Es humano sentir el impulso de responder con descalificaciones, burla o ironía para intimidar a alguien que te está cuestionando. Sin embargo, ¿qué tan ético es insultar desde un cargo público, cuyo sueldo paga la población mexicana?
FORMALIDAD VIOLENTADA:
Esta semana el diputado Gerardo Fernández Noroña, desde su posición como legislador de uno de los partidos que en alianza con Morena tienen mayoría en el Congreso, insultó a la senadora panista Alejandra Reynoso.
Una senadora que se autodefine “wera”, así, con w, no es que se respete mucho a sí misma ¿o sí? Misógino en 3,2,1... @WeraReynoso.
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Pero esto no es nada nuevo, ya que Fernández Noroña utiliza Twitter para insultar no solo a adversarios políticos, sino a la prensa, como ocurrió con el periodista Jorge Ramos en abril de 2019.
Empieza por preguntarte a ti mismo, por qué eres tan servil ante el neoliberalismo. twitter.com/jorgeramosnews…
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De acuerdo con Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, estas actitudes pueden provocar que voces críticas al gobierno dejen de atreverse a dar su opinión y prefieran la autocensura.
El experto nos dijo que esto es preocupante sobre todo cuando son periodistas quienes son insultadas o insultados, ya que este hostigamiento provoca un efecto inhibidor, es decir, “dejar de publicar información crítica o se salen de las redes”.
“Desde Artículo 19 creemos que los calificativos generalizan la sensación de intranquilidad de las y los periodistas. No es suficiente decir que se ponga el saco a quien le quede porque la dureza de estos señalamientos es lo que genera un efecto inhibitorio”, explicó Cortés.
Platicamos también con Jorge Márquez, doctor en Ciencia Política por la UNAM, quien opina que no es ético que un funcionario use sus redes para descalificar porque esos cargos públicos no son para hacer proselitismo sino para cumplir las funciones que les marca la ley.
“El gobierno no debe tomar partido sino informar y llevar a cabo las políticas generales que benefician a la sociedad y no tratar de lucrar de manera partidista”, explicó Márquez.
En este tuit, Sanjuana Martínez, directora de la Agencia de Noticias del Estado (Notimex), exige una disculpa a los responsables de la investigación que la señala de utilizar recursos públicos para atacar periodistas. Más adelante en ese hilo los acusa de difamación.
Voy a dejar esto por aquí y a esperar una disculpa de @article19mex y @AristeguiOnline . Iteso rectifica y afirma que nunca señaló a Notimex de orquestar ataques notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/7…
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Según Jorge Márquez esto no es ético porque el gobierno cuenta con mayor poder que cualquier otra persona.
“En ese sentido se convierte en una competencia desleal, no solo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista ético, se aplasta a la opinión pública y se aplasta la pluralidad con esto”, dijo Márquez.
Por su parte, Vladimir Cortés piensa que además de las voces de los funcionarios, las otras voces también son necesarias para una democracia, y un funcionario no debe buscar que se silencien o invisibilicen.
“El riesgo es que no se esté reconociendo la pluralidad y la necesidad de que estas voces están ahí para alimentar el debate”, dijo Cortés.
Además, según el experto de Artículo 19, estas actitudes estigmatizan a sectores de la sociedad y sobre todo a sectores de la prensa, lo cual impulsa las agresiones.
“Lo que buscan es que se retraigan, que dejen de escribir, que dejen de publicar. Esto provoca dejar de escuchar voces, y que la sociedad no pueda informarse y tener acceso a esta información que es de interés público y que es fundamental en una sociedad democrática”, dijo Cortés.
Por ejemplo, en este tuit, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval califica las opiniones de Denise Dresser y Sergio Aguayo como ataques mezquinos.
Los mezquinos ataques de los mismos de siempre, como @DeniseDresserG y @sergioaguayo, me hacen lo que el viento a Juárez.
La #4T vive y la lucha sigue.
Recomiendo la lectura de este texto de hoy en @lajornada: jornada.com.mx/2019/12/30/opi…
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De acuerdo con Cortés, otra preocupación de este comportamiento es el efecto multiplicador que este tipo de respuestas a la crítica genera en otros funcionarios de otras regiones u otros rangos.
“Es un efecto cascada que se replica desde las figuras más altas hasta funcionarios de otro tipo de rango. Se piensa que hay como una suerte de permisividad para que los funcionarios puedan desacreditar el trabajo de alguna voz crítica”, dijo Cortés.
En el caso de este tuit, Jesús Robles Maloof minimiza a la oposición desde su cargo de Coordinador General de Ciudadanización y Atención a Víctimas de la Corrupción, en la Secretaría de la Función Pública que dirige Irma Eréndira Sandoval.
¿Se acuerdan cuando el PRD existía?
Algunos de Ustedes son muy jóvenes, pero sí, hubo un partido con esas siglas.
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Jorge Márquez piensa que funcionarias y funcionarios deben tener cuentas privadas para externar sus opiniones personales siempre y cuando no utilicen ningún recurso del gobierno ni sea en los horarios en los que se supone que deben trabajar para la ciudadanía.
“En realidad ellos tienen un contrato con la ciudadanía. No pueden usar recursos públicos para fines partidistas. Además buscan anular la pluralidad y la crítica”, dijo Márquez.
El caso Winckler
En octubre de 2017, el periodista Miguel Ángel León Carmona denunció que el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, lo había bloqueado de Twitter, lo cual es un atentado contra el derecho de acceso a la información.
El periodista promovió un amparo porque un funcionario público que difunde información de naturaleza pública, no puede impedir el acceso para afectar la labor periodística. En marzo de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de León Carmona.
Según Vladimir Cortés, esto sentó un precedente con el cual ningún funcionario público puede restringir el acceso a sus redes sociales, con lo cual sus opiniones también están siempre sujetas al escrutinio público y deben estar controladas.
“Esto dejó muy claro que cuando un funcionario decide utilizar alguna de estas plataformas como un medio de comunicación con la ciudadanía, ya está asumiendo una serie de normas y de previsiones”, detalló Cortés.
Para el entrevistado, desde luego que un funcionario tiene derecho a crear una cuenta que destine únicamente a cuestiones personales.
“Sin embargo, en el momento en el que decida utilizarla como canal de comunicación con la ciudadanía, tiene que garantizar el acceso a todos y, por lo tanto, tiene que evitar generar algún tipo de discurso que resulte estigmatizante”, dijo Cortés.
Las servidoras y servidores públicos tienen que estar conscientes de las responsabilidades que tiene su cargo público pues, de acuerdo con Vladimir Cortés, sus opiniones pueden derivar en agresiones hacia voces críticas.
“Lo cual es altamente preocupante en un contexto en el que hay una impunidad del 99% y un contexto de violencia repetida, generalizada y sistemática hacia la prensa y las y los periodistas”, concluyó Cortés.
¿Los funcionarios del actual gobierno y los legisladores de los partidos en el poder desconocen el efecto que tienen sus tuits con los que minimizan a la crítica? O, por el contrario, ¿conocen muy bien ese efecto y lo utilizan para intimidar políticamente?.
Fuente.-
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