Un video grabado con un teléfono muestra a un policía asfixiando a un hombre con la planta del pie mientras sus compañeros lo observan. A los pocos minutos el hombre sometido muere por no poder respirar. Este relato se asemeja al de George Floyd, quien murió por la asfixia que le provocaron policías de Minneapolis en Estados Unidos durante su arresto. No obstante, se trata de Oliver, un hombre de origen haitiano agredido por la policía de Tijuana en enero de este año.
En Minneapolis, los esfuerzos por reformar la policía local se vieron truncados cuando esta rechazó una recomendación del gobierno federal de 2015 para supervisar y sancionar a policías con antecedentes por mala conducta. De haberse implementado, quizá la muerte de George Floyd no hubiera ocurrido. Similarmente nos preguntamos, ¿Cómo serían las policías locales en México si existieran mecanismos efectivos de supervisión? ¿Se hubiera prevenido la muerte de Oliver en Tijuana y la de Giovanni López en Jalisco?
En México existen dos tipos de organismos que ejercen tareas tangentes al monitoreo y supervisión de las policías locales: Unidades de Asuntos Internos (UAIs) y organizaciones ciudadanas. Las primeras se enfocan en investigar quejas reportadas por ciudadanos o por otros policías. Las segundas son organismos civiles con tareas variadas: fungen como observatorios, articulan a la comunidad y la policía, e incluso, apoyan con recursos a las policías locales.
No obstante, estos organismos carecen de uno o dos factores que consideramos indispensables para la supervisión policial efectiva: (1) autonomía, (2) competencia y (3) exhaustividad.
Autonomía
En primer lugar, las tareas de supervisión requieren autonomía operativa —de otras unidades policiales y del poder ejecutivo local— para evitar conflictos de interés. Las UAIs de las policías, al ser parte de las mismas, son sumamente vulnerables a estos conflictos. Una UAI requiere llevar a cabo investigaciones imparciales sin miedo a represalias internas. Por ejemplo, debe establecer canales independientes y seguros para que los policías puedan reportar abusos en su cadena de mando.
De manera similar, las oficinas de supervisión ayudan a cuidar la estabilidad institucional de las policías. La autonomía les permite demandar a la policía responderle al público y no al alcalde municipal en turno. Así, las policías pueden enfocarse en crear confianza de largo plazo con los ciudadanos y no en ser un brazo coercitivo de corto plazo.
El devastador caso de Giovanni López ilustra la importancia de autonomía de las UAIs. El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, ordenó a la policía hacer cumplir el actual mandato del uso obligatorio de cubrebocas. De acuerdo con familiares de López, la policía lo detuvo y golpeó por incumplir la medida y su cuerpo les fue entregado al día siguiente en el Servicio Médico Forense. En este escenario, la UAI de una policía municipal tiene pocos incentivos para realizar una investigación objetiva, pues encontrar culpabilidad de los policías implicaría acusar a sus propios jefes en la institución y el municipio. Asimismo, los agentes que se ven forzados a cumplir con las órdenes del alcalde no cuentan con herramientas para negarse. Una UAI con autonomía les permite denunciar y protegerse internamente contra órdenes que no consideran correctas.
Competencia
Dichos organismos supervisores necesitan la jurisdicción adecuada para conducir investigaciones y auditorías profundas. Además, requieren de atribuciones para exigir a la policía proporcionar la información necesaria para llevar a cabo dichas investigaciones. Por otro lado, requieren recursos para conducir su trabajo adecuadamente. A falta de recursos, grupos empresariales han levantado asociaciones para financiar organizaciones enfocadas en seguridad pública. Un ejemplo es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) en el estado de Chihuahua.
