Al menos 12 entidades buscarán amortiguar los recortes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados con nuevos impuestos, con el incremento de los ya existentes o mediante el endeudamiento público.
Entre los sectores más afectados se encuentran turismo y servicios, pues se prevén gravámenes en hoteles, bebidas alcohólicas, juegos y sorteos y en aplicaciones de transporte; otro será directo a los automovilistas mediante programas de reemplacamiento y aumento en licencias y tarjetas de circulación.
En Yucatán, cuya diminución presupuestal alcanza los 3 mil 800 millones de pesos, el paquete fiscal del próximo año contempla al menos cuatro nuevos impuestos y un plan de reemplacamiento vehicular; el documento menciona un gravamen “sobre seguridad pública” y uno ambiental de 30 pesos por noche de hotel, similar al que ya se aplica en otros estados.
La tarifa a las placas no será mayor a los 200 pesos, sin embargo, considerando que hay padrón de 620 mil vehículos en el estado, se espera recaudar unos 120 millones de pesos; el paquete fiscal también plantea un impuesto de movilidad para plataformas como Uber y Cabify, una reforma a la Ley del Transporte sobre carga y descarga, con un pago anual de casi tres mil pesos por unidad que se dedique a esas labores, e incrementos en el cobro de licencias de conducir, actas de nacimiento y defunción, contratos de agua potable y otros.
El gobierno de Veracruz también pretende compensar el ajuste presupuestal con ahorros de la restructuración de la deuda pública y el incremento de la recaudación vía impuestos ambientales. En la propuesta de Ley de Ingresos, que se discute en comisiones, se plantean ingresos adicionales por servicios ambientales, juegos y sorteos y por aplicaciones por servicios de hospedaje.
Para amortiguar el golpe a las finanzas, en Tabasco se analiza cobrar hasta 850 pesos por placas nuevas a las 500 personas que tienen un vehículo, por lo que de cumplir con esta obligación se recaudarán 400 millones de pesos, aproximadamente.
Otras entidades, como Puebla y Oaxaca recurrirán a esta estrategia.
En el primer caso, el gobierno del morenista Miguel Barbosa propuso reactivar los impuestos de Servicio de Hospedaje, el de Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, así como el aumento del cobro de las tarjetas de circulación y licencias, entre otros. Un aumento a los impuestos de hospedaje, que pasarían de 3 a 6 por ciento, y a bebidas alcohólicas, como el mezcal, también se discuten en Oaxaca; en el caso de la capital, el ayuntamiento pretende instalar de nueva cuenta parquímetros para hacer frente los recortes presupuestales validados por los diputados federales.
Por recorte, el INE operará al límite proceso electoral federal 2020-2021Critican partidos recortes a campo, seguridad y salud De aprobarse por los legisladores locales, este último impuesto se sumará a los federales con los que el mezcal está gravado, provocando que su precio se dispare en más de 100 por ciento.
Las autoridades de Guanajuato propusieron elevar impuestos celulares y la aplicación de un gravamen a la venta final de bebidas alcohólicas de 4.5 por ciento para reducir el impacto que tendrá la disminución de participaciones federales. Otra entidad que prevé la implementación de tres nuevos impuestos en materia de venta final de alcohol, apuestas y hospedajes, así como la homologación del pago de tenencia con el Estado de México, es Ciudad de México. Si los diputados locales le dan el visto bueno, se homologará con el Estado de México al 3 por ciento el impuesto a la tenencia de los vehículos, y las agencias automotrices estarán obligadas a realizar el emplacamiento de los vehículos en la capital siempre y cuando quienes lo adquieran tengan su domicilio en Ciudad de México.
Como estrategia para paliar los efectos de los recortes, estados como Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Sonora recurrirán al endeudamiento.
En el caso de la entidad neolonesa, el gobierno planteó al Congreso la opción de contraer un crédito de hasta 2 mil 900 millones de pesos, pero descartó un aumento en impuestos.
Esta misma estrategia busca ser aplicada por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien vislumbró un panorama económico desfavorable que enfrentarán vendiendo activos públicos por el orden de 650 millones de pesos, como la flotilla completa de aeronaves (que incluye cuatro helicópteros y un avión turbo Commander).
Tampoco descartan la posibilidad de pedir autorización a los diputados para obtener un crédito bancario. Para reunir 302 mil 973.2 millones de pesos de presupuesto en el 2020, el Estado de México apuesta a adquirir una deuda de 15 mil 941.9 millones de pesos, que representan un incremento de casi 60 por ciento de lo planteado este 2019.
Mientras, la administración de Javier Corral también descartó nuevos impuestos por el recorte económico de recursos federales y aunque intentará solventar los gastos con un adelanto de participaciones federales en los primeros días del año entrante, dijo que deberá recurrir a un crédito a corto plazo. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovihc, envió al Congreso estatal un paquete presupuestal que ha generado desacuerdos entre los diputados, pues incluye la contratación de créditos por mil 300 millones de pesos "necesarios" para terminar obras de infraestructura primordiales.
Pero la deuda no sólo será por ese orden, sino por 3 mil 760 millones, según la diputada de Movimiento ciudadano, María Dolores del Río, pues además del crédito a largo plazo, contratará otros dos a corto por 2 mil 460 millones de pesos que no requieren la aprobación del Congreso.
En Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Durango, Colima, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima desestimaron recurrir al endeudamiento o incrementar impuestos.
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