras drogas escupidas por sórdidos laboratorios abiertos en la entidad bajo la vigilancia del mismo cártel. Otro segmento de su producción va a dar hasta los consumidores de Los Cabos, Tijuana y más allá, en Estados Unidos, hacia donde lo traficaba el exfiscal nayarita Edgar Veytia, mientras su jefe, el exgobernador Roberto Sandoval, ha sido imputado aquí y en el extranjero por su complicidad con el propio CJNG.
El vecino sureño de Jalisco es Colima, donde el mes pasado se cumplió el 10 aniversario del asesinato de otro exgobernador, Jesús Silverio Cavazos. Sólo dirigió la entidad cuatro años. Su antecesor fue Gustavo Vázquez, cuyo triunfo electoral fue anulado en 2003. Se volvió a postular, ganó de nuevo, pero murió en febrero de 2005 durante un sospechoso accidente aéreo.
Atrás de todas estas historias se ubica al CJNG, que según reportes diversos encabeza, bajo diversos niveles de disputa, los negocios ilegales en 24 estados del país. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y los diferentes secretarios de Seguridad del sexenio pasado le deben al país —y al mundo, se diría— la explicación de por qué decidieron hacer de ese el “cártel consentido del sexenio”.
Frente a tal panorama, resulta insostenible la declaración del presidente López Obrador de que el crimen contra Sandoval es una responsabilidad del gobierno estatal, que encabeza Enrique Alfaro… el cual a su vez incurrió en el gesto hipócrita de reportar “con gran dolor” la muerte de su antecesor, con quien sostuvo por años una áspera distancia.
López Obrador y Alfaro están embarcados en una agenda de confrontación política, que tiene sin duda una faceta en el campo de la inseguridad. El poder del CJNG, verdadero gobierno en amplias regiones, debe obligarlos a trabajar coordinadamente con otros gobernadores y fiscales. Soslayar, ser omisos ante esta responsabilidad, irónicamente los hermanará en la incompetencia frente a un enemigo común.
fuente.-rockroberto@gmail.com
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