En Estados Unidos, por ejemplo, el Inspector General de la Policía de Nueva York tiene facultades para emitir citatorios y solicitar documentos y datos confidenciales. Aunque la policía no está obligada a implementar las recomendaciones, tiene la responsabilidad legal de dar respuesta pública. Esta figura ha realizado 16 investigaciones con 184 recomendaciones entre 2014 y 2020. De estas, la policía ha aceptado, ya sea parcialmente o en su totalidad, el 76 %.
Exhaustividad
Finalmente, un marco de supervisión debe contar con un sistema de pesos y contrapesos. Como describimos para Seattle en nuestra primera entrega, un marco exhaustivo se compone de diferentes oficinas supervisoras con funciones especializadas y complementarias. Este diseño busca que se vigile a la policía desde adentro y afuera, y a su vez, que las actividades policiales sean supervisadas desde lo individual hasta lo organizacional.
Para ilustrarlo, pensemos en un policía que solicita un beneficio económico a una persona a cambio de no imponerle una sanción; en otras palabras pide una “mordida”. En primer lugar, la UAI debe detectar, investigar y sancionar a dicho oficial. Paralelamente, una oficina externa debe vigilar que la investigación de la UAI se haya conducido objetiva y con diligencia. Por último, una oficina independiente debería estudiar los factores sistemáticos que llevan a que un porcentaje de policías incurran en estas prácticas y proponerle a la policía políticas correctivas.
Implementación y limitaciones
Este diseño de marco de supervisión puede complementar la propuesta reforma policial del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC). Sin embargo, tendría que pasar por varios obstáculos: el primero sería la dificultad de que alrededor de mil 807 policías en México1 –con todas las diferencias entre ellas– apliquen el mismo modelo. El diseño de supervisión debe diseñarse a la medida local, tomando en cuenta características socio-demográficas, políticas, históricas y económicas.
Siendo realistas, este diseño solo sería viable en ciudades grandes (100,000 habitantes) con un mayor número de recursos y capacidad gubernamental. Para muchos municipios, como Ixtlahuacán de los Membrillos (con 23,000 habitantes) sería difícil financiar estas estructuras, por lo que es crítico idear canales alternos de financiamiento, como subsidios federales condicionados a su desarrollo o mecanismos ciudadanos como FICOSEC.
Otra dificultad es la falta de voluntad política y de continuidad de las políticas públicas en el contexto de elecciones. Para poder mitigar este riesgo, es importante que los nombramientos de los y las titulares de los órganos propuestos sean realizados por entes colegiados imparciales. Más aún, deben ser nombrados de forma escalonada y por plazos que trasciendan la administración de un solo gobierno.
Es relevante notar que desde al menos la década pasada2 existen esfuerzos por avanzar mecanismos de monitoreo y supervisión policial. Recientemente, la Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) firmaron un acuerdo para que la organización no gubernamental asista técnicamente a dicha autoridad en la materialización del respectivo mecanismo de supervisión. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debería —como lo prevé el MNPyJC — establecer directrices generales para que avances locales como éste no sean casos aislados, sino la norma.
Por más de una década, la violencia se ha posicionado como un factor más a considerar en la política y vida pública en general. Durante las últimas tres administraciones, la apuesta ha sido incrementar indiscriminadamente las facultades de las instituciones de seguridad pública sin implementar mecanismos de supervisión paralelos. El resultado ha sido la propagación de la violencia y un alza en violaciones de derechos humanos que socavan la democracia. Para atacar las raíces del problema — entre ellos, la corrupción y el uso discrecional de la fuerza— es crucial implementar sistemas locales de supervisión con autonomía, competencia y exhaustividad. Dicha solución requerirá de un monto considerable de recursos y voluntad política. No obstante, debe ser prioridad en un país que acumula cientos de miles de muertos y desaparecidos.
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y becaria Fulbright-García Robles. Su trabajo se especializa en temas de seguridad pública, reforma policial y prevención de violencia de género.
Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Se enfoca en la reforma del sistema de seguridad y justicia criminal en Latinoamérica, y, en justicia étnico-racial en México.
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