En México, la policía, el Ejército y otros funcionarios y grupos armados ilegales se han visto involucrados “en ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.
También son responsables de “las condiciones infrahumanas y peligrosas en las cárceles; la impunidad de la violencia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas; la violencia contra personas con discapacidad y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales”.
Lo anterior quedó plasmado en el capítulo referente a México del Informe sobre Derechos Humanos 2019 que el Departamento de Estado difundió este miércoles.
Dicho informe, que desde hace 44 años se publica año con año, plantea la visión de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en cada país.
El discurso progresista que maneja el informe y que a menudo cita a organizaciones de la sociedad civil, está muy alejado del desdén que el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, muestran respecto de los derechos humanos.
Y hoy mismo Pompeo aprovechó su publicación para atacar exclusivamente a China, Irán, Venezuela y Cuba, rivales y enemigos geopolíticos del gobierno de Estados Unidos.
Sobre México, el cinismo del informe llegó al punto de lamentar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito, pero no mencionó que Washington presionó a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador para implementar una política de contención migratoria que obliga las personas a usar rutas peligrosas y recurrir a traficantes.
El reporte también lamentó el asesinato de Samir Flores Soberanes, el defensor de derechos humanos y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), perpetrado el 20 de febrero de 2019. Ello, pese a que la administración de Trump desprecia las luchas ambientales e indígenas en el mundo y en su propio territorio.
El documento del Departamento de Estado retomó mucha información oficial para analizar la crisis de derechos humanos en el país, y planteó que “la impunidad en las violaciones a los derechos humanos sigue siendo un problema, con niveles de persecución extremadamente bajos”, pues “se estima que el 94% de estos delitos fueron subreportados o no investigados”.
Así, la oficina diplomática estadunidense recordó que de 2006 a 2018 la Fiscalía General de la República (FGR) –antes Procuraduría General de la República (PGR)– abrió 88 carpetas de investigación por asesinatos perpetrados por servidores públicos, y subrayó que las autoridades detuvieron, entre otros, al director de Seguridad Pública de Janos, en Chihuahua, por el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, el pasado 4 de noviembre.
De igual manera, destacó que las autoridades tienen abiertas cerca de 2 mil carpetas de investigación por desaparición forzada, y que los registros oficiales reportaban la existencia de más de 37 mil personas desaparecidas en abril de 2018 (la cifra oficial creció a 61 mil 637).
En el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el documento del Departamento de Estado enlistó una serie de irregularidades y violaciones a derechos humanos perpetradas durante la investigación, principalmente en el sexenio de Peña Nieto, pero también la liberación de Gildardo López Astudillo, el pasado 30 de agosto.
“Hacia el mes de septiembre (de 2019) ninguno de los perpetradores de las desapariciones ha sido condenado, y la mayor parte de quienes fueron acusados en un principio han sido liberados porque sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura”, abundó.
El Departamento de Estado también observó fallas en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, una amplia reforma al sistema de justicia que fue impulsada y financiada por Washington a través de la Iniciativa Mérida. “La ausencia de reglas federales respecto a las evidencias causó confusión y llevó a unas decisiones dispares”, recalcó.
Respecto de la libertad de expresión, el informe subrayó las agresiones que sufren los periodistas en México, ya sea mediante asesinatos, ataques físicos o cibernéticos, acoso e intimidación, “especialmente por parte de agentes del Estado y organizaciones criminales transnacionales”.
Además, aseveró que no hubo avances en la investigación de los casos de espionaje operados por el gobierno de Peña Nieto contra periodistas y activistas.
Finalmente, retomó el estudio publicado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en marzo pasado, que documentó las redes de “bots” utilizados para atacar a los oponentes al gobierno de López Obrador.
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